Víctimas de chuzadas del DAS piden al presidente de Panamá extraditar a Hurtado

de la entidad, María del Pilar Hurtado. “Somos víctimas de la persecución política desatada por Álvaro Uribe Vélez durante sus ocho años de Gobierno en Colombia a través de la agencia de inteligencia, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS”, señalan los firmantes de la carta, acusando al electo senador de responsable de la persecución. “En la condición de víctimas de esa persecución, nos dirigimos a usted para solicitarle muy respetuosamente que dentro de sus funciones constitucionales y legales, le dé cumplimiento a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de su país que declaró inconstitucional el decreto 301 del 19 de noviembre de 2010, por el cual se le había otorgado, de manera irregular, asilo a la señora Hurtado Afanador, para que proceda a su captura y se le deporte a Colombia, con el fin de que se ponga a disposición de la justicia colombiana, la cual le surte un proceso por delitos comunes”, comentan en la misiva. De la misma manera, manifiestan que Hurtado no ha sido perseguida en Colombia por razones políticas o ideológicas. Esta es la carta completa: "Señor: JUAN CARLOS VARELA Presidente República de Panamá Ref: solicitud de detención y deportación a Colombia de la ciudadana colombiana María del Pilar Hurtado. Distinguido señor presidente Juan Carlos Varela, reciba un cordial saludo, deseándole que como jefe de Estado y de Gobierno del hermano pueblo de Panamá, pueda cumplir con éxito los retos que emprende para la transformación del país y para contribuir a la integración de los pueblos de Latinoamérica y del Caribe. Las personas abajo firmantes somos víctimas de la persecución política desatada por Álvaro Uribe Vélez durante sus ocho años de gobierno en Colombia a través de la agencia de inteligencia, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. En esa etapa, la señora María del Pilar Hurtado Afanador ocupó altos cargos en la dirección de ese organismo y fue también directa responsable de las operaciones criminales que se cometieron en contra nuestra. En la condición de víctimas de esa persecución, nos dirigimos a usted para solicitarle muy respetuosamente que dentro de sus funciones constitucionales y legales, le dé cumplimiento a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de su país que declaró inconstitucional el decreto 301 del 19 de noviembre de 2010, por el cual se le había otorgado, de manera irregular, asilo a la señora Hurtado Afanador, para que proceda a su captura y se le deporte a Colombia, con el fin de que se ponga a disposición de la justicia colombiana, la cual le surte un proceso por delitos comunes. Quienes firmamos esta carta abierta, somos defensores de derechos humanos, periodistas independientes, exmagistrados y políticos que hemos actuado y seguiremos actuando para defender las instituciones democráticas, contribuir a la paz, al respeto integral de los derechos humanos y la hermanad e integración de nuestros pueblos. Somos los primeros en defender el derecho de asilo como medio de protección de personas perseguidas como consecuencia de las ideas que defienden o de los demás factores que lo amparan y que protegen a personas y comunidades vulnerables. Pero en este caso, la señora Hurtado Afanador no ha sido perseguida en Colombia por razones políticas o ideológicas, y muy por el contrario, con sus actuaciones irregulares contribuyó a vulnerar nuestros derechos fundamentales y los de nuestras familias, a desestabilizar la institucionalidad democrática y a atentar contra el corazón mismo de la justicia colombiana, la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Esperamos que la denuncia presentada contra el Estado de Panamá por la Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH- y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, por la decisión irregular del entonces Presidente Ricardo Martinelli de otorgarle dicho asilo, contribuyendo a sustraerla de la justicia colombiana, vulnerando nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición de los crímenes; pueda ser objeto de una solución amistosa si el Estado de Panamá hace lo necesario para evitar que huya de su país y no siga siendo una fugitiva de la justicia. A la espera de una respuesta oportuna de su parte, muy cordialmente, Iván Cepeda Castro Senador electo César Julio Valencia Copete Expresidente Corte Suprema de Justicia Ramiro Bejarano Periodista y abogado Hollman Felipe Morris Rincón Periodista Piedad Córdoba Ruiz Exsenadora Gustavo Petro Urrego Alcalde Mayor de Bogotá Alirio Uribe Muñoz Defensor de derechos humanos y representante a la Cámara electoral".