Hablamos de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP que negó la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, considerando que no es un beneficio automático, sino que debe estar condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con lo que dice el acuerdo del Teatro Colón.Esta determinación de la JEP no es un asunto menor, teniendo en cuenta que tanto Mancuso como sus abogados daban por descontado que el excabecilla de las AUC quedaría libre una vez fuera deportado a Colombia desde Estados Unidos, apelando a su designación como “gestor de paz” por parte del presidente Gustavo Petro.La Jurisdicción Especial de Paz le recordó a Mancuso que primero debe cumplirle a sus víctimas, antes de poder solicitar su libertad al amparo del acuerdo. La defensa del exjefe paramilitar desde ya anunció que apelará la decisión argumentando entre otras cosas, que los magistrados de la JEP ya han concedido la libertad a varios postulados que, según ellos, han cumplido menos requisitos que su defendido.Todavía no se conoce un pronunciamiento del Gobierno Nacional ante esta decisión de la JEP, pero adicionalmente no se conocen concretamente en qué consisten las gestiones de Salvatore Mancuso tras los beneficios que le concedió el Ejecutivo. Por ejemplo, todavía no se conocen detalles concretos sobre sus posibles acercamientos con los exjefes paramilitares para darle punto final al acuerdo con las antiguas AUC.Por otro lado, sigue el ataque de los antiguos cabecillas de las Farc contra la JEP, en las últimas horas hubo una nueva rueda de prensa de sus exjefes criticando las determinaciones de esa jurisdicción, en particular frente a una supuesta demora en firmar una serie de amnistías para un grupo de excombatientes que no han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.El trasfondo de la nueva arremetida de los exjefes de las Farc contra la JEP tiene como telón de fondo, una determinación de esa jurisdicción de la semana pasada, que decidió no asumir las investigaciones contra Rodrigo Granda, excabecilla de ese grupo guerrillero, quien está siendo procesado por el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas, crimen por el cual, podría ser pedido en extradición por la justicia paraguaya en las próximas semanas.
En las tres votaciones realizadas en la Sala Plena de este jueves, ninguna de las tres integrantes del listado de aspirantes logró los 16 votos mínimos requeridos para ser elegida como nueva fiscal general, de hecho, la mayoría de los magistrados decidieron votar en blanco.Según se pudo establecer, de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro, Amelia Pérez Parra fue quien estuvo más cerca de la cifra necesaria de votos: en una de las rondas alcanzó nueve votos. En segundo lugar en número de votos estuvo Luz Adriana Camargo, que tiene alguna resistencia en la Corte por su cercanía con el ministro de Defensa, Iván Velásquez.En tercer lugar en las votaciones quedó la exfiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia Angela María Buitrago, quien según se pudo establecer, no obtuvo ningún voto en las tres rondas adelantadas este jueves.Ante este escenario, la Corte se volverá a reunir en Sala Plena el próximo 8 de febrero para intentar elegir Fiscal General. Ese día se convertirá en la última oportunidad que tendrán los magistrados de elegir antes de que se termine el periodo de Francisco Barbosa, que termina el próximo 12 de febrero.En caso de que la Corte no elija Fiscal el próximo 8 de febrero, inevitablemente tendrá que asumir la actual vicefiscal Martha Janeth Mancera como Fiscal General encargada, a pesar de las críticas del presidente Gustavo Petro, quien en privado considera que Mancera fue la responsable de impulsar el proceso contra su hijo Nicolás por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.En este escenario, es clave el respeto a la independencia de poderes, la Corte Suprema de Justicia ha decidido avanzar sin presiones hacia la elección de la próxima fiscal general de la Nación y por ello, el Ejecutivo tendrá que esperar pacientemente la decisión de la mayoría de los 23 magistrados y por lo tanto, tendrá que trabajar de manera armónica con Martha Mancera, en caso de que llegue a asumir como fiscal general encargada.
Las graves consecuencias que comienza a producir la intensa sequía que afecta gran parte del país por el fenómeno de El Niño, deben ser atendidas con urgencia y de manera coordinada por las autoridades locales y el Gobierno nacional.Los efectos causados por el fenómeno de El Niño, consistente en condiciones climáticas extremas, en particular relacionadas con altas temperaturas por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, comienzan a ocasionar emergencias severas en diferentes puntos de Colombia, en particular relacionadas con voraces incendios forestales – cerca de 350 en lo corrido de este año - quema de cultivos como consecuencia de las heladas y escasez de agua potable en algunos municipios.Hay que reconocer que esta situación venía siendo advertida por los meteorólogos y también por el presidente Gustavo Petro, que desde hace por lo menos seis meses viene haciendo un llamado al ahorro de agua y a prepararse para los efectos de la intensa temporada seca.En medio de la situación actual, que tendrá este martes un balance detallado por parte de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, desde Tumaco, en donde se adelanta una nueva jornada de Gobierno descentralizado, se necesitan con urgencia varias cosas para evitar que las emergencias terminen ocasionando una catástrofe: la más importante es que los colombianos seamos conscientes de la necesidad de evitar encender fogatas, quemar basuras o desechos, ahorrar agua y estar alerta a los llamados de las autoridades.Además de eso, es fundamental la coordinación entre los alcaldes y gobernadores y sus respectivos equipos con las autoridades del orden nacional, es decir, con la Unidad para la Gestión de Riesgo, Bomberos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares y de Policía. No es el momento de las pequeñas peleas políticas, es hora de la grandeza y de actuar para proteger los ecosistemas y a los colombianos.
Colombia es un país condenado a girar eternamente en torno a los no pocos momentos violentos de su historia, sin lograr la suficiente verdad ni la suficiente justicia que le permitan una verdadera reconciliación con el fin de “pasar la página” y mirar hacia el futuro.En las últimas horas, la conmemoración del robo de la espada de Bolívar, de la toma del Palacio de Justicia y del atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, fueron una muestra de esa realidad que afrontamos los colombianos y que como sociedad estamos en la obligación de cambiar.Sobre el robo a la Espada de Bolívar, “mito fundacional” de la guerrilla del M-19 y que fue cometido el 17 de enero de 1974, la polémica giró en torno a las voces que consideraron que un acto convocado por el ministerio de Cultura en el que llamó a resignificar la que calificaron como “recuperación” de la espada, podría ser considerado una apología a la lucha armada, lo cual fue negado por el ministro-El otro escenario de confrontación política y mediática se produjo por cuenta de la decisión del Ministerio de Defensa de retirarle las condecoraciones que había recibido el excomandante de la Brigada 13 del Ejército, general Jesús Armando Arias Cabrales, por haber sido condenado por el Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.Aunque el presidente Gustavo Petro defendió esa decisión argumentando que se hizo con base en un decreto del año 2015, la coincidencia de la determinación con los actos conmemorativos del robo de la Espada de Bolívar por parte del M-19 y con mensajes del jefe de Estado a través de redes sociales, catalogando la toma del Palacio como una “demanda armada”, relativizando la responsabilidad del grupo guerrillero al que él perteneció, llevaron a que sobre todo desde sectores políticos opositores lanzaran duras críticas en su contra.Para completar el complejo panorama de conmemoraciones de actos violentos, este miércoles se cumplieron 5 años del atentado terrorista del ELN contra la Escuela General Santander de Bogotá en el que fueron asesinados 22 cadetes, en medio de las voces de sus familiares denunciando no solamente impunidad sino también ausencia de una reparación efectiva por parte del Estado.La conclusión a la que se puede llegar tras recordar estos tres episodios violentos de nuestra historia reciente es que las heridas siguen vivas porque ninguno de los actores responsables de estos terribles crímenes ha dicho la verdad ni tampoco ha pedido perdón a sus víctimas: ni el M-19 ni el Ejército han hecho un necesario acto de contrición por la toma y retoma del Palacio de Justicia, ni el ELN ha hecho lo propio tras el atentado a la Escuela General Santander. A eso hay que apuntarle y podría ser una buena idea incluirlos dentro de la “paz total”.
El juicio contra Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, que debe comenzar el próximo 29 de abril, permitirá esclarecer el origen, la cantidad y el destino de más de 1.000 millones de pesos no soportados por Petro Burgos entre 2020 y 2023, es decir, antes, durante y después de la campaña Petro presidente 2022.Los dos delitos por los que tendrá que responder el hijo del presidente Petro son graves: estamos hablando de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que, en caso de demostrarse, podrían llevarlo a pagar una condena de hasta 15 años de cárcel.Para lograr ese fin, la Fiscalía anunció este jueves ante un juzgado de Barranquilla que cuenta con nuevos elementos de prueba, hasta ahora desconocidos, que serán revelados durante la audiencia de acusación: estamos hablando del testimonio de Máximo Noriega, excandidato a la Gobernación del Atlántico del Pacto Histórico y muy cercano a Nicolás Petro, además de otros documentos que hasta ahora son reservados.La teoría de la Fiscalía está sustentada principalmente sobre la declaración inicial de una “fuente no formal”, sumado a toda la información entregada por la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, e incluso por el propio Petro Burgos en el famoso interrogatorio en el que reconoció haber cometido los delitos que hoy lo tienen en juicio, del que luego se arrepintió y dijo haber estado coaccionado por el fiscal Mario Burgos.En la audiencia de este jueves, el fiscal Burgos dijo algo que resultará clave para conocer los alcances de los delitos cometidos presuntamente por Nicolás Petro: dijo que el hijo del presidente “ocultó y encubrió no solo el propietario sino el destino del dinero recibido injustificadamente”, haciendo referencia, entre otras cosas que Petro Burgos en su momento, en el fallido interrogatorio, admitió haber recibido dinero “por debajo de la mesa” de personas muy cuestionadas y de exconvictos como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias ‘El Hombre Marlboro’ y de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, supuestamente para la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en el 2022.Hay que ser claros: en el juicio contra Nicolás Petro se calificará su actuación y los delitos que habría cometido, pero también deben actuar y contar al país hasta dónde pudieron haber llegado esos mismos delitos eventualmente en otros escenarios, por eso es clave que la Comisión de Acusación de la Cámara, la propia Fiscalía y la Corte Suprema entreguen resultados de las otras vertientes de este escándalo.Para finalizar, aunque hay que respetar la presunción de inocencia y hoy Nicolás Petro no está condenado, le recuerdan al presidente Petro un mensaje que escribió en X, antes Twitter, siendo senador en el año 2017 hablando sobre los hijos del expresidente Álvaro Uribe, y le piden que se pregunte sobre si ahora puede aplicar en el caso de su hijo Nicolás. En ese momento, el Senador Petro escribió:“Los hijos de Uribe se enriquecieron con el poder y gracias a él. Eso se llama corrupción. ¿Acaso creemos que con corrupción un país avanza?"
El comunicado de la Cancillería en el que anuncia el respaldo de Colombia a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva militar en la Franja de Gaza es en la práctica una declaración política que en el corto plazo no tendrá consecuencias ni desarrollos jurídicos.Aunque se trata del primer apoyo concreto de Colombia a una acción judicial contra Israel luego del inicio de la nueva etapa del conflicto en Oriente Medio, en realidad se trata del desarrollo en el mundo diplomático y ante las cortes internacionales, de la posición del presidente Gustavo Petro, quien desde el 7 de octubre, a través de redes sociales y en diferentes escenarios públicos, ha venido condenando la ofensiva israelí en Gaza, omitiendo rechazar el origen del actual escenario que fue el ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel que dejó más de mil muertos y centenares de secuestrados.Petro incluso ha asimilado la campaña militar ordenada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Gaza, con el avance de los nazis en Europa, acusando a las autoridades israelíes de cometer un genocidio contra el pueblo palestino, idea que es la clave de las acciones jurídicas que se están planteando ante la Corte Internacional de Justicia.La decisión de respaldar a Sudáfrica en su demanda contra Israel representa en la práctica la oficialización de un giro de Colombia en política internacional, que podría eventualmente tener consecuencias frente a aliados históricos que ha tenido nuestro país, como Estados Unidos, sobre todo de cara a futuras discusiones sobre apoyo a Colombia en el Congreso norteamericano.En la práctica, Colombia no está coadyuvando la demanda de Sudáfrica, entre otras cosas porque ese país no ha querido recibir el respaldo legal de otros gobiernos, por eso, la Cancillería colombiana está a la espera de que la Corte Internacional de Justicia decida sobre las medida cautelares solicitadas en el caso actual, algo que podría ocurrir en dos o tres semanas, luego de lo cual podría eventualmente emitir su opinión por escrito sobre lo que considera actuaciones genocidas de las autoridades israelíes. Por ahora Israel guarda silencio sobre el comunicado de la Cancillería colombiana.
Un evento deportivo de magnitud internacional como un Mundial de Fútbol, la Copa América, los Juegos Olímpicos, entre otros, produce grandes beneficios para todo el país y por lo tanto, una vez se gana el esquivo derecho a ser la sede de un acontecimiento de esta magnitud, se requiere de algo que no ha ocurrido en Colombia con los Juegos Panamericanos de Barranquilla y que es clave para su éxito: el trabajo conjunto del Gobierno nacional con el Gobierno local, el sector público y el privado, sin mezquindades políticas ni mucho menos con cálculos sobre cuál sería la ciudad o la región más beneficiada.Ese debería ser el primer mensaje luego de la reunión de urgencia convocada para hoy por el presidente Gustavo Petro, a la que el jefe de Estado no asistiría pero que estaría liderada por la directora del DPS, Laura Sarabia y a la que fueron convocados tanto el alcalde Alejandro Char, como el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, con el fin de poner a andar un plan de emergencia para recuperar la sede de los Panamericanos de 2027 para Barranquilla.El objetivo de ese plan es tener estructurada una propuesta concreta para presentarle a la Junta Directiva de Panam Sports con el fin de pedir una última oportunidad de sacar adelante los Panamericanos, a pesar de que Colombia ha incurrido en por lo menos tres incumplimientos, que llevaron a esa organización a decidir retirarle la sede a Barranquilla.Lo primero que hay que hacer es garantizar el pago de los 8 millones de dólares cuyo compromiso había adquirido el Gobierno nacional para hacerlo en dos contados: uno que ya no se hizo, antes de finalizar el 2023 y otro antes de finalizar enero de 2024.Pero hay que ir más allá y como planteó el exembajador de Colombia en Estados Unidos y hoy uno de los principales directivos del Comité Olímpico Internacional, Luis Alberto Moreno, el asunto debe ser liderado por el presidente Petro, quien, según dijo, “debe presentar un plan de acción con hitos de inversión claves que evidencien el firme compromiso del país con Panam Sports”.Moreno es un actor clave para una eventual pero remota posibilidad de que se logre recuperar la sede de los Panamericanos para Barranquilla, teniendo en cuenta su influencia en el Comité Olímpico Internacional y su respetabilidad en el mundo de los directivos del deporte continental, aunque él mismo admite a través de sus redes sociales, que la confianza y la credibilidad de Colombia ante Panam Sports, están heridas. De ahí que es clave la última parte de su mensaje en la red social X: Más gerencia y Menos Politiquería.Pero Luis Alberto Moreno no es el único amable componedor al que han acudido tanto el alcalde Alejandro Char y diferentes personalidades de Barranquilla y del Atlántico: se supo que el presidente Gustavo Petro ha hablado con sus colegas de Chile, Gabriel Boric y de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedirles sus amables gestiones para que haya reversa en la decisión sobre los Juegos Panamericanos de 2027.Lo clave aquí es reconocer un error grave, atribuido principalmente al Gobierno nacional, que seguramente tendrá que ser asumido política y disciplinariamente por la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, pero una vez superado lo anterior, que tiene contra las cuerdas al ejecutivo, hay que buscar soluciones, para evitar no solamente que nos quedemos sin los Panamericanos 2027, sino que se pierda la confianza frente a Colombia en escenarios internacionales.
Una dura advertencia hizo la Contraloría al gobierno del presidente Gustavo Petro, al suspender por un mes de su cargo, al director de la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastres, Olmedo López, por negligencia, al haberse negado a responder los requerimientos del ente de control sobre dos asuntos clave relacionados con la inversión de millonarios recursos públicos para atender dos emergencias causadas por fenómenos naturales.La historia detrás de esta suspensión tiene que ver con la falta de respuesta del director de la Unidad de Gestión de Riesgo, ante las insistentes solicitudes de la Contraloría para conocer los avances de la reconstrucción de varios puntos de Mocoa, arrasada por una avalancha en marzo de 2017 y frente a la reconstrucción del municipio de Piojó, Atlántico, arrasado por las intensas lluvias en noviembre de 2022.Según la Contraloría, Olmedo López no solamente brilló por su ausencia en dos eventos públicos citados por esa entidad para analizar los avances de las obras, sino que o no respondió, o lo hizo de manera extemporánea, las solicitudes de información de los investigadores, lo cual pone en riesgo los recursos públicos, toda vez que no se puede llevar a cabo una auditoría clara y sobre todo, vulnera los derechos de los habitantes de Mocoa y de Piojó, toda vez que no reciben información clara sobre los procesos que los afectan.La medida de la Contraloría busca solucionar la falta de información suministrada por la Unidad para la Gestión de Riesgo, y consiste fundamentalmente en suspender durante un mes de su cargo al señor Olmedo López, quien dejará de recibir su sueldo en ese periodo, mientras que el presidente Gustavo Petro tendrá que nombrar a un encargado de ese despacho.Este episodio muestra lo que podría ser una tendencia de un sector de funcionarios del actual gobierno, a quienes les cuesta trabajo rendir cuentas a los entes de control y se les dificulta el trabajo armónico con otras ramas del poder público. La clave ahora es, primero que el Presidente acate la decisión y ejecute lo correspondiente y sobre todo, que en el caso particular, el “campanazo” para el director de la Unidad de Gestión de Riesgo lo lleve a ponerse al día en la entrega de información y asistir en la medida de sus posibilidades a los eventos convocados por la Contraloría.
Algo huele mal en el proceso de licitación para la renovación de pasaportes, cuyo trámite de adjudicación fue detenido por orden del presidente Gustavo Petro, a pesar de que en teoría, la empresa Thomas Greg & Sons, cumplía con todos los requisitos para ganarse el jugoso contrato.El asunto es de tal magnitud, que ya le costó la cabeza a la directora de la agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien se había enfrascado en una dura disputa con el Canciller Álvaro Leyva, por la posición del Gobierno frente a una eventual conciliación con la empresa a la que no se le adjudicó esta licitación, con el fin de evitar una multimillonaria demanda contra la Nación.Mientras Zamora se mostró partidaria de una eventual conciliación con Thomas Greg & Sons en un reciente comité adelantado para estudiar el tema, Leyva, seguramente siguiendo instrucciones del presidente, expresó su abierto desacuerdo con esa posibilidad, llegando, según denunció Zamora, a gritarla e increparla en los pasillos de la Casa de Nariño por su posición.El presidente Petro tomó partido por Leyva, quien curiosamente hasta hace pocas semanas, había intentado contra viento y marea que se adjudicara el contrato a Thomas Greg & Sons, pero cambió diametralmente su posición ante la advertencia de la Casa de Nariño de que si continuaba adelante con el proceso, tendría que abandonar su cargo como Canciller.Zamora presentó este lunes su carta de renuncia luego de que le pidieran desde la Presidencia que diera un paso al costado, y lo hizo generando una nueva tormenta que puede tener implicaciones penales: reveló que le hicieron llegar un mensaje en donde le hablaron sobre una supuesta reunión en París entre el hijo del canciller, Jorge Leyva, con el secretario jurídico de la Cancillería, Juan Carlos Losada Perdomo, en donde se habría intentado “cuadrar” la licitación de los pasaportes.Leyva hijo negó los señalamientos de Zamora aunque reconoció sus encuentros en Francia con Losada Perdomo y con otros funcionarios de la Cancillería, eso sí, según él, solamente para servirles como guía turístico a las personas que llegaron desde Bogotá.El país necesita claridad sobre los motivos que llevaron al presidente Gustavo Petro a pedirle la renuncia a Martha Lucía Zamora y a mostrar su respaldo al Canciller Alvaro Leyva en un asunto tan delicado, en el que están en juego no solamente más de medio billón de pesos, sino el futuro de un trámite fundamental para todos los colombianos, como es la expedición de su pasaporte.Al final de la historia, la clave será que se logren crear unos pliegos transparentes para adjudicar la licitación para renovar pasaportes y que la Fiscalía determine si en alguna etapa del proceso, se llegaron a presentar hechos de corrupción.
En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro retomó la vieja idea que tiene según la cual, existe una intención de un sector de la dirigencia colombiana que pretende darle un “golpe” y evitar que termine su mandato.Petro explica esa teoría ligándola a una supuesta intención de empresarios, políticos y militares que según él, quieren evitar a toda costa que se conozca la verdad sobre la totalidad de los crímenes cometidos durante las últimas décadas, vinculados con la corrupción, el narcotráfico y el despojo de tierrasLa más reciente declaración de Petro sobre ese supuesto golpe que según dijo, está en marcha contra su gobierno, la hizo primero en El Tambo, Cauca, durante la presentación de la política antidrogas de su gobierno y luego en la Plaza de Bolívar, en donde asistió en nombre del Estado colombiana a pedir perdón a las madres de 19 jóvenes de Soacha asesinados por el Ejército en los dolorosos “falsos positivos”.El presidente mezcla en su discurso en el que habla de una supuesta intención de un sector de la sociedad de “cerrar su gobierno”: el escándalo de Odebrecht, la extradición de 13 exjefes paramilitares a Estados Unidos, la supuesta relación de grandes empresas colombianas con el paramilitarismo entre otros grandes escándalos de nuestra historia reciente y le agrega como supuesto detonante, la investigación de la Fiscalía contra su hijo, Nicolás Petro.Según el presidente, el proceso contra su hijo busca evitar que exista una fiscal general independiente que investigue y llegue al fondo de los delitos que según dijo, permanecen en la impunidad. El presidente se refiere al proceso de elección del próximo fiscal general de la nación, que estará bajo responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, de una terna que ya envió el jefe de Estado.Sin embargo, el presidente Petro no muestra las pruebas ni entrega los nombres de los supuestos responsables de conspirar para buscar que se caiga su gobierno, mientras que por otra autopista jurídica, avanza el proceso penal contra su hijo, Nicolás Petro, quien reconoció haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y quien en un interrogatorio que ahora pretende reversar, acusa a su padre, el Presidente Gustavo Petro, de haber conocido sobre financiación irregular de su campaña en 2022, además de revelar muchos nombres y posibles delitos cometidos bajo la sombrilla de la campaña presidencial.En el actual escenario de mayor polarización, normal a pocas semanas de las elecciones regionales, hay que permitirle a la justicia que actúe frente a las denuncias del hijo del presidente, quien tiene en sus manos la posibilidad de cerrar la brecha entre diferentes sectores de la sociedad, concretando su idea de “Acuerdo Nacional”, que por ahora solamente se ha quedado en discurso y en algunas reuniones que no han tenido mayores consecuencias.También le puede interesar:
El Instituto Nacional de Salud, INS, confirmó que Colombia no produce actualmente el suero anti-arácnido necesario para tratar mordeduras de arañas altamente venenosas como la viuda negra, razón por la cual fue necesario importar desde México un antídoto especial para salvarle la vida a un joven en Santander.La directora del INS, Diana Marcela Pava, explicó que ante este tipo de emergencias toxicológicas el país activa mecanismos de cooperación internacional a través de la línea de asesoría toxicológica del Ministerio de Salud y los centros nacionales de enlace.Según la funcionaria, el suero antiharándido para tratar ataques de arañas del género Latrodectus, conocidas como viuda negra, hace parte del listado de medicamentos vitales no disponibles del Invima, lo que significa que actualmente no se produce ni se encuentra disponible de manera inmediata en Colombia.Pava señaló que aunque en años anteriores sí hubo disponibilidad de este antiveneno en el país, actualmente no existe un proveedor autorizado con permiso vigente para comercializarlo, situación que obligó a gestionar su importación desde México para atender el caso registrado en Santander.La directora del INS indicó además que en departamentos como Santander ya existen antecedentes de contacto con arañas de importancia médica, entre ellas la viuda negra y la denominada araña platanera o Phoneutria, por lo que advirtió sobre la importancia de estar preparados frente a este tipo de emergencias.El INS aclaró que Colombia sí produce otros antivenenos para tratar mordeduras de serpientes, coral y accidentes con orugas del género Lonomia. En el caso del suero para escorpiones, este también es importado mediante proveedores autorizados.
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y considerado testigo clave en el escándalo de corrupción que sacudió a esa entidad, aceptó cargos para someterse a una sentencia anticipada. El exfuncionario aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, luego de que le fueran negados dos preacuerdos judiciales.Durante la diligencia, López aseguró que su decisión no corresponde a una estrategia procesal ni a un intento de evitar responsabilidades. “Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó ante el juez. También señaló que desde antes de la imputación inició acercamientos con la Fiscalía General de la Nación, entregando información, documentos y participando en diligencias para esclarecer los hechos investigados.El exdirector de la UNGRD manifestó además que comprende la gravedad de los hechos y el impacto institucional generado por el caso. “Acepto los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa”, sostuvo López, quien agregó que considera que asumir responsabilidades y decir la verdad era “el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”.Con esta diligencia judicial ahora deberá surtirse el trámite de la avalación del allanamiento a cargos el próximo martes, mientras un juez de conocimiento avanzará en la definición de la condena que enfrentará el exfuncionario. La audiencia relacionada con la sentencia anticipada quedó programada para junio, dentro del proceso derivado del entramado de corrupción que compromete recursos de la UNGRD.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre la situación interna del país, son un "ataque a la democracia", al justificar la decisión de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García."El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana, porque él ha preferido su ideología que, parece, carece de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones", afirmó el mandatario en una rueda de prensa en la casa de Gobierno, en La Paz.Paz apuntó que la embajadora colombiana "se va" por ser "representante de la voluntad política" y "antidemocrática" de Petro y porque Bolivia no puede aceptar "tremenda injerencia".El mandatario recordó que su gobierno no hizo más que hablar de Colombia "en muy buenos términos" y que "nunca" lo hizo de la forma en que actuó el presidente colombiano.La Cancillería de Bolivia anunció este miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia debido a las declaraciones de Petro respecto a los conflictos en Bolivia, lo que fue considerado por las autoridades bolivianas como "una injerencia", aunque se aclaró que la decisión no constituye una "ruptura de relaciones".El presidente Petro afirmó el domingo que Bolivia vive una "insurrección popular" que, a su juicio, es una "respuesta a la soberbia geopolítica", en referencia a las protestas y bloqueos de carreteras impulsados por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz.Petro ofreció la disposición de su Gobierno, que concluye el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis. También pidió que "no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas" y llamó a construir una "democracia profunda, multicolor" en la región.Este miércoles, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, expresó su respaldo al gobierno boliviano y afirmó que el país norteamericano no permitirá "que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente".El gobierno de Paz afirmó hace unos días que las protestas que exigen la renuncia del mandatario son dirigidas por el expresidente Morales (2006-2019) y financiadas supuestamente con dinero del "narcotráfico", con el objetivo de generar una "ruptura constitucional", algo que el político negó.La Paz, sede de los órganos Ejecutivo y Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y cortes de vías que demandan la renuncia de Paz, quien lleva seis meses de gestión.Como consecuencia de los bloqueos de carreteras iniciados hace 15 días, comenzaron a escasear en esa región algunos alimentos, combustibles e insumos médicos, como oxígeno medicinal.
El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla cuestionó a un periodista deportivo del país al asegurar que “cree que porque ha visto 10 mundiales, sabe más que los jugadores”, en medio del debate por una eventual convocatoria de Hugo Rodallega a la Selección Colombia para el Mundial 2026.Las declaraciones del ‘Tino’ se dieron durante una intervención en Blog Deportivo, de Blu Radio, donde criticó a un comunicador que, según dijo, considera que ver torneos internacionales le da más autoridad para hablar de fútbol que a quienes disputaron esos campeonatos dentro de la cancha.“Hay un periodista aquí en Colombia, no trabaja en Blu, un periodista que trabaja para otra cadena, que cree que porque ha visto 10 mundiales, él cree que es lo mismo verlos que jugarlos. Y jura que sabe más fútbol que los futbolistas que los jugaron, solamente porque los vio. No puede ser”, afirmó Asprilla durante el programa.Periodista pide a Rodallega para el mundial con la SelecciónLa reacción del exdelantero surgió luego de los comentarios realizados por el periodista Óscar Rentería Jiménez, quien pidió públicamente que Néstor Lorenzo convoque a Rodallega a la próxima cita mundialista tras su destacada temporada con Independiente Santa Fe.“Rodallega a la selección. Le pido el favor a Jesurún que le ordene a Lorenzo llamar a Rodallega para el Mundial”, escribió Rentería en su cuenta de X, después de que el delantero marcara tres goles en el partido de ida de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.El comunicador también defendió que la edad del atacante, actualmente de 40 años, no debería ser un impedimento para regresar a la Tricolor. Además, resaltó que Rodallega es el goleador del campeonato colombiano y supera los 300 goles como profesional, tras sus pasos por ligas como la inglesa y la turca.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 20 de mayo de 2026:Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado por la Policía en la vía entre Anapoima y Apulo corresponde a Yulixa Toloza.El senador Alexander López criticó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras el intento de secuestro del que fue víctima en la tarde de este martes en la vía entre Popayán y Cali.La Misión de Observación Electoral aseguró que ninguna organización política presentó reparos frente a las elecciones parlamentarias del pasado 8 de marzo.Escuche el programa completo aquí:
