Recientemente, las empresas Worldcoin y Tools for Humanity se han popularizado en Colombia al presentar una iniciativa mediante la cual le pagan a los ciudadanos un monto que va desde los 40.000 pesos a cambio del escaneo del iris de sus ojos.Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió intervenir ante la preocupación por el tratamiento de estos datos y las posibles repercusiones para la privacidad de los ciudadanos.No obstante, este fenómeno no es exclusivo de Colombia pues, en meses anteriores, ha generado controversia en otros países de la región.De acuerdo con la superintendente Cielo Rusinque, "el iris es un dato biométrico extremadamente sensible, comparable al ADN".¿Para qué sirve escanear el iris de los ojos?Según han explicado las empresas promovedoras de esta iniciativa, el escaneo del iris es una medida de seguridad que confirma la identidad de cada usuario, asegurando que solo personas reales participen en la plataforma. En el mundo de las criptomonedas, la verificación de identidad es crucial para prevenir fraudes y garantizar la seguridad de las transacciones.¿Cuáles son los datos sensibles que pueden obtener las empresas al escanear el iris de los ojos?Si bien el acto de "vender el iris" puede parecer una opción atractiva para aquellos que enfrentan dificultades económicas, el riesgo a largo plazo podría ser considerable teniendo en cuenta el tema del tratamiento de datos biométricos.De acuerdo con el médico Andreas Di Luciano, el iris de los ojos es “un tejido neurosensorial, el cual se viene formando desde antes de nacer, estamos hablando de la época embrionaria”. Por su parte, según Gabriel Bergel, especialista en seguridad informática de 8,8 Computer Security Conference, se trata de un “dato antropométrico valiosísimo para temas de ciberseguridad, ya que es mucho más difícil conseguir que la huella digital”.Por lo tanto, este dato al ser tan sensible debe tratarse con una serie de garantías para evitar, entre otras cosas, posibles suplantaciones de identidad o acceso indebido a sistemas protegidos.
En los últimos días, se ha popularizado una práctica que resulta preocupante para algunos ciudadanos, pues empresas internacionales están ofreciendo dinero a los ciudadanos a cambio de escanear sus iris.Esta tendencia, que podría parecer inofensiva, ha levantado serias alarmas sobre la privacidad y la protección de datos en el país.La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo la dirección de la superintendente Cielo Rusinque, ha iniciado una investigación formal contra estas empresas. Según Rusinque, "el iris es un dato biométrico extremadamente sensible, comparable al ADN", lo que implica que su recolección y tratamiento deben cumplir conestrictos estándares de seguridad.¿Cuáles son las empresas que pagan por el escaneo?De acuerdo con Rusinque, las empresas son Worldcoin y Tools for Humanity, las cuales utilizan tecnología avanzada para capturar datos biométricos, particularmente del iris del ojo, un identificador único que permite la identificación precisa de una persona.A cambio de permitir el escaneo, los ciudadanos reciben compensaciones económicas, que pueden oscilar entre 40.000 y 400.000 pesos, dependiendo de la ubicación y las condiciones específicas de la operación.En la mayoría de casos, los pagos se realizan en criptomonedas, una modalidad que ha sido utilizada por Worldcoin.¿Dónde operan estas empresas?Estas empresas operan principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga, donde han establecido puntos de escaneo que ofrecen pagos a los participantes.No obstante, la utilización de esos datos que recolectan las empresas ha generado dudas. Por su parte, Rusinque explicó que el escaneo del iris implica la recolección de datos extremadamente sensibles, comparables al ADN, lo que requiere un alto nivel de protección.“El tratamiento de estos datos debe cumplir con los máximos estándares de seguridad”, enfatizó.La SIC está evaluando el cumplimiento de las normativas de protección de datos y ha advertido que, de encontrarse irregularidades, las empresas podrían enfrentar sanciones que van desde multas hasta la suspensión definitiva de sus operaciones en el país.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encendió las alarmas sobre la recolección de datos biométricos, específicamente a través del escaneo del iris, realizada por empresas que ofrecen pagos en criptomonedas o efectivo a cambio de esta información sensible.Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, expresó su preocupación por las posibles implicaciones que estas prácticas pueden tener sobre la privacidad y seguridad de los ciudadanos.¿Qué está sucediendo con la venta del iris en Colombia?La Superintendencia de Industria y Comercio ha identificado a dos empresas que están operando en Colombia, Worldcoin y Tools for Humanity, las cuales han comenzado a captar datos biométricos, específicamente a través del escaneo del iris de las personas. Estas compañías ofrecen un pago a cambio de que los individuos permitan el acceso a esta información.“Se trata de un dato biométrico que equivale a entregar, digamos, el ADN, permite una plena identificación de estas personas”, explicó Rusinque.El uso de datos biométricos ha sido objeto de controversias en varias partes del mundo. Según la superintendente, la recolección del iris en otros países ha resultado en la suspensión o prohibición de estas actividades debido a que no cumplen con los regímenes nacionales de protección de datos personales.“En otros países estas actividades han sido suspendidas, prohibidas por considerar que no cumplían los requisitos en lo referente a la protección de datos personales”, agregó.¿Cuánto vale escanear el iris de los ojos?Las empresas ofrecen diferentes montos a cambio del escaneo del iris, lo que ha generado una gran afluencia de personas que buscan obtener este dinero. En algunas ciudades como Bucaramanga, los pagos pueden variar desde $40,000 hasta $400,000, dependiendo de la ubicación y el momento.“En Bucaramanga era 40,000. Lo que más o menos tenemos conocimiento es que el valor era un equivalente a unos $50”, mencionó la superintendente.Sin embargo, el mayor interrogante radica en el destino de estos datos. Rusinque señaló que esa pregunta es legítima: “¿Cuál es la garantía? ¿cuál es el alcance? ¿cuál es el tratamiento que se va a hacer de esos datos?”.Esta inquietud no es menor, dado que la recolección de datos biométricos podría tener consecuencias serias para la privacidad y la seguridad de las personas, especialmente si se usan de manera indebida.¿Qué hace el Estado para proteger a los ciudadanos?La preocupación de la SIC no se limita solo a la recolección de datos, sino también al marco legal bajo el cual estas empresas están operando. Según la superintendente, Colombia cuenta con legislación que regula el tratamiento de datos personales, como la Ley 1581 de 2012, y se está trabajando en la adecuación de esta normativa para alinearse con los estándares internacionales.“Nosotros estamos dando los lineamientos generales sobre cuál es el tratamiento de datos personales en los sistemas de inteligencia artificial”, puntualizó.A pesar de la existencia de estas regulaciones, Rusinque reconoció que las empresas tienen la libertad de operar en el país siempre y cuando cumplan con la normativa vigente. Sin embargo, enfatizó que la Superintendencia ha iniciado una investigación formal contra Worldcoin y Tools for Humanity, la cual podría resultar en sanciones si se determina que sus operaciones violan los derechos de los ciudadanos.“Estas sanciones pueden ir desde la suspensión temporal o definitiva de las actividades, hasta multas, sanciones de tipo económico”, afirmó.La tentación del dinero versus la seguridad personalUno de los puntos más críticos de esta situación es el impacto que estas prácticas pueden tener en personas en situación de vulnerabilidad. En países como Kenia, donde estas empresas han operado anteriormente, se ha visto cómo las personas con mayores necesidades económicas son las más propensas a entregar sus datos a cambio de un pago.En Colombia, esta realidad podría replicarse, poniendo en riesgo la seguridad y privacidad de aquellos que aceptan vender su iris.La superintendente Rusinque concluyó la entrevista reiterando la importancia de la investigación en curso y la necesidad de actuar dentro del marco legal para proteger a los ciudadanos colombianos.
La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la circular No. 2 del 21 de agosto de 2024 en la que especifica las normas que deben cumplir las empresas del país que usen cualquier herramienta de inteligencia artificial para recopilar datos. Por ejemplo, los chats automáticos que usan empresas para ofrecer recomendaciones sobre servicios o soluciones que constantemente se están alimentando de las consultas realizadas y entregan a su vez recomendaciones y predicciones.En el documento, firmado por la superintendente Cielo Rusinque, se lee que la legislación vigente insta a que estas nuevas tecnologías cumplan con el tratamiento de datos ya practicado en otros escenarios tradicionales.“El Tratamiento de Datos personales en Sistemas de Inteligencia Artificial requiere la debida observancia de lo establecido en materia de protección de Datos personales. La ley colombiana permite el uso de tecnologías para tratar datos, pero, al mismo tiempo, exige que se haga de manera respetuosa del ordenamiento jurídico. Quienes crean, diseñan o usan ‘innovaciones tecnológicas’ deben cumplir todas las normas sobre Tratamiento de Datos personales recolectados y/o tratados en Colombia”, argumentó la entidad.En esa medida, la SIC instó a las empresas, o en general administradoras de datos, a revisar previamente al menos cuatro aspectos antes de activar un servicio de estos: si es idóneo y necesario usarlo, es decir, revisar que no haya otras herramientas que no pongan tanto en riesgo la seguridad de los datos.Además, debe ser una herramienta responsable, que esté dentro de las finalidades constitucionales y que su uso sea proporcional en cuanto a riesgos versus beneficios por entregar datos personales. Si no se cumplen estos aspectos, la SIC pidió a las empresas no ofrecer los servicios mencionados.Otra de las indicaciones que dio la Superintendencia es que quienes administren sistemas para prevenir o atender riesgos adelanten un estudio de impacto de privacidad que detalle cómo se manejarán los datos.“Los datos personales sujetos a tratamiento en la IA deben ser veraces, completos, exactos, actualizados, comprobables y comprensibles. De esta manera, se prohibe el tratamiento de datos personales parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error”, advirtió la superintendencia.Los planes de contingencia también deben incluir medidas de diferente tipo para evitar que los datos almacenados sean usados de manera indebida, los manipulen, destruyan o distribuyan sin ninguna autorización.Finalmente, la SIC aclaró que si bien la información es accesible al público, no necesariamente es de naturaleza pública.“El hecho de que estén disponibles en internet no significa que cualquier persona puede tratarlos sin autorización previa. (...) Los Administradores que recolecten datos personales privados, semiprivados o sensibles en internet no están legitimados para apropiarse de dicha información y tratarla para cualquier finalidad que consideren apropiado sin la autorización previa, expresa e informada de dueño de la información”, reiteró la SIC.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
