El Tribunal Superior de Bogotá se negó a vincular a la excúpula del M-19 al proceso por el delito de homicidio agravado, por las muertes ocurridas durante la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.La decisión se da luego de que la sala penal del alto tribunal revisara una apelación interpuesta a una condena proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, contra 8 exmiembros del M-19, por el delito de homicidio agravado. Sentencia en la que condenaron por los hechos a Alfonso Alberto Jacquin Gutiérrez, Amalia Sossa Sierra, Luis Francisco Otero Cifuentes, Guillermo Helvencio Ruiz Gómez, Irma Franco Pineda, Remberto Artunduaga Palomares, Israel Santamaría Rendón y Rafael Arteaga Giraldo.Con la apelación se buscaba que vincularan como autores intelectuales de los homicidios a la entonces cúpula de la guerrilla: “Antonio José Navarro Wolff, Germán Rojas Niño, José Otty Patiño Ormanza, Vera Grave Leovenhrerz, Libardo Parra Vargas, Israel Santamaría Rendón, Rósemberg Pabón Pabón, Jesús Arjaid Artunduaga Rodríguez, Éver Bustamante García, Rafael Arteaga Giraldo, José Yamel Riaño, Remberto Artunduaga Palomares, Gerardo Ardila Serrano, Rafael Ernesto Vergara Navarro, Augusto Erazo Murcia, Eduardo Chávez López, Jaime Bermeo Cruz, Alix María Salazar Salazar, Gustavo Francisco Petro Urrego, María Otero Cifuentes, Fabio Alejandro Mariño Vargas, Amelia Sossa Sierra, Rafael Jaime Navarro Wolff, Blanca Inés Chavarro Rozo y Guillermo Elvencio Ruiz Gómez”.Para el Tribunal Superior de Bogotá, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 77 de 1989 con la que se indultó a la exguerrilla, los beneficiados con la cesación de procedimiento no podían ser procesados ni juzgados por los mismos hechos que originaron su otorgamiento, a pesar de que las víctimas aseguraban que ese delito de homicidio agravado no podía ser indultarle.Así las cosas, Alfonso Alberto Jacquin Gutiérrez, Amalia Sossa Sierra, Guillermo Helvencio Ruíz Gómez, Irma Franco Pineda, Israel Santamaría Rendón, Luis Francisco Otero Cifuentes, Rafael Arteaga Giraldo y Remberto Artunduaga Palomares, fueron los 8 miembros del M-19 condenados por los hechos.
Este viernes, hace 35 años, un grupo de guerrilleros del M-19 se tomó el Palacio de Justicia con el fin de hacerle un juicio al entonces presidente de la República Belisario Betancur por supuestos incumplimientos a los acuerdos de paz. A pesar de largos años de investigación, siguen sin responderse muchas preguntas, a los familiares de las víctimas y a la opinión pública.La deuda eterna: los desaparecidos. Con el paso de los años, las autoridades han logrado identificar a 6 de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia, hechos por los que fue condenada la Nación, teniendo en cuenta que, cuatro de ellos, al parecer, salieron con vida del Palacio. Los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis, Gloria Stella Lizarazo Figueroa e Irma Franco Pineda, siguen esperando verdad y justicia en sus casos.Jorge Franco, hermana de Irma Franco, recordó que en este caso no hubo un solo declarante que no haya manifestado que Irma salió viva del Palacio, detenida por el Ejército, que llegó a la Casa del Florero y de ahí, la última información que se tuvo es que la trasladaron en un jeep del Ejército.Según dijo, eso conllevó a que todos los organismos judiciales condenaran a la Nación por los hechos. Sin embargo, a pesar de las múltiples investigaciones, no hay una sola condena contra el autor de la desaparición. Según Franco, el coronel Plazas Vega ya dijo que su hermana murió y que fue enterrada en un batallón del Ejército.“Una persona manifiesta que en el Palacio de justicia no hubo desaparecidos sino un asesinato de Irma Franco que fue conducida a la brigada de inteligencia de Bogotá, que fue capturada por un capitán, un teniente y unos sargentos, cuando el comandante era el coronel Sánchez Rubiano, posteriormente, no sé, si se les murió o la mataron y fue enterrada en el sitio donde hacen tiro al blanco en ese batallón. Para sorpresa de ustedes la persona que hizo esa declaración fue el coronel Plazas Vega”, afirmó Franco Pineda.Además, añadió que quisiera que los responsables de la toma y de la retoma fueran a la JEP a contar la verdad. “Que digan la verdad y la demuestren”, dijo.Otras incógnitas sin esclarecer son: si se alteró la escena de los hechos y quién dio la orden de hacerlo. Sobre este tema, hablamos con Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal, quien vivió el holocausto cuando apenas era un estudiante de medicina y posteriormente, como director del instituto dio un impulso científico para avanzar en las investigaciones e identificar cuerpos carbonizados. Como lo revelamos hace un par de años, para Valdés, hubo errores en la entrega de los cuerpos a raíz de como los bomberos “lavaron” el Palacio, lo cual, terminó en una alteración en la escena del crimen.“Alteración de la escena, sí, eso es lo que se sabe. Sin embargo, se conoce que cuerpos de personas que habían salido del Palacio vuelven y se encuentran al interior del Palacio incinerados y con evidencia de lesiones por proyectil de arma de fuego. La alteración de la escena deja de ser una teoría para convertirse en una realidad y ese es el punto que ofrece las mayores dificultades en la investigación forense porque desde ese momento, hasta la exhumación del cementerio del sur advertíamos esa gran mezcla de partes”, dijo Valdés.Valdés recordó cómo manejaron la escena y recolectaron de los restos que quedaban en el Palacio de Justicia. Según su testimonio, el 8 de noviembre, los miembros de aseo de la época barrieron todos los restos, los echaron en unas bolsas plásticas negras y transparentes que llegaron al instituto, el cual, estaba “lleno de personal uniformado, de Policía, del Ejército, había personal no uniformado del F2, B2, porque eran policías no uniformados y, además, jueces penales militares”.“En ese incendio se alcanzaron temperaturas bastante amplias, el bronce de las barandas quedó fundido, según los registros que quedaron. Pero además los cuerpos quedaron mezclados porque la mayoría de los cuerpos se encontraban en los baños que estaban en el 2,3 y 4 piso. El día 7 llegan los bomberos para apagar el fuego que quedaba y son ellos los que barren los cuerpos carbonizados, los cuales se fragmentan con mucha facilidad, es decir que el concepto de cadáver, en ese momento, no se daba. Con el agua a presión son barridos de los pisos 3 y 4 y caen al primer piso y se mezclan con todos los desechos que había dejado el enfrentamiento con unas escenas que eran más de una demolición porque se mezclaban con vidrios, tierra, entre otros, y entonces había una mezcla de una serie de elementos”, añadió Valdés.La tercera incógnita es por qué el M19 hizo la toma del Palacio de Justicia y si realmente la toma la financió Pablo Escobar. Sobre el tema, el exguerrillero Diego Arias es enfático en manifestar que el entonces comandante del M-19, Álvaro Fayad, no tuvo ninguna relación con el narcotráfico, ni con Pablo Escobar.Por eso, dice que no se puede desdibujar el sentido político de la toma al Palacio.“No se hace ningún esfuerzo a la tarea pendiente de la verdad, del esclarecimiento y de la reconciliación cuando se le intenta despojar el hecho de su sentido político para vincularlo como un mandado del narcotráfico, particularmente, de Pablo Escobar. El M19 siempre mantuvo una relación muy distante con el narcotráfico. Si hubiera tenido los 3 millones de dólares de Pablo Escobar, como se menciona, hubiera resulto un tema militar crucial que es lo que precipita el fracaso de la operación y es la imposibilidad de neutralizar el ingreso de las tanquetas y el M19 ingresó a esa acción militar sin esas armas”, dijo.“El tercer elemento es de lógica, a nadie se le ocurre que puedan quemarse unos expedientes siendo que, aún en un momento donde no había digitalización, esos expedientes podían recuperarse a partir de copias que reposaban en otros despachos judiciales. Además de que nunca ha aparecido la prueba reina, el cheque, la consignación, el testimonio, si queremos avanzar en la verdad y el esclarecimiento vale la pena que se rectifique de parte de quienes insisten de que el M19 hizo fue un encargo para el narcotráfico porque no corresponde con lo que fue el sentido por el que el M19 tomo la decisión lamentable y trágica de la toma del Palacio”, concluyó Arias.Una pregunta infaltable año a año y es ¿quiénes son responsables de las torturas y asesinatos fuera de combate? Por eso, René Guarín, que esperó 30 años para enterrar los restos de su hermana Cristina Guarín, dice que el hallazgo de los restos de algunos de los desaparecidos no ha contribuido a sanar la vida.“No ha contribuido a sanar la herida porque la Fiscalía cada vez que entrega restos de personas desaparecidas promete hacer investigaciones, pero nunca ocurre. La Fiscalía ha terminado siendo una oficina de fragmentos óseos, no se conoce la verdad de lo que pasó. Al parecer, el pacto institucional de silencio sigue vigente porque la verdad de lo que ocurrió no la conocemos. El estado colombiano tiene una deuda con las víctimas y con el país sobre: con los desaparecidos, torturados, ejecuciones extrajudiciales”, sentenció.Otro de los puntos que sigue sin concluir es que la Fiscalía termine de vincular a los presuntos responsables de torturas y entonces, resolverles la situación jurídica. Sin embargo, esto se mantiene en suspenso porque la JEP no ha definido si asumirá o no el caso de los militares que se han presentado a esa jurisdicción.
La concejala María Fernanda Rojas explicó por qué, junto a la concejal Marisol Gómez, decidieron retirar la propuesta del proyecto que pretendía invertir 5.000 millones de pesos del proyecto de cupo de endeudamiento para elaborar una pieza artística, con material proveniente de la fundición de armas del M-19 para conmemorar los 30 años del proceso de paz esta exguerrilla y como homenaje a las víctimas.‘‘En un contexto de emergencia no es una inversión pertinente, y nos pareció que el costo era muy alto. Primero, se deben revisar los ejercicios de planeación de los proyectos’’, afirmó la concejala Rojas.Sin embargo, la concejala señaló si es ‘importante dejar memoria de los procesos de paz en las ciudades’ y que el homenaje se podría hacer, pero aprovechando un espacio que ya esté destinado para ese tipo de propuestas.“Esos recursos se inviertan en la dotación de la universidad pública de Kennedy que justamente necesita 5.000 millones de pesos, o que se usen en renta básica para familias vulnerables de la ciudad’’, agregó.
Una dura polémica surgió en Bogotá por un proyecto para la elaboración de una pieza artística, con material proveniente de la fundición de armas del M-19, con ocasión de los 30 años del proceso de paz con el M-19 y en homenaje a las víctimas. El costo de la obra es de 5.000 millones de pesos y el rubro se incluiría en el proyecto de cupo de endeudamiento.Este jueves, el proyecto fue presentado en la comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, por parte de la directora del Instituto Distrital de Turismo, Karol Fajardo. La idea causó polémica pues no se considera pertinente la inversión en tiempos de pandemia.El alto consejero para la Secretaría de las Víctimas, Vladimir Rodríguez, canceló a última hora una entrevista con Mañanas BLU 10:30 en la que se esperaba diera las explicaciones o justificaciones correspondientes.Escuche esta noticia en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
Hace 30 años, cerca del medio día del 26 de abril de 1990, los médicos confirmaron que no fue posible salvarle la vida al exjefe del M19 Carlos Pizarro Leongómez, de 38 años de edad, que para esa fecha era el candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 tras dejar las armas.Pizarro fue asesinado en un vuelo a Barranquilla durante la campaña presidencial. Durante ese trayecto fue acribillado por el sicario paramilitar Gerardo Gutiérrez Uribe, alias ‘Jerry’, en presencia de su esquema oficial de protección, quienes dispararon contra el sicario y murió en el avión. Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasDespués de 12 años de los hechos, fueron condenados los jefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño por su participación en el crimen, y en 2010 se declaró el homicidio como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, hay piezas faltantes para conocer los responsables directos del asesinato. El proceso quedó en el limbo mientras la JEP decide su competencia para continuar con la investigación e identificar con los autores intelectuales.En diálogo con BLU Radio, la representante María José Pizarro, hija del entonces candidato a la Presidencia, aseguró su familia estaba en el limbo “jurídico”."Nosotros estamos en un limbo jurídico’, la JEP no se ha manifestado en relación con si tiene competencia sobre el caso y esto nos dejan un panorama incierto", dijo."La persona que ya estaba ad portas de recibir condena, Jaime Ernesto Gómez, exagente del DAS, podría salir por vencimiento de términos si esta situación no se aclara con celeridad, y ahí nuevamente estaríamos ante un escenario de total impunidad", añadió la representante.Así mismo, Pizarro explicó que la Corte Suprema también está dejando un escenario de impunidad frente al asesinato de su padre."La Corte Suprema de Justicia tampoco se ha pronunciado en relación con si acepta la compulsa de copias contra el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez. Es un escenario impunidad que me preocupa de manera particular porque estaba al frente del caso", dijo.El abogado Juan Carlos Niño, coordinador de litigio nacional de la Comisión Colombiana de Juristas y representante del caso, precisó que en la compulsa de copias de Maza Márquez en 2015 "ni siquiera se ha asignado fiscal. Es decir, la investigación no se ha iniciado contra Miguel Maza Márquez". "A pesar de que hay una sentencia contra los hermanos Castaño, la verdad profunda, las causas, los máximos responsables y los móviles que hubo detrás del caso no se conocen todavía", explicó el abogado niño. Sobre el proceso de Jaime Ernesto Gómez, María José Pizarro expresó que "la Fiscalía tiene que determinar si a él se le mantuvo el sueldo casi un año después del estar detenido en la cárcel La Picota, lo cual sería una irregularidad”.Es de mencionar que Gómez era agente del CTI cuando fue detenido. Así mismo, la representante espera que la Fiscalía tome una resolución contra el director de Fiscalías que ordenó que se fundiera el arma con la que fue asesinado su padre. “En un intento por descongestionar las bodegas fundió esta y otras armas que eran pruebas en casos declarados como crímenes de lesa humanidad", mencionó. Vea aquí: JEP rechaza solicitud de la Universidad de Antioquia en caso Hidroituango "Como víctima y como hija de Carlos Pizarro, yo le hago la misma exigencia a la justicia colombiana, no importa la instancia, si es la Corte Suprema, si es la Fiscalía o si es la JEP, pero que haya justicia por fin", declaró.En septiembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de Carlos Pizarro para su estudio de fondo. Se espera que la justicia internacional avance en la investigación y el homicidio sea declarado como un crimen de Estado.
En medio de la conmemoración de los 30 años de la firma del acuerdo de paz del M-19, los exintegrantes de la guerrilla propusieron la construcción de una réplica de la espada de Bolívar con las armas entregadas.Antonio Navarro, exintegrante del M-19, entregó tres lingotes de manera simbólica en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el que se propuso la creación de una plaza en la ciudad donde se conmemore el proceso de paz.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasEn medio del acto, en el que participaron, entre otros, Rafael Pardo, Vera Grave y María José Pizzaro, el padre Francisco de Roux resaltó la decisión de los exintegrantes del M-19 de continuar con el proceso de paz, a pesar de la muerte de Carlos Pizarro a 45 días de haberse firmado el acuerdo.Le puede interesar: Farc mantiene ante JEP versión de que diputados del Valle murieron en enfrentamiento "Quiero invitar a los excombatientes de las Farc, aunque en Colombia se han asesinado 180 excombatientes de esta guerrilla, a que sigan adelante con el proceso de paz", fue el mensaje enviado por De Roux, recordando la decisión del M-19, en cabeza de Antonio Navarro.
El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de más de 360 millones de pesos a un hombre y su familia tras ser enviado a la cárcel porque fue confundido por un guerrillero del M-19, condenado por 38 años de prisión. Se trata de Jhon Alexander Conde Rojas, quien fue capturado porque su hermano Juan Carlos Conde Rojas, exguerrillero del M-19, había suplantado su cédula y por lo tanto las autoridades no tuvieron en cuenta la confusión.Vea también: Condenan a tres exintegrantes del Ejército por desaparición de exmilitante del M19 La víctima permaneció privada de su libertad entre el 24 de abril y el 15 de diciembre del 2009. En total, Conde Rojas estuvo en prisión durante 8 meses. Finalmente, las autoridades comprobaron que no se trataba del miembro de ese grupo guerrillero y por lo tanto no debía estar privado de la libertad por la condena de 38 años que estaba vigente en contra de su hermano. “Tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Rama Judicial, incumplieron con sus deberes de identificación e individualización del procesado, por cuanto se adelantó la investigación, se profirió resolución de acusación y sentencia condenatoria en contra de una persona cuyas huellas digitales no coincidían con el documento de identidad que presentó en el proceso”, señala la sentencia. Por estos hechos, el Consejo de Estado ordenó la indemnización a favor Jhon Alexander Conde Rojas y cinco de sus familiares a pagar más de 360 millones de pesos por los daños causados durante la privación injusta de la libertad.
El senador Álvaro Uribe recapituló su participación en el reindulto de los integrantes del M-19, en el año 1992, también como congresista, reprochando esa acción y su colaboración con ese acto."Los habían indultado, habían participado en la Constituyente, estaban en el Congreso después de la Constituyente, y los iban a judicializar, dije que les cumplieran, además no estaba la Corte Penal Internacional y al final de cuentas se cometió el error de crear un antecedente de mal ejemplo. Nos hicieron pensar que se acabaría la calificación de delito político al terrorismo, así lo afirmó el Gobierno de la época”, dijo en un comunicado.Lea también: Álvaro Uribe asegura que Gobierno quiere enlodar campaña de Iván Duque.Uribe también señaló que durante el actual Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, junto al candidato presidencial, Humberto de la Calle, quien fue el negociador del Gobierno con las Farc durante el proceso de paz, el país se inundó de “narcoterrorismo”.“25 años después el Gobierno Santos, con el mismo doctor De la Calle, no obstante conocer que después del indulto general al M-19 el país se inundó de narcoterrorismo, procedió a dar paso de impunidad total a Farc, con causa de tanta criminalidad actual. Por fortuna, como presidente procedí con toda firmeza frente al crimen y evité repetir el error que pude cometer como Senador", aseguró el senador.
Luego de adelantar una encuesta en el Valle de Aburrá, Fenalco Antioquia identificó que el 83% de los comerciantes que trabajan con útiles escolares, ha reportado pérdidas por 80% en esta temporada escolar de 2021.En ese sector se encuentran papelerías, cacharrerías y librerías que ya se enfrentan a los efectos negativos de la pandemia y las medidas de aislamiento.Según Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo del gremio en Antioquia, la preocupación radica en que enero representa hasta el 40% de las ventas anuales y se convierte en un salvavidas para el sostenimiento de cada empresa.En la encuesta también identificaron una disminución en el promedio hecha por cada estudiante del Valle de Aburrá: este año pasado, antes de la pandemia, se ubicó entre 300.000 y 700.000 pesos y mientras que para finales de 2020 y 2021 osciló entre los 100.000 y 300.000 pesos.“Esta temporada está marcada por la alternancia escolar que ha llevado a que exigencias de útiles escolares sea menor a lo que habitualmente se pedía", dijo. "Además, se suman las medidas restrictivas que se han enfocado los fines de semana, por lo que esperamos que en la medida de lo posible el mercado se normalice aunque será muy complicado recuperar lo perdido”, agregó Pineda.Precisamente, el 33% de los empresarios encuestados considera que los cierres en fines de semana y medidas como el pico y cédula ha desincentivado la compra, teniendo en cuenta que el 35% de los consumidores adquiere este tipo de elementos en el centro de Medellín.
El Instituto Nacional de Salud confirmó este lunes, 18 de enero, un total de 794 contagios nuevos de COVID-19 en Atlántico. De estos casos, 493 se dieron en Barranquilla y 301 en el resto de municipios del departamento.Así las cosas, ya son 106.181 personas que se han enfermado de coronavirus en la región desde que inició la pandemia. En cuanto a los decesos, se reportaron 12 nuevas víctimas mortales por culpa de la pandemia, 8 de ellas en Barranquilla, 2 en Soledad, 1 en Galapa y 1 en Baranoa.
Un juez de garantías de Bogotá envió a la cárcel a cinco personas que, al parecer, conformaban el grupo delincuencial ‘Tazmania,’ y que, además, estarían involucrados en la tortura y el homicidio de Michelle Amaya, de 15 años, perpetrado el pasado 30 de noviembre en el barrio San Bernardo, zona céntrica de Bogotá.Cuatro de los cinco capturados aceptaron su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, tortura agravada, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; excepto alias ‘Pirry’, presunto cabecilla de la banda, quien sería el que ordenó que hurtaran y golpearan a la adolescente.Los detenidos son José Francisco Daza Alarcón, alias ‘Chepe’; Wilmar Andrés Daza Alarcón, alias ‘Andrés’, Juan Carlos Mendivelso Ibáñez, alias ‘Juan Carlos’. Además, se capturaron en flagrancia a Edinson Cervera Guarnizo, alias ‘Pirry’; Jakeline Cala Nieves, alias ‘Jakeline’; y Lady Johana Guzmán, quien es compañera sentimental del cabecilla de ‘Tazmania’.Lady Johanna Guzmán fue judicializada solo por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, al cual aceptó y aunque quedó en libertad, continúa vinculada a la investigación.