La esposa del exmandatario peruano Alejandro Toledo (2001-2006), Eliane Karp, abandonó este miércoles Estados Unidos, donde ambos residían, con destino a Israel, confirmó el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, quien recordó que está requerida por la justicia del país andino por un caso de supuesta corrupción."Nos ha llegado la información desde Estados Unidos que, este 10 mayo, la señora Eliane Karp ha tomado un vuelo con destino a Israel", anunció Otárola a la prensa al indicar que la ciudadana belga es requerida por la justicia peruana, que solicitó a EEUU su extradición.La ex primera dama tiene un orden de detención preventiva por el caso de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, abierto en 2013 a raíz de la millonaria compra de inmuebles a nombre de la madre de Karp, Eva Fernerburg, a través de una empresa con ese nombre."Haremos a través de Cancillería el seguimiento del caso sin dejar de informar de que la ciudadana Eliane Karp es requerida por la Justicia peruana para ser procesada por la presunta comisión del delito de lavado de activos", indicó el primer ministro en los exteriores del Palacio de Gobierno.Afirmó que "corresponde al Gobierno peruano apoyar a todas las autoridades y organismos autónomos para el cumplimiento de sus fines institucionales".También detalló que Karp utilizó su pasaporte israelí y que fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos quien informó al país andino a través de la embajada peruana.El ministro de Justicia de Perú, Daniel Maurate, aseguró el 24 de abril que la extradición de la ex primera dama está en manos de Estados Unidos."Nosotros cumplimos con nuestra parte que es, básicamente, promover el cuaderno de extradición (...) Corresponde a los funcionarios de Estados Unidos hacer lo que corresponde. Nosotros, aquí en el Perú, hemos cumplido", dijo Maurate.En 2013 y a raíz de la millonaria compra de inmuebles a nombre de Fernerburg, y a través de la empresa Ecoteva, el Ministerio Público investigó a la familia por un presunto delito de lavado de activos.Toledo, quien fue extraditado por EE.UU. a Perú en abril pasado, siempre según la acusación de la Fiscalía, obtuvo coimas por más de 30 millones de dólares de Obebrecht a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.El Ministerio Público considera que parte de ese dinero fue presuntamente transferido a la empresa Ecoteva.Hasta la fecha, se mantiene vigente a solicitud del juez Mario Guerra Bonifacio hecha en 2017 por la que dictó 18 meses de prisión preventiva contra Karp y Toledo.Por el delito de lavado de activos, la Justicia peruana pide penas de 16 años y 8 meses de prisión.Le puede interesar:
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) fue recluido este domingo en el penal limeño de Barbadillo, donde están también los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022), para cumplir una prisión preventiva de 18 meses a raíz del proceso abierto en su contra por lavado de activos, horas después de haber sido extraditado desde Estados Unidos.El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estuvo a cargo del traslado de Toledo por helicóptero desde el cuartel policial de Los Cibeles, en el distrito del Rímac, hasta la prisión, ubicada en el distrito de Ate, al este de la capital peruana.En un comunicado, el INPE explicó que la junta técnica de clasificación determinó que Toledo debía ser enviado al establecimiento penitenciario de Barbadillo en régimen ordinario, con base en una orden de internamiento emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.Asimismo, informó que Toledo no recibirá visitas hasta que el consejo técnico penitenciario establezca los horarios para ello y las medidas de seguridad para salvaguardar al interno.El Poder Judicial informó previamente que Toledo, de 78 años, dejó las instalaciones de la Corte Superior Nacional, después de asistir a una audiencia de control de identidad, y que fue puesto a disposición del INPE para llevarlo al penal, donde cumplirá la prisión preventiva de 18 meses.Precisamente, en la cárcel de Barbadillo permanecieron durante todo el domingo un gran número de periodistas para registrar el ingreso del exgobernante, así como simpatizantes del desaparecido partido Perú Posible, la organización política fundada por Toledo y que lo llevó a la presidencia de la República en 2001.En ese establecimiento penitenciario, Toledo será vecino de celda con Fujimori, a quien sucedió en la Presidencia y contra quien encabezó una gran marcha de protesta por los indicios de fraude en las elecciones generales de 2000.Fujimori, de 84 años, cumple una sentencia de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos y solo abandonó esa prisión unos meses entre 2017 y 2018, cuando recibió un indulto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue posteriormente anulado.También le puede interesar:
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) llegó este domingo a Perú, escoltado por policías, extraditado desde Estados Unidos para ser juzgado por el proceso abierto en su contra por presuntos millonarios de la empresa Odebrecht para adjudicarse la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur.Toledo llegó al aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo comercial, procedente de Los Ángeles, en medio de la expectación de las autoridades peruanas y la prensa local que lo espera en la Dirección Nacional de la Policía Aérea (DIPA) a donde será trasladado para una audiencia de reconocimiento de identidad.Tras su evaluación por Medicina Legal y su audiencia ante un juez, Toledo será presumiblemente conducido por las autoridades penitenciarias al penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, donde están recluidos los ex mandatarios Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022).
La Justicia de Estados Unidos decidió este martes que el expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), acusado en su país de corrupción, puede ser extraditado, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida.Con el visto bueno de la Justicia estadounidense, dependerá ahora del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano, tras un proceso que ha durado más de dos años."El tribunal ha considerado las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero", escribió en su resolución -a la que tuvo acceso Efe- el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San FranciscoEl tratado de extradición entre ambos países que ha examinado el juez y en virtud del cual se puede proceder con la entrega de Toledo a las autoridades peruanas se firmó el 26 de julio de 2001, justo dos días antes de que Toledo accediera a la Presidencia de Perú.Toledo fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de covid-19.Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el expresidente de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del Gobierno.La decisión del magistrado llega solo cuatro días después de que el pasado viernes se celebrara la vista de extradición, en la que la defensa del exmandatario pidió que se desestimara el caso en base a las aparentes contradicciones e inconsistencias de los dos principales testigos en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía peruana.El juicio de extradición, inicialmente previsto para principios de este año, fue pospuesto varias veces siempre a petición de la defensa, que de forma repetida solicitó más tiempo para revisar y traducir los documentos enviados por Perú.Le puede interesar: escuche y siga Noticias del día en Colombia, en Spotify
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) fue arrestado este martes en Estados Unidos como parte del pedido de extradición hecho por las autoridades de Perú para procesarlo por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, informó el Ministerio Público peruano."Según se informó, el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas, como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país", señaló la Fiscalía en un mensaje en su cuenta de Twitter.La fuente oficial señaló que la información fue recibida a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional que indicó, sin ofrecer hasta el momento otros detalles, que el exgobernante "fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos".La detención de Toledo está relacionada con el proceso de extradición que se sigue en su contra desde mayo de 2018, luego de que testigos de la empresa Odebrecht confesaron haber pagado 20 millones de dólares al exmandatario para obtener licitaciones en obras públicas.En febrero pasado, la Fiscalía de Perú anunció que llegó a un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien reconoció haber ayudado a Toledo a recibir esos pagos y blanquear el dinero en paraísos fiscales.Este lunes se conoció que el fiscal José Domingo Pérez ya entregó al Poder Judicial peruano el acuerdo de colaboración firmado con Maiman, quien el pasado 27 de junio señaló ante los fiscales peruanos que Odebrecht depositó en sus cuentas, en realidad, casi 35 millones de dólares en sobornos para el expresidente Toledo.Toledo siempre ha negado vínculos con la corrupción y afirmó en diversas ocasiones que todo es un ataque de sus enemigos y es víctima de una persecución política.Tras conocer su detención, uno de sus abogados, Heriberto Benítez, declaró al Canal N de televisión que este lunes conversó por última vez con el exgobernante sobre "aspectos legales" del proceso de extradición y detalles de las declaraciones de Maiman.Benítez reiteró que Toledo es víctima de una "persecución política" y dijo que Maiman ha cambiado sus declaraciones tras haber "negociado con la Fiscalía".Lea también: Abogado de Alejandro Toledo asegura que no sabe de su paradero"Toda la carpeta que se formó para solicitar la extradición está hecha con documentos que demuestran que ha habido una persecución política", reiteró antes de señalar que las autoridades peruanas han interferido en este proceso."Esa persecución contra Toledo está comprobada y será valorada en su momento por las autoridades judiciales de Estados Unidos", concluyó.El presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó en marzo pasado que el estudio de abogados que logró la extradición de Estados Unidos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli había sido contratado para tramitar un pedido similar contra Toledo.De acuerdo con una resolución suprema publicada en febrero pasado, el estudio de abogados contratado por el Ministerio de Justicia de Perú es Foley Hoag LLP con sede en Estados Unidos.Toledo es investigado desde que el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró que se le entregó sobornos para obtener la licitación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur durante su gestión.Según dijo Barata a fiscales peruanos, el dinero fue entregado por partes, entre 2004 y 2010, en cuentas de Maiman, quien en sus declaraciones a la Fiscalía peruana también señaló que los fondos procedentes de Odebrecht eran derivados a Ecoteva, una firma creada junto a la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug.
La Fiscalía de Perú anunció este domingo la apertura de una investigación preliminar por lavado de activos contra los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo por presuntos aportes de campaña que hizo la empresa brasileña Odebrecht a sus formaciones políticas. Las investigaciones surgieron tras la declaración del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata, recibida por fiscales peruanos en febrero pasado en Brasil, donde se refiere a aportes de campaña que presuntamente la constructora hizo a las organizaciones políticas de los exmandatarios, precisó la Fiscalía en Twitter. La constructora Odebrecht, implicada en una trama de corrupción en varios países de Latinoamérica, ya ha admitido el pago de 29 millones de dólares en sobornos en Perú para adjudicarse obras entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
El empresario brasileño Marcelo Odebrecht declaró en noviembre pasado a un equipo de fiscales de Perú que "con certeza" su empresa apoyó a políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. "Con certeza apoyamos a todos. A Toledo, Alan García, Humala, a Keiko", afirmó Odebrecht en el encuentro celebrado el 9 de noviembre en la ciudad brasileña de Curitiba, según reveló hoy el portal de investigación periodística IDL-Reporteros, que publicó por primera vez el audio y la transcripción de la declaración. "Nuestra intención era la de apoyar. A muchos candidatos de oposición, incluso sabiendo que no iban a ser elegidos, los apoyábamos de alguna manera. Porque la oposición también puede crear problemas. Una manera de crear una red es apoyar", precisó. Según la transcripción, Odebrecht dijo que considera que el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, "fue contratado como consultor económico de algunas consultorías y de presentaciones, después de ser ministro y antes de ser candidato". Afirmó que él personalmente asistió "a dos conferencias" que dio Kuczynski a dirigentes de su empresa y ahí escuchó sus charlas y "que había dado esa consultoría económica". Le podría interesar: Presidente de Perú y Keiko Fujimori comparecen ante fiscales por el caso Odebrecht "Imagino que la conferencia no fue dada gratis y que la consultoría tampoco fue hecha gratis. Yo supe de la consultoría y supe de la conferencia. Nadie me dijo: contraté por tanto. Por eso hay que tener cuidado", remarcó. Kuczynski afrontó la semana pasada un pedido de destitución de su cargo presentado por un sector de la oposición en el Congreso tras revelarse que una empresa suya había dado consultorías a la constructora Odebrecht entre 2004 y 2007, un período en el cual fue ministro del gobierno de Toledo (2001-2006). Durante el debate del pedido de destitución, que finalmente fue rechazado gracias a la abstención de un grupo de congresistas fujimoristas, Kuczynski defendió su honestidad y afirmó que iba a colaborar con las investigaciones del Congreso y la Fiscalía. Al referirse a la líder opositora Fujimori, Odebrecht sostuvo que le dijo a su entonces representante en Perú, Jorge Barata, "que apoye más a Keiko para hacer el mismo proceso de Venezuela". "Y puse lo de Venezuela (como ejemplo), porque nosotros hacíamos eso en Venezuela. La manera de evitar a la oposición, era justamente atender sus necesidades en campaña. Entonces fue ese tipo de conversación", acotó. Keiko rechazó en los últimos meses haber recibido una financiación de Odebrecht después de que se revelara que existía una anotación del empresario que decía "Aumentar Keiko 500". Odebrecht también sostuvo en su declaración que nunca llegó a encontrarse con la entonces candidata y aunque dijo que Barata tiene la información sobre si se entregó la financiación considera que "es casi seguro" que hubo una "contribución a su campaña y al partido", y que su anotación se refería "con seguridad" a 500.000 dólares. Kuczynski y Fujimori fueron interrogados este jueves, por separado y en estricto privado, por fiscales que investigan el caso Odebrecht, el primero en el Palacio de Gobierno y la segunda en las oficinas del Ministerio Público en el centro histórico de Lima. Sobre el exgobernante Alan García (2006-2011), Odebrecht aseguró en su declaración fiscal que en las reuniones que tenían este "siempre decía que Barata también lo apoyaba y agradecía". "Daba a atender que lo estábamos apoyando, y con seguridad había un apoyo a la campaña. No sé si directamente a su campaña, a la campaña de los congresistas o a su partido", remarcó. El empresario agregó que "las ilicitudes, dónde hubo y si hubo, quien va a poder decir eso es Jorge (Barata)" y negó ser amigo de García, aunque agregó que mantenían "una relación de confianza" porque el exmandatario tenía "una estrecha relación" con su familia. "Alan García conoció a mi abuelo en el primer mandato (1985-1990), luego a mi padre y después conmigo", dijo. Alan García afirma que él no participó en ningún acto de corrupción y exige que se responsabilice directamente a funcionarios de su Gobierno que sí recibieron sobornos para la concesión de las obras del Metro de Lima. En Perú, el caso Odebrecht sigue el rastro de los millonarios sobornos que la compañía admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse grandes obras entre 2005 y 2014, período que abarca los mandatos presidenciales de Toledo, García y Humala, el único que actualmente está encarcelado mientras se le investiga por estas denuncias.
El titular del 16 Juzgado Penal de Lima, Mario Guerra, ordenó la detención preventiva por 18 meses contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), su esposa Elianne Karp y otros procesados por el caso Ecoteva, tras incluir en este la denuncia por el presunto soborno de la empresa Odebrecht. Se trata de la segunda orden de detención contra Toledo, después de que otro juzgado dictó, en febrero pasado, su captura por el presunto soborno de 20 millones de dólares entregado por Odebrecht al exmandatario para adjudicarse la construcción de dos tramos de la carretera Interocéanica sur. La orden de detención se hace extensiva también al empresario Josef Maiman, quien creó la empresa Ecoteva con la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, y a su exjefe de seguridad Abraham Dan On. El expresidente peruano y su esposa son procesados por lavado de activos a raíz de las compras inmobiliarias hechas en Perú con fondos procedentes de Ecoteva, una firma creada en Costa Rica. La fiscal Rosana Villar sostiene que el dinero de la empresa Ecoteva procede de los pagos ilícitos de Odebrecht a Toledo, realizados a cuentas bancarias de Maiman, quien supuestamente transfería los fondos a un entramado de cuentas "offshore" cuyo destino final era Ecoteva, investigada en Perú desde hace cuatro años. No obstante, el abogado del exgobernante, Roberto Su, declaró a los periodistas que se ha cometido una "doble incriminación por los mismos hechos", y que desconoce los fundamentos porque el juez no ha entregado la resolución a las partes. "Hemos apelado a ciegas porque no sabemos cuáles son los fundamentos", agregó. Otro de los defensores de Toledo, Heriberto Benítez, declaró a RPP Noticias que "se va consolidando una persecución a Alejandro Toledo", con la decisión de la sala. "Lo que hizo la fiscal Rosana Villar Ramirez fue agregar los expedientes de Odebecht. Sin embargo, Toledo no ha sido citado por este caso. Por ende, no hay razones legales que justifiquen este segundo mandato de la fiscal", declaró Benítez a la radioemisora. El expresidente se encuentra supuestamente en California (EE.UU.), donde reside habitualmente, sin que la Justicia estadounidense proceda todavía a aplicar la orden de detención. Odebrecht admitió a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, un período que corresponde a los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
El expresidente de Perú Alejandro Toledo, buscado por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, aseguró hoy que no es un fugitivo de la Justicia peruana y reclamó presunción de inocencia sobre los delitos que se le imputan. En un comunicado publicado en su página de la red social Twitter, Toledo argumentó que cuando salió de Perú no había cargos en su contra y aseveró que defenderá su nombre con la condición de que no lo "prejuzguen" culpable. La Justicia peruana consideró el jueves que existen indicios suficientes para pensar que Toledo favoreció a Obebrecht en sus negocios en Perú y decretó su ingreso en prisión por 18 meses de manera preliminar, mientras la Fiscalía le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. En su primera manifestación pública desde que se emitiera la resolución judicial, Toledo señaló en su comunicado que el juez Richard Concepción, titular del primer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, lo acusó de delitos que no ha cometido y que el magistrado no puede probar. El exmandatario peruano calificó las acusaciones en su contra como "una cacería de brujas" y aseguró que llamarlo "fugitivo" es un distorsión maquiavélica y política. Toledo se encuentra supuestamente en Estados Unidos, donde reside habitualmente, pero el Gobierno peruano teme que pueda viajar a Israel, país que hoy anunció que no le permitirá la entrada hasta que no resuelva sus asuntos en Perú, pues no hay tratado de extradición entre ambos países. La Justicia estadounidense todavía no ordenó la captura de Toledo en su territorio porque está a la espera de que la Fiscalía de Perú le amplíe la información presentada, según dijo hoy el ministro del Interior, Carlos Basombrío. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, solicitó hoy su homólogo estadounidense Donald Trump, que evalúe la posibilidad de deportar a Toledo a Perú dentro de las facultades legislativas que le ley de migración da al Departamento de Estado. Según la Fiscalía, el exmandatario cobró los sobornos a cambio de adjudicar a Odebrecht la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano, desde la costa del Pacífico hasta la frontera con Brasil. Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, empresa que admitió a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que comprende los Gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
El abogado Heriberto Benítez, representante legal del expresidente de Perú Alejandro Toledo, afirmó que desconoce el paradero de su defendido, sobre quien pesa una orden de captura por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Benítez explicó a la agencia oficial Andina que Toledo utiliza un número oculto cuando conversan telefónicamente para coordinar su estrategia de defensa contra los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos que le imputa la Fiscalía en el caso Odebrecht. El letrado aseguró que la última vez que habló con Toledo fue el viernes al mediodía para definir la apelación que presentará contra la orden captura e ingreso en prisión de manera preliminar por 18 meses decretados el jueves por la Justicia peruana. "Quedamos en conversar luego y ya no me llamó. No aparece el número desde el que llama. No se si llamará por Internet o por dónde lo hace. No conozco su paradero. Solo sé que está fuera del país", dijo Benítez. El abogado reiteró que recomendó a su patrocinado no regresar a Perú porque considera que "no hay condiciones para enfrentar a la justicia", y reconoció que aceptó defenderlo porque le aseguró que no tiene nada que ver con los sobornos que le imputan. "Toledo dice que no tiene nada que ver con esos depósitos. 'No recibí un sol de eso', me dijo. Fue tajante en eso", detalló Benítez. El exmandatario peruano permanece supuestamente en Estados Unidos después de que hoy se confirmara que no viajó a Israel, versión que manejaba anoche el Gobierno peruano, según indicó el ministro del Interior, Carlos Basombrío. El ministro advirtió hoy que aún existe el riesgo de que Toledo viaje a otro país porque la Justicia estadounidense no ordenará su detención hasta que la Fiscalía de Perú le remita mayor documentación sobre la petición de captura, lo que puede solucionarse este lunes. El Gobierno israelí no permitirá la entrada de Toledo hasta que no ponga en orden sus asuntos en Perú, según dijo hoy a Efe el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, Emanuel Najshón, al ser consultado sobre el caso. Israel sería un refugio ideal para el expresidente peruano porque este país no tiene un acuerdo de extradición con Perú, y además guarda buenas relaciones en el país, gracias en parte a que su mujer, Eliane Karp, es una judía de origen belga que tiene la nacionalidad israelí. Según la Fiscalía, Toledo recibió 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil. Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, empresa que admitió a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que comprende los Gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.
