Uno de los cambios importantes del gobierno del presidente Iván Duque frente a su antecesor, tiene que ver con la decisión de modificar el enfoque en la lucha contra las drogas, al menos en lo relacionado con el consumo de estupefacientes.
A pesar de que todavía hoy se garantiza tras un fallo de la Corte Constitucional, el consumo de la dosis mínima de drogas en Colombia, apelando al libre desarrollo de la personalidad, se anuncian cambios frente al porte de esas sustancias.
El presidente Duque anunció para esta semana un decreto que si bien no trata a los consumidores de drogas como delincuentes, sí le da aval a la policía para incautar cualquier cantidad de estupefacientes, sin importar si la persona requisada argumenta que forma parte de su dosis personal.
Por otro lado, el Gobierno ha decidido apoyar un proyecto de ley que hace trámite en el Congreso, presentado por el fiscal general de la Nación, que busca cerrar una puerta que abrió un fallo de la Corte Suprema de Justicia, para que cualquier persona pueda argumentar que si es sorprendida con una cantidad de droga superior a la dosis mínima (20 gramos de marihuana y un gramo de cocaína), esta dosis forma parte de lo que requiere para su consumo personal.
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El argumento del fiscal general para sacar adelante esta iniciativa tiene que ver con el gran boquete que según dijo, se abrió en las normas y que permite que los pequeños traficantes de drogas, que hoy son responsables de asesinatos, extorsiones, secuestros y otros delitos, tengan un escudo para blindarse ante las autoridades en caso de ser detenidos.
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Este escenario, muy controvertido por lo demás, se da en medio de unos operativos muy importantes de la Fiscalía, que logró desarticular una gigantesca red de venta de drogas en varios colegios y universidades de Bogotá, destapando una realidad bastante preocupante sobre el consumo de alcaloides por parte de los jóvenes.
Fueron más de 160 capturas, agentes del CTI infiltrados durante más de seis meses como estudiantes, alquiler de apartamentos para facilitar el recaudo de pruebas y la infiltración en grupos de WhatsApp para saber cómo se distribuían las drogas que eran vendidas.
Se trata de una operación en todo el país, que se concentró en 25 colegios y 4 universidades, cuyos entornos estaban permeados por "jíbaros" y otros delincuentes.
La Universidad Javeriana, uno de los centros educativos desde los que delinquía la banda de "Los Reprobados", emitió un comunicado en el que expresa su total apoyo a las acciones de la Fiscalía y anuncia que seguirán colaborando para cerrar la brecha a los microtraficantes, algunos de los que pretendían escudarse en que la droga que usaban era para su consumo personal.
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