BLU Radio tuvo acceso a la resolución en la que acepta la renuncia de Fernando Iregui y al mismo tiempo nombra a Suárez como director del organismo. (Vea acá también: No hay presión de Vargas Lleras para que Iregui continúe en ANLA: MinAmbiente). “Nombrase con carácter ordinario al doctor Rodrigo Suárez Castaño (…) en el empleo de director general de la unidad administrativa, empleo de libre nombramiento y remoción de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales”, dice el documento. Así mismo negó que haya presiones por parte del vicepresidente Germán Vargas Lleras para que Fernando Iregui continúe en el organismo “Quisiera aclarar que en esto no hemos tenido ninguna presión del señor vicepresidente”, dijo. Este es el texto de la resolución: Resolución MinAmbiente
El ministro de Ambiente, Gilberto Murillo, negó que haya presiones por parte del vicepresidente Germán Vargas Lleras para que Fernando Iregui continúe en la ANLA. “Quisiera aclarar que en esto no hemos tenido ninguna presión del señor vicepresidente ni ninguna participación del señor presidente”, dijo. El funcionario admitió que nombró a Rodrigo Suárez al frente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero expresó que por una “restructuración” de las tareas aún no puede confirmar ese nombramiento. “Todavía estoy revisando mi equipo y estoy tomando decisiones para contar con los apoyos y así cumplir las tareas que me dio el presidente”, indicó. Asimismo aceptó que “fue un error” anunciar el nombramiento de Suárez, porque no miró “toda la información que necesitaba ver para tomar esa decisión”. De otro lado, Murillo, destacó el acuerdo al que se llegó con los campesinos para poner fin al paro agrario. El funcionario dijo que se realizarán grupos de trabajo para definir la reglamentación de los artículos 13 y 14 del decreto 1953 para revisar algunas de las competencias de los pueblos indígenas.
En diálogo con esta emisora, el director de la Anla, Fernando Iregui, descartó de plano cualquier permiso que se pudiera tramitar ante ese organismo para adelantar proyectos de explotación minera en el departamento del Quindío, específicamente en el Valle del Cocora, donde crece la palma de cera. El funcionario descalificó el otorgamiento de títulos mineros en esa área, teniendo en cuenta que es un importante reservorio de agua: “Me parece un exabrupto que en un área tan sensible en todo sentido, por reservas hídricas, paisaje ecológico, biodiversidad y más allá, por la palma de cera, sería un contrasentido que se otorgara una licencia ambiental en esos sitios tan sensibles”, indicó. Vale la pena recordar que autoridades ambientales del Quindío y la comunidad de Salento habían prendido las alarmas en torno a las pretensiones de multinacionales mineras que aspiran a extraer oro y platino de la zona, considerara un santuario natural.
El organismo también llamó a esta diligencia a otros funcionarios del organismo, que también influyeron para que Emgesa iniciara el llenado. La lista de los citados es: - Fabio Augusto Botero Garzón, biólogo. - Andrés Alarcón Rozo, ingeniero civil. - Ana Leonor Porras, trabajadora social. - Juan Sebastián Arenas, coordinador técnico del sector energía. - Claudia Yaneth Mateus, líder jurídica del sector energía. - Carmiña del Socorro Imbachí Cerón, profesional jurídica del sector energía. Estos funcionarios deberán explicar por qué emitieron concepto técnico para atender la petición de Emgesa, encaminada a obtener la exclusión de hectáreas de aprovechamiento forestal, obligación establecida en la licencia ambiental otorgada a esa empresa para sacar adelante el proyecto hidroeléctrico. (Lea también: Renunció Fernando Iregui a la ANLA tras polémica por licencias en la Macarena) El llenado de El Quimbo Este proyecto fue adjudicado en marzo de 2008 a Emgesa, empresa que pertenece al grupo italiano Enel, y contó con una inversión de más 1.200 millones de dólares, de los cuales cerca de 170 millones se destinaron a mejorar la infraestructura del departamento del Huila y de los municipios del área de influencia del embalse. (Lea también: ANLA no ha notificado la revocatoria de licencia en La Macarena, dice Hupecol) El Quimbo empezó a funcionar el pasado 17 de noviembre, pese a la decisión judicial del Tribunal Administrativo del Huila de suspender de manera cautelar la puesta en marcha de la planta de acuerdo con los estudios técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM). (EFE)
Ireguí se había convertido en el centro de las críticas por ambientalistas y congresistas que desde el momento en que anunció la aprobación de la licencia a la firma Hupecol pidieron su dimisión debido al impacto ambiental que esta exploración y futura explotación del Bloque Serranía generaría en las reservas hídricas de la región. Ante tal polémica, una semana después Ireguí revocó la licencia otorgada a la firma estadounidense luego de que se conociera el concepto técnico emitido por Cormacarena sobre la no viabilidad del proyecto en la Serranía y un recurso de reposición interpuesto por un tercero para evitar la exploración en dicho lugar. El Bloque Serranía está ubicado a 68 kilómetros de Caño Cristales, en los municipios de la Macarena en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá.
David Barguil, director del Partido Conservador, señaló que el director de la ANLA con sus determinaciones podría estar afectando áreas importantes relacionadas a la preservación del medio ambiente que terminarían perjudicando no solo el ecosistema, sino a la ciudadanía. “Hemos pedido la renuncia del director de la ANLA no solo por la crisis que se generó por la licencia otorgada en la Sierra de la Macarena que tenemos que defender todos que es patrimonio de la biodiversidad no solo de los colombianos, sino de la humanidad frente a las actuaciones en el Quimbo, en la playas de Cartagena con Reficar, la Drumond en Santa Marta”, sostuvo Barguil. Por otro lado, el directorio conservador hizo un llamado a las autoridades para intervenir la empresa Electricaribe, ante las presuntas irregularidades en la prestación del servicio en la zona norte de Colombia. Escuche en este audio más información sobre: -El las próximas horas el presidente Santos entregará al secretario general de la ONU detalles de los avances del proceso de paz con las Farc. -Venezuela tendrá desde el lunes cortes de electricidad de cuatro horas diarias durante 40 días en sus diez estados más poblados e industrializados, debido a la sequía generada por el fenómeno El Niño, anunció el Gobierno. -Dos de los refugiados sirios que viajaron a Roma con el papa desde la isla griega de Lesbos ahora comienzan una nueva vida; agradecen al pontífice su gesto y aseguran que Francisco ha hecho más por ellos "que cualquier líder musulmán".
El director de Acipet, Juan Carlos Rodríguez, aseguró que la decisión del director de la ANLA, Fernando Iregui, afecta la confianza inversionista en el país y puede generar implicaciones jurídicas. (Lea también: ANLA revoca licencia para exploración petrolera en La Macarena) “Este tipo de decisiones generan una inestabilidad jurídica en el país en materia de contratación y en materia de licenciamientos; obviamente desde el punto de vista de la inversión extranjera directa es un impacto muy fuerte porque genera que haya una desconfianza en el país sobre la toma de las decisiones”, dijo Rodríguez. Según Acipet, los expertos en la materia habían tomado todos los riesgos y medidas existentes que podría generar este tipo de licencia y “efectivamente la ANLA había aprobado esta decisión, entonces preocupa revertir ese tipo de decisiones porque no sabemos realmente cuáles fueron los aspectos jurídicos y los aspectos técnicos que realmente se tomaron para revertir esa decisión”.
La medida se da a conocer luego de que el pasado 14 de abril, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, suspendieron la Resolución 286, que permitía la exploración petrolera en La Macarena, hasta que se garantizara la protección medioambiental de Caño Cristales y su área de influencia. (Lea también: Insólito argumento de Juan C. Echeverry para defender exploración en La Macarena) El propio ministro Vallejo le pidió ese día a la ANLA “revisar con los fines de suspensión, revocación o decaimiento” la polémica licencia, que fue concedida por Iregui pese a que la propia autoridad ambiental prometió que la exploración no afectaría el medio ambiente. En su momento, el director de la ANLA defendió en Blu Radio la decisión del organismo insistiendo en que no se trataba “de una licencia para explotación, sino para exploración, que está por fuera de las reservas naturales”. Vallejo explicó que suspendió el permiso concedido por la ANLA porque ese mismo organismo analizó durante varios años la licencia y tras hacer “la evaluación y el análisis aparece la licencia, aparece o se presenta de manera oficial el estudio de Cormacarena y del Instituto Sinchi, pero no había sido publicado en un diario oficial, como la ley indica. Por esa razón, la ANLA no incluyó en el análisis de la decisión que debía tomar. Teniendo en cuenta ese hecho, el jueves decidí comunicar hacer una revisión”. Se espera que Iregui le explique al país por qué decidió no incluir el concepto de Cormacarena y del Instituto Sinchi sobre la inviabilidad del proyecto, tal como pidió Vallejo días atrás. (Lea también: ¿Qué viene tras la suspensión de licencia para exploración en La Macarena?) Escuche en este audio más información sobre: -La Asociación Colombiana de ingenieros de Petróleo aseguró que revocar la licencia de exploración a Hupecol, demuestra la inestabilidad jurídica en el país. -Hace pocos minutos se presentó una fuerte réplica de 5.9 grados de intensidad cerca a la costa de Ecuador. -La Cancillería Colombiana anunció que en las próximas horas serán habilitados dos puntos de atención en Manta y Pedernales para la atención de connacionales afectados por el terremoto. -El Centro de Investigación de Crimen Organizado reveló que las FARC ya está transfiriendo sus economías ilegales en varias regiones del país como Antioquia, Norte de Santander y Putumayo. -Las autoridades capturaron a 14 personas en el Cauca por minería ilegal y arrecian las operaciones contra el Clan Úsuga. -El Personero de Bogotá, Danilo Vega, se refirió al caso de la menor que a pesar de haber ganado una tutela el pasado 14 de abril, no ha sido atendida ni por Cafesalud ni por la Cruz Blanca. -El presidente Nicolás Maduro lanzó nuevas amenazas contra el Parlamento y dijo que desde la Asamblea Nacional están detrás de un golpe de Estado en su contra y que a Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, le llegará su hora. -En Bucaramanga acogerá el lanzamiento del mundial de Futsal Colombia 2016. -El concejo de Bogotá se presentó la propuesta de la empresa Metro que podría ser aprobada en el Cabildo Distrital.
“Él no tuvo nada que ver en eso. Efectivamente trabajó en Hupecol hasta el 2010 y de ahí para acá ha trabajado en muchos proyectos y consultorías”, explicó. Agregó que hace un año trabaja en la ANLA, pero con funciones netamente administrativas. “Él no tuvo nada que ver con la evaluación del proyecto porque, a adicionalmente, el proyecto ha venido trabajándose desde hace cuatro años”, explicó. De otro lado, Iregui señaló que está evaluando “los hechos sobrevinientes” para determinar si suspende definitivamente el proyecto de exploración en el parque natural, que ha sido ampliamente rechazado por la ciudadanía. Esta es la denuncia hecha por El Espectador:
“Es bochornoso y repudiable lo ocurrido con la licencia ambiental, inaceptable por completo. Y no es creíble que el presidente Santos y el ministro de Ambiente no supieran la decisión”, aseguró. (Lea acá también: Suspensión de licencia protege Caño Cristales y áreas de influencia: Santos). Robledo explicó que son más las actuaciones irresponsables del director de la ANLA, como las licencias ambientales exprés y el pase al fracking petrolero. “En este momento están por mover el arroyo Bruno que le hace un daño gravísimo al río Ranchería para favorecer la explotación de carbón en La Guajira. Que renuncie el doctor Iregui”, enfatizó.
La Contraloría General de la República declaró de impacto nacional la investigación por irregularidades financieras en la Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).En entrevista con Mañanas Blu, la contralora delegada para la Economía y las Finanzas Públicas, Jenny Lindo, explicó el alcance de esta figura legal dentro del organismo de control.La declaratoria implica que la indagación pasa de manera inmediata a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dependencia encargada de asumir los procesos de mayor relevancia e intensidad en el país.Esta medida busca acelerar los tiempos del proceso y profundizar en el rastro de los recursos. Lindo sostuvo que esta figura "va a permitir que la investigación sea mucho más corta, más profunda y con una custodia de la información mucho más garantista".La actuación fiscal se originó tras una función de advertencia dirigida al exministro de Hacienda Germán Ávila durante las últimas cinco semanas del gobierno nacional anterior.Mediante labores de Policía Judicial, la entidad detectó que las transferencias presupuestales pasaron de un promedio habitual de 30 o 35 billones de pesos a un total de 64 billones de pesos en dicho periodo.Dentro de ese paquete de giros, la Contraloría identificó pagos por 4.4 billones de pesos destinados a contratistas del FOMAG que no cuentan con soportes ni evidencias en las matrices financieras.La funcionaria aclaró que la declaratoria de impacto nacional impone una reserva legal que impide revelar identidades específicas de directivos o personas naturales involucradas.La indagación busca reconstruir la ruta del dinero, la cual inicia en el Ministerio de Hacienda, pasa a la Fiduprevisora y culmina en los contratistas privados.Frente al procedimiento, la funcionaria recordó que los investigados tienen derecho a presentar descargos, versiones libres y pruebas para demostrar si los giros ejecutados corresponden a servicios efectivamente prestados.Asimismo, la Contraloría señaló que la responsabilidad fiscal en este tipo de expedientes no se limita a los servidores públicos, sino que puede extenderse a los contratistas particulares que administraron dichos fondos.
La cosecha cafetera de 2026 dejará cerca de $1 billón en la economía de Santander, de acuerdo con las proyecciones del Comité Departamental de Cafeteros. El departamento espera recolectar alrededor de 450.000 cargas de café, en una actividad que genera ingresos para miles de familias y dinamiza el comercio en los municipios productores.Santander tiene presencia cafetera en prácticamente todo su territorio. El cultivo está presente en 78 de los 87 municipios y llega a todas las provincias del departamento. Entre los municipios con mayor producción se encuentran Socorro, San Gil, Páramo, Confines y Valle de San José, según la Federación Nacional de Cafeteros.La actividad involucra a 34.460 familias caficultoras, que tienen sus cultivos distribuidos en cerca de 39.800 fincas y unas 56.100 hectáreas. Para sacar adelante la recolección de este año se necesitarán aproximadamente 30.000 recolectores, de los cuales unos 10.000 llegarán desde otros departamentos.Precisamente, el movimiento de trabajadores que genera la temporada hace necesario reforzar el acompañamiento en las zonas cafeteras. Este jueves 17 de septiembre las autoridades y el gremio presentarán el Plan Cosecha Segura 2026, una estrategia que busca acompañar la temporada no solo en materia de seguridad.El plan contempla medidas para proteger el café y el dinero en efectivo que circula durante los pagos a los recolectores, además de acciones relacionadas con salud, movilidad y registro de los trabajadores que llegan a los municipios productores.La estrategia reúne a la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Pinchote, la Federación Nacional de Cafeteros y la Policía Nacional, que preparan el despliegue para una de las temporadas de mayor movimiento económico en las zonas cafeteras del departamento.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se declaró impedido para tomar decisiones relacionadas con Santurbán, en medio de los cuestionamientos por un posible conflicto de interés.La determinación se conoce después de que organizaciones defensoras del agua y del páramo formularan señalamientos sobre la participación del jefe de la cartera ambiental en decisiones relacionadas con la protección de esta zona de Santander.El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán considera que el impedimento respalda los cuestionamientos que había planteado y anunció que continuará haciendo seguimiento a las actuaciones que se adopten frente al páramo.“Seguiremos vigilantes para que quien asuma estas decisiones proteja el agua de más de 2 millones de personas y no los intereses mineros. Esto nos da la razón, efectivamente el ministro de ambiente Fabio Arjona tiene conflicto de interés en Santurbán y las decisiones que tomó las hizo violando el principio de imparcialidad", señaló Mayerlin López, del Comité para la Defensa de Santurbán."Fabio Arjona no va a poder tomar decisiones sobre la delimitación, sobre las áreas de reserva y nosotros esperamos que la persona que nombren como ministro ad-hoc para Santurbán privilegie el interés general de proteger el agua sobre los intereses mineros que ponen en riesgo este ecosistema esencial para la vida en Santander. Por eso nosotros estaremos vigilantes y estamos convocando a toda la ciudadanía a que esté próximo miércoles 23 de septiembre a las 6 de la tarde en la calle 33 número 23 37 en Bucaramanga nos encontremos en asamblea general para establecer la hoja de ruta de movilización de acciones jurídicas con las que vamos a defender Santurbán", afirmó López. La controversia se mantiene luego de que el Ministerio de Ambiente revocara la Resolución 0994 de 2026, que había declarado una reserva de recursos naturales renovables de cerca de 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander.Además, un juzgado de Bucaramanga suspendió provisionalmente la delimitación progresiva de Santurbán y ordenó atender aspectos relacionados con participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso.El impedimento de Arjona abre ahora el camino para que se determine quién asumirá las decisiones correspondientes sobre los asuntos de Santurbán en los que el ministro no podrá intervenir.
El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, revocó la Resolución de 2017 con la que la administración de turno había cedido a título gratuito un lote de 5.082 metros cuadrados a un particular, pese a que el terreno estaba destinado por ley al uso público.El lote, que debía ser convertido en un parque, había sido transferido al municipio en 2013 por Cementos Argos S.A., como parte de sus cesiones obligatorias por la licencia de urbanismo del proyecto Pajonal. Sin embargo, en noviembre de 2017, con una firma del alcalde de turno, Steimer Mantilla, se cedió gratis el predio al ciudadano Francisco Javier Pizarro Guerra, desconociendo el régimen legal que protege los bienes de uso público y prohíbe cederse a particulares.Conocida la situación, el actual alcalde Plinio Cedeño ordenó adelantar acciones jurídicas para recuperar el predio, al considerar que este tipo de cesiones afecta gravemente el interés público. Desde entonces el caso ha estado bajo la lupa de las autoridades, incluido el presidente Abelardo De La Espriella, quien criticó el hecho como prueba de la corrupción de los funcionarios del país, que favorecen el robo de tierras.A raíz de la polémica, el exalcalde Steimer Mantilla ha buscado defenderse, argumentando que su firma fue falsificada en esa resolución. Así mismo, el propio beneficiario de la cesión, Pizarro Guerra, presentó en agosto pasado una solicitud de revocatoria directa de ese acto administrativo que le cedió el predio y manifestó por escrito su consentimiento para que este fuera dejado sin efecto, como finalmente ocurrió.Sin embargo, todavía hay otra batalla jurídica para la recuperación de otro lote de 33.637 metros cuadrados, que por la misma vía quedó en manos de particulares.
En Medellín, 18 extranjeros ya fueron expulsados a Venezuela por tener antecedentes y anotaciones por diversos delitos. Dentro de los ciudadanos que fueron devueltos a su país está el cura falso que pedía dinero y generaba trancones en el sector de La Paralela en la capital antioqueñaLuego del megaoperativo que el pasado fin de semana permitió su identificación, las autoridades confirmaron que ya están en Venezuela 18 ciudadanos venezolanos que fueron objeto de medidas migratorias luego de diferentes actuaciones de las autoridades en Medellín. Entre ellos está el hombre que protagonizó varios videos en el sector de La Paralela, vestido de sacerdote y realizando actividades que llamaron la atención de las autoridades.Sobre este ciudadano pesan varios comparendos y actuaciones de Policía. Entre los registros aparecen procedimientos por porte de arma blanca, la tenencia de un celular reportado como hurtado y ocupación indebida del espacio público. También fue señalado de atravesarse frente a vehículos y motocicletas y arrojar agua sobre parabrisas y visores, generando riesgos para los actores viales.Los otros 17 venezolanos fueron expulsados por antecedentes y anotaciones relacionados con hurto, tráfico y consumo de estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. Uno de los casos más relevantes corresponde a un ciudadano que registraba 23 capturas por tráfico de estupefacientes.Vale la pena mencionar que los procedimientos se desarrollaron en sectores como Barrio Antioquia, Parque Lleras y otros puntos del Valle de Aburrá, en coordinación con Migración Colombia, la Policía, el Ejército y las autoridades locales.Estos se suman a los extranjeros devueltos a su país la semana anterior como parte de procedimientos en la vecina localidad de Itagüí, luego de la orden del presidente Abelardo De La Espriella de intensificar los controles y aplicar estas medidas migratorias a quienes cometan delitos en suelo colombiano.
