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La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República solicitó formalmente a la Contraloría General de la Nación asumir la investigación sobre el proceso contractual de Expomalocas 2024, el evento agroindustrial, turístico y cultural más importante de los Llanos Orientales. La petición se hizo a través de un oficio fechado el 10 de abril de 2025, dirigido al contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
La solicitud se fundamenta en la falta de respuestas por parte de la Contraloría Departamental del Meta, a quien inicialmente se trasladaron los hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación. Según el documento, pese a haber alertado sobre posibles sobrecostos por más de $5.000 millones de pesos en el contrato 151-2024 celebrado entre el Instituto de Turismo del Meta y la empresa Alquilar Servicios y Eventos S.A.S., la entidad departamental no ha adelantado acciones de fondo. Las advertencias fueron acompañadas de denuncias públicas y documentadas en medios de comunicación y la Comisión Regional de Moralización del Meta.
La Secretaría de Transparencia señala que los hallazgos fueron presentados y sustentados con estudios de mercado y evidencias contractuales, pero la única respuesta recibida fue un hallazgo administrativo relacionado con la falta de publicación de documentos en plataformas oficiales. Además, llaman la atención sobre la versión entregada por la Contraloría del Meta, que indica no haber tenido conocimiento del oficio inicial debido a presuntos errores en el correo electrónico utilizado, pese a que las comunicaciones fueron enviadas a direcciones activas según el directorio oficial.
A lo anterior se suma otro caso relacionado con el Fondo de Educación Superior del Meta, en el que se detectaron irregularidades en la asignación de créditos educativos a personas que no figuran en los registros de la Registraduría, e incluso una beneficiaria fallecida. También en este caso, la Secretaría no ha recibido respuesta por parte de la Contraloría de este departamento.
El Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, pidió activar la figura de intervención funcional excepcional, prevista en el Decreto 403 de 2020, solicitando que la Contraloría General asuma directamente las investigaciones y brinde un análisis de fondo que permita esclarecer si hubo detrimento patrimonial o corrupción en estos procesos contractuales.
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