Recientemente, las empresas Worldcoin y Tools for Humanity se han popularizado en Colombia al presentar una iniciativa mediante la cual le pagan a los ciudadanos un monto que va desde los 40.000 pesos a cambio del escaneo del iris de sus ojos.Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió intervenir ante la preocupación por el tratamiento de estos datos y las posibles repercusiones para la privacidad de los ciudadanos.No obstante, este fenómeno no es exclusivo de Colombia pues, en meses anteriores, ha generado controversia en otros países de la región.De acuerdo con la superintendente Cielo Rusinque, "el iris es un dato biométrico extremadamente sensible, comparable al ADN".¿Para qué sirve escanear el iris de los ojos?Según han explicado las empresas promovedoras de esta iniciativa, el escaneo del iris es una medida de seguridad que confirma la identidad de cada usuario, asegurando que solo personas reales participen en la plataforma. En el mundo de las criptomonedas, la verificación de identidad es crucial para prevenir fraudes y garantizar la seguridad de las transacciones.¿Cuáles son los datos sensibles que pueden obtener las empresas al escanear el iris de los ojos?Si bien el acto de "vender el iris" puede parecer una opción atractiva para aquellos que enfrentan dificultades económicas, el riesgo a largo plazo podría ser considerable teniendo en cuenta el tema del tratamiento de datos biométricos.De acuerdo con el médico Andreas Di Luciano, el iris de los ojos es “un tejido neurosensorial, el cual se viene formando desde antes de nacer, estamos hablando de la época embrionaria”. Por su parte, según Gabriel Bergel, especialista en seguridad informática de 8,8 Computer Security Conference, se trata de un “dato antropométrico valiosísimo para temas de ciberseguridad, ya que es mucho más difícil conseguir que la huella digital”.Por lo tanto, este dato al ser tan sensible debe tratarse con una serie de garantías para evitar, entre otras cosas, posibles suplantaciones de identidad o acceso indebido a sistemas protegidos.
En los últimos días, se ha popularizado una práctica que resulta preocupante para algunos ciudadanos, pues empresas internacionales están ofreciendo dinero a los ciudadanos a cambio de escanear sus iris.Esta tendencia, que podría parecer inofensiva, ha levantado serias alarmas sobre la privacidad y la protección de datos en el país.La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo la dirección de la superintendente Cielo Rusinque, ha iniciado una investigación formal contra estas empresas. Según Rusinque, "el iris es un dato biométrico extremadamente sensible, comparable al ADN", lo que implica que su recolección y tratamiento deben cumplir conestrictos estándares de seguridad.¿Cuáles son las empresas que pagan por el escaneo?De acuerdo con Rusinque, las empresas son Worldcoin y Tools for Humanity, las cuales utilizan tecnología avanzada para capturar datos biométricos, particularmente del iris del ojo, un identificador único que permite la identificación precisa de una persona.A cambio de permitir el escaneo, los ciudadanos reciben compensaciones económicas, que pueden oscilar entre 40.000 y 400.000 pesos, dependiendo de la ubicación y las condiciones específicas de la operación.En la mayoría de casos, los pagos se realizan en criptomonedas, una modalidad que ha sido utilizada por Worldcoin.¿Dónde operan estas empresas?Estas empresas operan principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga, donde han establecido puntos de escaneo que ofrecen pagos a los participantes.No obstante, la utilización de esos datos que recolectan las empresas ha generado dudas. Por su parte, Rusinque explicó que el escaneo del iris implica la recolección de datos extremadamente sensibles, comparables al ADN, lo que requiere un alto nivel de protección.“El tratamiento de estos datos debe cumplir con los máximos estándares de seguridad”, enfatizó.La SIC está evaluando el cumplimiento de las normativas de protección de datos y ha advertido que, de encontrarse irregularidades, las empresas podrían enfrentar sanciones que van desde multas hasta la suspensión definitiva de sus operaciones en el país.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encendió las alarmas sobre la recolección de datos biométricos, específicamente a través del escaneo del iris, realizada por empresas que ofrecen pagos en criptomonedas o efectivo a cambio de esta información sensible.Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, expresó su preocupación por las posibles implicaciones que estas prácticas pueden tener sobre la privacidad y seguridad de los ciudadanos.¿Qué está sucediendo con la venta del iris en Colombia?La Superintendencia de Industria y Comercio ha identificado a dos empresas que están operando en Colombia, Worldcoin y Tools for Humanity, las cuales han comenzado a captar datos biométricos, específicamente a través del escaneo del iris de las personas. Estas compañías ofrecen un pago a cambio de que los individuos permitan el acceso a esta información.“Se trata de un dato biométrico que equivale a entregar, digamos, el ADN, permite una plena identificación de estas personas”, explicó Rusinque.El uso de datos biométricos ha sido objeto de controversias en varias partes del mundo. Según la superintendente, la recolección del iris en otros países ha resultado en la suspensión o prohibición de estas actividades debido a que no cumplen con los regímenes nacionales de protección de datos personales.“En otros países estas actividades han sido suspendidas, prohibidas por considerar que no cumplían los requisitos en lo referente a la protección de datos personales”, agregó.¿Cuánto vale escanear el iris de los ojos?Las empresas ofrecen diferentes montos a cambio del escaneo del iris, lo que ha generado una gran afluencia de personas que buscan obtener este dinero. En algunas ciudades como Bucaramanga, los pagos pueden variar desde $40,000 hasta $400,000, dependiendo de la ubicación y el momento.“En Bucaramanga era 40,000. Lo que más o menos tenemos conocimiento es que el valor era un equivalente a unos $50”, mencionó la superintendente.Sin embargo, el mayor interrogante radica en el destino de estos datos. Rusinque señaló que esa pregunta es legítima: “¿Cuál es la garantía? ¿cuál es el alcance? ¿cuál es el tratamiento que se va a hacer de esos datos?”.Esta inquietud no es menor, dado que la recolección de datos biométricos podría tener consecuencias serias para la privacidad y la seguridad de las personas, especialmente si se usan de manera indebida.¿Qué hace el Estado para proteger a los ciudadanos?La preocupación de la SIC no se limita solo a la recolección de datos, sino también al marco legal bajo el cual estas empresas están operando. Según la superintendente, Colombia cuenta con legislación que regula el tratamiento de datos personales, como la Ley 1581 de 2012, y se está trabajando en la adecuación de esta normativa para alinearse con los estándares internacionales.“Nosotros estamos dando los lineamientos generales sobre cuál es el tratamiento de datos personales en los sistemas de inteligencia artificial”, puntualizó.A pesar de la existencia de estas regulaciones, Rusinque reconoció que las empresas tienen la libertad de operar en el país siempre y cuando cumplan con la normativa vigente. Sin embargo, enfatizó que la Superintendencia ha iniciado una investigación formal contra Worldcoin y Tools for Humanity, la cual podría resultar en sanciones si se determina que sus operaciones violan los derechos de los ciudadanos.“Estas sanciones pueden ir desde la suspensión temporal o definitiva de las actividades, hasta multas, sanciones de tipo económico”, afirmó.La tentación del dinero versus la seguridad personalUno de los puntos más críticos de esta situación es el impacto que estas prácticas pueden tener en personas en situación de vulnerabilidad. En países como Kenia, donde estas empresas han operado anteriormente, se ha visto cómo las personas con mayores necesidades económicas son las más propensas a entregar sus datos a cambio de un pago.En Colombia, esta realidad podría replicarse, poniendo en riesgo la seguridad y privacidad de aquellos que aceptan vender su iris.La superintendente Rusinque concluyó la entrevista reiterando la importancia de la investigación en curso y la necesidad de actuar dentro del marco legal para proteger a los ciudadanos colombianos.
La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la circular No. 2 del 21 de agosto de 2024 en la que especifica las normas que deben cumplir las empresas del país que usen cualquier herramienta de inteligencia artificial para recopilar datos. Por ejemplo, los chats automáticos que usan empresas para ofrecer recomendaciones sobre servicios o soluciones que constantemente se están alimentando de las consultas realizadas y entregan a su vez recomendaciones y predicciones.En el documento, firmado por la superintendente Cielo Rusinque, se lee que la legislación vigente insta a que estas nuevas tecnologías cumplan con el tratamiento de datos ya practicado en otros escenarios tradicionales.“El Tratamiento de Datos personales en Sistemas de Inteligencia Artificial requiere la debida observancia de lo establecido en materia de protección de Datos personales. La ley colombiana permite el uso de tecnologías para tratar datos, pero, al mismo tiempo, exige que se haga de manera respetuosa del ordenamiento jurídico. Quienes crean, diseñan o usan ‘innovaciones tecnológicas’ deben cumplir todas las normas sobre Tratamiento de Datos personales recolectados y/o tratados en Colombia”, argumentó la entidad.En esa medida, la SIC instó a las empresas, o en general administradoras de datos, a revisar previamente al menos cuatro aspectos antes de activar un servicio de estos: si es idóneo y necesario usarlo, es decir, revisar que no haya otras herramientas que no pongan tanto en riesgo la seguridad de los datos.Además, debe ser una herramienta responsable, que esté dentro de las finalidades constitucionales y que su uso sea proporcional en cuanto a riesgos versus beneficios por entregar datos personales. Si no se cumplen estos aspectos, la SIC pidió a las empresas no ofrecer los servicios mencionados.Otra de las indicaciones que dio la Superintendencia es que quienes administren sistemas para prevenir o atender riesgos adelanten un estudio de impacto de privacidad que detalle cómo se manejarán los datos.“Los datos personales sujetos a tratamiento en la IA deben ser veraces, completos, exactos, actualizados, comprobables y comprensibles. De esta manera, se prohibe el tratamiento de datos personales parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error”, advirtió la superintendencia.Los planes de contingencia también deben incluir medidas de diferente tipo para evitar que los datos almacenados sean usados de manera indebida, los manipulen, destruyan o distribuyan sin ninguna autorización.Finalmente, la SIC aclaró que si bien la información es accesible al público, no necesariamente es de naturaleza pública.“El hecho de que estén disponibles en internet no significa que cualquier persona puede tratarlos sin autorización previa. (...) Los Administradores que recolecten datos personales privados, semiprivados o sensibles en internet no están legitimados para apropiarse de dicha información y tratarla para cualquier finalidad que consideren apropiado sin la autorización previa, expresa e informada de dueño de la información”, reiteró la SIC.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
