Santander cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con siete medallas: cuatro de oro, una de plata y dos de bronce, obtenidas por deportistas que hacen parte del programa Deportista Apoyado del Indersantander.La gran protagonista de la delegación fue la squashista Lucía Paola Bautista, quien consiguió tres medallas: dos de oro, en las competencias individual y por equipos femeninos, y una de bronce en dobles mixtos.La cosecha dorada también tuvo como protagonista a Simón Gómez Ortiz, quien se consagró campeón en la modalidad Sunfish de vela.En lucha grecorromana, Jair Alexis Cuero Muñoz, obtuvo la medalla de plata en la categoría de 77 kilogramos.Las otras dos medallas de bronce fueron conquistadas por Kevin Alejandro Lenis Angarita, en los 10.000 metros eliminación de patinaje, y Anyelin Smith Saldaña Torres, en taekwondo, en la categoría de 49 a 57 kilogramos.“Felicitamos y nos sentimos orgullosos del desempeño de los deportistas, entrenadores y delegados que hacen parte de nuestro programa Deportista Apoyado del Indersantander. Seguiremos brindando el apoyo para que lleguen muchos triunfos más para el departamento y Colombia”, afirmó Juan Andrés Suárez Gutiérrez, director del Indersantander.Además de los medallistas, en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 participaron por Santander Pedro Gutiérrez, en tiro deportivo; Juan Jacobo Mantilla, en patinaje; Luciana Cuervo Linares, en esquí náutico, y Frank Geovanny Durán, en atletismo.La delegación santandereana también contó con los entrenadores Sergio Arias y Pedro Fernando Russi, así como con el delegado de squash Sergio Becerra.Los resultados dejan a Santander como protagonista de la participación colombiana en esta cita deportiva internacional, con una cosecha de siete preseas y el aporte de atletas de diferentes disciplinas.
Si tiene pensado salir de casa este domingo, es mejor que programe su recorrido con anticipación. La realización de la carrera atlética Corre Mi Tierra traerá consigo restricciones a la movilidad en Bucaramanga entre las 5:00 a. m. y las 11:00 a. m., dependiendo del desarrollo de la competencia y del paso de los atletas por los diferentes puntos del recorrido.La competencia, que llega por primera vez a la ciudad, contará con recorridos de 5, 10, 15 y 21 kilómetros, por lo que las autoridades de tránsito dispusieron un plan especial para garantizar la seguridad de los participantes y minimizar las afectaciones a los conductores.Entre los corredores viales que presentarán cierres temporales se encuentran sectores de la carrera 9, el Puente de La Novena, la avenida Perimetral, la calle 65, la carrera 17F y varios tramos de la carrera 27, vías que hacen parte del recorrido oficial del evento deportivo. La habilitación del tráfico vehicular se realizará de manera gradual una vez finalice el paso de los corredores.Las autoridades recomendaron a los ciudadanos salir con tiempo si tienen compromisos durante la mañana del domingo y utilizar las rutas alternas que estarán habilitadas. Asimismo, hicieron un llamado a acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal logístico dispuesto a lo largo del recorrido.Otro aspecto que deberán tener en cuenta los bumangueses es que la tradicional ciclovía dominical sobre la carrera 27 no se realizará, debido a que este corredor vial será utilizado para el desarrollo de la carrera atlética.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a consultar previamente los horarios y puntos de cierre para evitar contratiempos y contribuir al normal desarrollo de uno de los eventos deportivos más importantes que tendrá Bucaramanga durante este fin de semana
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y formuló cargos contra Kelly Paola Restrepo Amaya, exdirectora del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander), por presuntas irregularidades en la modificación de la planta de personal y en el nombramiento de funcionarios durante su gestión.Según el Ministerio Público, en diciembre de 2023 la exfuncionaria habría creado nuevos cargos y expedido resoluciones sin contar con el aval legal requerido, así como nombrado en provisionalidad a seis funcionarios sin la autorización de la Junta Directiva ni del Gobierno departamental, entidades competentes para este tipo de decisiones según los estatutos del instituto.La Procuraduría señaló que Restrepo Amaya: “debió abstenerse de realizar estos nombramientos y calificó provisionalmente su conducta como grave a título de culpa gravísima, al considerar que, conociendo los estatutos de Indersantander, estaba obligada a gestionar previamente los permisos para modificar la planta de personal”.El proceso disciplinario continuará con la recolección de pruebas y la evaluación de las posibles faltas en el ejercicio de sus funciones.
Diego Fernando Mendoza Rodríguez, exdirector del Instituto Departamental de Recreación y Deporte (Indersantander), fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación.La sentencia fue emitida por un juez de conocimiento, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas suficientes que demostraron la culpabilidad de Mendoza Rodríguez en el mal manejo de recursos públicos.El caso se originó en 2011, cuando Mendoza Rodríguez suscribió el contrato 065 de ese año, el cual tenía como objetivo otorgar a la Liga de Rugby 6.500.000 pesos para cubrir los tiquetes aéreos de una delegación de deportistas. Sin embargo, el exdirector se apropió de los fondos destinados para tal fin, lo que generó una serie de complicaciones.La deuda no pagada derivó en que la agencia de viajes, que había expedido los tiquetes, iniciara un proceso de cobro ejecutivo por el monto correspondiente. Este hecho fue clave para que la Fiscalía pudiera demostrar el peculado por apropiación, llevando a la condena de Mendoza Rodríguez.Además de la pena privativa de libertad, el exdirector deberá pagar una multa de 7.170.000 pesos. Pese a la condena, la defensa de Mendoza Rodríguez ha apelado la decisión, según lo informado por la Fiscalía General de la Nación.
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra cinco exdirectivos del Instituto de Recreación y Deportes de Santander, por presuntas irregularidades en millonario contrato para la compra de implementos deportivos para escuelas de formación.El contrato fue firmado por el exdirector del Indersantander, Pedro Belén Carrillo, en 2022, con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales (SOTEA).También fueron cobijados con la decisión del ente de control, la exasesora Jurídica, Mayra Alejandra Téllez Romero, así como a Raúl Enrique Gutiérrez Torres, coordinador de Alto Rendimiento y supervisor del contrato; Miguel Ángel Remolina Muñoz, coordinador de deporte Estudiantil y formativo, y Ramiro Andrés Pabón Martínez, coordinador de Deporte Asociado, todos funcionarios para la época de los hechos 2022.En ese momento el exdirector del Indersantander, Pedro Belén Carrillo, en un debate en la Asamblea de Santander señaló que no había ningún tipo de irregularidades en el contrato donde se compraron raquetas de tenis a $4 millones y bolsa de pelotas a $260.000."La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander determinó que los funcionarios causaron detrimento al patrimonio público porque en el mercado la raqueta más costosa está en un rango de $1.200.000, y el tarro por tres bolas en $40.000 en promedio", dice el comunicado de la Procuraduría.El Ministerio Público también halló irregularidades en la ejecución contractual relacionadas con la deficiente labor de vigilancia y control en la supervisión del contrato N° 341 de 2022, que tuvo por objeto el “Desarrollo e implementación institucional del programa de escuelas de especialización deportiva de talento y reserva dirigido a niños, niñas y adolescentes del departamento, potencializando el talento santandereano acorde al plan departamental de desarrollo”, suscrito el 6 de mayo de 2022, por cuatro meses y quince días por valor de $499.990.000, y ejecutado del 26 de mayo al el 10 de octubre de 2022.Los exfuncionarios del Indersantander incurrieron en presuntas irregularidades en la planeación contractual por indebida modalidad de contratación, deficiencias en la planeación por sobrecostos en los implementos deportivos para las escuelas de especialización deportiva, así como por contratar sin que existiera proyecto de inversión en el banco de proyectos.En dicho contrato existió incumplimiento por parte del contratista SOTEA, quien reintegrando en septiembre de 2023 a Indersantander la totalidad de la suma de dinero entregada. “Evidenciándose en esta contratación, la posible defraudación de los principios y normas de contratación estatal y los postulados del interés general que impidieron la satisfacción de la necesidad reportada por el departamento”, señaló la Procuraduría.Para la Procuraduría, Pedro Belén Carrillo, en su calidad de director de Indersantander, para la época de los hechos, incurrió presuntamente en dos faltas disciplinarias calificadas como gravísimas con culpa gravísima. Por su parte, la exasesora jurídica, se le imputaron también dos faltas gravísimas, pero cometidas a título de dolo. Finalmente, a los tres coordinadores, la posible comisión de las faltas disciplinarias se les imputo a título de falta gravísima con culpa gravísima.
Luego de varios años de investigación por presuntas irregularidades en un millonario contrato firmado entre el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander y un club de karate, se conoció un fallo condenatorio contra un exfuncionario de la entidad pública.El Tribunal Superior de Bucaramanga revocó, en segunda instancia, la decisión de un juez de conocimiento que absolvió a Raúl Enrique Gutiérrez Torres, exfuncionario del Indersantander. En su lugar el funcionario fue sentenciado a 6 años y 1 mes de prisión, según la decisión judicial.“El hoy condenado se desempeñó como supervisor de un contrato que tenía por objeto garantizar la asistencia de un club de karate santanderano, a un campeonato nacional que se realizaría en Madrid, Cundinamarca. Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que Gutiérrez Torres incurrió en delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público”, señala el comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación.El contrato por el cual fue condenado el exfuncionario del Indersantander fue suscrito el 17 de mayo de 2007, por un valor que supera los 16 millones de pesos.“Tras una auditoría realizada al Indersantander dichas acciones fueron reportadas a la Contraloría. Según se logró determinar, el hoy condenado incumplió con la verificación de los documentos presentados por el contratista, los cuales se determinó eran falsos. Así, quisieron soportar los supuestos gastos en los que había incurrido el club deportivo”, precisó el ente acusador.La defensa de Raúl Enrique Gutiérrez Torres presentó recurso de impugnación especial ante el Consejo de Estado.
Siguen los cuestionamientos contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, en el caso de presunta corrupción en el Instituto de Deportes de Santander, Indersantander, donde su director, Pedro Carrillo, habría comprado raquetas a $4 millones cuando en el mercado, según la Procuraduría, se pueden conseguir en $1.200.000.Lo último de este caso tiene que ver con la lluvia de críticas que ha caído sobre Mauricio Aguilar por anunciar, el pasado 5 de diciembre, el despido del director del Indersantander.“Indersantander es un instituto descentralizado, autónomo en sus decisiones administrativas y contractuales. Como Gobernador debo velar por los recursos del departamento y evitar el detrimento en las finanzas. Por eso, pedí la renuncia del hasta hoy director Pedro Carrillo.”, dijo el mandatario local.Sin embargo, pese a decir que hasta ese día trabajaba, Pedro Carrillo estuvo en el cargo por cerca de 10 días más, según consta en un decreto que fue compartido por el diputado Ferley Sierra, quien hizo la denuncia de las raquetas a $4 millones.“Por las graves irregularidades denunciadas, Oficialmente se encuentra suspendido director del Indersantander, Pedro Belén Carrillo. Ahora queda en manos de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía que existan condenas y sanciones ejemplares. Amanecerá y veremos”, escribió el diputado Ferley Sierra en su cuenta de Twitter.A su vez, el diputado del partido Verde cuestionó la demora en declarar insubsistente al director del Indersantander.“Al director del Indersantander no lo declaran insubsistente para sacarlo del cargo por una simple y sencilla razón, tiene todo el material probatorio suficiente para hacerle a Mauricio Aguilar lo mismo que Claudia Janeth Toledo le hizo a Richard Aguilar. ¡No diré más!”, agregó.Caso Indersantander: ¿de qué trata?Se trata del Instituto Departamental de Recreación y Deportes (Indersantander), el cual está en el ojo de la polémica por haber firmado un contrato con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales (Sotea), de apoyo a programas deportivos del instituto por valor de $499 millones.Lo que llamó la atención de los veedores es que para la ejecución del contrato se habrían adquirido raquetas de tenis con un costo unitario cercano a los $4 millones y pelotas a $260.000.Emiro Arias, veedor, fue quien denunció las presuntas irregularidades del contrato que se ejecutó en cuatro meses y 15 días.“Unos costos terriblemente inflados de los insumos proveídos y en el caso de Indersantander tercerizando la vinculación de profesionales del deporte para hacer capacitaciones a niños, niñas y adolescentes en taekwondo y tenis donde adquieren 15 raquetas, cada una por valor de $3.870.000 y pelotas de tenis por valor de $258.000, cuando revisando comercialmente estas pelotas no pasan de los $40.000”, aseguró Arias.El contrato también contempló capacitación a profesionales en diferentes áreas.“Una capacitación para los profesionales del deporte, una capacitación por $70 millones y otras irregularidades más que hemos encontrado que las pondremos en la denuncia penal y la denuncia disciplinaria en la Procuraduría”, indicó.
El diputado de Santander, Ferley Sierra, quien denunció por presuntos hechos de corrupción al director del Indersantander, Pedro Carrillo, afirmó que el gobernador Mauricio Aguilar no destituyó al cuestionado funcionario a pesar de haber anunciado en redes sociales que le había solicitado su renuncia tras el escándalo.La Procuraduría y la Contraloría investigan a Pedro Carrillo por presuntas irregularidades en un contrato por $500 millones firmado con una fundación donde se compraron raquetas de tenis a $4.000.000.Este es el mensaje en Twitter del gobernador Aguilar Hurtado, donde el pasado 5 de diciembre, anunciaba la destitución de Pedro Carrillo como director del Instituto Departamental del Deporte."Debo velar por los recursos del departamento y evitar el detrimento en las finanzas. Por eso pedí la renuncia del hasta hoy director Pedro Carrillo", señaló el mandatario en sus redes sociales.El diputado Ferley Sierra, publicó en sus redes sociales una resolución del Indersantander firmada por Pedro Carrillo el pasado 12 de diciembre"Y la renuncia que Mauricio Aguilar había pedido al director?", preguntó el diputado.Emiro Arias Bueno, quien denunció a principios de noviembre las presuntas irregularidades y hechos de corrupción en el Indersantander, afirmó que el gobernador Mauricio Aguilar "le mintió a los santandereanos porque Pedro Carrillo no ha sido destituido de su cargo"."Pedro Carrillo sigue firmando contratos y participando de eventos oficiales en el Indersantander. Esa es una ofensa para el pueblo santandereano", aseveró el dirigente.La contralora (e) de Santander, Blanca Luz Clavijo, informó mediante un comunicado que la entidad inició una investigación fiscal contra Pedro Carrillo y Raúl Gutiérrez. El ente de control solicitó la suspensión de los dos funcionarios mientras avanzan las indagaciones correspondientes al caso.Raúl Gutiérrez ha sido el único suspendido y la resolución fue firmada por Pedro Belén Carrillo, el director cuestionado del Indersantander.
La Procuraduría confirmó este domingo, 11 de diciembre, que abrió investigación contra dos funcionarios del Indersantander por la compra de raquetas de tenis a 4 millones de pesos y pelotas a 260.000 pesos.Se trata de un contrato firmado el 6 de mayo, entre el Indersantander con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales (Sotea), de apoyo a programas deportivos del instituto por valor de $499 millones."La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander busca determinar si los funcionarios causaron detrimento al patrimonio público pues, de acuerdo con la noticia publicada en un medio de comunicación digital, en el mercado la raqueta más costosa está en un rango de $1.200.000, y el tarro por tres bolas en $40.000 en promedio", dice el comunicado de la Procuraduría.El ente de control también "investiga si los bienes contemplados en este negocio jurídico se habrían comprado evadiendo los procesos de selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 2002, por presuntamente suscribir el bilateral de forma directa, sin cumplir con las formalidades legales para hacer uso de esta modalidad de contratación".Emiro Arias, veedor, fue quien denunció las presuntas irregularidades del contrato que se ejecutó en cuatro meses y 15 días.“Unos costos terriblemente inflados de los insumos proveídos y en el caso de Indersantander tercerizando la vinculación de profesionales del deporte para hacer capacitaciones a niños, niñas y adolescentes en taekwondo y tenis donde adquieren 15 raquetas, cada una por valor de $3.870.000 y pelotas de tenis por valor de $258.000, cuando revisando comercialmente estas pelotas no pasan de los $40.000”, aseguró AriasLe puede interesar: 'El Camerino'
Los pasajeros de Wingo podrán adquirir asistencia al viajero de Universal Assistance en el mismo momento en que compran su tiquete. La alianza, anunciada en Bogotá el 15 de octubre de 2026, estará disponible a partir de este mes y ofrece planes con diferentes niveles de cobertura para viajes nacionales e internacionales.Tres planes de asistencia de viaje para los pasajeros de WingoDesde octubre, los viajeros de la aerolínea podrán elegir entre tres opciones de asistencia de viaje: Esencial, Plus y Total. Cada plan contempla un nivel distinto de cobertura e incluye asistencia médica por enfermedad o accidente, teleasistencia y medicamentos, de acuerdo con las condiciones del plan contratado.El servicio se podrá adquirir desde la compra del tiquete en Wingo.com, el sitio web de la aerolínea. Según se informó, la asistencia tiene un costo adicional al valor del pasaje y estará disponible para itinerarios elegibles con origen en Colombia.Qué cubre la asistencia al viajero de Universal AssistanceLos servicios de Universal Assistance contemplan diferentes frentes de atención para situaciones inesperadas durante el viaje:Asistencia médica: permite coordinar la atención ante enfermedades o accidentes ocurridos durante el recorrido.Asistencia legal: brinda orientación y apoyo en situaciones contempladas dentro de la cobertura, como determinados accidentes de tránsito o inconvenientes legales menores.Equipaje y documentos: incluye asistencia ante pérdida o demora de equipaje y extravío de documentos. Los servicios están orientados a la localización del equipaje y, según las condiciones del plan, a compensaciones o apoyo frente a los gastos derivados de estas situaciones.Una aplicación móvil para gestionar los serviciosLa oferta se complementa con una aplicación que permite gestionar distintos servicios desde el celular. Entre las funciones disponibles figuran la solicitud de asistencia médica, la teleasistencia, la consulta de la cobertura y otras herramientas de apoyo para el viaje.Por qué la asistencia al viajero cobra relevanciaLos directivos de ambas compañías coincidieron en que viajar implica estar preparado para imprevistos. Una enfermedad, un accidente o la pérdida de documentos pueden alterar la experiencia del viajero y generar costos, trámites y decisiones más complejas cuando se está fuera de casa, según se explicó en el comunicado.Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, señaló que la compañía busca que sus viajeros cuenten con más opciones para planear sus viajes de acuerdo con sus necesidades. Según indicó, la alianza facilita el acceso a un servicio que brinda orientación y atención cuando se presenta un imprevisto, y que ahora se podrá contratar desde la compra de los tiquetes en Wingo.com.Por su parte, Luz Doris Bustamante, Country Manager de Universal Assistance Colombia, afirmó que la asistencia al viajero cumple un papel que va más allá de responder ante una emergencia, pues permite contar con orientación y acompañamiento cuando una situación inesperada ocurre lejos de casa. Agregó que la alianza con Wingo amplía las posibilidades para que los viajeros colombianos incorporen esa preparación desde el momento en que compran su tiquete.Cómo consultar coberturas y contactar a la central operativaLos viajeros podrán revisar en Wingo.com las coberturas, los casos en los que aplica el servicio y las condiciones específicas de cada plan antes de contratarlo. Esto resulta clave, pues los beneficios, las compensaciones y los apoyos dependen del plan elegido.Adicionalmente, Universal Assistance cuenta con una central operativa disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde allí se orienta a los viajeros y se coordina la atención correspondiente al plan contratado.Datos clave de la alianzaAerolínea: Wingo.Proveedor de asistencia: Universal Assistance.Planes disponibles: Esencial, Plus y Total.Cobertura: viajes nacionales e internacionales con itinerarios elegibles con origen en Colombia.Servicios incluidos (según el plan): asistencia médica, teleasistencia, medicamentos, asistencia legal, y apoyo ante pérdida o demora de equipaje y extravío de documentos.Disponibilidad: a partir de octubre de 2026, desde la compra del tiquete en Wingo.com.Costo: adicional al valor del tiquete.Atención: central operativa 24 horas, 365 días del año.
A tan solo dos días de que se radicara el proyecto de ley de sometimiento o acogimiento por parte del Gobierno y se presentara el respectivo mensaje de urgencia, ya fue radicada la ponencia positiva para el primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Congreso.Aunque la iniciativa mantiene la decisión de no realizar negociaciones políticas con grupos armados ilegales, entre los principales cambios incluidos por los congresistas ponentes está la inclusión de un filtro de control para la acreditación de los miembros de las estructuras ilegales. En la versión inicial, el Ministerio de Justicia recibía de buena fe los listados de integrantes presentados por las organizaciones. Sin embargo, la ponencia establece que la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación deberán hacer una verificación previa para validar los nombres antes de que el Ministerio acepte formalmente las listas, evitando que personas ajenas a los grupos armados o “colados” accedan a beneficios penales.En materia de tratamiento penal, los ponentes reemplazaron la noción de "rol de liderazgo" por la figura técnica de "rol de mando", alineando el vocabulario del proyecto con el Código Penal. Además, se aclaró que la acumulación de incentivos penales aplicará únicamente a los combatientes de base sin rol de mando. Para los líderes de las organizaciones se mantiene una pena mínima de 10 años de prisión.En el ámbito de la transparencia y el control institucional, la ponencia precisó que las contrataciones directas de carácter reservado del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) se destinarán única y exclusivamente a proyectos de la fuerza pública. De igual forma, la obligación del Ministerio de Justicia de rendir un informe público anual ante el Congreso sobre los avances y dificultades de la norma se convirtió en un artículo independiente, garantizando una veeduría legislativa permanente.Con la ponencia, el articulado pasará de 22 a 28 artículos buscando facilitar la aplicación judicial de la norma por parte de la Fiscalía y los jueces. Se espera que el primer debate se lleve a cabo la próxima semana.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 15 de octubre de 2026:Pasó por los micrófonos la comediante Ángela Ñungo para referirse al Festival Internacional de Mujeres Comediantes (MEC Fest) que se llevará a cabo en Medellín.El periodista, escritor y director de Poli Radio, Carlos Sarria, participó en los jueves de TBT.Escuche el programa completo acá:
La muerte de Agustín Álzate no solo encendió las alarmas de las autoridades que buscan con urgencia a los responsables del asesinato del menor de edad de 13 años, sino que ahora se investiga la posible injerencia de grupos delincuenciales.Las versiones preliminares que se han arrojado desde El Carmen de Viboral, Antioquia, es que el adolescente podría estar, presuntamente, vinculado a un grupo delincuencial con alta presencia en esta zona del Oriente antioqueño.El alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez, descartó que el homicidio haya obedecido a un hurto e invitó a los padres de familia a estar pendientes de las amistades que hacen los menores de edad y con quiénes se juntan por fuera de los hogares."Invitamos a los padres de familia a que hagan un seguimiento a qué hacen sus hijos, con quién están, a dónde van, porque hoy los grupos armados podrían estar alrededor de buscar cómo instrumentalizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Descartamos que se haya tratado de un hurto", preció el mandatario.Mientras avanzan las investigaciones pertinentes para esclarecer el asesinato del menor de edad, hay que recordar que la Fuerza Pública y otros organismos judiciales ya están tras la pista de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y quienes son señalados de dispararle con arma de fuego al menor de edad.El personero de El Carmen de Viboral, Omar García, manifestó que el adolescente había decidido salirse de la institución educativa en donde estudiaba hace aproximadamente dos semanas, al parecer, en una decisión tomada en conjunto con su mamá."Fue la madre en en convenio con su hijo que decidieron retirarse de la institución. Entonces, también estamos analizando de si el rector de la institución educativa puso en conocimiento de la institucionalidad, en caso de Bienestar Familiar o comisarias de familia sobre la desescolarización, puesto que esta lleva per se una amenaza o una vulneración a un derecho fundamental", explicó el delegado del Ministerio Público.Hay que mencionar que para acompañar las labores de la Fuerza Pública en el esclarecimiento del caso, se mantiene vigente la recompensa de 200 millones de pesos para quien brinde información que conduzca a los responsables del hecho violento.
En diálogo con Mañanas Blu, el apoderado legal de la firma DLH Legal Group, en representación de varios dirigentes políticos y excongresistas de partido Comunes, entre ellos Luis Alberto Albán, conocido en el proceso de paz como Marcos Calarcá, respondió categóricamente a las recientes denuncias públicas realizadas por María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay. El jurista enfatizó que, si bien la defensa respeta profundamente el dolor de la víctima y su derecho a buscar la verdad, lanzar acusaciones públicas sin una verificación previa por parte de las autoridades judiciales constituye una vulneración al debido proceso. Respeto a las víctimas, pero rechazo al juicio público prematuroEl abogado de la firma DLH Legal Group fijó la posición jurídica de los dirigentes señalados, manifestando en primer lugar sus respetos hacia los familiares del extinto senador: “Bueno, en primer lugar quiero manifestar nuestro profundo respeto a la memoria del senador Miguel Uribe por su familia y por el derecho que tiene la víctimas a conocer toda la verdad”. Sin embargo, hizo una clara distinción entre el legítimo derecho a denunciar y la emisión de juicios de valor en medios de comunicación: “No venimos a cuestionar el derecho de María Claudia Tarazona a reclamar justicia. Tampoco pretendemos impedir que la fiscalía investigue ninguna hipótesis... Pero una cosa es investigar una denuncia y otra muy distinta es convertirla anticipadamente en una condena pública”. Asimismo, subrayó el principio constitucional de presunción de inocencia e individualidad de las conductas: “Recordamos que la responsabilidad penal en Colombia es individual. No se determina por una antigua militancia, un nombre, un alias o una asociación política. Se establece mediante pruebas legalmente obtenidas y una decisión de autoridad judicial competente”.Acciones legales ante la Fiscalía y solicitud de traslado de pruebasFrente a las declaraciones de Tarazona respecto a supuestos chats y elementos probatorios entregados al ente investigador, la defensa confirmó que ya solicitó oficialmente a la Fiscalía General de la Nación la entrega y traslado formal del material mencionado para su correspondiente evaluación jurídica.En palabras del abogado: “Siento que es una irresponsabilidad en este caso las declaraciones que está haciendo, señalar sin las pruebas que estén dentro de la fiscalía y acusar a nuestro grupo de protegidos”.La representación legal aclaró que se presentaron los poderes correspondientes ante el despacho fiscal para manifestar su total disposición a colaborar con las pesquisas: “El día de ayer lo hicimos con los poderes que tenemos en la firma. Ahí está el comunicado donde le expresamos a la señora fiscal que nos preocupa la situación y que estamos prestos a responder a cualquier investigación que se genere sobre estos hechos”.De igual forma, el jurista indicó que requieren conocer de primera mano el expediente: “solicitamos a la Fiscalía que nos hiciera traslado el día de ayer para ver la valoración judicial a lo que ella está diciendo y manifestando públicamente”.Al ser consultado sobre la situación actual de Luis Alberto Albán (Marcos Calarcá), el jurista desmintió de manera tajante cualquier vínculo de su representado con el magnicidio: “lógicamente que él no tiene nada que ver con ese magnicidio”.. Igualmente, reiteró que Albán se encuentra en el país, respondiendo y cumpliendo estrictamente con los requerimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Él está cumpliendo con el acuerdo de paz en el proceso de la JEP”.Escuche aquí la entrevista:
