Los familiares y amigos de Franque Esley Hoyos Murcia y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, convocaron una marcha en Bogotá para exigir su liberación. Ambos funcionarios fueron secuestrados por guerrilleros del ELN el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul, Arauca.La movilización, denominada “marcha por la vida y la libertad”, se realizará el domingo 9 de noviembre a la 1:00 p. m. Los participantes se reunirán en el búnker de la Fiscalía y caminarán hasta la plaza de Bolívar, vistiendo camisas blancas y portando cadenas como acto simbólico de apoyo.Alejandra Sanabria, esposa de Hoyos, hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a esta causa: “Caminaremos por mi esposo y sus compañeros que llevan meses lejos de sus familias y de sus hijos. No es justo que tengamos que acostumbrarnos a vivir con esa incertidumbre. Salimos a las calles para pedir respeto por la vida y recordar que no puede haber negociación sin humanidad”.En concordancia con ese mensaje, Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López, expresó que la fe y la esperanza siguen firmes tras seis meses de espera: “Confiamos en Dios en que pronto estarán de vuelta. Invitamos a todos a marchar por el amor, por la vida y por el reencuentro. No podemos rendirnos mientras ellos no estén en casa”.Las familias insisten en que el país no puede olvidar a los funcionarios que permanecen en cautiverio y piden al Gobierno nacional y al ELN acciones concretas para garantizar su pronta liberación.Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada.Alejandra Sanabria, esposa de Franque Esley Hoyos Murcia.
En operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, el CTI y la Dijin de la Policía, se interceptaron dos lanchas con 151 migrantes que partieron ilegalmente del muelle de Necoclí, Antioquia; las embarcaciones fueron detenidas a 2.5 millas del punto de partida.“La información fue reportada por la Armada Nacional, que puso en marcha una operación marítima que intercepto las embarcaciones a 2.5 millas del punto del que ha zarpado, en las verificaciones se constató que las moto naves transportaban de manera ilegal y en precarias condiciones de seguridad a 151 migrantes, 73 en una lancha y 78 en la otra”, añadió Hugo Tovar, director especializado contra las violaciones de los Derechos Humanos.Para el traslado de los migrantes hasta Acandí, Chocó, cerca al paso conocido como el Tapón del Darién, los pilotos de estas lanchas les cobraban entre 140 y 300 dólares por persona.Los migrantes que estaban a bordo recibieron asistencia humanitaria y quedaron a cargo de Migración Colombia.Por otro lado, los pilotos, Crescencio Valencia Mosquera y Luis Alfredo Ruiz Muñoz, fueron arrestados por delito de tráfico de migrantes, las investigaciones revelan que estaban vinculados con empresas de transporte marítimo de turistas, presuntamente usadas como fachada para sus operaciones ilícitas.En la audiencia de imputación, un fiscal de la Dirección Especializada contra Violaciones de los Derechos Humanos presentó cargos, pero los acusados no reconocieron y fueron sometidos a medidas de detención domiciliaria por orden de un juez de control de garantías.
La Fiscalía de Medellín entregó nuevos detalles sobre el feminicidio de la joven de 19 años Isabella Mesa Sánchez, quien llegó desde México, donde residía actualmente, para pasar unos días en el país en compañía de su pareja sentimental, quien se entregó tras ser denunciado por su propia madre, a quien le habría confesado el crimen.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la directora seccional de la Fiscalía en Medellín, Yiri Milena Amado, relató que el soldado Sebastián Villegas había iniciado una relación con la joven en noviembre del año pasado y la invitó a la ciudad porque ella cumplía años el 15 o 16 de enero. Precisó que Mesa llegó y se iba a quedar con él mientras estaba de permiso del Ejército.Según la versión que entregó la mamá del soldado, recordó la funcionaria Amado, su hijo le dijo que no podría volver al Ejército porque había matado a Mesa. Es ahí cuando habló son su esposo y decidieron ir al batallón a denunciarlo.El terrible hecho ocurrió en horas de la noche del domingo, 28 de enero, en el barrio Doce de Octubre de Medellín. Miembros del CTI de la Fiscalía hallaron el cuerpo de Isabella Mesa Sánchez en una maleta.La directora Milena Amado mencionó también que la joven Mesa vivía en México con su hija y su mamá hace tres años, aproximadamente; según información que aún está en investigación entregada por parte de la familia, se conocieron por redes sociales.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:¿Quién era Isabella Mesa?Isabella Mesa Sánchez era una joven de 19 años que nació en Copacabana, Antioquia, Colombia. Era madre de un niño de tres años y, desde hacía varios años, se dedicaba al modelaje.En enero de 2024, Isabella viajó desde México, donde vivía y trabajaba, para visitar a su novio, Sebastián Villegas Córdoba, un soldado profesional de 21 años. El 28 de enero, el cuerpo de Isabella fue encontrado sin vida dentro de una maleta en la casa de Sebastián.Según las investigaciones de las autoridades, Isabella fue asesinada por Sebastián, quien fue capturado y acusado de feminicidio.El caso de Isabella Mesa ha conmocionado a Colombia y ha vuelto a poner de relieve la violencia contra las mujeres en el país. En 2023, se registraron 1.306 feminicidios en Colombia, lo que representa un aumento de 5,6% respecto al año anterior.
Roy Joce Guzmán, Roinel Fernando Iscupi y Osma Alexander Pérez fueron enviados a prisión preventiva por solicitud de la Fiscalía tras ser señalados como los presuntos responsables del asesinato del patrullero de la Policía Nacional, Jaime Andrés Ávila Vega, ocurrido el pasado 29 de junio en el municipio de Soacha, Cundinamarca.Es de recordar que, el policía se encontraba realizando tareas de investigación en Soacha con el objetivo de desmantelar grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas en el municipio.Las pruebas recopiladas, que incluyen análisis de cámaras de seguridad y reconocimientos fotográficos, indican que los acusados habrían llevado al oficial a un callejón del barrio Compartir, en Soacha, donde le habrían arrebatado su arma y disparado contra él en varias oportunidades.Tanto la Fiscalía, como el CTI y la SIJIN del Departamento de Policía de Cundinamarca, determinaron que después del crimen, los agresores se escondieron en una vivienda en Soacha, donde finalmente fueron capturados. Durante el allanamiento realizado en la propiedad, se incautaron un revólver calibre 38, una pistola traumática modificada para disparar proyectiles de 9 milímetros y el arma del patrullero Ávila Vega.Un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó cargos a los detenidos por homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico y porte de drogas. Los sospechosos no han aceptado los cargos y las investigaciones continúan para identificar y enjuiciar a otros posibles involucrados en el asesinato del patrullero en Soacha.Vea cómo fue la captura de la banda en Soacha:Le puede interesar:
En el municipio de Soacha, ubicado al sur de Bogotá, un escalofriante descubrimiento conmocionó a la comunidad local. Todo comenzó cuando un vecino alertó a la Policía sobre un incidente sospechoso en un área boscosa cercana. Los patrulleros llegaron rápidamente al lugar solo para encontrarse con una multitud que ya se había congregado. En el lugar descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre, aparentemente víctima de un disparo en la cabeza. Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a la persona, ya que no portaba ningún documento que permitiera reconocerlo.Las autoridades ahora tratan de identificar al hombre debido a que no tenía consigo ningún documento de identificación, el proceso se ha vuelto aún más complejo. El CTI, encargado de las labores de inspección técnica al cadáver, trabaja para lograr su identificación. A medida que avanzan en su investigación, buscan pistas y cualquier posible indicio que pueda ayudar a esclarecer el asesinato.Según las investigaciones preliminares, se presume que otros hombres abandonaron a la víctima detrás de la ladrillera Santa Fe. A pesar de la falta de documentación, los investigadores han logrado obtener detalles sobre la apariencia de la víctima. El hombre vestía una chaqueta negra, pantalón de sudadera color gris y unos tenis de color negro. Estos detalles podrían ser clave para establecer su identidad, ya que pueden ayudar a que alguien lo reconozca.
El pasado 21 de julio, se inauguró el nuevo Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer (CTIC) en Bogotá, el más moderno para el abordaje del cáncer en Latinoamérica. Tiene una capacidad para atender a más de 7.000 personas y desde este viernes 22 de julio llegarán los primeros pacientes.El director del CTIC, Rafel Sánchez, en dialogo con Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu, habló sobre la iniciativa de esta institución de salud que es ejemplo a nivel mundial.“El hospital especial para el cáncer inició hace diez años en todo este proceso de conocer y diseñar cómo sería un hospital de estas características y después en el año 2017 se inició la construcción que terminó a finales del año anterior lo cual todo sumado a 10 años para poder lograr un resultado como el que hoy tenemos”, dijo.Para Sánchez, la inversión que se hace para este centro médico incentiva al buen funcionamiento de este en el país y, a largo plazo, traerá sus propios beneficios.“El tema de hacer donaciones de hacer ser filantropía se hace de dos formas distintas, una es hacer una entrega de un dinero para hacer un proyecto y otra es asumir el proyecto de forma directa que es lo que ha hecho Sarmiento Angulo. Sabemos que los recursos para la investigación son escasos. Alrededor de un billón 400 mil millones de pesos es la donación para la primera etapa del proyecto”, aseguróSegún el director del CTIC, Carlos Sarmiento Angulo, creador de este centro médico, tiene la motivación y el compromiso de seguir construyendo este proyecto.“Aquí se involucra directamente tanto Sarmiento Angulo como la familia. En la construcción del proyecto y ahora que salimos en funcionamiento hay un compromiso de tiempo indefinido y de una dedicación que seguramente será muy importante para ellos en este momento y en el futuro”, mencionó.Además, Sánchez explicó los beneficios que tiene este centro médico, que beneficia a sus pacientes de todas las maneras posibles para su recuperación.“El centro diseña desde el diagnóstico temprano hasta la rehabilitación para que los pacientes y sus familias no tengan que estarse moviendo en la ciudad en busca de tratamientos y tecnologías. Además, está pensado siempre en la comodidad del paciente, por ejemplo, temas como luz natural en todas partes, espacios cómodos, mucha generosidad para familia, corredores amplios que generan tranquilidad, cosas que son muy importantes para estos tratamientos”, finalizó.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".
