En este acto los subtenientes fallecidos fueron ascendidos de manera póstuma al grado de tenientes gracias a la Ley 2483 de 2025, en donde también se les reconocieron los derechos prestacionales y pensionales a sus familias, esto como un acto de reparación simbólica y material.La conmemoración inició con una eucaristía en la que participaron el viceministro de Defensa; Javier Andrés Vaquero Maldonado, el director de la Policía Nacional; general William Rincón Zambrano, la secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa; Alexandra González, también oficiales y suboficiales, así como las familias de las víctimas.Posteriormente, en el campo de Paradas de la Escuela se llevó a cabo la ceremonia de ascenso póstumo. Las familias recibieron una medalla y una placa conmemorativa en la que resalta el sacrificio y servicio a la patria de los jóvenes cadetes. En la placa decía: El viceministro Baquero agradeció también la labor diaria de los uniformados de la Policía Nacional y se dirigió a los familiares de los nuevos tenientes: "Siéntanse orgullosos de estos héroes de la patria, no solo sus nombres quedan marcados en nuestros corazones, sino en la historia de un país”.Por su parte, el director de la Policía Nacional hizo un llamado contundente a rechazar la violencia hacia la fuerza pública y aseguró que seguirán trabajando por la seguridad y convivencia de los colombianos.También se pronunció Alexandra González, secretaria del gabinete del Ministerio de Defensa refiriéndose al homenaje y a la Ley 2483 de 2025 “no es una formalidad, es un acto de justicia simbólica y material, y ha sido un logro de ustedes como familiares. Hace unos años nos reunimos aquí, asumimos unos compromisos y hoy honramos la palabra”.Por último, se realizó una ofrenda floral con la cual se conmemoró el Día del Estudiante Policial y a quienes hoy, ascendieron a tenientes de la Policía Nacional.
La Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación por la muerte de la cadete Lina Maritza Zapata, ocurrida el 25 de enero de 2006 al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, al sostener nuevamente que los hechos corresponden a un suicidio y que no existió conducta homicida. La petición fue presentada en una audiencia reservada, a pocos días de que el proceso prescriba.El fallecimiento de la joven cadete no solo marcó a su familia, sino que se convirtió en uno de los episodios más sensibles dentro del escándalo conocido como la Comunidad del Anillo, una presunta red de prostitución y explotación sexual que habría operado durante años al interior de la Policía Nacional. En ese contexto, la muerte de Lina Zapata fue inicialmente catalogada como un suicidio, tesis con la que el caso fue cerrado. Diez años después, la investigación fue reabierta y reclasificada como homicidio, pero ahora, nuevamente, el ente acusador retoma la hipótesis de una autolesión.Durante la diligencia, la Fiscalía sustentó su solicitud en la causal tercera de preclusión, correspondiente a la inexistencia del hecho investigado. Según explicó, esta causal procede cuando las pruebas recaudadas demuestran que la conducta delictiva denunciada nunca ocurrió. En este caso, sostuvo el fiscal, no habría existido un homicidio.Entre los elementos probatorios expuestos, el fiscal afirmó que “Lina Maritza Zapata Gómez el día de los hechos presentaba un episodio depresivo mayor”, y señaló que la causa principal de esa depresión habría sido la ruptura con su novio, a quien llamaba “el Gordo”, así como la negativa de este de acompañarla a la ceremonia de ascenso prevista para el 27 de enero, dos días después de su muerte. También aseguró que la cadete “dejó una nota suicida el día de los hechos cuando estaba en clase de tránsito”.La Fiscalía insistió en que Lina Zapata se encontraba sola en el alojamiento femenino al momento de los hechos. Según el expediente, “no se encontraba ninguna otra persona, pues Lucumí, el cadete encargado de acompañarla, estaba afuera del alojamiento esperándola”. Añadió que la joven “salió corriendo por su propia voluntad hacia el alojamiento femenino” y que “nadie la obligó ni la condujo por la fuerza”. Sobre el resultado negativo de las pruebas de residuos de disparo, el fiscal sostuvo que se trató de “un falso negativo”.Para reforzar su tesis, el ente acusador también aludió a un presunto intento de suicidio previo. En audiencia, el fiscal afirmó: “Zapata Gómez, cuatro meses antes, había intentado suicidarse. Señoría, considero que ocurrió una autolesión, una autolesión en este caso por parte de Lina Zapata Gómez (…) los mismos compañeros han mencionado cómo Lina María, esos días después de que llegó de vacaciones, presentaba una depresión permanente, lloraba todos los días”.La solicitud de preclusión fue rechazada por la representación de las víctimas, que pidió que el caso sea declarado crimen de lesa humanidad para evitar su prescripción y permitir un esclarecimiento integral. El abogado Jesús Vergara, representante de la familia Zapata, recordó que el expediente ya fue cerrado una vez bajo la tesis del suicidio. “Inicialmente se manejó el caso como un suicidio y la Fiscalía procedió a su cierre. Posteriormente, a través de una investigación que aportó la víctima, se determinó que existían algunas inconsistencias”, explicó.Entre esas inconsistencias, Vergara mencionó irregularidades en los patrones de manchas de sangre, que no coincidirían con la ubicación del cuerpo; la existencia de un sable que aparece en registros fotográficos y en el bosque topográfico, pero que nunca fue sometido a cadena de custodia; y presuntas anomalías con el uniforme que vestía la cadete el día de su muerte.Para la familia, cerrar nuevamente el caso impediría acudir a instancias internacionales. Según el abogado, existen peritajes que descartan una tendencia suicida en Lina Zapata y antecedentes en los que la propia Fiscalía reconoció que no se logró establecer con certeza que se tratara de un suicidio.Ahora será el juez quien deba resolver si avala la solicitud de la Fiscalía o si, por el contrario, da trámite a la oposición de las víctimas en un caso que lleva casi 20 años sin una decisión clara o definitiva.
La Fiscalía General de la Nación imputó en ausencia a Mario Astroza López, alias 'El Panadero', señalado de haber participado en la financiación del atentado con carro bomba perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019 en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá.En el ataque murieron 22 estudiantes de la Policía Nacional y 71 más resultaron heridos.De acuerdo con la investigación, Astroza López habría hecho parte de una red de apoyo financiero al grupo armado ilegal, a través de operaciones de lavado de activos entre 2013 y 2019. La fiscal del caso, adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, estableció que el procesado habría movido más de 533 millones de pesos en efectivo, sin que ese flujo de dinero tuviera justificación legal frente a su perfil patrimonial, fiscal y comercial.Parte de esos recursos habrían sido utilizados, según el expediente, para adquirir el vehículo que fue cargado con explosivos y detonado dentro de la escuela de formación policial.Alias 'El Panadero' fue imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El proceso se adelanta con él como persona ausente, pues las autoridades aún no han logrado ubicarlo.
Las autoridades capturaron a José Eduin Gómez Wilches, alias 'Orejas' o 'Petacas', un peligroso delincuente, integrante del frente ‘Domingo Laín’ del ELN, responsable del atentado terrorista que acabó con la vida de 22 cadetes de la Policía en la Escuela General Santander en enero de 2019. Este hombre cayó en el municipio de Tame, Arauca.“¡Cae vinculado a atentado terrorista que segó la vida de 22 cadetes! En Tame, Arauca, capturamos a José Eduin Gómez Wilchez, alias ‘Petacas’, señalado integrante de la red sicarial y del comando urbano del Frente ‘Domingo Laín’ del ELN, investigado por su presunta participación en el atentado terrorista del 17 de enero de 2019 contra la Escuela de Cadetes ‘General Francisco de Paula Santander’”, indicó el general Salamanca.De acuerdo con el director de la Policía, alias 'Orejas' también está relacionado con el homicidio, en 2016, de los patrulleros Nelson Osorno Castillón y Pedro Elías Rolón Vaca, en Saravena, Arauca, y con el ataque a una patrulla, en ese mismo municipio, donde el año pasado murió el patrullero de policía Roberto Pabón Ojeda y resultó herido su compañero Jean Carlos Hernández.También, según destaca la investigación, este peligroso integrante del ELN articulaba acciones delictivas contra la infraestructura petrolera y dinamizaba el cobro de cuotas extorsivas, especialmente en Tame, Saravena y Fortul, Arauca. Su captura fue coordinada con la Fiscalía.“Esto ratifica el compromiso institucional de dar con el paradero de asesinos de policías y llevarlos ante la justicia, como homenaje a la memoria nuestros héroes caídos. Jamás habrá refugio seguro para criminales”, agregó el general Salamanca.
Frustran atentado que iba a ser cometido con dos carros bomba en Jambaló, Cauca. En un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Militares, fueron ubicados dos vehículos que tenían más de 600 kilos de explosivos, metralla y dos sistemas de activación.En medio de la ofensiva ordenada por el presidente Gustavo Petro contra las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, la Policía y las Fuerzas Militares lograron evitar un atentado que, de haberse cometido, generaría afectaciones peores que las del atentado contra la escuela General Santander en Bogotá.Según el reporte de las autoridades, en zona rural de Jambaló, Cauca, fueron ubicados dos camionetas que ya estaban acondicionadas y almacenaban más de 600 explosivos, metralla y dos sistemas de activación.Los elementos fueron ubicados gracias a varias labores de inteligencia en las que se determinó que alias ‘Esteban’, cabecilla del bloque ‘Jacobo Arenas’ de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, ordenó la fabricación y adecuación de 10 cilindros con explosivos.“Este golpe muestra cuál es el nivel que tenemos en la inteligencia militar, en la inteligencia policial, cómo produce resultados importantes de protección a la comunidad… (...) Estos atentados, que aparecen por lo menos en los planteamientos de estos grupos criminales como dirigidos contra la fuerza pública, en realidad afectan a toda la población. Las consecuencias, especialmente con las prácticas terroristas, se extienden a las comunidades y, por eso, siempre reclamamos de las comunidades la mayor colaboración”, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.En la operación participaron 48 comandos, cuatro técnicos antiexplosivos, el avión fantasma y la plataforma Dipol. Todo se desarrolló desde las 4:00 a.m. de este jueves, 30 de mayo, avanzando tanto con desplazamientos terrestres y aéreos coordinados.El material explosivo incautado, que ya fue destruido, supera ocho veces la cantidad utilizada en el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en 2019.
El 17 de enero de 2019 en un acto cobarde, fue llevada una camioneta llena de explosivos dentro de las instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en Bogotá La carga fue denotada y dejó una cifra de 22 uniformados muertos y otros 89 heridos.Este caso es noticia nuevamente luego de que La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió inadmitir una demanda interpuesta por la defensa de Ricardo Andrés Carvajal Salgar, quien actuó como cómplice en la bodega donde se armó la camioneta con explosivos que posteriormente fue llevada a la Escuela de Policía General Santander en la ofensiva terrorista orquestado y perpetrado por el ELN.La complicidad del condenado radica en que el ya condenado por estos actos, estuvo pendiente de la logística de la bodega en donde se armó la camioneta con el material explosivo y por esta razón fue condenado a título de cómplice.La defensa de Carvajal Salgar presentó un recurso extraordinario de casación alegando que, hubo una equivocada sustentación normativa; no obstante la Corte no tuvo en cuenta la demanda de casación para ser objeto de estudio argumentando que hubo falencias en el proceso de casación.El enfoque con el cual la defensa presentó el recurso fue precisamente encaminado a determinar que hubo una indebida valoración de prueba. En este caso, la Corte decidió inadmitir el recurso de casación por tanto, se mantiene la condena en contra de uno de Ricardo Carvajal.Le puede interesar:
A través de un comunicado, la Fiscalía General de Nación confirmó que un juez penal especializado de Bogotá dictó fallo condenatorio en contra de Wilson Arévalo Hernández, conocido como alias ‘El Quesero’ o Chaco’ por la participación del atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander y que ya había sido condenado por delito de rebelión y financiamiento al terrorismo.Las evidencias confirman que el guerrillero, perteneciente al ELN, fue el encargado de conseguir la camioneta Nissan Patrol 1993 en la que se cargaron los explosivos para luego hacerlo detonar dentro de la institución. Además, se confirmó que ‘El Quesero’ viajó en el mencionado vehículo desde Arauca hasta Bogotá los días 23 y 24 de noviembre del 2018 y lo dejó escondido en una bodega ubicada en el sur de la capital en el barrio Tejares.Las investigaciones arrojan que José Aldemar Rojas, señalado de conducir e introducir la camioneta a la escuela, arrendó la bodega donde dejaron y adaptaron el vehículo con 80 toneladas de pentolita que posteriormente explotaría a las 9:30 de la mañana dentro de la escuela dejando 22 víctimas mortales.Según la Fiscalía, por este atentado ya se han condenado cinco personas más.Por el atentado también condenaron al EstadoEn marzo de 2023 se conoció un fallo donde se condenó al Estado colombiano por la muerte del cadete santandereano Cesar Alberto Ojeda Gómez, quien murió en el atentado terrorista perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019El Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá determinó que hubo una omisión por parte de las autoridades en la implementación de adecuadas medidas de seguridad para evitar este atentado.
Colombia es un país condenado a girar eternamente en torno a los no pocos momentos violentos de su historia, sin lograr la suficiente verdad ni la suficiente justicia que le permitan una verdadera reconciliación con el fin de “pasar la página” y mirar hacia el futuro.En las últimas horas, la conmemoración del robo de la espada de Bolívar, de la toma del Palacio de Justicia y del atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, fueron una muestra de esa realidad que afrontamos los colombianos y que como sociedad estamos en la obligación de cambiar.Sobre el robo a la Espada de Bolívar, “mito fundacional” de la guerrilla del M-19 y que fue cometido el 17 de enero de 1974, la polémica giró en torno a las voces que consideraron que un acto convocado por el ministerio de Cultura en el que llamó a resignificar la que calificaron como “recuperación” de la espada, podría ser considerado una apología a la lucha armada, lo cual fue negado por el ministro-El otro escenario de confrontación política y mediática se produjo por cuenta de la decisión del Ministerio de Defensa de retirarle las condecoraciones que había recibido el excomandante de la Brigada 13 del Ejército, general Jesús Armando Arias Cabrales, por haber sido condenado por el Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.Aunque el presidente Gustavo Petro defendió esa decisión argumentando que se hizo con base en un decreto del año 2015, la coincidencia de la determinación con los actos conmemorativos del robo de la Espada de Bolívar por parte del M-19 y con mensajes del jefe de Estado a través de redes sociales, catalogando la toma del Palacio como una “demanda armada”, relativizando la responsabilidad del grupo guerrillero al que él perteneció, llevaron a que sobre todo desde sectores políticos opositores lanzaran duras críticas en su contra.Para completar el complejo panorama de conmemoraciones de actos violentos, este miércoles se cumplieron 5 años del atentado terrorista del ELN contra la Escuela General Santander de Bogotá en el que fueron asesinados 22 cadetes, en medio de las voces de sus familiares denunciando no solamente impunidad sino también ausencia de una reparación efectiva por parte del Estado.La conclusión a la que se puede llegar tras recordar estos tres episodios violentos de nuestra historia reciente es que las heridas siguen vivas porque ninguno de los actores responsables de estos terribles crímenes ha dicho la verdad ni tampoco ha pedido perdón a sus víctimas: ni el M-19 ni el Ejército han hecho un necesario acto de contrición por la toma y retoma del Palacio de Justicia, ni el ELN ha hecho lo propio tras el atentado a la Escuela General Santander. A eso hay que apuntarle y podría ser una buena idea incluirlos dentro de la “paz total”.
Doris Barbosa, la madre de Juan Diego Lozano, indicó que el hecho se registró en la Escuela de Cadetes General Santander, en el sur de Bogotá. “Me llamaron el lunes (24 de julio) que mi hijo se había suicidado y pues la verdad son unas versiones que no coinciden con nada”, aseguró.Según la denuncia de la mujer, ella había visitado a Juan Diego el domingo en la Escuela y en esa visita ella no notó nada raro, ya que estuvieron compartiendo almuerzo e, incluso, él tenía “muchos planes de vida como para que ellos vengan a decir que se suicidó”.En este momento, de acuerdo con Doris Barbosa, nadie se ha comunicado con la familia para explicarle qué fue lo que pasó con su hijo, sino que solo le han expresado especulaciones alrededor del caso.“En este momento me dirijo a Medicina Legal porque me habían dicho que mi hijo me lo entregaban el viernes, pero por irregularidades que están pasando con las prendas de mi hijo, evidencias que quieren quemar, que quieren desaparecer, no lo sacamos. Yo hice el reclamo y de una vez mi hijo lo tuvieron más tiempo en Medicina Legal”, agregó la madre del joven.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFJuan Diego era un joven de apenas 18 años, quien estaba prestando su servicio militar y solo le faltaban cinco meses para terminar su labor en la Policía.“En este momento me dirijo a Medicina Legal para ver si una juez me da la autorización de sacarlo y que las prendas se vayan bajo custodia de Fiscalía; la verdad solamente espero que se esclarezcan los hechos porque esto es muy verraco tener un hijo uno allá sin ninguna explicación”, expresó.Le puede interesar:
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la libertad por vencimiento de términos de cinco personas involucradas en el atentado terrorista a la Escuela de Cadetes General Santander, ocurrido el 17 de enero de 2019. Además, el alto tribunal negó, por improcedente, una tutela con la que buscaban la recaptura de los investigados.Se trata de Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, supuestos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).Esta libertad ya había sido otorgada por un juez el pasado 20 de febrero; la noticia es que la Corte no solo deja en firme la libertad por vencimiento de términos, sino que rechaza una tutela por improcedente, con la que se buscaba la recaptura de esas cinco personas investigadas por el atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, que dejó 22 cadetes muertos y 80 personas heridas.A propósito del tema, es importante mencionar que el jueves 11 de mayo fue condenado a 17 años de cárcel Wilson Arévalo Hernández, alias ‘Chaco’, pues un fiscal demostró que esta persona perteneció al frente Domingo Laín Sáenz del ELN.Este personaje constituyó la empresa de lácteos Villa Esperanza como fachada para transformar dineros producto del cobro de extorsiones y secuestros en el oriente del país. Además, para usar las ganancias de la venta de quesos y distintos productos para cubrir económicamente varios actos terroristas como el atentado de la escuela de cadetes.También, quedó en evidencia que este hombre transportó en los vehículos de su industria láctea a cabecillas del ELN, armas, explosivos, equipos de comunicación y material de intendencia.Cabe recordar que la primera condena por ese atentado se dio el 16 de marzo de 2022, cuando Andrés Ricardo Carvajal Salgar fue declarado culpable de alquilar la bodega en la que se acondicionó el vehículo con más de 80 kilos de explosivos con el que se perpetró el ataque en Bogotá.Le puede interesar:
Karolina Rojas, esposa de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven colombiano asesinado en medio de un operativo de la agencia de migración ICE en Maine, Estados Unidos, habló este jueves sobre lo que vive su familia tras lo ocurrido."Tengo el alma rota. Él era todo para mí. Nunca dejaba que me preocupara por nada", dijo durante una rueda de prensa.Durán, de 26 años, falleció tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un operativo realizado el pasado 14 de julio en Biddeford. Mientras las autoridades estadounidenses avanzan en la investigación para establecer lo ocurrido, su familia enfrenta el dolor de una pérdida que cambió su vida para siempre.Para ella, Joan Sebastián era un hombre juicioso, trabajador y completamente entregado a su hogar. Siempre soñaba en grande y trabajaba para ofrecerles un mejor futuro. "Contagiaba a todos con su alegría", recuerda. Su vida giraba alrededor de su esposa y de la hija de ambos, a quienes dedicaba cada esfuerzo y cada momento libre.Los días previos a su muerte estuvieron marcados por escenas que hoy adquieren un significado especial para su familia. Había comprado ropa y juguetes para su hija porque disfrutaba verla feliz. Un día antes del operativo la llevó al parque y compartieron una tarde juntos, sin imaginar que sería la última vez que padre e hija estarían juntos.“Se suponía que ese lunes en la tarde sería día de estar con papá, pero nunca llegó. Ahora mi hija pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá, y ya no lo podrá abrazar ni decirle, papi, te amo. Cada noche pregunta por él, siempre dormía junto a él, y ahora no lo puede hacer”, relató Rojas entre lágrimas.La muerte de Joan Sebastián ocurrió durante un operativo adelantado por agentes de ICE. De acuerdo con la información entregada por las autoridades estadounidenses, el colombiano no era la persona que buscaban los oficiales cuando se produjo la intervención. Sin embargo, un agente le disparó y las circunstancias en las que ocurrió el uso de la fuerza son objeto de una investigación que adelantan las autoridades competentes.“Quisiera salir corriendo y que él me dijera, tranquila, mi flaca, acá estoy. Te amo, mi amor. Siempre serás el amor de mi vida hasta que mi corazón deje latir”, concluyó Rojas.
De acuerdo con el Gobierno se han atendido a 13.463 colombianos retornados entre 2025 y lo que va de 2026, como parte de la Ruta de Atención a Connacionales Retornados y de las acciones de acompañamiento desarrolladas en diferentes regiones del país mediante la estrategia “Tu país te recibe, Prosperidad Social te escucha y te acompaña”.A corte del 3 de julio, la mayoría de los deportados que han sido atendidos por el Gobierno con acompañamiento de autoridades nacionales y territoriales han llegado principalmente a Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Meta, Cundinamarca, Risaralda, Tolima y Huila.En alianza con la Defensoría del Pueblo, Migración, Cancillería e ICBF, la directora de Acompañamiento Familiar y Comunitario de Prosperidad Social, Elsa Torralba, ha activado rutas de asistencia.“Hemos organizado en el aeropuerto esta ruta con otras entidades para brindar atención y hoy podemos darles un balance de 170 vuelos de retorno humanitario provenientes de países tales como Estados Unidos, Panamá, Chile, Costa Rica y España”, informó Torralba.Le puede interesar: Venezolanos deportados por Estados Unidos terminaron atrapados bajo los escombrosComo parte de la estrategia, la atención incluye orientación institucional, acompañamiento humanitario y articulación institucional. Asimismo, se ha contado con el apoyo a 170 vuelos de retorno humanitario y el desarrollo de jornadas de atención en zonas de frontera con Venezuela y Ecuador.La entidad afirmó que tiene como propósito central brindar una respuesta humana y cercana a todos aquellos que regresan al territorio nacional, pues aseguran que hay casos en los que llegan indocumentados y sin haber tener acceso a llamadas telefónicas.
Tras la difusión de un video que generó gran indignación y rechazo en todo el país, en el que se ve como una mujer dio a luz en plena calle, a las afueras de la Clínica Crecer, ubicada en el sur de Cartagena, el centro hospitalario se pronunció a través de un comunicado.En la comunicación publicado en sus redes sociales, la clínica señaló que la madre y el bebé “gozan de cabal salud” y que “recibieron desde el momento de su llegada la debida atención”.De igual forma, indicaron que no cuentan con servicio de urgencias, que su horario de atención es de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y que la madre gestaste llegó al centro hospitalario a las 4:12 de la mañana, y que el parto se presentó de manera inmediata y sorpresiva en la puerta de la institución.Le puede interesar: Insólito caso de mujer que se quedó dormida durante el parto: despertó tras el nacimiento de su bebé“Según lo relatado por la paciente, los síntomas del parto iniciaron a las 3:30 de la madrugada, llegaron a las instalaciones del Centro Médico Crecer a las 4:12 de la mañana, dándose el parto de forma sorpresiva e inmediata en la puerta de la institución; a las 4:17 de la madrugada la paciente fue atendida por parte de nuestro personal médico y de enfermería quienes le brindaron la atención necesaria”, detallaron.En la comunicación, la clínica además informó que “reitera” su compromiso con la “atención humanizada” y la “colaboración con las autoridades para el esclarecemiento de los hechos”.No acepto este comunicado: Alcalde Dumek TurbayEntretanto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también se pronunció luego de la respuesta de la clínica, y fue enfático en que no acepta la comunicación, y que espera que el Departamento Distrital de Salud avance en las investigaciones.“Y como lo dije ayer: Legal y éticamente, existen poblaciones vulnerables que gozan de una protección constitucional reforzada, lo que significa que su atención médica bajo ninguna circunstancia se puede negar, suspender o retrasar, incluso en situaciones de crisis, huelgas o problemas administrativos”, escribió.El mandatario dijo que la Clínica Crecer, como IPS privada, deberá responder por lo sucedido, previa investigación que está en curso.“Lo tenemos como política de primer orden en nuestra Red de Atención Primaria de la Ese Cartagena de Indias, y y lo reforzamos constantemente en las visitas aleatorias de control y vigilancia que realizamos en las urgencias, clínicas y hospitales de Cartagena”, agregó el alcalde Turbay.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Vivir o transitar cerca de una construcción siempre implica algunos riesgos. Aunque estos proyectos deben cumplir estrictas medidas de seguridad, factores como fallas estructurales o condiciones climáticas extremas pueden provocar accidentes inesperados que ponen en peligro a trabajadores, vecinos y personas que pasan por el lugar.Precisamente, una situación de este tipo ocurrió en la ciudad de Coquimbo, en Chile, donde una grúa torre de un edificio en construcción se desplomó sobre dos viviendas y varios vehículos. El momento quedó captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.video: grúa torre cayó sobre viviendas y vehículosEl accidente ocurrió en el sector de Sindempart, en la intersección de las calles Carlos Condell e Ignacio Serrano, en la comuna de Coquimbo.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la estructura, conocida como "grúa pluma", pertenecía a un proyecto habitacional desarrollado por la empresa Ingevec.Tras el desplome, la grúa cayó sobre dos viviendas y tres automóviles, además de derribar varios postes del cableado eléctrico. Imágenes muestran la magnitud del impacto y los daños ocasionados en la zona.A pesar de la gravedad del incidente, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad informó que no se registraron personas lesionadas.Investigan qué provocó el desplomeLas causas del accidente aún son materia de investigación. Sin embargo, de manera preliminar, se estima que las intensas ráfagas de viento provocadas por el sistema frontal que afecta esa zona de Chile habrían influido en la caída de la estructura.Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen restringido el paso de vehículos y peatones en el sector para facilitar las labores de emergencia y permitir que las cuadrillas de la empresa responsable retiren la grúa y evalúen los daños.