Las personas que están detenidas, pero que no tienen perdida de derechos políticos, están autorizados para votar en las próximas elecciones.
Cuando los jueces de la República imponen penas, en ese momento definen si pierden o no el derecho a votar, decisión que es informada a la Registraduría y por lo tanto estos ciudadanos son retirados del censo electoral.
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Los que están detenidos preventivamente, no están condenados y tienen derechos políticos, puede votar mediante el proceso que adelanta la Registraduría en cada establecimiento carcelario.
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