La muerte de Antonio Navarro Wolff, este domingo 1 de noviembre, recordó distintos episodios de su trayectoria política. Uno de los más particulares ocurrió en la campaña presidencial de 1994, cuando el entonces candidato de la Alianza Democrática M-19 apareció sorpresivamente en un debate televisado entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, pese a que los organizadores habían decidido no invitarlo.La transmisión, organizada por los noticieros CM& y QAP, tenía como protagonistas a Samper y Pastrana, quienes disputaban la Presidencia de la República.Los periodistas Yamid Amat, María Isabel Rueda y María Elvira Samper estaban a cargo de moderar el encuentro. Sin embargo, la aparición de Navarro interrumpió el desarrollo del debate y sorprendió tanto a los candidatos como a los encargados de la transmisión.¿Por qué Antonio Navarro Wolff no fue invitado al debate presidencial?La decisión de excluir al candidato de la Alianza Democrática M-19 estuvo relacionada con los resultados de las encuestas de intención de voto. Los moderadores consideraron que su aspiración no contaba con suficiente respaldo frente a las de Samper y Pastrana, razón por la que limitaron la participación a estos dos candidatos.La determinación dejó por fuera a Navarro Wolff, quien también competía por llegar a la Casa de Nariño. En ese momento, el dirigente buscaba representar electoralmente al movimiento político que había surgido después del proceso de paz del M-19.¿Cómo logró Navarro Wolff entrar al debate de Samper y Pastrana?Para aparecer en la transmisión, Navarro contó con la colaboración de integrantes de ACOTV, el sindicato vinculado a los trabajadores de la televisión nacional. Con su ayuda consiguió ingresar a los estudios de Inravisión, entidad que posteriormente se transformó en RTVC.Su irrupción quedó registrada por las cámaras y se convirtió en uno de los episodios recordados de aquella campaña presidencial. La aparición también puso sobre la mesa la exclusión de candidatos de los espacios televisivos destinados a discutir sus propuestas.El debate de 1994 tuvo como protagonistas a Samper y Pastrana, pero la intervención de Navarro Wolff terminó convirtiéndose en uno de sus momentos más recordados. En las elecciones de ese año, Samper resultó elegido presidente, en unos comicios que también marcaron la primera aplicación de la segunda vuelta presidencial en Colombia.El episodio protagonizado por Navarro quedó como un registro particular de la historia de los debates presidenciales televisados en Colombia.
El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios, defendió su denuncia sobre algunos elementos exhibidos en el Museo Nacional, en Bogotá, que, según su interpretación, presentan una visión incompleta de la historia de los grupos armados y de las víctimas del conflicto colombiano.En entrevista con Recap Blu, el cabildante explicó que visitó el museo junto a su esposa y sus tres hijas, todas menores de seis años. Durante el recorrido por el segundo piso, encontró referencias al M-19, las FARC y el ELN que consideró problemáticas por la manera en que, a su juicio, se presentaba a estas organizaciones sin destacar suficientemente los delitos cometidos y el sufrimiento de sus víctimas.“Colombia no puede seguir tolerando que los victimarios posen de víctimas en nuestra historia”, afirmó Barrios al explicar la publicación que realizó en sus redes sociales y que, según relató, llegó hasta el presidente de la República.Andrés Barrios pide visibilizar a las víctimas del conflicto armadoEl concejal insistió en que su cuestionamiento no busca desconocer los procesos de paz, sino ampliar la representación de los hechos violentos y sus consecuencias en las exposiciones del Museo Nacional.“Yo creo que repetiremos nuestra historia si no la conocemos. Pero contémosla completa, o sea, contemos la película completa del M-19”, manifestó durante la entrevista.Barrios también mencionó el reclutamiento de menores, los secuestros y los asesinatos atribuidos a las guerrillas como hechos que, en su opinión, deben tener mayor presencia en la narración histórica. Además, aseguró que su crítica se dirige a cualquier organización que haya ejercido violencia, independientemente de su orientación política.Polémica por la representación de la comunidad LGBTIOtro de los temas abordados fue la presencia de símbolos y elementos relacionados con la diversidad sexual en el museo. El concejal cuestionó que estos objetos compartieran espacio con la exposición histórica y planteó que las instituciones culturales deben representar distintas realidades sociales.Aunque reconoció avances en materia de derechos de las personas de la comunidad LGBTI, sostuvo que su postura responde a una crítica más amplia a lo que denomina “wokismo”.“Hay discriminación, todas las discriminaciones las tenemos que combatir”, señaló, al argumentar que las políticas públicas deben atender diferentes formas de exclusión.Barrios se pronuncia sobre el caso de Miguel Uribe TurbayDurante la conversación, el concejal también se refirió al asesinato de su amigo Miguel Uribe Turbay y expresó preocupación por el avance de la investigación judicial.“Aquí solo se ha avanzado con unos autores materiales, pero faltan los autores intelectuales, y lo que el país quiere es justicia. Lo que el país quiere es verdad”, afirmó.Finalmente, señaló que, si se comprobara la participación de exintegrantes de las FARC en el magnicidio, el acuerdo de paz quedaría seriamente cuestionado, una conclusión que planteó de manera hipotética durante la entrevista.Escuche la entrevista acá:
Crece la polémica a nivel nacional tras el retiro de varias imágenes del Museo Nacional, en Bogotá, por petición del Ministerio de Cultura, entre esas, las de Carlos Pizarro y varios objetos personales que posaban en este recinto tras un mandato directo del presidente Abelardo De La Espriella porque “promovía el terrorismo”.“A mí me parece que la apología al terrorismo es cuando ves en campaña a Abelardo De La Espriella diciendo que él sí habría sido un paramilitar de verdad. Eso es apología al terrorismo, no reivindicar a quienes firmaron la paz y a quienes le abrieron una opción de paz a Colombia (…) La persona que había allanado ese camino, que en ese momento era Carlos Pizarro, fue asesinado 48 días después de firmar la paz, sí, siendo candidato presidencial”, criticó María José Pizarro, en diálogo con Recap de Blu Radio, cuestionando la expresión a “la historia del país”.Según explicó, el sombrero de Carlos Pizarro fue utilizado como símbolo de paz y hace parte de la memoria de un proceso político que transformó la historia contemporánea colombiana. Pizarro expresó preocupación por su seguridad y la de sus familiares, al recordar el asesinato de su padre, antiguo comandante del M-19 y candidato presidencial, ocurrido en 1990, después de la firma de un acuerdo de paz.“Vuelvo y repito, ¿qué es lo que van a seguir haciendo? Porque es que, vuelvo y te repito, para mí apología al terrorismo es caminar entre los cadáveres. (…) Mira, yo me fui al exilio muchos años, regresé hace 16 años a este país y con el compromiso de contribuir a la democracia, a la construcción de paz y a la reconciliación de Colombia. Voy, ¿puedo seguir en Colombia o me van a asesinar como a mi padre? Por defender mis ideas, por defender mis principios, por defender la memoria de mi padre”, puntualizó.Pizarro anunció su participación en un plantón frente al Museo Nacional para rechazar las decisiones relacionadas con la exposición. Además, afirmó que la imagen de su padre continuará circulando en las calles y en las redes sociales. También insistió en que Colombia necesita fortalecer sus espacios de memoria y avanzar en el esclarecimiento del asesinato de su padre.“Porque es a mí a la que le han dado la orden de desaparecer junto a la memoria y a la figura de mi padre. ¿Quiénes son los que tienen que— quiénes son los terroristas? ¿Los miles de personas que salieron a la calle a movilizarse el pasado miércoles? ¿Esos son los terroristas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué viene justo después de la decisión que ha tomado?”, añadió.
Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, asesinado en la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, presentó dos peticiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): la primera, retirar las condecoraciones militares al general en retiro Iván Ramírez Quintero, condenado por desaparición forzada agravada; y la segunda, ordenar a los exintegrantes vivos de mayor rango del M-19 realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.En el primer caso, Urán busca que el Estado retire los honores militares concedidos a al general (r) Iván Ramírez Quintero, quien fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de junio de 2024 y excluido de la JEP en 2022 por no contribuir al esclarecimiento de la verdad.Para sustentar sus peticiones, Helena Urán recordó que en enero de 2024 el Ministerio de Defensa retiró los honores militares al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales.La segunda solicitud busca que los antiguos integrantes del M-19 reconozcan públicamente su responsabilidad y pidan perdón por lo ocurrido durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Urán sostiene que quienes recibieron amnistías o indultos también deben cumplir medidas de reparación simbólica, que permitan reconocer el daño causado a las víctimas y preservar la memoria histórica.Helena Urán, explicó en diálogo con Blu Radio que su solicitud ante la JEP busca que el M-19 y la Fuerza Pública reconozcan su responsabilidad en lo ocurrido hace 41 años y advirtió que las víctimas, incluidos los sobrevivientes que fueron torturados, siguen sin recibir el reconocimiento que merecen.“Consiste básicamente en intentar que los dos actores armados que llevaron a la masacre del Palacio de Justicia, con todas las víctimas que conocemos, y sobrevivientes de los que poco se hablan, pero que fueron torturados, y que poco se les reconoce su dolor, al menos después de 41 años, entiendan que no pueden seguir sumiendo al país en una confrontación en la que obligan al ciudadano a tomar partido, cuando los dos actores armados son corresponsables. Yo a través de esta solicitud, pretendo que tengan un gesto, no sé, bondadoso y de grandeza, y que, por favor, dejen de utilizar el caso del Palacio de Justicia con fines políticos”, señaló Helena Uran.Además, cuestionó que las víctimas no fueran consultadas sobre los acuerdos de amnistía al M-19 y pidió que sus antiguos integrantes de mayor rango reconozcan colectivamente su responsabilidad y pidan perdón. También señaló que integrantes de la Fuerza Pública han negado a las víctimas, a los desaparecidos y a los sobrevivientes de tortura, por lo que considera necesario un reconocimiento de ambas partes.“Que ese fue el acuerdo que se hizo en ese momento, eso lo pactaron los políticos, a nosotros, a las víctimas, nunca nos consultaron porque les aseguro que si nos hubieran consultado no hubiera llegado a ese grado de encubrimiento, porque la amnistía es encubrir unos hechos y por eso años después se replantea, hoy en día eso sería impensable, pero esos eran los estándares del 90" agregó Uran.De esta forma, solicitó retirar las condecoraciones y medallas militares otorgadas al general retirado Iván Ramírez Quintero. Según explicó a Blu Radio, el exoficial fue jefe de inteligencia y contrainteligencia y, a su juicio, no debería conservar estas distinciones debido a las responsabilidades judiciales que se le atribuyen por crímenes relacionados con el Palacio de Justicia."Hoy en día tenemos otros estándares de justicia transicional que las personas que pertenecieron al M-19 bien conocen y que podrían, haber tenido un gesto de grandeza y reconocer de manera colectiva, porque lo han hecho como independientemente, reconocer somos corresponsables de lo que sucedió y lo mismo la Fuerza Pública, porque es la que representa al Estado y tiene una responsabilidad mucho mayor que unos guerrilleros terroristas, por eso no se puede equiparar, pero también han sido unos negacionistas constantemente, no solamente negacionistas, sino que han estigmatizado", argumentó.Sin embargo, las dependencias de la JEP que recibieron el documento aún no han tomado una decisión definitiva. Con estas solicitudes, busca que se reconozca la dignidad de las víctimas, se contribuya a esclarecer la verdad y se evite que se distorsione la historia de lo ocurrido en el Palacio de Justicia.
Un juzgado de Medellín concedió una acción de tutela interpuesta por Santiago Alarcón Serna y concluyó que la cancelación de la presentación del libro “El M-19. De la guerra a la política” vulneró los derechos fundamentales a la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación política.La decisión judicial se conoce poco más de dos meses después de la controversia generada por la orden del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de suspender el evento programado en la Biblioteca Pública Piloto, mismo que terminó realizándose sin equipos institucionales y bajo presencia policial.En el fallo, el Juzgado 47 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento determinó que la actuación de las autoridades constituyó una restricción indebida al ejercicio de la libertad de expresión y recordó que la Constitución prohíbe la censura previa.El despacho también señaló que el hecho de que la actividad finalmente se realizara, gracias a la permanencia de los asistentes y sin apoyo institucional, no elimina la vulneración de los derechos invocados.Durante el proceso, el Distrito y la Biblioteca Pública Piloto defendieron su actuación argumentando que la decisión obedeció al cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales y a la necesidad de preservar la neutralidad institucional en medio del calendario electoral. Además, sostuvieron que no existió censura porque el libro fue presentado y difundido pese a la cancelación oficial.Sin embargo, el juez acogió los argumentos del accionante y de los organizadores del evento, quienes insistieron en que la actividad tenía un carácter académico y no proselitista, por lo que la orden de suspensión constituyó una limitación injustificada.Ahora y a pesar de que la Alcaldía presentará una apelación, Gutiérrez y el director designado de la Biblioteca Piloto deberán, en el término de cuarenta y ocho horas hábiles, emitir una comunicación oficial donde se reconozca que se generó una afectación a algunos de los derechos fundamentales.
Tras la apertura de un incidente de desacato a una tutela, un giro inesperado dio el caso que involucra al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez frente a la polémica cancelación el pasado 21 de abril de la presentación de un libro sobre el M-19 en las instalaciones de la Biblioteca Pública Piloto.En las últimas horas se conoció el pronunciamiento del Juzgado 24 Penal con Funciones de Conocimiento de Medellín quien declaró la nulidad de toda la acción interpuesta dado que desde el inicio no vinculó a personas con un interés directo en el caso.“No se vinculó al trámite de la tutela al señor Jaime Rafael Nieto López (autor del libro), la editorial Desde Abajo, el politólogo Freddy Chaverra y el profesor universitario José Miguel Sánchez (estos dos últimos como parte del panel expositor), que, de acuerdo con el escrito de tutela, las pruebas y respuestas aportadas, son sujetos que pueden tener incidencia para un análisis con mayor claridad y certeza, e incluso con la decisión final pueden verse afectados”, se lee en el documento.Según el despacho, esa omisión genera una vulneración al debido proceso toda vez que no se garantizó el derecho de contradicción y defensa, lo que indicaron que constituye una causal de nulidad de la actuación, por lo que el juez de primera instancia deberá reiniciar el proceso.Durante el caso la defensa del alcalde de la capital antioqueña había sostenido lo mismo que en su momento él mismo afirmó: que se trataba de un acto político en vísperas de la primera vuelta presidencial por lo que debía prevalecer el respeto a la ley de garantías electorales en un espacio público administrado por el distrito."Fue un espacio abiertamente político. Frente al tema ya de la posición, de lo que quieren reescribir, de lo que quieren hacer en el relato, que lo hagan, mire, ¿quién lanza el libro? Láncelo del otro lado, pero ¿por qué tienen que seguir utilizando los espacios públicos, donde están los niños, donde están las familias, donde está todo el mundo, para que, básicamente, todo el mundo, entonces, vaya alrededor de su relato?, cuestionó Gutiérrez.Con la acción de tutela, el accionante, Santiago Alarcón, había exigido reconocer la vulneración de derechos como la expresión y la participación política con la decisión que en su momento había tomado el alcalde.
La presentación del libro El M-19, de la guerra a la política, del profesor y sociólogo Jaime Rafael Nieto López, terminó convirtiéndose en un tema de debate en Medellín, luego de que la Alcaldía ordenara su cancelación minutos antes de iniciar el evento. Aun así, decenas de asistentes decidieron permanecer en la Biblioteca Pública Piloto y escuchar al autor en un acto sin micrófonos ni logística formal.La decisión del alcalde Federico Gutiérrez se basó en que, según expresó en redes sociales, en la ciudad “no habrá espacio para la apología al terrorismo”, al referirse al contenido del libro sobre el M-19. Sin embargo, el propio Nieto rechaza esa interpretación y sostiene que su trabajo tiene un carácter estrictamente académico.En entrevista en Mañanas Blu, el autor explicó que su obra no busca exaltar a ese grupo insurgente, sino analizarlo desde una perspectiva crítica. “Cuestiona al establecimiento y al mismo M-19”, afirmó, al detallar que su investigación examina tanto las decisiones del movimiento como las condiciones políticas en las que surgió.“El libro pierde su carácter académico si se convierte en apologético. Lo que hace es cuestionar la realidad y los actores de poder”, señaló Nieto, quien además aclaró que el texto no responde a coyunturas políticas actuales. Según explicó, se trata de una investigación desarrollada en 1995 como tesis de maestría, lo que —dice— demuestra que no fue escrita con fines electorales ni ideológicos del presente.El libro recorre el proceso del M-19 desde su surgimiento como guerrilla hasta su paso a la vida política legal con la Alianza Democrática M-19, así como su crisis en la década de los noventa. En ese análisis, Nieto insiste en que no se trata de justificar la lucha armada, sino de entender los contextos que la hicieron posible.Sobre la polémica, el académico fue crítico con la decisión del mandatario local. Calificó de “irresponsable” la postura de Federico Gutiérrez y aseguró que se censuró una obra sin haber sido leída. “No se puede descalificar como apología al terrorismo un libro que no se conoce”, afirmó.Durante la entrevista también se abordaron aspectos históricos como el Frente Nacional y la exclusión política de la época, elementos que, según Nieto, son claves para comprender el surgimiento de movimientos insurgentes en Colombia. No obstante, reiteró que su enfoque no es justificar estos procesos, sino analizarlos.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió su decisión de intentar cancelar el lanzamiento del libro El M-19, de la guerra a la política en la Biblioteca Pública Piloto, argumentando que se trataba de un acto con fines políticos en un espacio público, lo cual violaría la Ley de Garantías.A pesar de la orden emitida 11 minutos antes de la hora programada, el evento finalmente se llevó a cabo, lo que desató un fuerte enfrentamiento verbal con el presidente Gustavo Petro. Para el mandatario local, la intervención no fue un acto de censura, sino un cumplimiento de su deber administrativo. “Este era un evento abiertamente con fines políticos. Yo como alcalde tengo la obligación de hacer cumplir la ley de garantías. En ningún espacio público de la ciudad, que sea 100% público, se pueden realizar este tipo de eventos”, afirmó Gutiérrez en entrevista con Mañanas Blu.Gutiérrez señaló que la carátula del libro, que muestra al actual presidente Petro, y la información recibida sobre el uso del espacio para impulsar candidaturas políticas, confirmaban la naturaleza del acto. “Eso no es cultura, eso es usar lo público para imponer una narrativa política”, sentenció, subrayando que su administración permite la libre expresión, pero no el uso de recursos públicos para "reescribir la historia".Dura respuesta al pasado del M19 El alcalde fue enfático al expresar su posición personal e institucional sobre el grupo guerrillero al que perteneció el actual jefe de Estado. “A mí nadie me saca de la cabeza que el M19 fue un grupo terrorista que secuestró, asesinó y que le hizo daño a Colombia, que es responsable del holocausto del Palacio de Justicia”, dijo el mandatario. Gutiérrez también criticó lo que llamó una tendencia a "romantizar" la violencia ante nuevas generaciones que no vivieron esa época,.Frente a las acusaciones de Petro, quien comparó la acción de Gutiérrez con la quema de libros y personas, el alcalde respondió: “Yo en mi vida he empuñado un arma ni la empuñaré en contra de nadie, pero esta gente, que fueron los que empuñaron las armas, hoy posan básicamente como los adalides de la verdad”, expresó.Escuche la entrevista:
De manera paradójica, y tras un mensaje del alcalde Federico Gutiérrez que anunciaba su cancelación, se desarrolló con la presencia de decenas de personas la presentación del libro ‘El M19, de la guerra a la política’ en el hall de la Biblioteca Pública Piloto, espacio en el que el autor Jaime Rafael Nieto López conversaba con Freddy Chaverra (politólogo) y José Miguel Sánchez (profesor universitario).Diez minutos antes de las 5:00 de la tarde, hora de inicio del evento, el director de este espacio comunicó la decisión de la alcaldía de que el evento no se realizaría. Los presentes, en una especie de "acto de resistencia", se quedaron para presenciar, aunque fuera sin micrófono ni parlantes, lo que el docente y sociólogo contaría sobre su análisis. En el trino del mandatario, este aseguró que la ciudad "nunca tendrá espacio la apología al terrorismo" y justificó su orden en que el M-19 no fue un “relato romántico”: "fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia". A la par indicó que se respeta la memoria de las víctimas y "no la propaganda de quienes empuñaron las armas", calificando el evento como de carácter evidentemente político.Fernando Pérez, vocero de Ediciones 'Desde Abajo' en Medellín, le contó a Blu Radio que habían separado el espacio desde hace tres semanas, compartiendo la pieza gráfica, sinopsis del libro y la tabla de contenidos, descartando así que se tratara de un mal entendido sobre la finalidad del evento."Nosotros no estamos haciendo campaña. El trabajo lo hace el profe en el año 95, es una investigación para su maestría. No intenta de una u otra manera ni romantizar ni echar flores, busca hacer un análisis de coyuntura, que es lo que él es experto en hacer, para identificar a los actores. En este caso, hay un actor de esa época, entre los setentas y los noventa, que trata de estudiar y es el M19, así como otra persona lo pudo haber hecho con la UP u otro partido, como el liberal o el conservador", expuso.Brean Acosta Salazar, asistente al conversatorio, calificó como un acto de censura lo sucedido y narró que, incluso, hizo presencia la Fuerza Pública, pero al ser en la entrada de la biblioteca fue difícil "controlar" que se quedaran o no allí."La gente no se quiso ir y se quedó en las bancas, como acción de resistencia y protesta. Incluso, ha habido amedrentamientos por parte de la Fuerza Pública en algunas ocasiones, solo que no se han atrevido a ingresar al hallcito de la biblioteca. De alguna u otra forma, es la consolidación de una censura por parte del poder hegemónico del Distrito, que toda la persona que piense diferente a la lógica de la administración distrital tiene que ser censurada o, en este caso, estigmatizada", opinó.En un escueto comunicado de la Biblioteca Pública Piloto se indica que se canceló el evento "en cumplimiento de la Ley de garantías Electorales y, teniendo en cuenta el contenido proselitista del libro", un punto que controvierte la editorial, que aclaró que el docente ha investigado estos temas desde hace 40 años y que en el desarrollo del conversatorio no tuvieron "publicidad o alusión a un partido".Por lo pronto, en la sinopsis del libro se indica que “se trata de una revisión a partir de la trayectoria histórico-político de uno de los actores más dinámicos del acontecer político en Colombia, como lo fue el Movimiento 19 de Abril (M-19), surgido a comienzos de los años setenta e inspirado en uno de los momentos políticos más traumáticos de esta historia nacional, como lo fueron las espurias elecciones del 19 de abril de 1970, entre el candidato conservador Misael Pastrana Borrero, el último del Frente Nacional bipartidista, y el candidato de oposición el general Gustavo Rojas Pinilla, por parte de una de las terceras fuerzas políticas más disruptivas hasta ese momento como lo fue la Alianza Nacional Popular (Anapo)”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que está impulsando el Gobierno actual. Uribe aseguró que esta idea es una estrategia electoral.“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe.Otra de las reacciones llegó por parte de la senadora y precandidata Paloma Valencia, quien aseguró que hay que defender la Constitución de 1991.“Hoy más que nunca debemos defender la Constitución del 91 de quienes quieren imponer un proyecto constituyente para perpetuarse en el poder. La democracia se respeta, las reglas se cumplen. Colombia no cae”, aseguró Valencia.Es importante recordar que este viernes, con el acompañamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se llevó a cabo la inscripción del comité.“Promover una Constituyente por sí no es bueno ni malo. Aquí el problema es que este Gobierno de Gustavo Petro la justifica en un supuesto bloqueo a sus reformas, cuando lo que ha hecho la institucionalidad, llámese Congreso o Cortes, es detener, de acuerdo con la ley, iniciativas inconvenientes o inviables financieramente”, señaló el representante a la Cámara Christian Garcés.Sin embargo, también hay sectores que defienden la iniciativa, especialmente la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.“Hoy se activa un camino democrático para que el pueblo decida: se inscribió el Comité Promotor de la Asamblea Constituyente. No se trata de imponer, sino de deliberar colectivamente sobre el país que necesitamos”, señaló el representante a la Cámara Gabriel Becerra.Además, el presidente Gustavo Petro, al referirse al tema, dijo que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.Por su parte, la senadora Angélica Lozano señaló que de esta manera se está siguiendo el camino de Chile.“A repetir el fracaso de Chile. Allá querían reemplazar la Constitución que sancionó Pinochet. No pudieron. Acá quieren reemplazar la Constitución que lideraron Antonio Navarro Wolff, Álvaro Gómez y Horacio Serpa. No pasarán. La Constitución del 91 se respeta”, agregó Lozano.Finalmente, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo aseguró que la Constituyente es una buena idea para el país, pues va a abordar temas como la corrupción y la reforma a la justicia.“No puede seguir pensándose que la justicia, y corriendo el rumor, falla según quien pague. Eso hay que eliminarlo. Necesitamos una justicia no solo que sea transparente, sino que dé la sensación de que es transparente. Además, el problema del narcotráfico y las drogas en Colombia pasa por una Constituyente”, señaló Ocampo.
Un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, deja el grave accidente de tránsito registrado en la vía Buga–Buenaventura, a la altura del sector de El Naranjo. De acuerdo con el más reciente reporte de la emergencia, algunas de las víctimas fueron trasladadas inicialmente al hospital de Dagua; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fallecieron posteriormente. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra Luis Felipe Domínguez, conductor del bus de servicio público, quien murió en el lugar de los hechos.Por otra parte, cerca de siete pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales de Dagua y Buenaventura. El estado de salud de los heridos es reservado. El siniestro involucró un bus de servicio público que había salido de Buenaventura con destino a Cali y una niñera que se movilizaba en sentido contrario, hacia el puerto. La fuerza del impacto fue tal que el bus terminó prácticamente destruido.Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre total de la carretera mientras se adelantaban las labores de atención de la emergencia y el levantamiento de los procedimientos correspondientes. Posteriormente, se habilitó el paso por uno de los carriles; sin embargo, a esta hora se presenta congestión vehicular en el sector.Las autoridades continúan con las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este trágico accidente.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló que recibió la entidad con sus sistemas hackeados y advirtió que las alertas sobre los problemas informáticos se conocían desde enero, pero no se les habría dado la importancia necesaria durante el gobierno anterior. Según explicó, esta situación terminó convirtiéndose en un problema de mucha gravedad que todavía persiste y que ya fue denunciado ante la Fiscalía.“Había unas advertencias que venían desde principio del año, desde enero y que por no darle la trascendencia y la importancia llegamos a tener un problema muy serio que además todavía persiste”, afirmó Cancino.El funcionario señaló que, cuando llegó al Ministerio, encontró que no había acceso a muchas de las herramientas y servicios de la entidad. Además, aclaró que las advertencias sobre lo que estaba ocurriendo no correspondían solamente a unos días antes del ataque, sino que venían desde comienzos de año.Entre las afectaciones mencionó la Dirección de Política de Drogas, donde se expiden licencias para empresas que necesitan determinadas sustancias para sus actividades, así como los trámites de licencias de cannabis. También se presentaron dificultades en algunas líneas de comunicación con las comisarías de familia.Ante los problemas de conectividad, el Ministerio tuvo que recurrir a alternativas manuales y al trabajo desde casa para mantener sus actividades. El jefe de cartera aseguró que, pese a las dificultades, la labor de la entidad continuó y no se paralizó el funcionamiento del Ministerio.Sobre las posibles responsabilidades, el ministro indicó que los hechos podrían tener connotaciones delictivas y que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Según explicó, ya se recopiló toda la evidencia y se espera que en los próximos días entregue resultados sobre lo ocurrido.Hay que recordar que un ciberataque se conoció públicamente el 3 de agosto, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, el Ministerio confirmó que había sido víctima de un ataque mediante un virus tipo ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de varios servicios digitales.Sin embargo, ahora Cancino puso sobre la mesa un antecedente que no se había conocido inicialmente: las advertencias sobre posibles accesos no autorizados a los sistemas vendrían desde enero.Ahora, el ministro aseguró que ya se tomaron medidas y se ha contado con la colaboración necesaria para atender la situación, aunque reconoció que el problema todavía no está completamente superado y que será la investigación de la Fiscalía la que permita esclarecer qué pasó.
El papa León XIV criticó este lunes un mundo del trabajo donde "solo se valora a los trabajadores por su eficiencia" y afirmó que "privar a una persona del trabajo es herir su dignidad", en el discurso que pronunció en el encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires.El pontífice estadounidense acudió a la Universidad Católica de la capital argentina para un encuentro con miembros del sindicato, movimientos populares y empresarios donde lanzó una reflexión en la que afirmó que la actual visión del trabajo "se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta".En esta clase magistral sobre el mundo laboral, aseveró que "allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral".Como ya aseguró en su discurso a las autoridades del domingo, frente al presidente argentino, Javier Milei, "el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía"."Esta afirmación puede parecer teórica, pero, por el contrario, constituye un punto central del pensamiento social de la Iglesia, ya desde mi Predecesor León XIII, quien con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia", explicó el concepto que fue más aplaudido en su discurso en el Palacio Libertad y también durante este acto.El pontífice también indicó que el desempleo "es un auténtico drama en la vida de quien lo padece" porque "privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común".Desde que Milei llegó a la presidencia, en diciembre de 2023, hasta la actualidad, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.El papa indicó que "la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad".El papa también indicó algunos de los puntos del pensamiento social de la Iglesia como que "el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de las agrupaciones intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir".Indicó que este es el camino "para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro" y "que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral".León XIV también reivindicó la tarea de los movimientos sociales, que impulsó siempre Francisco."Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, dijo. Y recordó que “con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social", que produjo un fuerte aplauso.
El gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé, Fernando Merchán, quedó en el centro de los cuestionamientos de la Contraloría General de la República por la utilización de recursos públicos del proyecto para pagar su esquema de seguridad personal.En el informe final de auditoría, el organismo de control estableció un presunto daño patrimonial de $114’337.909, correspondiente a los pagos realizados a la empresa Seguridad Atlas Ltda. por el servicio de protección del funcionario.El contrato, según este informe, fue suscrito el 26 de agosto de 2025 por un valor total de $126’190.060. Este documento según el ente de control, incluía un conductor escolta armado, un vehículo blindado y otros elementos para garantizar la seguridad y los desplazamientos del gerente.Sin embargo, para la Contraloría, este gasto no tenía relación directa con la finalidad de los recursos del Patrimonio Autónomo Aerocafé y tampoco contaba con una autorización expresa para destinar dinero del proyecto a la protección personal de su gerente.De acuerdo con el informe, los pagos cuestionados se realizaron entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 y sumaron los $114’337.909 que el organismo estableció como presunto daño patrimonial.Uno de los puntos centrales de la auditoría tiene que ver con las decisiones del Comité Fiduciario de Aerocafé. Según la revisión de las actas 73 y 76, el organismo de control concluyó que no hubo una aprobación expresa para contratar un esquema de seguridad personal, un vehículo blindado o servicios de protección para Fernando Merchán.La Contraloría señaló que, durante las discusiones, se había planteado que la evaluación del nivel de riesgo y la definición de las medidas de protección debían estar a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).El informe también cuestionó que se utilizaran recursos inicialmente destinados a honorarios técnicos para financiar gastos de transporte, seguridad y otros conceptos administrativos.Frente a estos señalamientos, la Unidad de Gestión de Aerocafé defendió la contratación. En su respuesta a la auditoría, argumentó que los gastos de seguridad y funcionamiento del gerente hacían parte de las actividades administrativas necesarias para garantizar la conducción y continuidad del proyecto.No obstante, la Contraloría mantuvo el hallazgo y concluyó que no encontró una disposición legal ni una autorización expresa que habilitara el uso de los recursos del patrimonio autónomo para pagar la protección personal del funcionario.El caso de la seguridad personal de Merchán hace parte de una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría a Aerocivil y al Patrimonio Autónomo Aerocafé, sobre las vigencias 2024 y 2025.En total, el organismo de control identificó diez hallazgos administrativos, dos de ellos con presunta incidencia fiscal por $667’988.551, siete con posible alcance disciplinario y uno con presunta incidencia penal.Además del contrato de seguridad, la auditoría cuestionó otros gastos relacionados con el catering para el lanzamiento oficial del proyecto, contratos de publicidad y comunicación, y servicios de articulación social.Frente a esto, la Contraloría emitió un concepto de incumplimiento material adverso frente a los asuntos evaluados y anunció que los hallazgos serán trasladados a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen si existen responsabilidades.
La Fiscalía llamó a juicio a cinco personas investigadas por su presunta participación en los hechos de tortura ocurridos antes de la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía Nacional, general William Rincón.Los procesados son Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega, Juan Sebastián Ávila y Solangie Trujillo.Los delitos atribuidos, de acuerdo con la participación señalada por la Fiscalía, incluyen tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio. De manera paralela, se avanza en una posible negociación judicial por parte de uno de los procesados.La investigación de la Fiscalía establece que los hechos se habrían iniciado a través de un engaño digital que comenzó en TikTok y continuó en Instagram mediante perfiles falsos. Bajo esta hipótesis, Juan Felipe Rincón fue llevado el 24 de noviembre de 2024 hasta un inmueble ubicado en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.Para llegar hasta el lugar habría sido utilizada una menor identificada como S.V.B.R., quien, según el ente investigador, fue inducida al consumo de estupefacientes e instrumentalizada para el desarrollo del plan.La Fiscalía sostiene que la agresión habría sido planeada a partir de señalamientos realizados por Katherine Andrea Sotelo Torres, quien acusó al joven de haber sostenido conversaciones con su hija de 10 años. De acuerdo con la investigación, estos señalamientos no habían sido verificados.Una vez Rincón llegó al inmueble, habría sido atacado físicamente. La Fiscalía señala que la agresión comenzó con Sotelo Torres y posteriormente fue continuada por otros participantes. El joven sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, la espalda y las extremidades.Durante los hechos también intervino el escolta de Rincón. En medio de la situación se produjo un disparo que impactó al joven en el tórax y le causó la muerte en el lugar.Después de estos hechos, la investigación estableció que el teléfono celular de la víctima habría sido ocultado en Ciudad Bolívar. Según la hipótesis de la Fiscalía, el dispositivo fue envuelto en papel aluminio con el propósito de bloquear su señal de rastreo.La responsabilidad relacionada con el disparo que produjo la muerte de Juan Felipe Rincón continúa siendo objeto de investigación. La Fiscalía busca establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto y determinar quién accionó el arma.