Sin salida están los hospitales y clínicas de Antioquia, que viven ante una inminente crisis financiera por las deudas de las EPS con toda la red departamental, los retrasos en los pagos, mientras los pacientes padecen dificultades en el acceso a medicamentos, citas médicas, especialistas y procedimientos.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Antioquia, tanto centros asistenciales públicos como privados reportaron que las EPS no les han pagado $16,77 billones, con corte a junio de este año, mientras que ese mismo dato para el año 2022 era de apenas 6.61 billones.
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Por el lado de los hospitales públicos, la situación viene siendo crítica si se tiene en cuenta que hace cuatro años las deudas eran $920.000 millones, frente a 2.5 billones en la actualidad: un aumento del 160%.
"La EPS que más nos adeuda en este momento es Savia Salud, que nos debe casi 700.000 millones Luego le sigue nueva EPS, que nos debe casi 600.000, y después sigue Coosalud, que nos debe alrededor de 300.000 De ahí, pues, vienen otras EPS, como SURA y otras entidades", expuso Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de AESA.
Uno de los casos revisados durante una sesión descentralizada de la Asamblea en Envigado fue el del Hospital Manuel Uribe Ángel, que registra una cartera reportada de $123.133 millones a junio de 2026.
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Por su parte, el diputado Jorge Correa, proponente de esta sesión, aseguró que desde el departamento hay varias propuestas sobre la mesa para que el Gobierno nacional normalice la situación.
"Hemos pedido unos reportes en los municipios y logramos hacer una radiografía de lo que fueron los equipos básicos de salud durante el anterior gobierno. Nos preocupa mucho en Antioquia que los costos a los hospitales de los de los municipios con menos de 6.000 habitantes no da con lo que le paga las EPS por el servicio de cada usuario", expuso.
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Esta situación hace parte de un panorama departamental en el que también se evidencian incrementos de cartera en hospitales del Valle de Aburrá y en otras subregiones de Antioquia, lo que según expusieron diputados y líderes del sector, representa una presión creciente sobre la liquidez, la capacidad de respuesta y la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas.