¿Qué problemas resuelve la Consulta Anticorrupción?

Desde hace 4 años, Colombia tiene una calificación de 37 sobre 100 puntos en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional y hay varias situaciones que soportan ese indicador.

Según datos de Transparencia por Colombia, en las entidades nacionales solamente el 12 % de los recursos de contratación es de licitación pública y en la mayoría de entidades no se realizan procesos meritocráticos para las personas que ingresan como funcionarios.

Pero hay más: conforme a los resultados de la Quinta Encuesta Nacional de Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas, el 96 % de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios y 51 % que las contribuciones a campañas políticas es una de las formas más comunes de soborno.

A menos de una semana de que los colombianos acudan a las urnas para votar la Consulta Anticorrupción, la iniciativa ciudadana de mayor respaldo en la historia del país, la pregunta que sigue es si realmente solucionará los principales problemas del país, al menos en cuanto a lucha contra el saqueo de los recursos públicos corresponde.

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Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, señaló en diálogo con BLU Radio, que la consulta “automáticamente no resolvería los problemas, pero sí es un paso muy importante de lucha contra la corrupción, en la medida en que se da un mandato al Congreso y al Gobierno fortalezcan unas medidas legislativas por las cuales se está colando la corrupción”.

Reducción de salarios de congresistas y altos funcionarios

La primera pregunta de la consulta busca reducir el salario de miembros de corporaciones públicas y de otros altos funcionarios del Estado.

Para TPC esta propuesta contribuirá́ a la lucha contra la corrupción al convertirse en un mensaje de austeridad en el uso de los recursos públicos, lo cual es un principio fundamental de la integridad y la ética de los representantes políticos y servidores públicos.

Pérdida de privilegios a condenados por corrupción

La ONG señala que, de ser aprobada, esta medida permitirá que las penas por corrupción se paguen en cárceles y no en casas, y que personas jurídicas no reclamen indemnizaciones por haber abusado de recursos del Estado. Sin embargo, advierte que en la implementación de esta medida se deberá cuidar que no se afecten mecanismos que están siendo efectivos para la delación de casos de corrupción y la colaboración con las autoridades.

Pliegos tipo para que la contratación pública no se haga con pliegos sastre

Este punto contribuiría a seguir estandarizando y facilitando los procesos de compras en Alcaldías, Gobernaciones, y de todas las entidades del Estado. También serviría para combatir el abuso de la contratación directa y el exceso de los regímenes excepcionales.

Apertura y participación en la asignación de recursos de partidas globales del presupuesto

Transparencia por Colombia señala que esto permitiría que la ciudadanía acceda a esta información y participe en su proceso de asignación y priorización. Sin embargo, la implementación deberá estar acompañada de reglas de juego claras, justas y eficientes, mediante las cuales la ciudadanía participe en este proceso.

Rendición de cuentas de congresistas, diputados y concejales

De ser aprobada, esta medida deberá estar acompañada de procedimientos concretos mediante los cuales se deba realizar la rendición de cuentas, en particular respecto a la gestión de intereses particulares o de lobistas, un asunto que no ha sido regulado en Colombia.

Divulgación pública de las declaraciones de bienes, patrimonio, renta y conflicto de intereses de todos los elegidos por voto popular.

La medida podría vincularse de manera más efectiva con procesos de extinción de dominio. Requerirá que se adicione la actualización anual de dichas declaraciones, así como un proceso de seguimiento y control efectivo a lo contenido en las mismas.

Limitación de periodos en corporaciones de elección popular

Quienes deseen acceder al Congreso, Asambleas, Consejos y Juntas Administradoras Locales podrían ejercer este derecho, permitiendo la renovación luego de participar en estos órganos durante máximo tres periodos.

Sin embargo, esta medida deberá acompañarse de mecanismos de fortalecimiento de la democracia, equidad de género y formación de nuevas generaciones, al interior de los partidos políticos, según el análisis de Transparencia.