Luego de escuchar al fiscal delegado ante la Corte Suprema Jaime Camacho Florez, en la audiencia en la que se legalizó la captura del expresidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, ahora el balón está en manos de la propia Fiscalía, de la Corte y de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Las revelaciones de la Fiscalía tendrían que hacer crujir los cimientos de este desvencijado establecimiento, del que muchos han hecho parte gracias al pago de coimas y de otro tipo de corrupción.
Para la Comisión de Acusación, la tarea urgente es que definan la situación jurídica de Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema y de Gustavo Malo, actual magistrado de ese tribunal.
Las afirmaciones del fiscal Camacho comprometen severamente a estos dos magistrados con actos viles de corrupción, presuntamente con el cobro de sobornos entre 2013 y 2017 a congresistas y gobernadores, para que se perdieran evidencias en su contra, o para frenar órdenes de captura.
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Los casos puntuales son los de Musa Besaile, Alvaro Ashton y Alejandro Lyons, quienes habrían dado dinero a los magistrados pillos, que tenían como sitios de reunión hoteles, restaurantes y la casa de Francisco Ricaurte.
Para la Corte Suprema, la tarea será decidir si ordena o no la captura de Musa Besaile y de Alvaro Ashton, quienes supuestamente entregaron dinero a Ricaurte, Bustos, Malo y compañía para que no los capturaran.
Para la Fiscalía, la tarea será en torno al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, frente al exfiscal Bettín y frente a otros particulares mencionados. Para el país, la tarea será reformar el aparato judicial, para que esta vergüenza, que involucra a dos expresidentes del máximo tribunal de la justicia ordinaria, no se vuelva a repetir.
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