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Fue en diciembre de 2025 cuando el ente acusador imputó cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción, al haber declarado desierta en 2023 la licitación para la fabricación de pasaportes por unos $600.000 millones, a pesar de que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y había cumplido con los requisitos para ganarse la adjudicación.
De acuerdo con la Fiscalía, Leyva sería responsable de haber proferido actos administrativos presuntamente contrarios al ordenamiento jurídico, en el marco de un proceso de licitación pública adelantado durante su gestión al frente de la Cancillería.
Todo comenzó cuando, a mediados de septiembre de 2023, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, decidió declarar desierta la licitación de pasaportes de casi $600.000 millones que, desde un principio, favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons, que tenía ese contrato. Tras una fallida conciliación, la compañía demandó al Estado por $117.000 millones.
Por estos mismos hechos, Leyva fue suspendido e inhabilitado por 10 años para el ejercicio de cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación, en un juicio disciplinario marcado por la polémica.
La audiencia de formulación de acusación contra el exministro de Relaciones Exteriores será el próximo jueves 23 de abril a las 3:00 p. m., y las diligencias las adelantará la magistrada de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Barreto.
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