La Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación por la muerte de la cadete Lina Maritza Zapata, ocurrida el 25 de enero de 2006 al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, al sostener nuevamente que los hechos corresponden a un suicidio y que no existió conducta homicida. La petición fue presentada en una audiencia reservada, a pocos días de que el proceso prescriba.
El fallecimiento de la joven cadete no solo marcó a su familia, sino que se convirtió en uno de los episodios más sensibles dentro del escándalo conocido como la Comunidad del Anillo, una presunta red de prostitución y explotación sexual que habría operado durante años al interior de la Policía Nacional. En ese contexto, la muerte de Lina Zapata fue inicialmente catalogada como un suicidio, tesis con la que el caso fue cerrado. Diez años después, la investigación fue reabierta y reclasificada como homicidio, pero ahora, nuevamente, el ente acusador retoma la hipótesis de una autolesión.
Durante la diligencia, la Fiscalía sustentó su solicitud en la causal tercera de preclusión, correspondiente a la inexistencia del hecho investigado. Según explicó, esta causal procede cuando las pruebas recaudadas demuestran que la conducta delictiva denunciada nunca ocurrió. En este caso, sostuvo el fiscal, no habría existido un homicidio.
Entre los elementos probatorios expuestos, el fiscal afirmó que “Lina Maritza Zapata Gómez el día de los hechos presentaba un episodio depresivo mayor”, y señaló que la causa principal de esa depresión habría sido la ruptura con su novio, a quien llamaba “el Gordo”, así como la negativa de este de acompañarla a la ceremonia de ascenso prevista para el 27 de enero, dos días después de su muerte. También aseguró que la cadete “dejó una nota suicida el día de los hechos cuando estaba en clase de tránsito”.
La Fiscalía insistió en que Lina Zapata se encontraba sola en el alojamiento femenino al momento de los hechos. Según el expediente, “no se encontraba ninguna otra persona, pues Lucumí, el cadete encargado de acompañarla, estaba afuera del alojamiento esperándola”. Añadió que la joven “salió corriendo por su propia voluntad hacia el alojamiento femenino” y que “nadie la obligó ni la condujo por la fuerza”. Sobre el resultado negativo de las pruebas de residuos de disparo, el fiscal sostuvo que se trató de “un falso negativo”.
Para reforzar su tesis, el ente acusador también aludió a un presunto intento de suicidio previo. En audiencia, el fiscal afirmó: “Zapata Gómez, cuatro meses antes, había intentado suicidarse. Señoría, considero que ocurrió una autolesión, una autolesión en este caso por parte de Lina Zapata Gómez (…) los mismos compañeros han mencionado cómo Lina María, esos días después de que llegó de vacaciones, presentaba una depresión permanente, lloraba todos los días”.
La solicitud de preclusión fue rechazada por la representación de las víctimas, que pidió que el caso sea declarado crimen de lesa humanidad para evitar su prescripción y permitir un esclarecimiento integral. El abogado Jesús Vergara, representante de la familia Zapata, recordó que el expediente ya fue cerrado una vez bajo la tesis del suicidio. “Inicialmente se manejó el caso como un suicidio y la Fiscalía procedió a su cierre. Posteriormente, a través de una investigación que aportó la víctima, se determinó que existían algunas inconsistencias”, explicó.
Entre esas inconsistencias, Vergara mencionó irregularidades en los patrones de manchas de sangre, que no coincidirían con la ubicación del cuerpo; la existencia de un sable que aparece en registros fotográficos y en el bosque topográfico, pero que nunca fue sometido a cadena de custodia; y presuntas anomalías con el uniforme que vestía la cadete el día de su muerte.
Para la familia, cerrar nuevamente el caso impediría acudir a instancias internacionales. Según el abogado, existen peritajes que descartan una tendencia suicida en Lina Zapata y antecedentes en los que la propia Fiscalía reconoció que no se logró establecer con certeza que se tratara de un suicidio.
Ahora será el juez quien deba resolver si avala la solicitud de la Fiscalía o si, por el contrario, da trámite a la oposición de las víctimas en un caso que lleva casi 20 años sin una decisión clara o definitiva.
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