Nota: “ Caracol se permite rectificar la nota emitida el día 26 de octubre de 2022 relacionada con la nota "¿Cuánto vale tu outfit?": la millonada que alcaldías locales de Bogotá gastan en influenciadores". Al respecto, aclaramos que el alcalde de la localidad de los Mártires, el señor Juan Rachif Cabargas Rahman, no ha suscrito ningún contrato con ningún influencer para la generación de contenido, como se menciono en el informe de la nota anteriormente mencionada".En redes sociales aparecen varios alcaldes locales de Bogotá con un influenciador haciendo el famoso video tendencia ¿cuánto vale tu outfit? Lo complicado del tema es que están pagando grandes sumas de dinero en contratos al personaje público, sin que este especifique que es publicidad y poco o nada dejando ver en qué beneficiaría a estas zonas de la ciudad la promoción del video.Los videos, compartidos en la cuenta del influenciador Felipe Charry, no tienen el aviso de publicidad que exige la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que exige que, cuando se trata de promociones, debe especificar con el #publicidad. En la página de Colombia Lícita, incluso, figura una licitación con el creador de contenido por $22.000.000 solo a nombre de la localidad de Tunjuelito.En Suba, por ejemplo, también hay otro contrato con un influenciador conocido como ‘Vonvitoo’ por $22.000.000, que tiene como objetivo promover contenidos de educación sexual; sin embargo, el contenido que realiza la figura pública, en este caso, es de comida, y cada video le cuesta a la alcaldía de la localidad $700.000 en promedio.Desde los concejos locales de juventud piden explicación sobre estos gastos, ya que, según ellos, esta plata puede servir para otros proyectos de las localidades y no para promover las redes de los alcaldes locales.“Es indignante ver cómo algunos alcaldes locales se están gastando más de 20 millones de pesos en influenciadores para que potencialicen supuestamente las redes sociales de la alcaldía o las de ellos mismos, cuando no se está invirtiendo esa plata y no se está cuidando ese dinero para invertirlo en lo que promovería el desarrollo integral de cada localidad, en las emisoras locales y comunitarias”, dijo Gustavo Páez, consejero de Juventud de Suba.Sobre este hecho, el alcalde local de Suba, Julián Moreno, confirmó el gasto que se está haciendo en la localidad, según él, para promover los programas de la localidad, entre ellos la educación sexual. Destacó que el proceso de selección del creador de contenido contó con todos los protocolos establecidos por la ley y que, aunque es un influenciador con contenido sobre comida, cumple con los requisitos para la labor que se requiere en la localidad.“Eran pocos los que cumplían con ese criterio y evaluado por el equipo técnico de la alcaldía de llegó a esta persona que tiene como principal objetivo divulgar temas de comida. Son $700.000 por cada uno de los videos tasado de acuerdo con el estudio de mercado que realizó la alcaldía local”, enfatizó el alcalde local de Suba.
Para el próximo fin de semana están programados varios cierres viales para dar paso al tradicional desfile policial y militar del 20 de julio, Día de la Independencia, principalmente en el sur de Bogotá. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad anunció las restricciones de tránsito y sus horarios, advirtiendo que estas coincidirán con el Plan Retorno del puente festivo.El desfile se desarrollará sobre la avenida Villavicencio, entre el centro comercial Ensueño (transversal 70C) y el barrio Casa Linda (carrera 22G).Cierres viales en Bogotá por el 20 de julioDesde la medianoche y hasta las 4:00 p. m. del lunes 20 de julio, estarán cerrados los siguientes corredores viales:La calzada lenta de la avenida Boyacá, en sentido norte-sur.La avenida Gaitán Cortés, entre la avenida Boyacá y la calle 68F Sur.La avenida Villavicencio, entre la Autopista Sur y la avenida Boyacá, en ambos sentidos.Las restricciones también aplicarán durante los ensayos del desfile. Los cierres serán graduales desde las 9:00 p. m. del sábado 18 de julio hasta las 3:00 a. m. del domingo 19, con el fin de preparar el recorrido y la logística del evento.Para minimizar las afectaciones a los habitantes del sector, las autoridades habilitarán accesos controlados y un contraflujo sobre la avenida Gaitán Cortés para facilitar el ingreso y salida de barrios como La Coruña y Arborizadora Alta. Los residentes de Chircal Sur, Casa Linda y Protecho podrán movilizarse a través de la carrera 22 con avenida Villavicencio y otras vías habilitadas.Pico y placa regional por el Plan RetornoLa Secretaría de Movilidad recordó que el lunes 20 de julio también coincidirá con el Plan Retorno del puente festivo, por lo que estará vigente el pico y placa regional.Los horarios serán los siguientes:De 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos con placas terminadas en número par.De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso estará habilitado únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar.La recomendación es planear los desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales de TransMilenio para conocer las novedades operativas.
La coalición conformada por los partidos Alianza Verde, En Marcha y la Autoridad Indígena de Colombia (AICO) anunció este viernes su respaldo a la candidatura del senador Alfredo Deluque para la presidencia del Senado de la República, cargo que será elegido durante la instalación de la nueva legislatura 2026–2030.La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial, en el que las tres colectividades señalaron que el apoyo a Deluque fue adoptado por decisión mayoritaria de sus senadores. Con este anuncio, la coalición fija su posición de cara a la elección de la mesa directiva del Senado para el primer año del nuevo periodo legislativo.En el comunicado, divulgado desde Bogotá con fecha del 17 de julio de 2026, los partidos indicaron que respaldarán la aspiración del congresista para dirigir la corporación durante el inicio de la legislatura que se extenderá hasta 2030.La elección de la Presidencia del Senado se llevará a cabo el próximo 20 de julio, durante la instalación del Congreso para el periodo 2026. En esa jornada también quedarán conformadas las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes, órganos encargados de conducir los debates legislativos, definir el orden del día y representar institucionalmente al Congreso durante el primer año de sesiones.El respaldo de Alianza Verde, En Marcha y AICO representa un nuevo movimiento en la conformación de mayorías dentro del Senado, en momentos en que las distintas bancadas avanzan en negociaciones para definir la integración de las mesas directivas y la distribución de otros cargos de dirección en el Legislativo.ASI también oficializó su respaldo a Alfredo DeluqueAl respaldo anunciado por la coalición conformada por Alianza Verde, En Marcha y AICO se suma el del Partido Alianza Social Independiente (ASI), que también confirmó que apoyará la candidatura del senador Alfredo Rafael Deluque Zuleta para presidir el Senado durante el primer año de la legislatura constitucional 2026–2027.A través de un comunicado fechado el 16 de julio de 2026, la colectividad informó que su bancada en el Senado "ha decidido brindar su apoyo al senador Alfredo Rafael Deluque Zuleta para ejercer la Presidencia del Senado de la República durante el primer año de la legislatura constitucional 2026–2027".El partido señaló que la determinación fue adoptada por su bancada "en ejercicio de su autonomía y conforme a las dinámicas propias de la organización legislativa del Congreso de la República", sin entregar mayores detalles sobre las deliberaciones internas o eventuales acuerdos con otras fuerzas políticas.
Las autoridades investigan un presunto ataque sicarial ocurrido en la mañana de este viernes en la vía que comunica a Girón con Lebrija, donde un hombre fue asesinado a tiros mientras se movilizaba en un vehículo particular.De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho ocurrió en el sector de descenso del peaje hacia Girón. La alerta fue recibida a través de una llamada a la línea de emergencias 123, en la que se informó que varios hombres vestidos de negro, que se desplazaban en una motocicleta, dispararon contra un automóvil y posteriormente huyeron del lugar.Al llegar al sitio, los uniformados encontraron un vehículo Kia Picanto de color gris con un hombre en su interior, quien ya no presentaba signos vitales.De manera preliminar, la víctima fue identificada como Eduard Navas. Según la información conocida hasta el momento, los atacantes le habrían disparado en repetidas ocasiones mientras conducía el vehículo.Las autoridades adelantan las labores de inspección técnica al cadáver y la recolección de evidencias para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables. De forma preliminar, se conoció que la víctima tendría antecedentes judiciales, aspecto que hace parte de las líneas de investigación.Por ahora, la Policía no ha reportado capturas relacionadas con este homicidio y mantiene abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.
Un plazo de 30 días tiene la Alcaldía de Bucaramanga para tomar medidas ante un talud de tierra que amenaza con desprenderse en la carrera 21B con calle 115, el barrio Granjas de Provenza y que pone en riesgo a familias de ese sector del sur de la ciudad.La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga que, en medio de un proceso de acción popular, decretó la medida cautelar considerando que hay un riesgo inminente para las personas debido al deterioro de la ladera.El Juzgado ordenó al Municipio de Bucaramanga, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, la Oficina de Planeación y la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo, “Cubrir la ladera con materiales que eviten que continúe el deslizamiento; instalar un cerramiento provisional o acordonar el área afectada; impedir el paso de peatones por el sector en riesgo y ubicar avisos de advertencia sobre el peligro de transitar por la zona”.Igualmente, la orden indica que la Alcaldía debe presentar un informe detallado al Juzgado sobre el cumplimiento de las medidas.Entre tato, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Didier Rodríguez, señaló que darán cumplimiento a la orden judicial, aunque señaló que en la zona ya se había iniciado una intervención.“La Oficina de Gestión del Riesgo ha hecho las visitas técnicas correspondientes, ha entregado plástico para la para cubrir el talud, se han hecho las recomendaciones porque también, digamos, aquí esto es un ejercicio de corresponsabilidad también con las construcciones que se realizan en un lugar no adecuado y sin las respectivas licencias y permisos. Lo que tenemos que revisar al interior de la alcaldía, de la administración, es la competencia directa para dar cumplimiento con la medida”, explicó el funcionario.La Oficina de Gestión del Riesgo también realizará en censo de las familias que viven cerca de la ladera con el fin de tomar medidas de prevención respecto a sus casas.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, radicó una carta formal dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, con el objetivo de concertar un espacio de diálogo. La iniciativa surge tras los diversos cuestionamientos públicos que el mandatario entrante ha realizado hacia la efectividad del tribunal transicional y la naturaleza de sus sanciones.Durante una entrevista en Mañanas Blu de Blu Radio, el magistrado Ramelli expuso los argumentos institucionales y constitucionales que sustentan las decisiones de la JEP, detalló los avances en materia de investigación penal contra los antiguos miembros de las Farc y la fuerza pública, y diferenció los logros medibles de aquellos impactos sociales inmateriales derivados del proceso de paz.El blindaje legal e internacional de la justicia transicionalAnte las críticas del Gobierno electo y las dudas del sector político sobre la continuidad del tribunal de paz, el presidente de la JEP enfatizó que la institución cuenta con un soporte normativo sólido que impide su desarticulación unilateral. Ramelli recordó que la jurisdicción se derivó de un marco constitucional refrendado por los altos tribunales colombianos y que goza de un estricto seguimiento por parte de organismos multilaterales.El magistrado también destacó el respaldo de la comunidad internacional hacia el modelo de justicia transicional en el país, mencionando los pronunciamientos recientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el sistema interamericano y el acuerdo de cooperación e interlocución suscrito en 2021 con la Corte Penal Internacional.¿Cuáles son los resultados de la JEP?Uno de los puntos centrales de la misiva enviada a De La Espriella es la categorización de los resultados de la JEP en aspectos "tangibles" e "intangibles". Según la explicación del magistrado, el análisis de la gestión no puede limitarse de forma exclusiva a una contabilidad de sentencias judiciales, sino que debe integrar componentes cualitativos como la reconciliación y la verdad judicial descubierta.Acompañamiento psicosocialRespecto a las dudas sobre por qué la atención a las víctimas se cataloga en ocasiones dentro de los logros inmateriales de la entidad, Ramelli aclaró que, si bien la cantidad de personas atendidas es una cifra medible, el impacto real radica en la preparación emocional para afrontar los procesos judiciales frente a sus victimarios.“Yo lo coloqué como un intangible, es digamos el alivio, si se quiere explicar mejor, el alivio que sienten las familias por tener un acompañamiento psicosocial, cierto, que no es fácil”, dijo. El funcionario añadió que los equipos técnicos del tribunal realizan labores de preparación durante meses con el fin de evitar la revictimización en el marco de las versiones voluntarias y las audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad.La defensa de las investigaciones a la antigua guerrillaEl magistrado Ramelli respondió de manera detallada a las percepciones de un sector de la ciudadanía y del nuevo Gobierno que señalan una supuesta ineficacia o laxitud en las sanciones impuestas a los comparecientes de las Farc. Al comparar el estado de los procesos que recibió la JEP con las investigaciones actuales, el presidente del tribunal afirmó que la justicia ordinaria entregó expedientes desarticulados, sentencias emitidas en ausencia y escasa trazabilidad de los mandos medios de la organización insurgente.“Si usted toma el secretariado de las Farc, ¿qué fue lo que recibimos nosotros de la justicia tradicional? Nosotros recibimos unas condenas en ausencia, sí, que realmente no hay una mayor investigación, porque si acaso se investiga el autor material. Pero no se investigaba a fondo al secretariado, tampoco se habían investigado los mandos medios, y eran sentencias que nunca se cumplieron”, aclaró.De acuerdo con el balance entregado, la Fiscalía General de la Nación solía procesar penalmente a los autores materiales directos de los delitos o al secretariado general, omitiendo la cadena de mando intermedia. Ramelli puntualizó: “Si hay una entidad que ha investigado a fondo las Farc, hemos sido nosotros”. La JEP actualmente procesa a mandos medios, comandantes de bloques, frentes y miembros de los estados mayores por un catálogo de 13 crímenes internacionales adicionales a los secuestros y reclutamientos.Otorgamiento de permisos de salida del país a comparecientesFrente a los cuestionamientos por la autorización de viajes al exterior a exmiembros del secretariado de las Farc que ya han aceptado su responsabilidad en crímenes de guerra —como el caso de Rodrigo Londoño para asistir a eventos políticos en España—, el presidente de la JEP subrayó que estas decisiones corresponden estrictamente al cumplimiento de la ley penal y no a criterios de discrecionalidad judicial.Explicó que la Ley 1820 establece los requisitos objetivos que los comparecientes deben cumplir para acceder a este tipo de autorizaciones. El magistrado enfatizó que la norma se aplica de forma idéntica a todos los actores del conflicto sometidos ante la jurisdicción, incluidos los miembros de la fuerza pública y los terceros civiles.Finalmente, Ramelli indicó que los beneficios o permisos otorgados se dan bajo la vigencia de procesos que aún no cuentan con una sentencia ejecutoriada de cierre, debido a que las sanciones definitivas se encontraban suspendidas temporalmente mientras se surtían todas las etapas del debido proceso.
