Bonos, descuentos en tiquetes aéreos y paquetes turísticos eran los ofrecimientos con los que una presunta red delincuencial captaba víctimas en centros comerciales de Medellín. La Fiscalía General de la Nación informó que el entramado habría dejado más de 1.000 afectados y ganancias ilícitas superiores a los 14.000 millones de pesos.
Según la investigación, los implicados atraían a los ciudadanos con supuestos beneficios turísticos y, una vez en sus oficinas, les solicitaban documentos de identidad, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el argumento de verificar las promociones. Sin embargo, estos elementos habrían sido utilizados para abrir productos financieros y realizar transacciones fraudulentas a nombre de las víctimas.
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Entre los afectados había principalmente adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas. Cuando no tenían consigo los documentos o las tarjetas, los presuntos responsables los acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos.
Además, de acuerdo con la Fiscalía, a algunas víctimas les impedían leer los contratos que firmaban, aprovechándose de sus limitaciones visuales o de la confianza que generaban mediante las ofertas comerciales. Los recursos obtenidos terminaban en cuentas controladas por la organización, que operaba a través de empresas con diferentes razones sociales.
Por estos hechos fueron identificados Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.
Una fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado. Esto dijo la fiscal del caso durante las audiencias:
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"Se acercó una joven que le manifestó que sus abuelos los intentaron estafar con un supuesto bono. Como ellos no llevaban las cédulas, uno de los empleados los llevó hasta la residencia para que las sacaran. Fueron llevados nuevamente al local y no dejaron ingresar ningún familiar que los acompañara", indicó.
Los seis procesados no aceptaron los cargos. Cinco fueron enviados a centros carcelarios, mientras que Miguel Ángel Manrique Villa deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.