Bajo la lupa de la Procuraduría la contratación del PAE en el municipio de Frontino. La actual alcaldesa enfrenta cargos por la presunta suscripción irregular de contratos por más de 480 millones de pesos.
Diez contratos para la entrega de alimentos a los estudiantes de Frontino, en el Occidente antioqueño, quedaron bajo la lupa de la justicia disciplinaria. En 2024, la administración municipal firmó diez procesos de contratación pequeña por un valor total que supera los 480 millones de pesos, todos con el mismo objetivo: suministrar la comida del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Por estas maniobras, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos a la actual alcaldesa del municipio, Luz Gabriela Rivera Cano.
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Según el informe, la Alcaldía habría fraccionado de manera artificial un solo gran contrato en diez partes más pequeñas. La hipótesis de los investigadores apunta a que esta división se hizo con la intención de contratar de forma directa por mínima cuantía y así evitar una licitación pública o un proceso de selección más exigente y transparente, lo que habría violado las normas de la contratación estatal y la protección de los derechos de la infancia.
Dentro de las pesquisas, la Procuraduría investiga también por qué el suministro de los refrigerios y almuerzos escolares se suspendió durante dos periodos del año pasado: del 11 al 15 de febrero y del 15 al 19 de julio de 2024. Por estos mismos hechos, el pliego de cargos salpicó al entonces secretario de Educación de Frontino, Héctor Fabián Suárez Moreno, a quien se le atribuye una presunta falta de supervisión y control sobre la entrega de estos alimentos.
De manera preliminar, el organismo de control calificó la conducta atribuida a la mandataria local como una falta gravísima cometida a título de dolo, mientras que la del exsecretario de Educación fue calificada como grave, mientras avanzan las etapas del proceso disciplinario para determinar las posibles sanciones.