La Contraloría de Bogotá declaró responsable fiscal, en primera instancia, a la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., concesionaria encargada de la operación de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín, por un detrimento patrimonial superior a los $7.512 millones derivado de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La decisión quedó consignada en el fallo No. 06 del 12 de mayo de 2026, dentro del proceso adelantado por el organismo de control por posibles inconsistencias en la ejecución del contrato de concesión 415 de 2021, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el operador privado.
De acuerdo con la investigación, el concesionario habría incumplido las obligaciones relacionadas con el recaudo, manejo y centralización de los recursos obtenidos por servicios funerarios prestados en los cementerios distritales, lo que derivó en un daño patrimonial calculado en $7.512.777.525.
La Contraloría determinó que parte de esos recursos públicos fueron administrados a través de cuentas bancarias no autorizadas y mediante recaudos en efectivo que, presuntamente, no ingresaron a las cuentas fiduciarias establecidas contractualmente para garantizar el control y la transparencia de los dineros.
Uno de los hallazgos del proceso indica que el 37,57 % del recaudo total de la concesión se realizó directamente en efectivo en las ventanillas de los cementerios, sin que esos recursos fueran trasladados posteriormente a las cuentas oficiales definidas para su administración.
Según explicó Daniel Camilo Castilla, director de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá, el fallo busca proteger los recursos públicos de la ciudad y reforzar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de quienes administran bienes y servicios distritales.
Publicidad
“La administración de recursos públicos exige total transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales”, señaló el funcionario al referirse a la decisión tomada por el ente de control.
Además del fallo con responsabilidad fiscal, la Contraloría ordenó compulsar copias a la Fiscalía General para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determine si existen eventuales responsabilidades penales derivadas de los hechos identificados durante el proceso.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.