Colombia es un país condenado a girar eternamente en torno a los no pocos momentos violentos de su historia, sin lograr la suficiente verdad ni la suficiente justicia que le permitan una verdadera reconciliación con el fin de “pasar la página” y mirar hacia el futuro.
En las últimas horas, la conmemoración delrobo de la espada de Bolívar, de la toma del Palacio de Justicia y del atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, fueron una muestra de esa realidad que afrontamos los colombianos y que como sociedad estamos en la obligación de cambiar.
Sobre el robo a la Espada de Bolívar, “mito fundacional” de la guerrilla del M-19 y que fue cometido el 17 de enero de 1974, la polémica giró en torno a las voces que consideraron que un acto convocado por el ministerio de Cultura en el que llamó a resignificar la que calificaron como “recuperación” de la espada, podría ser considerado una apología a la lucha armada, lo cual fue negado por el ministro-
El otro escenario de confrontación política y mediática se produjo por cuenta de la decisión del Ministerio de Defensa de retirarle las condecoraciones que había recibido el excomandante de la Brigada 13 del Ejército, general Jesús Armando Arias Cabrales, por haber sido condenado por el Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
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Aunque el presidente Gustavo Petro defendió esa decisión argumentando que se hizo con base en un decreto del año 2015, la coincidencia de la determinación con los actos conmemorativos del robo de la Espada de Bolívar por parte del M-19 y con mensajes del jefe de Estado a través de redes sociales, catalogando la toma del Palacio como una “demanda armada”, relativizando la responsabilidad del grupo guerrillero al que él perteneció, llevaron a que sobre todo desde sectores políticos opositores lanzaran duras críticas en su contra.
Para completar el complejo panorama de conmemoraciones de actos violentos, este miércoles se cumplieron 5 años del atentado terrorista del ELN contra la Escuela General Santander de Bogotá en el que fueron asesinados 22 cadetes, en medio de las voces de sus familiares denunciando no solamente impunidad sino también ausencia de una reparación efectiva por parte del Estado.
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La conclusión a la que se puede llegar tras recordar estos tres episodios violentos de nuestra historia reciente es que las heridas siguen vivas porque ninguno de los actores responsables de estos terribles crímenes ha dicho la verdad ni tampoco ha pedido perdón a sus víctimas: ni el M-19 ni el Ejército han hecho un necesario acto de contrición por la toma y retoma del Palacio de Justicia, ni el ELN ha hecho lo propio tras el atentado a la Escuela General Santander. A eso hay que apuntarle y podría ser una buena idea incluirlos dentro de la “paz total”.
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