Venezuela nos duele, la patria de Bolívar, afronta una de sus más profundas crisis, en materia económica, social, de seguridad y por supuesto, de gobernabilidad, que ha incidido fuertemente en nuestro país.
El manejo de esta tragedia humanitaria, una de las más grandes del hemisferio occidental cuando hablamos de aquellas que han trascendido fronteras nacionales, es sin duda uno de los retos más grandes que tiene no solamente el gobierno del presidente Santos, al que le quedan seis meses, sino también será uno de los primeros líos que tendrá que entrar a atender el presidente que tome posesión el próximo siete de agosto.
Mientras en República Dominicana, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición intentan infructuosamente un acuerdo para tener elecciones presidenciales libres y democráticas, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, avanza en su gira por Latinoamérica, metiendo presión al Gobierno de Caracas e intentando unir voluntades de países como Colombia para seguir aislando la dictadura que se entronizó en el Palacio de Miraflores.
Tillerson en Bogotá reveló que su país evalúa entregar a Colombia recursos para atender a los cerca de un millón de venezolanos que han llegado en los últimos meses, mientras que el presidente Santos dio a entender que el subcontinente se abstendrá de reconocer una eventual reelección de Nicolás Maduro.
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En el entretanto se conocen medidas de Colombia para afrontar la crisis, como la resolución conocida en primicia por Blu Radio que permitirá la expedición de más permisos especiales de permanencia para los venezolanos que estuvieran en nuestro país hasta el pasado dos de febrero.
Mientras estas decisiones se adoptan, hay realidades inocultables que también comienzan a causar problemas: el fiscal general Néstor Humberto Martínez le envió una carta a la canciller María Angela Holguín en la que revela que en el último año han sido detenidos cerca de dos mil venezolanos, 1869 exactamente, cometiendo delitos en Colombia.
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El fiscal alerta que esta situación es creciente, siendo el delito más cometido el de hurto, seguido el de tráfico de estupefacientes y advierte que hay dificultades para su judicialización por los líos en identificación y por la falta de suficiente personal de Migración Colombia para hacer proceso de deportación expeditos.
Concluye el fiscal advirtiendo que es inaplazable adoptar políticas de prevención para evitar que los inmigrantes apelen al delito como una alternativa de vida.
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