El gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé, Fernando Merchán, quedó en el centro de los cuestionamientos de la Contraloría General de la República por la utilización de recursos públicos del proyecto para pagar su esquema de seguridad personal.
En el informe final de auditoría, el organismo de control estableció un presunto daño patrimonial de $114’337.909, correspondiente a los pagos realizados a la empresa Seguridad Atlas Ltda. por el servicio de protección del funcionario.
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El contrato, según este informe, fue suscrito el 26 de agosto de 2025 por un valor total de $126’190.060. Este documento según el ente de control, incluía un conductor escolta armado, un vehículo blindado y otros elementos para garantizar la seguridad y los desplazamientos del gerente.
Sin embargo, para la Contraloría, este gasto no tenía relación directa con la finalidad de los recursos del Patrimonio Autónomo Aerocafé y tampoco contaba con una autorización expresa para destinar dinero del proyecto a la protección personal de su gerente.
De acuerdo con el informe, los pagos cuestionados se realizaron entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 y sumaron los $114’337.909 que el organismo estableció como presunto daño patrimonial.
Uno de los puntos centrales de la auditoría tiene que ver con las decisiones del Comité Fiduciario de Aerocafé. Según la revisión de las actas 73 y 76, el organismo de control concluyó que no hubo una aprobación expresa para contratar un esquema de seguridad personal, un vehículo blindado o servicios de protección para Fernando Merchán.
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La Contraloría señaló que, durante las discusiones, se había planteado que la evaluación del nivel de riesgo y la definición de las medidas de protección debían estar a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El informe también cuestionó que se utilizaran recursos inicialmente destinados a honorarios técnicos para financiar gastos de transporte, seguridad y otros conceptos administrativos.
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Frente a estos señalamientos, la Unidad de Gestión de Aerocafé defendió la contratación. En su respuesta a la auditoría, argumentó que los gastos de seguridad y funcionamiento del gerente hacían parte de las actividades administrativas necesarias para garantizar la conducción y continuidad del proyecto.
No obstante, la Contraloría mantuvo el hallazgo y concluyó que no encontró una disposición legal ni una autorización expresa que habilitara el uso de los recursos del patrimonio autónomo para pagar la protección personal del funcionario.
El caso de la seguridad personal de Merchán hace parte de una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría a Aerocivil y al Patrimonio Autónomo Aerocafé, sobre las vigencias 2024 y 2025.
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En total, el organismo de control identificó diez hallazgos administrativos, dos de ellos con presunta incidencia fiscal por $667’988.551, siete con posible alcance disciplinario y uno con presunta incidencia penal.
Además del contrato de seguridad, la auditoría cuestionó otros gastos relacionados con el catering para el lanzamiento oficial del proyecto, contratos de publicidad y comunicación, y servicios de articulación social.
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Frente a esto, la Contraloría emitió un concepto de incumplimiento material adverso frente a los asuntos evaluados y anunció que los hallazgos serán trasladados a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen si existen responsabilidades.