El excanciller Álvaro Leyva publicó una nueva carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que lanzó fuertes cuestionamientos sobre el proceso de empalme, acusándolo de construir un supuesto relato de fraude electoral, obstaculizar el empalme con el gobierno entrante y utilizar las facultades para realizar nuevos nombramientos en la Cancillería para favorecer a personas cercanas a su administración.En el documento, Leyva aseguró que no esperaba volver a dirigirse públicamente al mandatario, pero sostuvo que las circunstancias lo obligaron a hacerlo. “Después de haberle dirigido a usted tres cartas ampliamente divulgadas, no pensé que tendría que volver a recurrir a este medio para expresar lo que a continuación le expongo”, escribió. Además, afirmó que durante su paso por la Cancillería conoció situaciones que, en su criterio, afectaban la dignidad del cargo presidencial y la imagen internacional del país.El exministro reiteró que, desde meses atrás, advirtió que el presidente estaría construyendo “un relato de una supuesta manipulación electoral” con el propósito, según él, de desconocer unos resultados que le serían desfavorables. “Abelardo De La Espriella será el próximo presidente y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”, recordó sobre una comunicación anterior, para luego afirmar que, aunque Petro reconoce públicamente el resultado electoral, “de dientes para afuera acepta que De La Espriella ganó las elecciones, pero entorpece el proceso de empalme”. Añadió que el mandatario estaría aprovechando el final de su administración para “insertar en la burocracia nacional gente enemiga del nuevo gobierno”, situación que calificó como “Petro en estado puro”.Uno de los principales cuestionamientos de Leyva se dirigió a los recientes nombramientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según indicó, el pasado 25 de junio se realizaron al menos 139 designaciones y sostuvo que “la mayoría de los nombramientos corresponde a fichas suyas. Un verdadero escándalo”. Si bien reconoció que la carrera diplomática tiene reglas propias de rotación, aseguró que el argumento de gobernar hasta el último día no puede justificar decisiones que, a su juicio, comprometen la transición.En la carta, el excanciller afirmó que una transición presidencial debe estar sustentada en la “lealtad democrática y, sobre todo, control constitucional”. En ese sentido, manifestó que “la legitimidad moral, política y constitucional recae en el nuevo presidente”, y cuestionó que el Gobierno continúe utilizando sus competencias de nominación. También sostuvo que, aunque formalmente la Cancillería conserva esas atribuciones, “la manera en que las está usando, por orden suya, es inconstitucional”, al considerar que ello afecta el mandato otorgado por los ciudadanos al presidente electo.Leyva también advirtió sobre eventuales repercusiones internacionales derivadas de esas decisiones. En su comunicación afirmó que los Estados receptores aceptan representantes diplomáticos bajo el entendido de que responden a los intereses del Estado colombiano y no a “artimañas opacas de un presidente desprestigiado en retirada”. Asimismo, lanzó nuevas críticas personales contra el mandatario al señalar: “Qué vergüenza: usted sigue empeñado en afectar la imagen internacional del país”, y agregó que remitirá copias de la carta “al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a mandatarios de múltiples países y a algunos congresistas americanos amigos”.El excanciller hizo un llamado a distintos organismos para que intervengan frente a lo que considera actuaciones irregulares del Gobierno saliente. “Por lo anterior, me permito informarle que de esta carta estoy remitiendo copias al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a mandatarios de múltiples países con quienes tengo las mejores relaciones personales y a algunos congresistas americanos amigos, que desde hace rato toman nota de sus jugarretas dolosas y sus desmanes al frente del poder. Todos sabrán que, una vez más, usted busca atentar contra el mandato popular del nuevo presidente, afectando con ello la democracia”.También solicitó a la Procuraduría ejercer funciones preventivas, a la Contraloría vigilar el uso de recursos públicos por las primas de instalación derivadas de los nombramientos diplomáticos y a la Fiscalía evaluar si el ejercicio de las facultades de nominación “podría ser constitutivo de delitos”. Asimismo, convocó a la comunidad internacional y a los ciudadanos a defender, mediante mecanismos judiciales, “el derecho al sufragio, la elección y sus efectos”. La carta concluye con un mensaje directo al jefe de Estado: “El presidente de Colombia se llama Abelardo De La Espriella. Así que haga las maletas, de pronto incluso para un largo viaje. Y absténgase de seguirle haciendo daño al país”.
En diciembre de 2025 la Fiscalía imputó cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción, al haber declarado desierta en 2023 la licitación para la fabricación de pasaportes por unos $600.000 millones, a pesar de que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y había cumplido con los requisitos para ganarse la adjudicación.Ante el despacho de la magistrada Blanca Barreto de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, el ente investigador acusó formalmente al excanciller Leyva. Además, el alto tribunal reconoció como presunta víctima a la Cancillería por este sonado caso.Blu Radio conoció el escrito de acusación de la Fiscalía que señala que luego de surtirse las etapas del proceso contractual, el Comité Evaluador concluyó que la propuesta de la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con los requisitos exigidos y obtuvo el mayor puntaje, por lo que recomendó su adjudicación. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Álvaro Leyva expidió la Resolución 7485, mediante la cual declaró desierta la licitación pese a la existencia de un oferente habilitado.Para la Fiscalía, los argumentos del entonces ministro, relacionados con una presunta afectación de los principios de libre concurrencia e igualdad, no constituían un fundamento legal suficiente para frenar la adjudicación del contrato.Lo que sigue es que la Corte Suprema de Justicia deberá programar la audiencia preparatoria de juicio en contra de Álvaro Leyva, por estos mismos hechos la Procuraduría lo inhabilitó por 10 años para el ejercicio de cargos públicos.
La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al excanciller Álvaro Leyva por presunto prevaricato en la licitación de pasaportes, un polémico proceso que llevó a su salida del cargo en enero de 2024 y también condujo a la renuncia de la excanciller Laura Sarabia.Según la Fiscalía, Leyva expidió actos administrativos presuntamente contrarios a la ley al declarar desierta en 2023 la licitación para fabricar y expedir pasaportes, pese a que la unión temporal encabezada por la empresa privada Thomas Greg & Sons obtuvo el mayor puntaje y cumplía con los requisitos exigidos.El proceso buscaba adjudicar un contrato que esa misma empresa venía ejecutando desde hacía 17 años y al que se presentó como único oferente.A través de un comunicado, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán emitió un comunicado en el que no solo defiende su gestión en el polémico caso de la licitación de pasaportes, sino que escala sus acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien señala de liderar una "persecución atroz" como represalia por sus denuncias sobre presuntos vínculos del mandatario con el narcotráfico. Defensa jurídica ante la acusación de prevaricatoLa Fiscalía acusa formalmente a Leyva de prevaricato por haber declarado desierta la licitación de pasaportes. Según el ente acusador, el exministro actuó con dolo; sin embargo, Leyva sostiene que su decisión se basó en que el proceso estaba fundamentado en un “pliego sastre” que favorecía a un proponente específico.En su defensa, afirma que simplemente cumplió con la obligación de aplicar la Constitución para garantizar la igualdad en la contratación pública. "Si se acepta esa tesis, el funcionario que declare desierta una licitación porque encuentra un pliego de condiciones inconstitucional o ilegal, se debe ir preso", advirtió, calificando la situación como el "mundo al revés".El exfuncionario confirmó que enfrentará el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, donde espera demostrar su inocencia con documentos oficiales.Señalamientos contra la gestión de Luis Gilberto MurilloLeyva dirigió sus críticas hacia su sucesor, Luis Gilberto Murillo, a quien acusa de haber suspendido una licitación "nueva, limpia y legal" que él habría dejado en marcha.Según el comunicado, Murillo justificó una urgencia manifiesta innecesaria para realizar contrataciones a dedo que resultaron en un sobreprecio de casi 30 mil millones de pesos.Adicionalmente, denunció la contratación de un software por más de 10 mil millones de pesos adicionales que se habría "embolatado".Para Leyva, estas maniobras turbias y sin control son la verdadera causa de la debacle actual en el sistema de pasaportes, situación de la que, según afirma, Petro estaba advertido.Duras descalificaciones personales al presidente PetroEl comunicado contiene ataques directos y personales contra la integridad del presidente Petro, a quien Leyva describe como un "ser infame" y el "jefe de la mafia" que tiene sumida a Colombia en la oscuridad. El exministro relata que, tras asumir la Cancillería con esperanza de cambio, conoció una supuesta vida de "vicio y decadencia" del mandatario.Entre sus señalamientos más graves, menciona que Petro habría sido cliente de una red de trata de blancas en Lisboa durante una visita de Estado y que suele aparecer en plazas públicas bajo los efectos del alcohol y las drogas.Asimismo, sostiene que el presidente utiliza una retórica de odio para dividir a la sociedad mientras las autoridades de los Estados Unidos investigan sus presuntos nexos con narcos.Finalmente, Leyva vinculó su situación judicial con el panorama político nacional, advirtiendo que el Gobierno intenta interceptar ilegalmente a candidatos de la oposición de cara a los próximos comicios. Comparó la situación de Colombia con el reciente proceso electoral en Chile y acusó a la administración de pretender sembrar dudas sobre los futuros escrutinios. Este es el comunicado:
Fue en diciembre de 2025 cuando el ente acusador imputó cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción, al haber declarado desierta en 2023 la licitación para la fabricación de pasaportes por unos $600.000 millones, a pesar de que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y había cumplido con los requisitos para ganarse la adjudicación.De acuerdo con la Fiscalía, Leyva sería responsable de haber proferido actos administrativos presuntamente contrarios al ordenamiento jurídico, en el marco de un proceso de licitación pública adelantado durante su gestión al frente de la Cancillería.Todo comenzó cuando, a mediados de septiembre de 2023, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, decidió declarar desierta la licitación de pasaportes de casi $600.000 millones que, desde un principio, favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons, que tenía ese contrato. Tras una fallida conciliación, la compañía demandó al Estado por $117.000 millones.Por estos mismos hechos, Leyva fue suspendido e inhabilitado por 10 años para el ejercicio de cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación, en un juicio disciplinario marcado por la polémica.La audiencia de formulación de acusación contra el exministro de Relaciones Exteriores será el próximo jueves 23 de abril a las 3:00 p. m., y las diligencias las adelantará la magistrada de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Barreto.
Un nuevo capítulo del caso de la licitación de pasaportes se desarrolló ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción. El exfuncionario no aceptó los cargos. La audiencia estuvo a cargo de la fiscal Sandra Helena Portillo, quien expuso los argumentos con los que el ente acusador sostiene que presuntamente Leyva habría actuado de manera contraria a la ley durante el proceso contractual adelantado en 2023 para la fabricación y expedición de las libretas de pasaporte.Según la Fiscalía, Leyva habría desconocido los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación 001-2023, cuyo valor ascendía a cerca de 600.000 millones de pesos. La fiscal Portillo afirmó que la decisión del entonces canciller careció de fundamento legal, pues el único oferente habilitado, Thomas Greg and Sons, cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros. Para el ente acusador, la resolución mediante la cual se declaró desierto el proceso fue “a juicio de la Fiscalía, es manifiestamente contraria a derecho, en la medida que, primero, vulneró de manera abierta, caprichosa e irrelevante lo dispuesto en el artículo 25, número 18 de la Ley 80-93, en relación con los principios de economía y selección objetiva”.Durante la imputación, la representante de la Fiscalía sostuvo que la actuación del exministro configuró un abuso del cargo y una desviación de poder, pues reasumió la dirección del proceso contractual únicamente para impedir la adjudicación al proponente habilitado. Portillo señaló que Leyva no hizo uso de sus facultades para modificar o revocar el proceso en las etapas iniciales, ni planteó reparos en reuniones con entidades de control, sino que intervino cuando el proceso ya había sido evaluado y solo restaba adjudicar.La Fiscalía también argumentó que no existía ninguna causa objetiva que justificara declarar desierta la licitación, ya que la normativa únicamente lo permite cuando ninguna propuesta cumple los requisitos, cuando no se presentan oferentes o cuando existe un impedimento objetivo para seleccionar al contratista, condiciones que, según el ente acusador, no se presentaban en este caso. La decisión de Leyva, insistió la fiscal, se basó en apreciaciones subjetivas relacionadas con supuestas irregularidades en beneficio de la firma Thomas Greg & Sons, contratista del servicio por 17 años, pero que no habían sido advertidas ni documentadas durante el proceso.La defensa del exministro, a cargo del abogado Roberto Badel, rechazó la calificación de la Fiscalía y aseguró que Leyva actuó dentro del marco legal. Según Badel, la decisión de declarar desierta la licitación buscaba garantizar la pluralidad de oferentes y asegurar un proceso de selección más competitivo. Señaló que el juicio deberá centrarse en la interpretación de las normas y en determinar si el exministro aplicó de manera correcta los principios que rigen la contratación estatal. Agregó que “lo que se busca es mirar dos aspectos fundamentales, no fue grosero, no fue grotesco, no fue arbitrario y mucho menos si ustedes se dan cuenta no hay un solo hecho de corrupción que se pueda llevar a inferir ese capricho abiertamente expresado como lo infiere la Fiscalía”.
La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción al haber declarado desierta en 2023 la licitación para la fabricación de pasaportes, por unos $600.000 millones a pesar de que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y había cumplido con los requisitos para ganarse la adjudicación.De acuerdo con el ente acusador, Leyva sería responsable de haber proferido actos administrativos presuntamente contrarios al ordenamiento jurídico, en el marco de un proceso de licitación pública adelantado durante su gestión al frente de la CancillerTodo inició cuando a mediados de septiembre del 2023, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, decidió declarar desierta la licitación de pasaportes de casi $600.000 millones que desde un principio favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons, la empresa que tenía ese contrato. Tras una fallida conciliación, Thomas demandó al Estado por $117.000 millones.Por estos mismos hechos Leyva fue suspendido e inhabilitado por 10 años para el ejercicio de cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación en un juicio disciplinario marcado por la polémica.La audiencia se realizará en la fecha que fije el Tribunal Superior de Bogotá tras la radicación por parte de la Fiscalía.
El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán envió una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que confirma haber presentado una denuncia en Estados Unidos contra el mandatario colombiano, a raíz de un discurso pronunciado en Nueva York tras su intervención en la Asamblea General de la ONU.En la misiva, Leyva afirma haber dirigido una denuncia el presidente ante Pamela Bondi, fiscal general de los Estados Unidos. Según el texto, el documento fue presentado el pasado 25 de septiembre.El exministro explica que pidió a la funcionaria del Departamento de Justicia de EE. UU. investigar “la intención y consecuencias de la arenga a voz en grito, megáfono en mano, pronunciada por usted en plena calle de la ciudad de Nueva York”, después de haber abandonado los predios de Naciones Unidas.Leyva asegura que el presidente colombiano, “plenamente consciente de que lo que estaba por hacer era impropio de su condición de Jefe de Estado extranjero”, se dirigió “a una multitud callejera, megáfono en mano y a voz en cuello, con el propósito de solicitarle a las fuerzas armadas de los Estados Unidos que desatendieran las órdenes del Presidente Donald J. Trump, su Comandante en Jefe”.En la carta se cita literalmente lo que habría dicho Petro: “Desobedezcan al Presidente Trump y obedezcan a la humanidad”.¿Por cuáles delitos denunció Leyva a Petro?El denunciante señala que esa actuación “constituye una conducta delictual subsumida por normas locales” y menciona tres disposiciones del derecho estadounidense que, según él, podrían haber sido vulneradas:Incitación al motín o a la sedición (Título 18 U.S. Código § 2387).Abogar por o proponer el derrocamiento del Gobierno (Título 18 U.S. Código § 2385).Intentar sublevar a las Fuerzas Armadas (Código Uniforme de Justicia Militar, artículos 94 y 134).Leyva sostiene que los hechos “fueron registrados por el propio Presidente Trump, por el Departamento de Estado Americano y otras autoridades locales y por medios de comunicación de los más variados países”, citando enlaces de The New York Times, The Washington Post, Le Figaro, China Daily y El País.“El señor Petro ha pretendido llamar la atención del mundo entero a expensas del Presidente Donald J. Trump”, se lee en la denuncia. El exministro también pide que se establezca si la conducta del mandatario colombiano “tipifica antijuridicidades recogidas en normativas o leyes federales de su país”.En la carta, Leyva señala que el objetivo de su petición está “enraizado en la necesidad de la paz, de la correcta aplicación de la ley, y del necesario mantenimiento de normales y tranquilas relaciones diplomáticas que deben esperarse entre Colombia y los Estados Unidos de América”.
El excanciller Álvaro Leyva denunció formalmente ante la Fiscalía General de los Estados Unidos al presidente Gustavo Petro por su presunta participación en un entramado de delitos que, según destaca, fueron fabricados con base en grabaciones manipuladas.En el documento radicado el 25 de septiembre de 2025 en Washington, Leyva señala que tanto Petro como terceros habrían orquestado un “entrampamiento” con la difusión de un audio alterado que lo vinculaba con supuestos planes de golpe de Estado en complicidad con el expresidente Donald Trump. “Se concluyó que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente para ser difundido con sentido totalmente acomodado”, afirma el excanciller, quien asegura contar con peritajes forenses bajo cadena de custodia.La acusación adquiere relevancia en territorio estadounidense debido a que una de las mencionadas en el expediente es Dorotea Leyva, hermana del excanciller y ciudadana norteamericana. “El daño causado a mi hermana Dorotea Leyva, americana de nacimiento, residenciada en la ciudad de Nueva York, requiere de todos los alcances investigativos y sancionatorios que permitan la aplicación de normas americanas”, advierte Leyva.El excanciller le solicita a la justicia de Estados Unidos aplicar figuras como conspiración para defraudar al Gobierno, declaraciones falsas, conspiración contra los derechos y complicidad. Además, recuerda que la Corte Suprema estadounidense ha establecido que periodistas también deben aportar información en investigaciones criminales.El exministro desmintió, además, haber estado en Estados Unidos en las fechas que se le atribuyen contactos políticos, asegurando que su último viaje fue entre el 3 y el 11 de enero de 2025, y que no ha vuelto desde entonces. “Es absolutamente imposible mi presencia en el tiempo, modo y lugar indicado. No he regresado a Nueva York desde 2023”, enfatizó.Leyva responsabiliza directamente a Petro de usar discursos públicos y filtraciones mediáticas para vincularlo falsamente en un complot. “La corrompida intención del presidente Gustavo Petro fue la de fabricar una conspiración para señalarme, involucrando además a congresistas estadounidenses y a mi propia familia”, se lee en el texto.La denuncia ahora queda en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que deberá decidir si abre o no un proceso formal de investigación contra el mandatario colombiano.
En medio de la controversia que ha generado el nombramiento de exparamilitares como gestores de paz, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó en entrevista con Mañanas Blu los alcances de esta medida y la intención del Gobierno en el marco de la política de “paz total”.El funcionario recalcó que el objetivo principal no es otorgar beneficios judiciales, sino rescatar la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto armado, con miras a fortalecer el tejido social y garantizar procesos de reparación a las víctimas.“Lo importante sería buscar la verdad de lo que realmente sucedió y quiénes estuvieron de verdad. Es importante sobre todo para las víctimas, que también claman una explicación”, sostuvo Benedetti.Exparamilitares y el rol de gestores de pazDe acuerdo con el ministro, algunos de los exjefes ya cumplen funciones como gestores de paz y se busca ampliar su participación en espacios de diálogo con estructuras criminales que surgieron o se fortalecieron tras la desmovilización de las AUC.“Básicamente lo que se quiere es que ellos ayuden a reestructurar lo que es el tejido social que quebrantaron, que ayuden a hacer estrategias y estén en los diálogos sociales con las nuevas estructuras criminales”, afirmó.El funcionario enfatizó que esta figura no implica ningún tipo de liberación ni cambio en la situación jurídica de los postulados. “Siguen presos, siguen dentro del sistema judicial. No es para liberarlos ni nada menos”, aclaró.Una deuda pendiente con la verdadEn el diálogo con Néstor Morales, el ministro recordó que la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, no cumplió con las expectativas de verdad plena que esperaban tanto el Estado como las víctimas.“No han contado ni el 5 % de la verdad”, aseguró Benedetti al referirse a las declaraciones entregadas por exjefes como Salvatore Mancuso en más de quince años de procesos judiciales.Para el jefe de la cartera política, el nuevo escenario busca cerrar ese vacío y abrir un espacio donde se evidencien los vínculos, cómplices y responsables dentro del establecimiento que hicieron parte del engranaje paramilitar.Estrategias de paz y tejido socialEl ministro subrayó que lo que se espera de este proceso va más allá de audiencias judiciales. Se trata de una estrategia integral enmarcada en la política de paz total del Gobierno.“Yo me imagino más que una verdad judicial, restituir el tejido que ellos quebrantaron y rompieron. Ellos saben cómo hacer una estrategia y hablar con varias estructuras criminales para una paz total o, por lo menos, el comienzo de varias negociaciones”, explicó.En ese sentido, el Ministerio del Interior insiste en que los gestores de paz pueden contribuir con información clave sobre dinámicas criminales actuales y ayudar a prevenir que el ciclo de violencia se repita.Coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la PazConsultado sobre la postura del comisionado de paz, Oti Patiño, Benedetti aseguró que existe coordinación plena, pese a las diferencias que en el pasado se hicieron públicas entre los exparamilitares y el alto funcionario.“Para haber hecho todo lo que está pasando, yo tuve que haber hablado con él. Sin el concurso de él, nada de esto podría ser”, indicó.Aunque evitó calificar el proceso como una “negociación”, el ministro insistió en que se trata de un esfuerzo por esclarecer la verdad histórica y responder a las exigencias de las víctimas.
El excanciller Álvaro Leyva informó este viernes que, tras un peritaje forense, logró determinar la falsedad del audio revelado por El País en el que se le escuchaba hablar de un presunto plan para sacar al presidente Gustavo Petro del cargo.“Se logró determinar que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente. Así –se subraya-, lejos de ser el originalmente grabado. El archivo se acomodó al antojo para ser difundido con sentido totalmente acomodado. Ruidos incluidos”, aseveró Leyva.Y es que en la última semana de junio pasado, El País de España compartió una grabación en la que se escuchaba parte de una conversación en la que se escuchó a Leyva supuestamente hablar sobre estrategias para buscar apoyos en el ámbito nacional e internacional para sacar a Petro del cargo; incluso la vicepresidenta Francia Márquez fue nombrada.Sin embargo, en el trino de este viernes Leyva insiste en que dicho peritaje se adelantó apoyándose con diferentes herramientas forenses y bajo la supervisión de perito acreditado por la Policía Nacional y otras entidades.Para Leyva, esto es un posible intento de conspiración en su contra y de otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.En el momento que se conocieron los audios, Leyva dio varias entrevistas y testimonios ante las autoridades, alegando que se había tratado de una conversación privada e íntima y que expresiones como “sacar a ese tipo”, no eran relevantes.
La situación en el departamento de Risaralda es sumamente crítica tras el reciente movimiento telúrico. El gobernador del departamento, Juan Diego Patiño, calificó las horas posteriores al sismo como un escenario devastador que afecta no solo a la capital, Pereira, sino a la totalidad de los 14 municipios de la región, con especial gravedad en el municipio vecino de Dosquebradas. Las afectaciones incluyen colapsos residenciales, daños severos en sedes institucionales y una saturación sin precedentes de la red hospitalaria.Devastación sin distinción de estratos y colapso institucionalA diferencia de otras emergencias, los daños estructurales se registraron de manera generalizada en toda la escala socioeconómica, debido a la antigüedad de las construcciones y a los nulos refuerzos aplicados tras el histórico terremoto de 1999.Al respecto, el gobernador Patiño detalló el impacto en las zonas residenciales: "Todo todos los estratos socioeconómicos, le quiero decir, incluso el estrato 6 de Pereira, que hablamos de los barrios Álamos, Pinares, tuvo colapso de estructuras completas y los barrios también populares". El mandatario también describió la destrucción de fachadas y viviendas enteras en sectores populares como la comuna Cuba y Perla del Sur.La magnitud del sismo no dio tregua a las sedes de gobierno, obligando a la evacuación inmediata de los funcionarios públicos. El mandatario relató que "infraestructuras como la gobernación de Risaralda, en este momento se encuentra eh impedido el el acceso a la gente. Nosotros tenemos que desde el primer día tuvimos que sacar a toda la gente y estamos atendiendo la administración departamental en entidades descentralizadas".Asimismo, la infraestructura de la Alcaldía de Pereira sufrió daños estructurales significativos.Alerta roja en la red hospitalaria y parálisis de serviciosLa emergencia sanitaria es uno de los frentes más complejos. El municipio de Dos Quebradas, habitado por más de 200,000 personas, reporta ya más de ocho fallecidos, cientos de heridos atendidos en el Hospital Santa Mónica y la pérdida total de servicios esenciales como gas, agua y electricidad en gran parte del territorio durante las primeras 24 horas. Para evitar un colapso inminente de la capacidad médica regional, la administración departamental ha tenido que tomar medidas de choque: "Hemos tenido en el municipio de Pereira que evacuar dos infraestructuras hospitalarias privadas... Estamos con alerta roja hospitalaria atendiendo solamente... urgencias vitales en los hospitales públicos y privados de todo el departamento de Risaralda".A raíz de esto, todos los procedimientos médicos programados han sido suspendidos temporalmente.Búsqueda implacable de sobrevivientesA pesar de las dificultades operativas y las réplicas, la prioridad absoluta sigue concentrada en rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Equipos especializados de rescate de los cuerpos de bomberos de Bogotá, Envigado y otras regiones se han movilizado hacia el departamento. "En este momento hay un despliegue de más de 400 hombres y mujeres que están rescatando vidas todavía", destacó Patiño, compartiendo un mensaje de esperanza tras el rescate con vida de Daniela Largo, una joven de 32 años extraída de los escombros en Pereira al finalizar la jornada previa.
En medio de la compleja situación que viven miles de personas en varias regiones del país tras el fuerte terremoto, los paisas han dicho presentes con donaciones monetarias y físicas que ayudarán a miles de familias que hoy lo necesitan más que nunca.Uno de los anuncios más recientes es un concierto solidario que se hará en La Macarena y en donde el valor de la boleta, que la podrá adquirir en la página web de la Corporación Presentes, irá a los más necesitados en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.Entre los artistas invitados están Luis Alfonso, Pipe Bueno, Felipe Peláez, Kapo, Andy Rivera, Pasabordo, Heberth Vargas y muchos más. Además, harán presencia diferentes influencers como Westcol o Pelicanger, entre otros.Pero hablando de ayudas, una de las opciones que más facilidades le da a las personas es a través de la Corporación Presentes en donde se pueden hacer transferencias usadas para ayudar a los más afectados.“Nuevamente hago ese llamado a la solidaridad. Gracias a todas las personas que se han activado alrededor de la campaña Colombia se levanta. Nuestra plataforma de donaciones individuales ya superó las 5000 donaciones de personas naturales. Esto es un número récord en nuestra historia además de 60 campañas de solidaridad. Sobre las cifras hasta este momento la directora Ana Cristina Moreno.Hay que mencionar que en Medellín hay decenas de puestos de recolección dispuestos en diferentes partes de la ciudad como lo son las bibliotecas públicas en donde llegan alimentos y kits de aseo para enviar a Quibdó, Pereira, Manizales o Cali.El director de Cáritas Arquidiocesana de Medellín, Edwin Ruiz, le pidió a la ciudadanía ponerse la mano en el corazón para poder recoger las ayudas humanitarias que terminarán beneficiando a miles de personas necesitadas.
En la noche de este martes 11 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto 1171 de 2026, declarando oficialmente la Situación de Desastre de Carácter Nacional tras el potente sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.La medida busca activar un régimen especial para atender la emergencia que, según informes técnicos, ha superado la capacidad de respuesta de las administraciones locales y departamentales.“En este momento, aquí, en la sede de la UNGRD en Bogotá, estoy firmando el decreto a través del cual se declara el desastre de carácter nacional. Me encuentro acompañado por el secretario jurídico de la Presidencia y el señor ministro de Hacienda. Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, dijo el presidente De La Espriella en un video publicado en sus redes sociales.Con este decreto, el Gobierno podrá adoptar diferentes medidas entre las que está la redistribución de partidas presupuestales, adoptar un plan de acción, canalizar recursos mediante la subcuenta SISMO 2026, realizar contratación directa para la rehabilitación y reconstrucción, habilitar medidas de protección a usuarios del sistema financiero, permitiendo alivios en créditos y suspensión de procesos ejecutivos para los damnificados registrados, entre otros.
El padre Napoleón García, conocido afectuosamente como el padre “Napo”, compartió en Mañanas Blu un balance de las primeras 48 horas tras el terremoto que sacudió al Chocó. "Fue un momento estremecedor y de esas circunstancias únicas que tal vez solo se presentan en una ocasión”, destacó el religioso en Blu radio.Víctimas y destrucción materialEl párroco confirmó que, hasta el momento, se reportan 14 víctimas mortales en el departamento: 11 en Quibdó y tres en el municipio de Unión Panamericana. No obstante, advirtió que la cifra podría aumentar.Le puede interesar: Sobreocupación supera el 245% tras temblor: agente Hospital San Francisco de Asis en Quibdó"Se espera que haya todavía de pronto una media docena de cuerpos entre los restos y escombros que no se han terminado de mover”, afirmó García. Sobre los daños estructurales, el párroco señaló que el colapso más grave fue un edificio de cuatro pisos en el barrio Medrano, el cual presentaba una “construcción muy deficiente"."Fue un lugar al que le fueron añadiendo pisos y habitaciones, no resistió”, relató. El sacerdote fue enfático en que gran parte del problema radica en que “la vivienda popular no sigue normas técnicas"."La hacen albañiles, maestros de obras, sin suficiente formación técnica”, lo que provocó que decenas de casas en barrios humildes se desplomaran totalmente.Una crisis silenciosa: La salud mentalMás allá de los escombros, al padre García le preocupa la “gran afectación mental y psicológica” de los sobrevivientes. Según su relato, el nerviosismo persiste debido a las réplicas: "Una gran cantidad todavía en los barrios populares no entran a dormir en sus casas, duermen afuera, porque temen lo peor”, dijo.El vicario lamentó la falta de preparación para atender este trauma:"Tal vez no existen, en primer lugar en nuestra gente, en Chocó y en Colombia en general, mucha tradición de atención profesional para la salud mental”, dijo. Ayudas y coordinaciónActualmente, la atención se centraliza a través del Puesto de Mando Unificado y la Pastoral Social. El párroco confirmó que los heridos graves han sido trasladados a Medellín y que se están recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, colchonetas e insumos médicos. Asimismo, mencionó que esperan los recursos anunciados por el Vaticano: “estoy seguro de que la Conferencia Episcopal enviará algunos de sus recursos a Chocó”.Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad nacional, destacando que lo que la gente necesita con más prontitud para recuperar sus hogares son materiales de construcción.Escuche la entrevista:
El Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela en contra el Acuducto Metropolitano de Bucaramanga y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), por el incremento de las tarifas del servicio de acueducto que comenzará a reflejarse en los recibos de los usuarios en los próximos meses.La acción judicial cuestiona la legalidad y proporcionalidad del aumento y sostiene que el ajuste podría afectar derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la dignidad humana, el mínimo vital y el acceso a un servicio esencial como el agua potable.Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el incremento del componente de consumo, que, de acuerdo con la información presentada en la tutela, alcanza cerca del 37 %, mientras que el aumento promedio proyectado en la factura sería del 25,2 %. El proceso también cuestiona que los usuarios terminen asumiendo costos que, según el accionante, estarían relacionados con gastos administrativos y de funcionamiento de la empresa.La tutela además señala que el aumento podría resultar desproporcionado frente a los ingresos de los hogares y advierte sobre una eventual afectación al mínimo vital, particularmente en familias con menores ingresos.¿Por qué aumentará el agua en Bucaramanga?El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha explicado que el incremento no corresponde a una decisión unilateral de la empresa ni de la administración local, sino a la aplicación del nuevo marco tarifario establecido por la CRA mediante la Resolución 1032 de 2026.El gerente del Acueducto, Juan Carlos Suárez, ha señalado que la nueva metodología busca reconocer inversiones realizadas por la empresa que, bajo el esquema tarifario anterior, no habían sido remuneradas completamente a través de las tarifas. Según la información entregada por la entidad, el Acueducto invirtió cerca de 380.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 110.000 millones habían sido cubiertos mediante tarifa.La empresa proyecta que el nuevo marco tarifario genere un incremento promedio de 25,2 %. Sin embargo, el aumento será aplicado de manera gradual entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 para evitar que el impacto llegue de una sola vez a los hogares.Según el Acueducto, mientras el cargo fijo tendrá una reducción del 22,6 %, el componente asociado al consumo tendrá un incremento del 37 %. Al combinar ambos factores se obtiene el aumento promedio proyectado en la factura.Ahora será el juez quien deberá analizar los argumentos presentados en la tutela y determinar si existe una vulneración de derechos fundamentales con la aplicación del nuevo esquema tarifario. La admisión de la acción no significa que el incremento haya sido suspendido ni que el juez haya determinado que sea ilegal.Por ahora, los usuarios deberán esperar el avance del proceso judicial mientras el nuevo esquema tarifario continúa con su aplicación gradual, salvo que dentro del trámite de la tutela se adopte alguna medida que modifique o suspenda su implementación.