La Cancillería firmó un contrato con Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes, en el marco de la urgencia manifiesta declarada el pasado mes de septiembre. El convenio tiene vigencia hasta diciembre de 2027 y es por un valor de más de 239.000 millones de pesos.“El plazo de ejecución del contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, cuyo plazo no excederá el diecisiete (17) de diciembre de 2027, fecha en que se cumple el término de quince (15) meses de la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución No. 12973 del 17 de septiembre de 2026. Toda prórroga del plazo exige que subsistan las circunstancias que dieron lugar a la urgencia manifiesta, que exista acto administrativo vigente que la declare o la extienda y que se cuente con la autorización de vigencias futuras correspondiente, y en ningún caso podrá exceder el término de dicho acto”, se lee en el contrato.El precio del pasaporte no será modificado, es importante recordar que para solicitar el documento no se necesita pedir cita en las sedes centro y norte de Bogotá, solo en los SuperCADE.Es importante recordar que el pasado 17 de septiembre se declaró la urgencia manifiesta para garantizar el servicio de expedición de pasaportes sin interrupciones.Lo anterior después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió, como medida cautelar, dos convenios del nuevo modelo de pasaportes que empezó a implementarse en el Gobierno Petro.“La decisión judicial señaló, entre otros aspectos, la necesidad de acreditar plenamente los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras, así como la de esclarecer aspectos relacionados con la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación”, explicó la cancillería el pasado 17 de septiembre.Fue esta situación la que llevó al Gobierno a acudir a la figura de urgencia manifiesta.“La contratación que se derive de esta declaratoria tendrá carácter estrictamente transitorio y estará limitada a lo indispensable para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y visas”, aclararon en su momento desde el gobierno nacional.Recordemos que el expresidente Gustavo Petro decidió implementar el nuevo modelo de pasaportes tras algunas diferencias que manifestó frente a Thomas Greg & Sons, que prestaba el servicio desde el 2007.
La Cancillería está haciendo una alerta debido a una página web fraudulenta que trata de suplantar a este Ministerio y ofrece servicios relacionados con la expedición de pasaportes.“El Ministerio de Relaciones Exteriores alerta a los colombianos sobre la existencia de micancilleria.com, una página fraudulenta que presenta una apariencia similar a la de la Cancillería y ofrece servicios relacionados con el trámite de pasaporte”, explican desde el Gobierno.Es por eso que la Cancillería está aclarando que el trámite de pasaporte es personal y no requiere intermediarios.“Se recomienda no entregar información personal ni realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar el trámite. En las oficinas de Bogotá, no se requieren pagos previos. El pago se hace únicamente después de realizado el trámite”, dicen desde el Gobierno.Es importante recordar que para consultar información oficial sobre pasaportes, la única página habilitada es: http://www.cancilleria.gov.co
La Gobernación de Santander interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por una presunta estafa relacionada con el trámite del pasaporte en Bucaramanga. Según las autoridades, falsos tramitadores estarían cobrando hasta $200.000 por supuestas citas o turnos virtuales para agilizar la expedición del documento.La alerta surgió luego de que varios ciudadanos denunciaran que fueron contactados a través de redes sociales o abordados en inmediaciones del Centro Comercial Cacique, donde actualmente funciona la Oficina de Pasaportes.De acuerdo con los testimonios conocidos por las autoridades, los estafadores ofrecen una supuesta plataforma digital que estaría enlazada con el Ministerio de Relaciones Exteriores y prometen evitar las filas a cambio de un pago."Una de las personas afectadas aseguró que pagó $190.000 después de recibir una oferta a través de redes sociales. Sin embargo, al acudir al Centro Comercial Cacique, le informaron que había sido víctima de una estafa", aseguró Miguel Lozano Herreño, coordinador de la Oficina de Pasaportes. Ante estos casos, la Oficina de Pasaportes de Santander reiteró que no cuenta con tramitadores digitales ni intermediarios y que los ciudadanos no deben pagar dinero para obtener un turno.Actualmente, la atención en Bucaramanga se realiza de manera presencial en el subsótano del Centro Comercial Cacique, local 10, donde se entregan 200 turnos diarios, por orden de llegada, entre las 6:00 a. m. y las 7:15 a. m., sin necesidad de cita previa.La Gobernación también solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional para adelantar acciones de sensibilización y prevenir que más ciudadanos sean víctimas de esta modalidad.Una vez realizado el trámite, el pasaporte es entregado tres días hábiles después, según la información suministrada por la Oficina de Pasaportes.Las autoridades recomendaron a los ciudadanos no entregar dinero a personas que ofrezcan supuestas filas virtuales, citas preferenciales o enlaces especiales para acceder al trámite. La obtención del turno para el proceso no requiere pagos a terceros y los interesados deben acudir directamente a los canales establecidos por la Oficina de Pasaportes.
El contralor general, Jorge Laverde Vargas, señaló que el organismo vigilará el uso de los recursos públicos destinados a mantener la producción, expedición y entrega de estos documentos, tanto en Colombia como en el exterior.El seguimiento incluirá la revisión de la necesidad de los bienes y servicios contratados, las cuantías y los plazos, la idoneidad del contratista y la autonomía de los nuevos contratos frente a instrumentos que hayan sido suspendidos judicialmente.La Contraloría advirtió además que la declaratoria de urgencia manifiesta no exonera a los responsables de eventuales irregularidades. Por ello, pidió a la Cancillería y a su Fondo Rotatorio incorporar al expediente los contratos, antecedentes técnicos y financieros, soportes presupuestales, certificaciones de inventario y documentos que permitan verificar el avance de la contratación.El contralor también enfatizó que la medida de emergencia debe ser temporal y pidió a la Cancillería avanzar en una licitación pública, con cronograma, responsables y mecanismos de seguimiento, para evitar que la prestación del servicio dependa indefinidamente de medidas excepcionales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó que es competente para estudiar la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el nuevo modelo de producción y personalización de pasaportes implementado por el anterior Gobierno nacional, y rechazó las excepciones planteadas para que el proceso fuera remitido a un tribunal de arbitraje internacional.La Procuraduría busca que se declare la nulidad absoluta del “Convenio con Persona Extranjera de Derecho Público para la Cooperación y Participación”, suscrito el 28 de julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional - Casa da Moeda de Portugal. El convenio tiene un valor fiscal de 1,3 billones de pesos y establece las reglas para la cooperación y participación en el proceso de transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visas de la República de Colombia.Además de solicitar la nulidad absoluta del convenio, la Procuraduría pidió que se ordene a la Casa da Moeda de Portugal devolver las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del negocio jurídico, debidamente indexadas y con intereses moratorios.Durante el proceso, la Imprenta Nacional de Colombia planteó una excepción de falta de jurisdicción, argumentando que el convenio contiene una cláusula compromisoria que atribuye a un tribunal de arbitraje internacional el conocimiento de las controversias relacionadas con el negocio jurídico, incluidas aquellas relacionadas con su nulidad.Según esa posición, la legitimación especial de la Procuraduría para solicitar la nulidad absoluta de contratos estatales no desplazaría los efectos del pacto arbitral acordado por las partes.Sin embargo, el Tribunal concluyó que, aunque el convenio sí contempla un mecanismo de arbitraje internacional, esa cláusula no impide que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca de la demanda presentada por la Procuraduría.El Tribunal explicó que las partes acordaron que, después de agotar el mecanismo de arreglo directo, las diferencias relacionadas con la “interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad, terminación o reducción” serían resueltas mediante arbitraje internacional administrado bajo el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. No obstante, destacó que la demanda no fue presentada por una de las partes que suscribieron el convenio y aceptaron el pacto arbitral, sino por la Procuraduría, que no intervino como parte contractual.“En este subíndice la controversia no fue promovida por una de las partes que celebraron el Convenio y otorgaron su consentimiento al pacto arbitral, sino por la Procuraduría General de la Nación, que no intervino como parte del contrato ni suscribió su cláusula compromisoria y que comparece en ejercicio de una habilitación atribuida directamente por la ley”, señaló el Tribunal.Por estas razones, el Tribunal declaró no probadas las excepciones previas de falta de jurisdicción, cláusula compromisoria e ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.El proceso continuará con la audiencia inicial, que fue programada para el jueves 12 de noviembre de 2026, a las 8:00 de la mañana. En esa diligencia se abordarán los aspectos procesales correspondientes dentro de la demanda presentada por la Procuraduría contra el convenio relacionado con el nuevo modelo de pasaportes.Además, recientemente la cancillería declaró una nueva urgencia manifiesta para garantizar la continuidad, sin interrupciones, del suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes.
La declaratoria de urgencia manifiesta de la Cancillería para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una contratación temporal para atender la producción y suministro de las libretas. En ese escenario, una de las preguntas que surge es si Thomas Greg & Sons, empresa que durante años estuvo a cargo de este servicio, podría regresar.El abogado Nicolás Dupont, demandante en el proceso que llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a ordenar la suspensión provisional de los convenios relacionados con el nuevo modelo de pasaportes, se refirió al tema en entrevista con Mañanas Blu. Dupont señaló que la urgencia manifiesta permite a la Cancillería realizar una contratación inmediata con el objetivo de evitar una interrupción del servicio, aunque evitó anticipar que esa decisión tenga un destinatario específico: “Yo no me quiero anticipar a decir que la urgencia manifiesta tenga nombre propio”.Según explicó el abogado, la medida permite adoptar decisiones contractuales de manera inmediata ante la necesidad de garantizar la continuidad del servicio. La Cancillería informó que la urgencia manifiesta fue declarada el 17 de septiembre de 2026 y que la contratación que se derive de ella tendrá carácter transitorio y estará limitada a lo indispensable para mantener la expedición de pasaportes y visas.Tribunal mantuvo la suspensión de los conveniosLa decisión se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negara las solicitudes de aclaración presentadas frente a la medida cautelar que suspendió provisionalmente los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de pasaportes.De acuerdo con la explicación entregada por Dupont en Mañanas Blu, varias de las partes habían solicitado al Tribunal precisar el alcance de la decisión. La Casa de la Moneda de Portugal pidió aclarar si la suspensión también cobijaba el convenio de cooperación con la Imprenta Nacional, mientras que la Cancillería y la Imprenta solicitaron orientación sobre las acciones que debían adoptar para garantizar la provisión de pasaportes.El abogado explicó que el magistrado consideró que la decisión era suficientemente clara y que no correspondía al Tribunal indicarle al Ejecutivo cómo debía cumplirla: “Si bien debe garantizar en los términos que dijo el tribunal la provisión de los pasaportes y la no interrupción de un servicio público esencial, está en manos del gobierno decidir de qué manera debe cumplirse esa orden respetando los derechos de las y los colombianos”.La Cancillería, por su parte, señaló que la urgencia manifiesta fue declarada precisamente para cumplir la orden judicial y garantizar que el servicio continúe sin interrupciones. El Ministerio aseguró que las oficinas expedidoras y los consulados mantienen la atención y que las citas previamente programadas continúan vigentes.¿La urgencia manifiesta podría llevar de nuevo a Thomas Greg & Sons?La posibilidad de que Thomas Greg & Sons participe nuevamente en la expedición de pasaportes surgió durante la entrevista a Dupont, debido a que la figura de urgencia manifiesta permite realizar una contratación inmediata. Sin embargo, el abogado demandante evitó señalar que exista una decisión en ese sentido.Dupont agregó que antes de definir la alternativa debe revisarse el estado actual de la operación, el inventario disponible y los alcances de la orden judicial: “Creo que también deben, deben evaluarse como todas las circunstancias actuales y el estado actual en el que están, el stock que usted ya mencionó, y así como la orden judicial para determinar como que cuál es la mejor forma de proceder”.La información oficial de la Cancillería establece que la contratación derivada de la urgencia manifiesta será transitoria. Paralelamente, el Ministerio inició la estructuración de una licitación pública para atender de manera permanente la necesidad relacionada con la expedición de pasaportes.La discusión sobre el stock de pasaportesUno de los asuntos mencionados durante la entrevista fue el inventario de libretas de pasaportes entregadas por la Casa de la Moneda de Portugal a la Imprenta Nacional. La Cancillería había solicitado al Tribunal autorización para utilizar el stock existente mientras se definía una alternativa que permitiera garantizar la continuidad del servicio. Blu Radio informó que el trámite de una solución alternativa podría tardar alrededor de tres meses: Dupont sostuvo que no correspondía al Tribunal explicar al Ejecutivo cómo utilizar un inventario específico.Dupont pide información sobre el nuevo modelo de pasaportesOtro de los puntos señalados por Dupont está relacionado con la información sobre la operación del nuevo esquema de expedición de pasaportes. El abogado recordó que la medida cautelar no solamente exige garantizar la prestación del servicio, sino también entregar información sobre el funcionamiento del modelo implementado.Según explicó durante la entrevista, entre los datos que deberían conocerse están el lugar donde se imprimen las libretas y los mecanismos utilizados para su transporte y seguridad. “Nos dé una información que hasta el día de hoy no tenemos: dónde se están imprimiendo las libretas, con qué mecanismos de seguridad se están transportando”.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido provisionalmente los convenios relacionados con el nuevo modelo mientras continúa el proceso judicial iniciado mediante una acción popular presentada por Dupont. ¿Qué pasará con el nuevo pasaporte?Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de que la suspensión del nuevo modelo implicara regresar al diseño anterior del pasaporte colombiano. Dupont señaló que la decisión judicial no establece que deba retomarse un modelo específico de libreta: “La decisión del juez no implica regresar a cierto esquema de contratación y mucho menos especifica qué características debe tener el pasaporte que viene”.En ese sentido, planteó que la discusión no debería centrarse exclusivamente en regresar al documento anterior, sino en definir las características que deberá tener el pasaporte que se produzca bajo el esquema que finalmente adopte el Gobierno: “Me gustaría pensar menos en regresar a un pasaporte específico y más en avanzar hacia un pasaporte mejor, hacia el pasaporte que merece la ciudadanía”.
La Cancillería de Colombia y su Fondo Rotatorio declararon este 17 de septiembre de 2026 la urgencia manifiesta con el objetivo de garantizar, sin interrupciones, el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana.Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado oficial, el servicio de expedición se mantendrá con normalidad tanto en las sedes del país como en los consulados en el exterior. Las citas agendadas conservan su validez y la ciudadanía no requiere realizar trámites adicionales.Origen de la urgencia manifiestaLa decisión administrativa se tomó en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP del 2 de septiembre de 2026. Esta medida cautelar, proferida dentro de una acción popular, suspendió provisionalmente la ejecución del nuevo modelo de pasaportes.De acuerdo con lo señalado por la providencia judicial, fue necesario acreditar los soportes fiscales requeridos para vigencias futuras. Asimismo, el tribunal solicitó esclarecer aspectos sobre la planeación, el cumplimiento de cronogramas y el estado real de la operación. Ante esto, la autoridad judicial ordenó adoptar medidas inmediatas para mantener la prestación ininterrumpida del servicio.Alcance de los nuevos contratos y licitaciónCon base en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, la Cancillería acudió a la urgencia manifiesta, una figura jurídica excepcional que autoriza contrataciones inmediatas para evitar la suspensión de un servicio público.La entidad aclaró que los contratos derivados de esta urgencia tendrán carácter estrictamente transitorio y se limitarán a lo indispensable. De forma paralela, el Ministerio inició la estructuración de un proceso de licitación pública para definir una solución permanente mediante un cronograma con seguimiento mensual.En cumplimiento del marco legal, el acto administrativo de la urgencia manifiesta, junto con los contratos celebrados y sus antecedentes, se remitirán a la Contraloría General de la República para el control fiscal correspondiente.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y las partes intervinientes, frente a la decisión del pasado 3 de septiembre, mediante la cual se suspendió provisionalmente el convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia para la expedición de nuevos pasaportes.La decisión señala que la providencia anterior fue clara, expresa y completa respecto del alcance de la medida cautelar, las razones que llevaron a su adopción y las obligaciones impuestas a las entidades involucradas.Por esta razón, el Tribunal determinó que no existen conceptos o expresiones ambiguas o contradictorias que generen dudas y que hagan necesaria una aclaración. En consecuencia, la medida cautelar continúa vigente en los términos establecidos en la decisión del 3 de septiembre.La Cancillería había solicitado que se adicionara la providencia para autorizar expresamente la utilización de determinadas libretas de pasaporte que permanecen en inventario. A su vez, la Imprenta Nacional de Colombia pidió precisar si podía continuar adelantando actividades relacionadas con la personalización, suministro y distribución de estos documentos.También fue analizada una petición de la Imprenta Nacional - Casa da Moeda, relacionada con los efectos de la suspensión frente al convenio de cooperación internacional celebrado con esa entidad y con el reconocimiento y pago de actividades desarrolladas en ejecución de dicho acuerdo.El Tribunal consideró que estas solicitudes no estaban dirigidas a aclarar el contenido de la providencia, sino a obtener instrucciones específicas sobre la manera en que las entidades deben desarrollar sus competencias administrativas, contractuales, operativas y logísticas como consecuencia de la medida cautelar.En ese sentido, el magistrado ponente señaló que la decisión del 3 de septiembre ya había establecido que las entidades accionadas y las demás autoridades competentes debían adoptar las medidas administrativas, presupuestales, contractuales, operativas, tecnológicas y logísticas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.Por lo tanto, corresponde a cada entidad, dentro del ámbito de sus competencias, determinar los mecanismos para cumplir la orden judicial.El Tribunal concluyó que la providencia objeto de la solicitud no presenta vacíos de interpretación ni requiere complementación, pues definió tanto el alcance de la suspensión como las obligaciones de las entidades destinatarias.
Los habitantes de Floridablanca y sectores cercanos tendrán este sábado 19 de septiembre una nueva alternativa para iniciar el trámite de su pasaporte, con la puesta en marcha del programa ‘Pasaporte a tu Barrio’, de la Oficina de Pasaportes de Santander.La estrategia busca acercar el servicio a los ciudadanos y evitar que tengan que desplazarse inicialmente hasta la sede ubicada en el Centro Comercial Cacique, en Bucaramanga.La primera jornada se realizará desde las 8:00 de la mañana en el Coliseo Cubierto del barrio Ciudad Valencia, donde serán habilitados 200 cupos para el agendamiento de citas. La convocatoria está dirigida también a habitantes de sectores como Lagos, Cañaveral, Villabel, Santa Ana y Molinos Bajos.El director de la Oficina de Pasaportes de Santander, mayor (R) Miguel Ángel Lozano Herreño, explicó que la atención se hará de acuerdo con el orden de llegada y que los ciudadanos deberán presentar su cédula de ciudadanía en buen estado. Para los menores de edad será necesario llevar el registro civil.Una vez se completen los 200 cupos, los ciudadanos recibirán una cita para acudir, durante las dos semanas siguientes, a la Oficina de Pasaportes, ubicada en el subsótano del Centro Comercial Cacique, local 10. En esa segunda etapa se realizará la toma de fotografía y los demás procedimientos necesarios para completar el trámite.Según la Gobernación de Santander, después de culminar el proceso, el pasaporte podrá ser reclamado en la misma oficina en un plazo de tres días hábiles.El costo del documento es de $300.300, aunque quienes presenten un certificado electoral vigente podrán acceder a un 10% de descuento.Con esta iniciativa, la administración departamental pretende replicar en los barrios del Área Metropolitana la experiencia de ‘Pasaporte a la Provincia’, estrategia con la que busca descentralizar los servicios de la Oficina de Pasaportes y facilitar el acceso de los ciudadanos al documento.
Un reciente fallo de la Corte Constitucional fijó las reglas sobre cómo el Gobierno debe manejar los datos biométricos, como las huellas dactilares y las fotografías del rostro, al momento de tramitar o renovar el pasaporte en Colombia.La Corte Constitucional determinó que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede exigir la toma de datos biométricos para expedir o renovar un pasaporte. La Sala Cuarta de Revisión concluyó que esta exigencia no vulnera los derechos a la intimidad ni al habeas data.La decisión surgió por el caso de una ciudadana que acudió a la Cancillería para renovar su pasaporte. Allí le informaron que debía autorizar el tratamiento de sus datos biométricos. La mujer decidió no continuar con el trámite y presentó una acción de tutela.La ciudadana consideró que la toma de estos datos era innecesaria. Argumentó que la Registraduría Nacional del Estado Civil ya tenía su información biométrica y que podía suministrarla directamente a la Cancillería.La Corte explicó que el procedimiento no funciona de esa manera. Las bases de datos de la Registraduría son utilizadas para verificar la identidad de quienes solicitan el pasaporte, pero no existe una transferencia de los datos biométricos entre las dos entidades.En realidad, se realiza un cotejo de identidad. Por eso, según la Sala, es necesario que los datos biométricos sean capturados directamente durante el trámite. Esta información permite comparar los rasgos físicos de la persona con los datos utilizados para confirmar su identidad.La Corte consideró que esta medida tiene objetivos legítimos: verificar quién solicita el documento, prevenir posibles casos de suplantación y contribuir a la seguridad nacional. Además, concluyó que no existe otro mecanismo menos lesivo que permita cumplir esas mismas finalidades con igual efectividad.Por esa razón, la Sala determinó que exigir los datos biométricos para expedir o renovar el pasaporte no vulnera los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data. En consecuencia, no accedió a la solicitud de la ciudadana de que sus datos fueran enviados desde la Registraduría sin realizar una nueva captura.Sin embargo, la Corte sí encontró un problema en el manejo posterior de esa información. El Ministerio de Relaciones Exteriores conserva los datos biométricos de manera indefinida, sin que exista una justificación específica que explique por qué deben permanecer almacenados sin un plazo determinado.El alto tribunal recordó que el principio de temporalidad exige conservar los datos personales únicamente durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la cual fueron recolectados. Por esta razón, exhortó a la Cancillería a establecer criterios y plazos claros para conservar los datos biométricos. Si la entidad considera necesario mantenerlos indefinidamente, deberá justificar esa decisión conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia.La Sala estuvo integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside. Fernández Andrade salvó su voto, porque consideró que en este caso la acción de tutela debió declararse improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la Alta Guajira han generado dificultades de movilidad y dejado incomunicadas a varias comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan problemas para acceder a servicios y productos esenciales.La situación ha impedido que algunas familias puedan salir en busca de agua potable, alimentos y medicamentos, así como trasladar a personas enfermas hacia los cascos urbanos de municipios como Uribia y Manaure, para que reciban atención médica. Las crecientes de los arroyos han complicado aún más el panorama en esta zona del departamento.A estas afectaciones se suman las dificultades que enfrentan los transportadores para movilizarse por las trochas. Las malas condiciones del terreno y el aumento de los caudales han obstaculizado el paso de vehículos que llevan alimentos y otros productos hacia diferentes sectores de la región.Habitantes y transportadores manifiestan su preocupación por las consecuencias que puede traer esta situación, especialmente para las comunidades indígenas que dependen del abastecimiento externo para acceder a productos de primera necesidad y servicios básicos.“ Para esta temporada, la situación es muy difícil a los operadores de estos programas del ICBF han tenido pérdidas porque se mojan los productos porque los camiones se llevaran en las trochas y cualquier cantidad de dificultades para llevar los alimentos y también pasa lo mismo con los medicamentos”, dijo Wilberto Teherán, habitante de la Alta Guajira.Ante este panorama, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda las afectaciones, facilite el acceso a agua a las comunidades y disponga las acciones necesarias para garantizar el suministro del líquido, alimentos, medicamentos y atención médica a las familias damnificadas.
El representante a la Cámara Héctor Chaparro, integrante de la Comisión Tercera y del Partido Liberal, expuso los reparos de su bancada frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno nacional. Tras una reunión en Barranquilla con integrantes del Ejecutivo y representantes de diferentes partidos, señaló que existe preocupación por los impuestos propuestos para la canasta familiar, el sector agropecuario y las personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos.El congresista reconoció la necesidad de tomar medidas para enfrentar el déficit fiscal, pero advirtió que el proyecto debe tener viabilidad política en el Congreso y contemplar alternativas de recaudo. “La magnitud de la crisis fiscal puede afectar a todos los hogares colombianos”, afirmó.Chaparro indicó que los partidos de gobierno e independientes presentaron sus inquietudes durante el encuentro, en el que participaron el vicepresidente de la República, los ministros de Comercio, Transporte e Interior y el director de la Dian.¿Qué reparos tiene el Partido Liberal frente a la Ley de rescate económico?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento del IVA para productos de la canasta básica y elementos utilizados en el sector agropecuario, como fertilizantes, plaguicidas y distritos de riego. También mencionó los cambios en el impuesto de renta para personas que reciben más de cinco millones de pesos, el incremento de los parafiscales y los posibles efectos de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las rentas territoriales.El representante recordó que el Gobierno busca reducir una brecha fiscal superior a 90 billones de pesos, por lo que considera necesario revisar las fuentes de financiación. “Es necesario que hoy se trabaje articuladamente entre el Gobierno y el Congreso para buscar una ley que realmente logre generar unas medidas para el ajuste fiscal”, sostuvo.¿Qué opina Héctor Chaparro del IVA a las compras en plataformas digitales?Chaparro también se refirió a la propuesta de eliminar la exclusión del IVA para los envíos urgentes de menos de 200 dólares. La medida implicaría que compras realizadas mediante plataformas como Amazon, Temu y Shein paguen la tarifa general del 19 %.El congresista consideró que el tema debe discutirse en el Legislativo. Explicó que la exclusión comenzó en 2014, antes de la expansión del comercio electrónico, y que actualmente puede generar diferencias entre quienes compran en plataformas digitales y quienes adquieren los mismos productos en establecimientos físicos.“Hay un desnivel en esta cancha”, señaló. Además, mencionó el llamado pitufeo, una práctica que describió como la agrupación de cientos de pedidos de bajo valor en una misma dirección para evitar el pago del impuesto.Sobre las alternativas de recaudo, cuestionó que se plantee reducir el impuesto de renta a las empresas mientras se proponen nuevos cobros para otros sectores. “Tenemos que pensar precisamente en cuáles son los impuestos que realmente vamos a aumentar”, afirmó.Finalmente, anunció que el Partido Liberal presentará en los próximos días una propuesta como bancada de las comisiones económicas para plantear alternativas frente al proyecto del Gobierno.
El Chontico Día es uno de los juegos de chance más reconocidos del Valle del Cauca. Cada jornada reúne a miles de participantes que siguen el sorteo y revisan la combinación ganadora para comprobar si sus apuestas fueron favorecidas.Resultado del Chontico Día hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Estos son los datos que podrán consultar los apostadores una vez se anuncien las cifras:Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.Quinta balota: pendiente de publicación.Los resultados pueden verificarse en los canales autorizados y en los puntos de venta. Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador.¿A qué hora juega el Chontico Día?El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales están disponibles después del sorteo a través de los medios habilitados para su consulta.¿Cómo se juega el Chontico Día?Los participantes pueden elegir entre seis modalidades, según las cifras que quieran acertar:Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.Tres cifras directo: requiere coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?El juego permite participar con diferentes presupuestos, dentro de los valores establecidos:Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados. Los documentos básicos son:Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Con sorteos diarios, seis modalidades de apuesta y distintas opciones para acertar, el Chontico Día conserva su presencia entre los juegos de chance más consultados en el Valle del Cauca.
El Gobierno Nacional ha prometido recortar un 15 % el tamaño del Estado gracias a la ley de rescate económico que está siendo discutida en el Congreso, y uno de sus frentes de batalla será el recorte de ‘otras transferencias’ y de ‘fondos especiales’.Según el Ministerio de Hacienda, en el presupuesto del próximo año hay 23 billones de pesos dispersos en 262 renglones del presupuesto agrupados bajo el concepto de transferencias y unos 19 billones más en fondos especiales. Este recorte de transferencias en Colombia no incluye a los establecimientos públicos, que completan los 63 billones de pesos que el ministro Miguel Gómez ha calificado como ‘mal usados’. La ley de rescate económico le daría al Gobierno la potestad de aplazar o recortar las transferencias que no tengan aval en 2027 y de no programarlas en el resto del mandato de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no planea hacer un ‘recorte indiscriminado’ de todos esos gastos, sino una evaluación caso a caso.“Dentro de estas partidas hay transferencias que financian actividades productivas de empresas públicas o mixtas que deberían ser autosostenibles, estudios de alto costo o programas que deberían financiarse con recursos propios de las entidades. La propuesta busca revisar si estas asignaciones siguen siendo necesarias, si cumplen los objetivos para los cuales fueron creadas y si existen duplicidades o posibilidades de utilizar mejor los recursos públicos”, dijo la entidad en respuesta a Blu Radio.Quedan excluidas de los recortes las transferencias directas por seguridad social, educación y transferencias territoriales definidas por la Constitución.Más allá de la ley que está en trámite, el Gobierno está pensando en medidas “complementarias” para recortar los gastos, que podrían incluir cambios a los subsidios en servicios públicos.“El proyecto no contempla una modificación específica al esquema de subsidios de los servicios públicos domiciliarios, pero es un tema que tenemos previsto seguir trabajando en el marco de nuestro plan de Gobierno, particularmente en el Plan Nacional de Desarrollo”, agregó la entidad.La ley de rescate económico no contempla medidas adicionales para controlar el déficit en materia de precios de la gasolina y el ACPM; sin embargo, el Gobierno ya tiene las “herramientas legales necesarias” para hacer ajustes graduales y su objetivo sigue siendo ‘avanzar’ hacia la neutralidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
La Dirección Nacional de Inteligencia desde el pasado siete de agosto, ha venido adelantando una serie de tareas para evaluar las actuaciones adelantadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y desde el comienzo, estaba en la mira el nombre de Carlos Andrés Oyola, quien estaría presuntamente involucrado en varias irregularidades.Según información de fuentes oficiales, Oyola habría intentado evitar su declaratoria de insubsistencia de su cargo como funcionario de la DNI por medio de incapacidades médicas de una reconocida clínica de Neiva, cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades. El presunto hacker habría decidido instalarse en la capital del Huila una vez terminó el gobierno de Gustavo Petro y de acuerdo con datos de inteligencia, estaría buscando fugarse hacia Brasil.Fuentes enteradas del asunto, indicaron que desde el pasado 7 de agosto, la DNI venía trabajando de la mano con la Fiscalía y específicamente con el CTI y por eso mantenía seguimiento y ubicación permanente a Carlos Oyola, hasta el viernes pasado cuando fue capturado en la capital del Huila.De acuerdo con personas que han formado parte de la investigación, mientras la DNI proveía información estratégica sobre la ubicación de Oyola, el CTI se desplazó a Neiva para adelantar las tareas investigativas relacionadas con el proceso penal en contra del exfuncionario.Según información de fuentes oficiales, el presidente Abelardo De La Espriella ha estado enterado permanentemente de las irregularidades presuntamente cometidas por Oyola y de la gravedad de las implicaciones de la posible fuga de información por esa vía.¿Qué actuaciones irregulares habría cometido Oyola en la DNI?Aunque hay certeza en la DNI que no se llevó la totalidad de las copias de la información de inteligencia, Carlos Andrés Oyola sí habría tenido acceso a elementos de interés, entre ellos discos duros, archivos digitales y copias de seguridad. Ahora se busca establecer qué clase de información estuvo comprometida y quiénes tuvieron acceso. No se descarta que eventualmente agencias de inteligencia rusas estén involucradas.Dentro de las funciones que Carlos Andrés Oyola habría cumplido en la DNI, se investiga si estaba la posibilidad de torpedear la cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos, Israel y Reino Unido, por instrucciones superiores.Pero lo más delicado que se investiga es si Carlos Oyola formó parte de una estructura con capacidades de inteligencia para afectar el proceso de las elecciones presidenciales de este año. Oyola habría tenido acceso a la información de la Registraduría sobre candidatos a la presidencia y también habría tenido la función de atacar al Registrador Nacional Hernán Penagos, cuestionar el software y deslegitimar el resultado de las elecciones, además de promover la desobediencia frente a los resultados.Finalmente, las autoridades tratan de investigar la posible venta de información de inteligencia por parte de Oyola a terceros países o a particulares.
