El exboxeador montenegrino Goran Gogic, detenido en Miami por su presunta vinculación con una red internacional que traficó por lo menos 22 toneladas de cocaína, comparecerá la semana próxima ante el juez que debe decidir acerca de su traslado a Nueva York, donde está acusado formalmente.Gogic fue arrestado el domingo por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EE.UU. cuando estaba por abordar en el Aeropuerto Internacional de Miami un vuelo con destino a Zurich (Suiza), pero la información de las acusaciones que le formuló un gran Jurado en Nueva York no se conoció hasta ahora.De ser hallado culpable de los cargos que se le imputan, podría pasar el resto de su vida en prisión.El detenido tuvo el lunes su primera comparecencia en una corte federal de Miami y volverá al tribunal la semana próxima, informó este miércoles el diario Miami Herald.Los cargos tienen que ver con el hallazgo en 2019 de tres barcos comerciales de carga atracados en una terminal del Puerto de Filadelfia en cuyo interior las autoridades hallaron en total 22 toneladas de cocaína, valoradas en más de 1.000 millones de dólares y procedentes de Colombia.El destino final de la droga era Europa. De acuerdo a la Fiscalía federal, Goric era quien supervisaba y coordinaba toda la operación que suponía el uso de puertos marítimos estadounidenses para el traslado de la droga. Los involucrados usaron grúas y redes para izar la cocaína en los buques de carga durante la noche.Larence Hashish, abogado de Gogic, señaló al diario que los cargos fueron "una completa sorpresa" para su defendido, quien mantiene su inocencia.Gogic fue un boxeador de peso pesado que desarrolló su carrera profesional entre los años 2001 y 2012, periodo en el que disputó 27 peleas y acumuló 21 victorias.
Un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, deja el grave accidente de tránsito registrado en la vía Buga–Buenaventura, a la altura del sector de El Naranjo. De acuerdo con el más reciente reporte de la emergencia, algunas de las víctimas fueron trasladadas inicialmente al hospital de Dagua; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fallecieron posteriormente. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra Luis Felipe Domínguez, conductor del bus de servicio público, quien murió en el lugar de los hechos.Por otra parte, cerca de siete pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales de Dagua y Buenaventura. El estado de salud de los heridos es reservado. El siniestro involucró un bus de servicio público que había salido de Buenaventura con destino a Cali y una niñera que se movilizaba en sentido contrario, hacia el puerto. La fuerza del impacto fue tal que el bus terminó prácticamente destruido.Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre total de la carretera mientras se adelantaban las labores de atención de la emergencia y el levantamiento de los procedimientos correspondientes. Posteriormente, se habilitó el paso por uno de los carriles; sin embargo, a esta hora se presenta congestión vehicular en el sector.Las autoridades continúan con las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este trágico accidente.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló que recibió la entidad con sus sistemas hackeados y advirtió que las alertas sobre los problemas informáticos se conocían desde enero, pero no se les habría dado la importancia necesaria durante el gobierno anterior. Según explicó, esta situación terminó convirtiéndose en un problema de mucha gravedad que todavía persiste y que ya fue denunciado ante la Fiscalía.“Había unas advertencias que venían desde principio del año, desde enero y que por no darle la trascendencia y la importancia llegamos a tener un problema muy serio que además todavía persiste”, afirmó Cancino.El funcionario señaló que, cuando llegó al Ministerio, encontró que no había acceso a muchas de las herramientas y servicios de la entidad. Además, aclaró que las advertencias sobre lo que estaba ocurriendo no correspondían solamente a unos días antes del ataque, sino que venían desde comienzos de año.Entre las afectaciones mencionó la Dirección de Política de Drogas, donde se expiden licencias para empresas que necesitan determinadas sustancias para sus actividades, así como los trámites de licencias de cannabis. También se presentaron dificultades en algunas líneas de comunicación con las comisarías de familia.Ante los problemas de conectividad, el Ministerio tuvo que recurrir a alternativas manuales y al trabajo desde casa para mantener sus actividades. El jefe de cartera aseguró que, pese a las dificultades, la labor de la entidad continuó y no se paralizó el funcionamiento del Ministerio.Sobre las posibles responsabilidades, el ministro indicó que los hechos podrían tener connotaciones delictivas y que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Según explicó, ya se recopiló toda la evidencia y se espera que en los próximos días entregue resultados sobre lo ocurrido.Hay que recordar que un ciberataque se conoció públicamente el 3 de agosto, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, el Ministerio confirmó que había sido víctima de un ataque mediante un virus tipo ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de varios servicios digitales.Sin embargo, ahora Cancino puso sobre la mesa un antecedente que no se había conocido inicialmente: las advertencias sobre posibles accesos no autorizados a los sistemas vendrían desde enero.Ahora, el ministro aseguró que ya se tomaron medidas y se ha contado con la colaboración necesaria para atender la situación, aunque reconoció que el problema todavía no está completamente superado y que será la investigación de la Fiscalía la que permita esclarecer qué pasó.
El papa León XIV criticó este lunes un mundo del trabajo donde "solo se valora a los trabajadores por su eficiencia" y afirmó que "privar a una persona del trabajo es herir su dignidad", en el discurso que pronunció en el encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires.El pontífice estadounidense acudió a la Universidad Católica de la capital argentina para un encuentro con miembros del sindicato, movimientos populares y empresarios donde lanzó una reflexión en la que afirmó que la actual visión del trabajo "se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta".En esta clase magistral sobre el mundo laboral, aseveró que "allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral".Como ya aseguró en su discurso a las autoridades del domingo, frente al presidente argentino, Javier Milei, "el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía"."Esta afirmación puede parecer teórica, pero, por el contrario, constituye un punto central del pensamiento social de la Iglesia, ya desde mi Predecesor León XIII, quien con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia", explicó el concepto que fue más aplaudido en su discurso en el Palacio Libertad y también durante este acto.El pontífice también indicó que el desempleo "es un auténtico drama en la vida de quien lo padece" porque "privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común".Desde que Milei llegó a la presidencia, en diciembre de 2023, hasta la actualidad, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.El papa indicó que "la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad".El papa también indicó algunos de los puntos del pensamiento social de la Iglesia como que "el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de las agrupaciones intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir".Indicó que este es el camino "para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro" y "que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral".León XIV también reivindicó la tarea de los movimientos sociales, que impulsó siempre Francisco."Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, dijo. Y recordó que “con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social", que produjo un fuerte aplauso.
El gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé, Fernando Merchán, quedó en el centro de los cuestionamientos de la Contraloría General de la República por la utilización de recursos públicos del proyecto para pagar su esquema de seguridad personal.En el informe final de auditoría, el organismo de control estableció un presunto daño patrimonial de $114’337.909, correspondiente a los pagos realizados a la empresa Seguridad Atlas Ltda. por el servicio de protección del funcionario.El contrato, según este informe, fue suscrito el 26 de agosto de 2025 por un valor total de $126’190.060. Este documento según el ente de control, incluía un conductor escolta armado, un vehículo blindado y otros elementos para garantizar la seguridad y los desplazamientos del gerente.Sin embargo, para la Contraloría, este gasto no tenía relación directa con la finalidad de los recursos del Patrimonio Autónomo Aerocafé y tampoco contaba con una autorización expresa para destinar dinero del proyecto a la protección personal de su gerente.De acuerdo con el informe, los pagos cuestionados se realizaron entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 y sumaron los $114’337.909 que el organismo estableció como presunto daño patrimonial.Uno de los puntos centrales de la auditoría tiene que ver con las decisiones del Comité Fiduciario de Aerocafé. Según la revisión de las actas 73 y 76, el organismo de control concluyó que no hubo una aprobación expresa para contratar un esquema de seguridad personal, un vehículo blindado o servicios de protección para Fernando Merchán.La Contraloría señaló que, durante las discusiones, se había planteado que la evaluación del nivel de riesgo y la definición de las medidas de protección debían estar a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).El informe también cuestionó que se utilizaran recursos inicialmente destinados a honorarios técnicos para financiar gastos de transporte, seguridad y otros conceptos administrativos.Frente a estos señalamientos, la Unidad de Gestión de Aerocafé defendió la contratación. En su respuesta a la auditoría, argumentó que los gastos de seguridad y funcionamiento del gerente hacían parte de las actividades administrativas necesarias para garantizar la conducción y continuidad del proyecto.No obstante, la Contraloría mantuvo el hallazgo y concluyó que no encontró una disposición legal ni una autorización expresa que habilitara el uso de los recursos del patrimonio autónomo para pagar la protección personal del funcionario.El caso de la seguridad personal de Merchán hace parte de una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría a Aerocivil y al Patrimonio Autónomo Aerocafé, sobre las vigencias 2024 y 2025.En total, el organismo de control identificó diez hallazgos administrativos, dos de ellos con presunta incidencia fiscal por $667’988.551, siete con posible alcance disciplinario y uno con presunta incidencia penal.Además del contrato de seguridad, la auditoría cuestionó otros gastos relacionados con el catering para el lanzamiento oficial del proyecto, contratos de publicidad y comunicación, y servicios de articulación social.Frente a esto, la Contraloría emitió un concepto de incumplimiento material adverso frente a los asuntos evaluados y anunció que los hallazgos serán trasladados a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen si existen responsabilidades.
La Fiscalía llamó a juicio a cinco personas investigadas por su presunta participación en los hechos de tortura ocurridos antes de la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía Nacional, general William Rincón.Los procesados son Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega, Juan Sebastián Ávila y Solangie Trujillo.Los delitos atribuidos, de acuerdo con la participación señalada por la Fiscalía, incluyen tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio. De manera paralela, se avanza en una posible negociación judicial por parte de uno de los procesados.La investigación de la Fiscalía establece que los hechos se habrían iniciado a través de un engaño digital que comenzó en TikTok y continuó en Instagram mediante perfiles falsos. Bajo esta hipótesis, Juan Felipe Rincón fue llevado el 24 de noviembre de 2024 hasta un inmueble ubicado en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.Para llegar hasta el lugar habría sido utilizada una menor identificada como S.V.B.R., quien, según el ente investigador, fue inducida al consumo de estupefacientes e instrumentalizada para el desarrollo del plan.La Fiscalía sostiene que la agresión habría sido planeada a partir de señalamientos realizados por Katherine Andrea Sotelo Torres, quien acusó al joven de haber sostenido conversaciones con su hija de 10 años. De acuerdo con la investigación, estos señalamientos no habían sido verificados.Una vez Rincón llegó al inmueble, habría sido atacado físicamente. La Fiscalía señala que la agresión comenzó con Sotelo Torres y posteriormente fue continuada por otros participantes. El joven sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, la espalda y las extremidades.Durante los hechos también intervino el escolta de Rincón. En medio de la situación se produjo un disparo que impactó al joven en el tórax y le causó la muerte en el lugar.Después de estos hechos, la investigación estableció que el teléfono celular de la víctima habría sido ocultado en Ciudad Bolívar. Según la hipótesis de la Fiscalía, el dispositivo fue envuelto en papel aluminio con el propósito de bloquear su señal de rastreo.La responsabilidad relacionada con el disparo que produjo la muerte de Juan Felipe Rincón continúa siendo objeto de investigación. La Fiscalía busca establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto y determinar quién accionó el arma.
