El excanciller Álvaro Leyva publicó una nueva carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que lanzó fuertes cuestionamientos sobre el proceso de empalme, acusándolo de construir un supuesto relato de fraude electoral, obstaculizar el empalme con el gobierno entrante y utilizar las facultades para realizar nuevos nombramientos en la Cancillería para favorecer a personas cercanas a su administración.En el documento, Leyva aseguró que no esperaba volver a dirigirse públicamente al mandatario, pero sostuvo que las circunstancias lo obligaron a hacerlo. “Después de haberle dirigido a usted tres cartas ampliamente divulgadas, no pensé que tendría que volver a recurrir a este medio para expresar lo que a continuación le expongo”, escribió. Además, afirmó que durante su paso por la Cancillería conoció situaciones que, en su criterio, afectaban la dignidad del cargo presidencial y la imagen internacional del país.El exministro reiteró que, desde meses atrás, advirtió que el presidente estaría construyendo “un relato de una supuesta manipulación electoral” con el propósito, según él, de desconocer unos resultados que le serían desfavorables. “Abelardo De La Espriella será el próximo presidente y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”, recordó sobre una comunicación anterior, para luego afirmar que, aunque Petro reconoce públicamente el resultado electoral, “de dientes para afuera acepta que De La Espriella ganó las elecciones, pero entorpece el proceso de empalme”. Añadió que el mandatario estaría aprovechando el final de su administración para “insertar en la burocracia nacional gente enemiga del nuevo gobierno”, situación que calificó como “Petro en estado puro”.Uno de los principales cuestionamientos de Leyva se dirigió a los recientes nombramientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según indicó, el pasado 25 de junio se realizaron al menos 139 designaciones y sostuvo que “la mayoría de los nombramientos corresponde a fichas suyas. Un verdadero escándalo”. Si bien reconoció que la carrera diplomática tiene reglas propias de rotación, aseguró que el argumento de gobernar hasta el último día no puede justificar decisiones que, a su juicio, comprometen la transición.En la carta, el excanciller afirmó que una transición presidencial debe estar sustentada en la “lealtad democrática y, sobre todo, control constitucional”. En ese sentido, manifestó que “la legitimidad moral, política y constitucional recae en el nuevo presidente”, y cuestionó que el Gobierno continúe utilizando sus competencias de nominación. También sostuvo que, aunque formalmente la Cancillería conserva esas atribuciones, “la manera en que las está usando, por orden suya, es inconstitucional”, al considerar que ello afecta el mandato otorgado por los ciudadanos al presidente electo.Leyva también advirtió sobre eventuales repercusiones internacionales derivadas de esas decisiones. En su comunicación afirmó que los Estados receptores aceptan representantes diplomáticos bajo el entendido de que responden a los intereses del Estado colombiano y no a “artimañas opacas de un presidente desprestigiado en retirada”. Asimismo, lanzó nuevas críticas personales contra el mandatario al señalar: “Qué vergüenza: usted sigue empeñado en afectar la imagen internacional del país”, y agregó que remitirá copias de la carta “al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a mandatarios de múltiples países y a algunos congresistas americanos amigos”.El excanciller hizo un llamado a distintos organismos para que intervengan frente a lo que considera actuaciones irregulares del Gobierno saliente. “Por lo anterior, me permito informarle que de esta carta estoy remitiendo copias al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a mandatarios de múltiples países con quienes tengo las mejores relaciones personales y a algunos congresistas americanos amigos, que desde hace rato toman nota de sus jugarretas dolosas y sus desmanes al frente del poder. Todos sabrán que, una vez más, usted busca atentar contra el mandato popular del nuevo presidente, afectando con ello la democracia”.También solicitó a la Procuraduría ejercer funciones preventivas, a la Contraloría vigilar el uso de recursos públicos por las primas de instalación derivadas de los nombramientos diplomáticos y a la Fiscalía evaluar si el ejercicio de las facultades de nominación “podría ser constitutivo de delitos”. Asimismo, convocó a la comunidad internacional y a los ciudadanos a defender, mediante mecanismos judiciales, “el derecho al sufragio, la elección y sus efectos”. La carta concluye con un mensaje directo al jefe de Estado: “El presidente de Colombia se llama Abelardo De La Espriella. Así que haga las maletas, de pronto incluso para un largo viaje. Y absténgase de seguirle haciendo daño al país”.
En diciembre de 2025 la Fiscalía imputó cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción, al haber declarado desierta en 2023 la licitación para la fabricación de pasaportes por unos $600.000 millones, a pesar de que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y había cumplido con los requisitos para ganarse la adjudicación.Ante el despacho de la magistrada Blanca Barreto de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, el ente investigador acusó formalmente al excanciller Leyva. Además, el alto tribunal reconoció como presunta víctima a la Cancillería por este sonado caso.Blu Radio conoció el escrito de acusación de la Fiscalía que señala que luego de surtirse las etapas del proceso contractual, el Comité Evaluador concluyó que la propuesta de la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con los requisitos exigidos y obtuvo el mayor puntaje, por lo que recomendó su adjudicación. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Álvaro Leyva expidió la Resolución 7485, mediante la cual declaró desierta la licitación pese a la existencia de un oferente habilitado.Para la Fiscalía, los argumentos del entonces ministro, relacionados con una presunta afectación de los principios de libre concurrencia e igualdad, no constituían un fundamento legal suficiente para frenar la adjudicación del contrato.Lo que sigue es que la Corte Suprema de Justicia deberá programar la audiencia preparatoria de juicio en contra de Álvaro Leyva, por estos mismos hechos la Procuraduría lo inhabilitó por 10 años para el ejercicio de cargos públicos.
La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al excanciller Álvaro Leyva por presunto prevaricato en la licitación de pasaportes, un polémico proceso que llevó a su salida del cargo en enero de 2024 y también condujo a la renuncia de la excanciller Laura Sarabia.Según la Fiscalía, Leyva expidió actos administrativos presuntamente contrarios a la ley al declarar desierta en 2023 la licitación para fabricar y expedir pasaportes, pese a que la unión temporal encabezada por la empresa privada Thomas Greg & Sons obtuvo el mayor puntaje y cumplía con los requisitos exigidos.El proceso buscaba adjudicar un contrato que esa misma empresa venía ejecutando desde hacía 17 años y al que se presentó como único oferente.A través de un comunicado, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán emitió un comunicado en el que no solo defiende su gestión en el polémico caso de la licitación de pasaportes, sino que escala sus acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien señala de liderar una "persecución atroz" como represalia por sus denuncias sobre presuntos vínculos del mandatario con el narcotráfico. Defensa jurídica ante la acusación de prevaricatoLa Fiscalía acusa formalmente a Leyva de prevaricato por haber declarado desierta la licitación de pasaportes. Según el ente acusador, el exministro actuó con dolo; sin embargo, Leyva sostiene que su decisión se basó en que el proceso estaba fundamentado en un “pliego sastre” que favorecía a un proponente específico.En su defensa, afirma que simplemente cumplió con la obligación de aplicar la Constitución para garantizar la igualdad en la contratación pública. "Si se acepta esa tesis, el funcionario que declare desierta una licitación porque encuentra un pliego de condiciones inconstitucional o ilegal, se debe ir preso", advirtió, calificando la situación como el "mundo al revés".El exfuncionario confirmó que enfrentará el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, donde espera demostrar su inocencia con documentos oficiales.Señalamientos contra la gestión de Luis Gilberto MurilloLeyva dirigió sus críticas hacia su sucesor, Luis Gilberto Murillo, a quien acusa de haber suspendido una licitación "nueva, limpia y legal" que él habría dejado en marcha.Según el comunicado, Murillo justificó una urgencia manifiesta innecesaria para realizar contrataciones a dedo que resultaron en un sobreprecio de casi 30 mil millones de pesos.Adicionalmente, denunció la contratación de un software por más de 10 mil millones de pesos adicionales que se habría "embolatado".Para Leyva, estas maniobras turbias y sin control son la verdadera causa de la debacle actual en el sistema de pasaportes, situación de la que, según afirma, Petro estaba advertido.Duras descalificaciones personales al presidente PetroEl comunicado contiene ataques directos y personales contra la integridad del presidente Petro, a quien Leyva describe como un "ser infame" y el "jefe de la mafia" que tiene sumida a Colombia en la oscuridad. El exministro relata que, tras asumir la Cancillería con esperanza de cambio, conoció una supuesta vida de "vicio y decadencia" del mandatario.Entre sus señalamientos más graves, menciona que Petro habría sido cliente de una red de trata de blancas en Lisboa durante una visita de Estado y que suele aparecer en plazas públicas bajo los efectos del alcohol y las drogas.Asimismo, sostiene que el presidente utiliza una retórica de odio para dividir a la sociedad mientras las autoridades de los Estados Unidos investigan sus presuntos nexos con narcos.Finalmente, Leyva vinculó su situación judicial con el panorama político nacional, advirtiendo que el Gobierno intenta interceptar ilegalmente a candidatos de la oposición de cara a los próximos comicios. Comparó la situación de Colombia con el reciente proceso electoral en Chile y acusó a la administración de pretender sembrar dudas sobre los futuros escrutinios. Este es el comunicado:
Fue en diciembre de 2025 cuando el ente acusador imputó cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción, al haber declarado desierta en 2023 la licitación para la fabricación de pasaportes por unos $600.000 millones, a pesar de que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y había cumplido con los requisitos para ganarse la adjudicación.De acuerdo con la Fiscalía, Leyva sería responsable de haber proferido actos administrativos presuntamente contrarios al ordenamiento jurídico, en el marco de un proceso de licitación pública adelantado durante su gestión al frente de la Cancillería.Todo comenzó cuando, a mediados de septiembre de 2023, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, decidió declarar desierta la licitación de pasaportes de casi $600.000 millones que, desde un principio, favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons, que tenía ese contrato. Tras una fallida conciliación, la compañía demandó al Estado por $117.000 millones.Por estos mismos hechos, Leyva fue suspendido e inhabilitado por 10 años para el ejercicio de cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación, en un juicio disciplinario marcado por la polémica.La audiencia de formulación de acusación contra el exministro de Relaciones Exteriores será el próximo jueves 23 de abril a las 3:00 p. m., y las diligencias las adelantará la magistrada de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Barreto.
Un nuevo capítulo del caso de la licitación de pasaportes se desarrolló ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción. El exfuncionario no aceptó los cargos. La audiencia estuvo a cargo de la fiscal Sandra Helena Portillo, quien expuso los argumentos con los que el ente acusador sostiene que presuntamente Leyva habría actuado de manera contraria a la ley durante el proceso contractual adelantado en 2023 para la fabricación y expedición de las libretas de pasaporte.Según la Fiscalía, Leyva habría desconocido los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación 001-2023, cuyo valor ascendía a cerca de 600.000 millones de pesos. La fiscal Portillo afirmó que la decisión del entonces canciller careció de fundamento legal, pues el único oferente habilitado, Thomas Greg and Sons, cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros. Para el ente acusador, la resolución mediante la cual se declaró desierto el proceso fue “a juicio de la Fiscalía, es manifiestamente contraria a derecho, en la medida que, primero, vulneró de manera abierta, caprichosa e irrelevante lo dispuesto en el artículo 25, número 18 de la Ley 80-93, en relación con los principios de economía y selección objetiva”.Durante la imputación, la representante de la Fiscalía sostuvo que la actuación del exministro configuró un abuso del cargo y una desviación de poder, pues reasumió la dirección del proceso contractual únicamente para impedir la adjudicación al proponente habilitado. Portillo señaló que Leyva no hizo uso de sus facultades para modificar o revocar el proceso en las etapas iniciales, ni planteó reparos en reuniones con entidades de control, sino que intervino cuando el proceso ya había sido evaluado y solo restaba adjudicar.La Fiscalía también argumentó que no existía ninguna causa objetiva que justificara declarar desierta la licitación, ya que la normativa únicamente lo permite cuando ninguna propuesta cumple los requisitos, cuando no se presentan oferentes o cuando existe un impedimento objetivo para seleccionar al contratista, condiciones que, según el ente acusador, no se presentaban en este caso. La decisión de Leyva, insistió la fiscal, se basó en apreciaciones subjetivas relacionadas con supuestas irregularidades en beneficio de la firma Thomas Greg & Sons, contratista del servicio por 17 años, pero que no habían sido advertidas ni documentadas durante el proceso.La defensa del exministro, a cargo del abogado Roberto Badel, rechazó la calificación de la Fiscalía y aseguró que Leyva actuó dentro del marco legal. Según Badel, la decisión de declarar desierta la licitación buscaba garantizar la pluralidad de oferentes y asegurar un proceso de selección más competitivo. Señaló que el juicio deberá centrarse en la interpretación de las normas y en determinar si el exministro aplicó de manera correcta los principios que rigen la contratación estatal. Agregó que “lo que se busca es mirar dos aspectos fundamentales, no fue grosero, no fue grotesco, no fue arbitrario y mucho menos si ustedes se dan cuenta no hay un solo hecho de corrupción que se pueda llevar a inferir ese capricho abiertamente expresado como lo infiere la Fiscalía”.
La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción al haber declarado desierta en 2023 la licitación para la fabricación de pasaportes, por unos $600.000 millones a pesar de que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y había cumplido con los requisitos para ganarse la adjudicación.De acuerdo con el ente acusador, Leyva sería responsable de haber proferido actos administrativos presuntamente contrarios al ordenamiento jurídico, en el marco de un proceso de licitación pública adelantado durante su gestión al frente de la CancillerTodo inició cuando a mediados de septiembre del 2023, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, decidió declarar desierta la licitación de pasaportes de casi $600.000 millones que desde un principio favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons, la empresa que tenía ese contrato. Tras una fallida conciliación, Thomas demandó al Estado por $117.000 millones.Por estos mismos hechos Leyva fue suspendido e inhabilitado por 10 años para el ejercicio de cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación en un juicio disciplinario marcado por la polémica.La audiencia se realizará en la fecha que fije el Tribunal Superior de Bogotá tras la radicación por parte de la Fiscalía.
El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán envió una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que confirma haber presentado una denuncia en Estados Unidos contra el mandatario colombiano, a raíz de un discurso pronunciado en Nueva York tras su intervención en la Asamblea General de la ONU.En la misiva, Leyva afirma haber dirigido una denuncia el presidente ante Pamela Bondi, fiscal general de los Estados Unidos. Según el texto, el documento fue presentado el pasado 25 de septiembre.El exministro explica que pidió a la funcionaria del Departamento de Justicia de EE. UU. investigar “la intención y consecuencias de la arenga a voz en grito, megáfono en mano, pronunciada por usted en plena calle de la ciudad de Nueva York”, después de haber abandonado los predios de Naciones Unidas.Leyva asegura que el presidente colombiano, “plenamente consciente de que lo que estaba por hacer era impropio de su condición de Jefe de Estado extranjero”, se dirigió “a una multitud callejera, megáfono en mano y a voz en cuello, con el propósito de solicitarle a las fuerzas armadas de los Estados Unidos que desatendieran las órdenes del Presidente Donald J. Trump, su Comandante en Jefe”.En la carta se cita literalmente lo que habría dicho Petro: “Desobedezcan al Presidente Trump y obedezcan a la humanidad”.¿Por cuáles delitos denunció Leyva a Petro?El denunciante señala que esa actuación “constituye una conducta delictual subsumida por normas locales” y menciona tres disposiciones del derecho estadounidense que, según él, podrían haber sido vulneradas:Incitación al motín o a la sedición (Título 18 U.S. Código § 2387).Abogar por o proponer el derrocamiento del Gobierno (Título 18 U.S. Código § 2385).Intentar sublevar a las Fuerzas Armadas (Código Uniforme de Justicia Militar, artículos 94 y 134).Leyva sostiene que los hechos “fueron registrados por el propio Presidente Trump, por el Departamento de Estado Americano y otras autoridades locales y por medios de comunicación de los más variados países”, citando enlaces de The New York Times, The Washington Post, Le Figaro, China Daily y El País.“El señor Petro ha pretendido llamar la atención del mundo entero a expensas del Presidente Donald J. Trump”, se lee en la denuncia. El exministro también pide que se establezca si la conducta del mandatario colombiano “tipifica antijuridicidades recogidas en normativas o leyes federales de su país”.En la carta, Leyva señala que el objetivo de su petición está “enraizado en la necesidad de la paz, de la correcta aplicación de la ley, y del necesario mantenimiento de normales y tranquilas relaciones diplomáticas que deben esperarse entre Colombia y los Estados Unidos de América”.
El excanciller Álvaro Leyva denunció formalmente ante la Fiscalía General de los Estados Unidos al presidente Gustavo Petro por su presunta participación en un entramado de delitos que, según destaca, fueron fabricados con base en grabaciones manipuladas.En el documento radicado el 25 de septiembre de 2025 en Washington, Leyva señala que tanto Petro como terceros habrían orquestado un “entrampamiento” con la difusión de un audio alterado que lo vinculaba con supuestos planes de golpe de Estado en complicidad con el expresidente Donald Trump. “Se concluyó que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente para ser difundido con sentido totalmente acomodado”, afirma el excanciller, quien asegura contar con peritajes forenses bajo cadena de custodia.La acusación adquiere relevancia en territorio estadounidense debido a que una de las mencionadas en el expediente es Dorotea Leyva, hermana del excanciller y ciudadana norteamericana. “El daño causado a mi hermana Dorotea Leyva, americana de nacimiento, residenciada en la ciudad de Nueva York, requiere de todos los alcances investigativos y sancionatorios que permitan la aplicación de normas americanas”, advierte Leyva.El excanciller le solicita a la justicia de Estados Unidos aplicar figuras como conspiración para defraudar al Gobierno, declaraciones falsas, conspiración contra los derechos y complicidad. Además, recuerda que la Corte Suprema estadounidense ha establecido que periodistas también deben aportar información en investigaciones criminales.El exministro desmintió, además, haber estado en Estados Unidos en las fechas que se le atribuyen contactos políticos, asegurando que su último viaje fue entre el 3 y el 11 de enero de 2025, y que no ha vuelto desde entonces. “Es absolutamente imposible mi presencia en el tiempo, modo y lugar indicado. No he regresado a Nueva York desde 2023”, enfatizó.Leyva responsabiliza directamente a Petro de usar discursos públicos y filtraciones mediáticas para vincularlo falsamente en un complot. “La corrompida intención del presidente Gustavo Petro fue la de fabricar una conspiración para señalarme, involucrando además a congresistas estadounidenses y a mi propia familia”, se lee en el texto.La denuncia ahora queda en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que deberá decidir si abre o no un proceso formal de investigación contra el mandatario colombiano.
En medio de la controversia que ha generado el nombramiento de exparamilitares como gestores de paz, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó en entrevista con Mañanas Blu los alcances de esta medida y la intención del Gobierno en el marco de la política de “paz total”.El funcionario recalcó que el objetivo principal no es otorgar beneficios judiciales, sino rescatar la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto armado, con miras a fortalecer el tejido social y garantizar procesos de reparación a las víctimas.“Lo importante sería buscar la verdad de lo que realmente sucedió y quiénes estuvieron de verdad. Es importante sobre todo para las víctimas, que también claman una explicación”, sostuvo Benedetti.Exparamilitares y el rol de gestores de pazDe acuerdo con el ministro, algunos de los exjefes ya cumplen funciones como gestores de paz y se busca ampliar su participación en espacios de diálogo con estructuras criminales que surgieron o se fortalecieron tras la desmovilización de las AUC.“Básicamente lo que se quiere es que ellos ayuden a reestructurar lo que es el tejido social que quebrantaron, que ayuden a hacer estrategias y estén en los diálogos sociales con las nuevas estructuras criminales”, afirmó.El funcionario enfatizó que esta figura no implica ningún tipo de liberación ni cambio en la situación jurídica de los postulados. “Siguen presos, siguen dentro del sistema judicial. No es para liberarlos ni nada menos”, aclaró.Una deuda pendiente con la verdadEn el diálogo con Néstor Morales, el ministro recordó que la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, no cumplió con las expectativas de verdad plena que esperaban tanto el Estado como las víctimas.“No han contado ni el 5 % de la verdad”, aseguró Benedetti al referirse a las declaraciones entregadas por exjefes como Salvatore Mancuso en más de quince años de procesos judiciales.Para el jefe de la cartera política, el nuevo escenario busca cerrar ese vacío y abrir un espacio donde se evidencien los vínculos, cómplices y responsables dentro del establecimiento que hicieron parte del engranaje paramilitar.Estrategias de paz y tejido socialEl ministro subrayó que lo que se espera de este proceso va más allá de audiencias judiciales. Se trata de una estrategia integral enmarcada en la política de paz total del Gobierno.“Yo me imagino más que una verdad judicial, restituir el tejido que ellos quebrantaron y rompieron. Ellos saben cómo hacer una estrategia y hablar con varias estructuras criminales para una paz total o, por lo menos, el comienzo de varias negociaciones”, explicó.En ese sentido, el Ministerio del Interior insiste en que los gestores de paz pueden contribuir con información clave sobre dinámicas criminales actuales y ayudar a prevenir que el ciclo de violencia se repita.Coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la PazConsultado sobre la postura del comisionado de paz, Oti Patiño, Benedetti aseguró que existe coordinación plena, pese a las diferencias que en el pasado se hicieron públicas entre los exparamilitares y el alto funcionario.“Para haber hecho todo lo que está pasando, yo tuve que haber hablado con él. Sin el concurso de él, nada de esto podría ser”, indicó.Aunque evitó calificar el proceso como una “negociación”, el ministro insistió en que se trata de un esfuerzo por esclarecer la verdad histórica y responder a las exigencias de las víctimas.
El excanciller Álvaro Leyva informó este viernes que, tras un peritaje forense, logró determinar la falsedad del audio revelado por El País en el que se le escuchaba hablar de un presunto plan para sacar al presidente Gustavo Petro del cargo.“Se logró determinar que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente. Así –se subraya-, lejos de ser el originalmente grabado. El archivo se acomodó al antojo para ser difundido con sentido totalmente acomodado. Ruidos incluidos”, aseveró Leyva.Y es que en la última semana de junio pasado, El País de España compartió una grabación en la que se escuchaba parte de una conversación en la que se escuchó a Leyva supuestamente hablar sobre estrategias para buscar apoyos en el ámbito nacional e internacional para sacar a Petro del cargo; incluso la vicepresidenta Francia Márquez fue nombrada.Sin embargo, en el trino de este viernes Leyva insiste en que dicho peritaje se adelantó apoyándose con diferentes herramientas forenses y bajo la supervisión de perito acreditado por la Policía Nacional y otras entidades.Para Leyva, esto es un posible intento de conspiración en su contra y de otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.En el momento que se conocieron los audios, Leyva dio varias entrevistas y testimonios ante las autoridades, alegando que se había tratado de una conversación privada e íntima y que expresiones como “sacar a ese tipo”, no eran relevantes.
Para muchos colombianos, acceder a un vehículo eléctrico puede representar un ahorro en el gasto de combustible. Sin embargo, durante mucho tiempo se consideró que el costo del seguro era más alto, lo que podía convertirse en un factor al momento de comprar estos vehículos.Ante ello, un estudio reveló que la diferencia en el valor de los seguros podría ser nula. Así lo señala Seguro Canguro, que analizó 220.552 cotizaciones realizadas entre enero de 2025 y septiembre de 2026 con 13 aseguradoras que ofrecen pólizas todo riesgo.De acuerdo con el análisis, los vehículos eléctricos pasaron de representar menos del 1 % de las cotizaciones en enero de 2025 a cerca del 6 % en 2026. Entre los vehículos nuevos, además, ya representan uno de cada tres carros cotizados en la plataforma.El Tesla Model Y fue el carro nuevo más cotizado para asegurar durante 2026, con 1.308 cotizaciones de vehículos cero kilómetros.¿Cuánto cuesta asegurar un carro eléctrico en Colombia?Según el estudio, el valor de la póliza depende principalmente del precio del vehículo y, al comparar carros de valores similares, los eléctricos no resultan más costosos de asegurar que los de gasolina.Para vehículos entre $90 y $120 millones, la oferta todo riesgo más económica representa el 2,07 % del valor del eléctrico, frente al 2,13 % para uno de gasolina. En carros entre $160 y $220 millones, las tasas son de 1,69 % y 1,92 %, respectivamente.La prima típica para un eléctrico parte de $2.359.060 al año. El Tesla Model Y puede asegurarse desde $2.343.700 anuales, mientras que el BYD Yuan Up parte de $2.273.545 y el MG S5, desde $1.741.764.¿Qué cambia al asegurar un Tesla o cualquier carro eléctrico?La principal diferencia está en la cantidad de aseguradoras que ofrecen cobertura. Mientras un carro de gasolina recibe ofertas de 10 aseguradoras en promedio, un eléctrico recibe ocho. Sura, Allianz y AXA Colpatria cotizan eléctricos en más del 80 % de los casos, según el estudio.La batería queda cubierta cuando el daño ocurre por un accidente, pero no ante una falla por sí sola. El cargador doméstico requiere ser declarado como accesorio para tener cobertura y la asistencia contempla grúa hasta la estación de carga más cercana.
Un hecho violento registrado en las últimas horas mantiene la atención de las autoridades en el municipio de Bolívar, Cauca, luego de que un integrante de la Policía Nacional fuera encontrado sin vida en una zona rural de esta localidad. La víctima fue identificada como Álvaro José Medina Peña, teniente y subcomandante de la estación de Policía de Bolívar. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el uniformado se movilizaba en un bus de servicio público con destino a El Bordo, donde tenía previsto apoyar labores relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad.De manera preliminar, se estableció que durante el recorrido el oficial habría sido obligado a descender del vehículo. Posteriormente, fue encontrado muerto en una zona rural del municipio. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes estarían detrás del homicidio. Entre las hipótesis que se analizan está la posible participación de un grupo armado que tiene presencia en esta zona del departamento. En el sector también se ha reportado presencia del ELN.Álvaro José Medina Peña cumplía funciones como subcomandante de la estación de Policía de Bolívar. Su muerte es materia de investigación y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles a medida que avancen las labores de recolección de información y esclarecimiento del caso.
La violencia volvió a golpear al liderazgo comunitario en Santander. Esneider Zambrano, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Sierra, en Puerto Parra, fue asesinado con arma de fuego, en un hecho que es investigado por las autoridades.El homicidio fue confirmado por la Alcaldía de Puerto Parra, que rechazó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y habitantes de las veredas La Sierra y Las Montoyas.La Administración Municipal destacó el papel que desempeñaba Zambrano como representante de la comunidad y pidió a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y lograr su judicialización.Esneider Zambrano tenía reconocimiento en Puerto Parra por su liderazgo en la vereda La Sierra. En marzo de 2025, durante la presentación de un proyecto de recuperación de humedales en esta zona del departamento, la Gobernación de Santander lo identificó como presidente de la JAC.En ese momento, Zambrano destacó que las obras permitían generar empleo para más de 25 familias de la zona y contribuían a mejorar las condiciones de los cuerpos de agua de la región.Su asesinato deja nuevamente en el centro la situación de seguridad de quienes ejercen labores de liderazgo comunitario en el Magdalena Medio santandereano.Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente quién estuvo detrás del asesinato ni se han reportado capturas relacionadas con el caso. Tampoco se ha confirmado oficialmente que el homicidio haya sido cometido debido a su condición de líder comunal.La investigación busca determinar las circunstancias del ataque, establecer los responsables y determinar el móvil del crimen.El asesinato de Zambrano ocurre pocos días después del homicidio de Rafael Julián Rodríguez Quiroz, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, quien fue atacado con arma de fuego el pasado 22 de septiembre. Por este caso, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones.Con el crimen de Esneider Zambrano, Puerto Parra vuelve a estar en el centro de la preocupación por la seguridad de los líderes comunitarios, mientras sus familiares y la comunidad de La Sierra esperan que las autoridades esclarezcan el homicidio.
La violencia continúa generando preocupación en el municipio de Andes, luego de que dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en zona rural, elevando a 40 el número de muertes violentas registradas durante 2026.Los hechos más recientes ocurrieron en la vereda Guaymaral, aproximadamente a 15 minutos del casco urbano, cuando fueron identificados José Julián López Fernández y Juan Fernando Ruiz Ochoa, asesinados por desconocidos.Las autoridades realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios, determinar los móviles e identificar a los responsables.Una de las líneas de investigación apunta a grupos armados que tienen presencia en esta zona del departamento, por lo que las autoridades buscan establecer si los homicidios estarían relacionados con disputas por rentas o el territorio.Además, hay que mencionar que el doble asesinato ocurre en medio de una escalada violenta en Andes, ya que en menos de 48 horas se reportaron tres homicidios en el municipio.A la fecha, el Suroeste antioqueño ya supera las 220 muertes violentas en lo corrido del año y, de momento, las investigaciones continúan para esclarecer los recientes homicidios y determinar si existe una conexión entre los diferentes hechos violentos.
El incendio forestal que durante varios días mantuvo en vilo a Villa de Leyva y a otros sectores de Boyacá entra en una nueva etapa. Aunque las labores se han concentrado en controlar los últimos focos, el desafío ahora será recuperar los ecosistemas afectados y prepararse para posibles reactivaciones, luego de una emergencia que movilizó a cientos de personas y aeronaves.En entrevista con En Blu Jeans, Felipe Vergara Loboguerrero, ingeniero y habitante del municipio, aseguró que según los reportes conocidos por la comunidad el incendio alcanzaba un nivel de control cercano al 98 %, pero advirtió que la recuperación apenas comienza. El residente señaló que la afectación superaría las 1.000 hectáreas y que la restauración del territorio necesitará trabajo prolongado y recursos.La recuperación podría tomar entre 10 y 20 añosPara Vergara, el principal desafío no es apagar las llamas que son visibles, sino que los pequeños focos que permanecen en el terreno pueden requerir vigilancia y atención especializada, mientras comienza un proceso ambiental mucho más largo.“Al parecer, y según los reportes de las autoridades, el incendio está controlado en un 98 %. Sin embargo, los expertos, los que están en la tierra, los que cuidan el campo y la montaña, nos explican que los pequeños fuegos que quedan van a seguir permanentemente y es posible que mañana o pasado vuelva y se necesite apoyo. Pero la parte más importante es el daño ecológico gigantesco, que requiere de un trabajo muy fuerte de 10, 15 o 20 años de todas las fuerzas vivas”, aseguró el ingeniero.Entre las propuestas de la comunidad está la creación de viveros con especies nativas mediante jornadas colectivas, además de mejorar la preparación de fincas y viviendas rurales con elementos básicos que permitan responder rápidamente ante nuevos incendios.Esta preocupación se da después de jornadas en las que las condiciones climáticas dificultaron las labores y obligaron incluso a evacuar temporalmente a algunos bomberos que enfrentaban las llamas.¿Riesgo de avalancha en Villa de Leyva?Vergara también llamó la atención sobre la pérdida de la capa vegetal que sostiene el suelo. Según explicó a partir de las advertencias que ha recibido de técnicos y expertos presentes en la zona, las lluvias podrían arrastrar parte del terreno quemado y aumentar el riesgo de avalancha o acumulaciones de agua.“Esa capa vegetal que no tiene fuerza, que no tiene consistencia, cuando llegan las lluvias y se pierde, puede haber una avalancha o una inundación complicada”, sostuvo.La comunidad busca recursos para la recuperaciónEl experto indicó que habitantes y organizaciones locales trabajan para canalizar el apoyo económico, técnico y comunitario. Una de las prioridades será estructurar los proyectos de recuperación para evitar que las donaciones y ayudas lleguen de manera desorganizada.“Necesitamos recuperarla. La recuperación es lenta, costosa. Aquí está toda la gente capacitada y fuerte que puede lograr esto con la ayuda económica de donde más se pueda llegar”, manifestó.Para finalizar, Vergara señaló que existe una red de aliados para la convivencia, la prosperidad y la seguridad habilitada para recibir donaciones y articularlas con la Alcaldía, la Policía y los bomberos. La intención, explicó, es convertir la respuesta ciudadana en un proceso organizado de largo plazo para recuperar el territorio afectado.Escuche la entrevista completa aquí: