La Cancillería está haciendo una alerta debido a una página web fraudulenta que trata de suplantar a este Ministerio y ofrece servicios relacionados con la expedición de pasaportes.“El Ministerio de Relaciones Exteriores alerta a los colombianos sobre la existencia de micancilleria.com, una página fraudulenta que presenta una apariencia similar a la de la Cancillería y ofrece servicios relacionados con el trámite de pasaporte”, explican desde el Gobierno.Es por eso que la Cancillería está aclarando que el trámite de pasaporte es personal y no requiere intermediarios.“Se recomienda no entregar información personal ni realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar el trámite. En las oficinas de Bogotá, no se requieren pagos previos. El pago se hace únicamente después de realizado el trámite”, dicen desde el Gobierno.Es importante recordar que para consultar información oficial sobre pasaportes, la única página habilitada es: http://www.cancilleria.gov.co
La Gobernación de Santander interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por una presunta estafa relacionada con el trámite del pasaporte en Bucaramanga. Según las autoridades, falsos tramitadores estarían cobrando hasta $200.000 por supuestas citas o turnos virtuales para agilizar la expedición del documento.La alerta surgió luego de que varios ciudadanos denunciaran que fueron contactados a través de redes sociales o abordados en inmediaciones del Centro Comercial Cacique, donde actualmente funciona la Oficina de Pasaportes.De acuerdo con los testimonios conocidos por las autoridades, los estafadores ofrecen una supuesta plataforma digital que estaría enlazada con el Ministerio de Relaciones Exteriores y prometen evitar las filas a cambio de un pago."Una de las personas afectadas aseguró que pagó $190.000 después de recibir una oferta a través de redes sociales. Sin embargo, al acudir al Centro Comercial Cacique, le informaron que había sido víctima de una estafa", aseguró Miguel Lozano Herreño, coordinador de la Oficina de Pasaportes. Ante estos casos, la Oficina de Pasaportes de Santander reiteró que no cuenta con tramitadores digitales ni intermediarios y que los ciudadanos no deben pagar dinero para obtener un turno.Actualmente, la atención en Bucaramanga se realiza de manera presencial en el subsótano del Centro Comercial Cacique, local 10, donde se entregan 200 turnos diarios, por orden de llegada, entre las 6:00 a. m. y las 7:15 a. m., sin necesidad de cita previa.La Gobernación también solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional para adelantar acciones de sensibilización y prevenir que más ciudadanos sean víctimas de esta modalidad.Una vez realizado el trámite, el pasaporte es entregado tres días hábiles después, según la información suministrada por la Oficina de Pasaportes.Las autoridades recomendaron a los ciudadanos no entregar dinero a personas que ofrezcan supuestas filas virtuales, citas preferenciales o enlaces especiales para acceder al trámite. La obtención del turno para el proceso no requiere pagos a terceros y los interesados deben acudir directamente a los canales establecidos por la Oficina de Pasaportes.
El contralor general, Jorge Laverde Vargas, señaló que el organismo vigilará el uso de los recursos públicos destinados a mantener la producción, expedición y entrega de estos documentos, tanto en Colombia como en el exterior.El seguimiento incluirá la revisión de la necesidad de los bienes y servicios contratados, las cuantías y los plazos, la idoneidad del contratista y la autonomía de los nuevos contratos frente a instrumentos que hayan sido suspendidos judicialmente.La Contraloría advirtió además que la declaratoria de urgencia manifiesta no exonera a los responsables de eventuales irregularidades. Por ello, pidió a la Cancillería y a su Fondo Rotatorio incorporar al expediente los contratos, antecedentes técnicos y financieros, soportes presupuestales, certificaciones de inventario y documentos que permitan verificar el avance de la contratación.El contralor también enfatizó que la medida de emergencia debe ser temporal y pidió a la Cancillería avanzar en una licitación pública, con cronograma, responsables y mecanismos de seguimiento, para evitar que la prestación del servicio dependa indefinidamente de medidas excepcionales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó que es competente para estudiar la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el nuevo modelo de producción y personalización de pasaportes implementado por el anterior Gobierno nacional, y rechazó las excepciones planteadas para que el proceso fuera remitido a un tribunal de arbitraje internacional.La Procuraduría busca que se declare la nulidad absoluta del “Convenio con Persona Extranjera de Derecho Público para la Cooperación y Participación”, suscrito el 28 de julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional - Casa da Moeda de Portugal. El convenio tiene un valor fiscal de 1,3 billones de pesos y establece las reglas para la cooperación y participación en el proceso de transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visas de la República de Colombia.Además de solicitar la nulidad absoluta del convenio, la Procuraduría pidió que se ordene a la Casa da Moeda de Portugal devolver las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del negocio jurídico, debidamente indexadas y con intereses moratorios.Durante el proceso, la Imprenta Nacional de Colombia planteó una excepción de falta de jurisdicción, argumentando que el convenio contiene una cláusula compromisoria que atribuye a un tribunal de arbitraje internacional el conocimiento de las controversias relacionadas con el negocio jurídico, incluidas aquellas relacionadas con su nulidad.Según esa posición, la legitimación especial de la Procuraduría para solicitar la nulidad absoluta de contratos estatales no desplazaría los efectos del pacto arbitral acordado por las partes.Sin embargo, el Tribunal concluyó que, aunque el convenio sí contempla un mecanismo de arbitraje internacional, esa cláusula no impide que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca de la demanda presentada por la Procuraduría.El Tribunal explicó que las partes acordaron que, después de agotar el mecanismo de arreglo directo, las diferencias relacionadas con la “interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad, terminación o reducción” serían resueltas mediante arbitraje internacional administrado bajo el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. No obstante, destacó que la demanda no fue presentada por una de las partes que suscribieron el convenio y aceptaron el pacto arbitral, sino por la Procuraduría, que no intervino como parte contractual.“En este subíndice la controversia no fue promovida por una de las partes que celebraron el Convenio y otorgaron su consentimiento al pacto arbitral, sino por la Procuraduría General de la Nación, que no intervino como parte del contrato ni suscribió su cláusula compromisoria y que comparece en ejercicio de una habilitación atribuida directamente por la ley”, señaló el Tribunal.Por estas razones, el Tribunal declaró no probadas las excepciones previas de falta de jurisdicción, cláusula compromisoria e ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.El proceso continuará con la audiencia inicial, que fue programada para el jueves 12 de noviembre de 2026, a las 8:00 de la mañana. En esa diligencia se abordarán los aspectos procesales correspondientes dentro de la demanda presentada por la Procuraduría contra el convenio relacionado con el nuevo modelo de pasaportes.Además, recientemente la cancillería declaró una nueva urgencia manifiesta para garantizar la continuidad, sin interrupciones, del suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes.
La declaratoria de urgencia manifiesta de la Cancillería para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una contratación temporal para atender la producción y suministro de las libretas. En ese escenario, una de las preguntas que surge es si Thomas Greg & Sons, empresa que durante años estuvo a cargo de este servicio, podría regresar.El abogado Nicolás Dupont, demandante en el proceso que llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a ordenar la suspensión provisional de los convenios relacionados con el nuevo modelo de pasaportes, se refirió al tema en entrevista con Mañanas Blu. Dupont señaló que la urgencia manifiesta permite a la Cancillería realizar una contratación inmediata con el objetivo de evitar una interrupción del servicio, aunque evitó anticipar que esa decisión tenga un destinatario específico: “Yo no me quiero anticipar a decir que la urgencia manifiesta tenga nombre propio”.Según explicó el abogado, la medida permite adoptar decisiones contractuales de manera inmediata ante la necesidad de garantizar la continuidad del servicio. La Cancillería informó que la urgencia manifiesta fue declarada el 17 de septiembre de 2026 y que la contratación que se derive de ella tendrá carácter transitorio y estará limitada a lo indispensable para mantener la expedición de pasaportes y visas.Tribunal mantuvo la suspensión de los conveniosLa decisión se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negara las solicitudes de aclaración presentadas frente a la medida cautelar que suspendió provisionalmente los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de pasaportes.De acuerdo con la explicación entregada por Dupont en Mañanas Blu, varias de las partes habían solicitado al Tribunal precisar el alcance de la decisión. La Casa de la Moneda de Portugal pidió aclarar si la suspensión también cobijaba el convenio de cooperación con la Imprenta Nacional, mientras que la Cancillería y la Imprenta solicitaron orientación sobre las acciones que debían adoptar para garantizar la provisión de pasaportes.El abogado explicó que el magistrado consideró que la decisión era suficientemente clara y que no correspondía al Tribunal indicarle al Ejecutivo cómo debía cumplirla: “Si bien debe garantizar en los términos que dijo el tribunal la provisión de los pasaportes y la no interrupción de un servicio público esencial, está en manos del gobierno decidir de qué manera debe cumplirse esa orden respetando los derechos de las y los colombianos”.La Cancillería, por su parte, señaló que la urgencia manifiesta fue declarada precisamente para cumplir la orden judicial y garantizar que el servicio continúe sin interrupciones. El Ministerio aseguró que las oficinas expedidoras y los consulados mantienen la atención y que las citas previamente programadas continúan vigentes.¿La urgencia manifiesta podría llevar de nuevo a Thomas Greg & Sons?La posibilidad de que Thomas Greg & Sons participe nuevamente en la expedición de pasaportes surgió durante la entrevista a Dupont, debido a que la figura de urgencia manifiesta permite realizar una contratación inmediata. Sin embargo, el abogado demandante evitó señalar que exista una decisión en ese sentido.Dupont agregó que antes de definir la alternativa debe revisarse el estado actual de la operación, el inventario disponible y los alcances de la orden judicial: “Creo que también deben, deben evaluarse como todas las circunstancias actuales y el estado actual en el que están, el stock que usted ya mencionó, y así como la orden judicial para determinar como que cuál es la mejor forma de proceder”.La información oficial de la Cancillería establece que la contratación derivada de la urgencia manifiesta será transitoria. Paralelamente, el Ministerio inició la estructuración de una licitación pública para atender de manera permanente la necesidad relacionada con la expedición de pasaportes.La discusión sobre el stock de pasaportesUno de los asuntos mencionados durante la entrevista fue el inventario de libretas de pasaportes entregadas por la Casa de la Moneda de Portugal a la Imprenta Nacional. La Cancillería había solicitado al Tribunal autorización para utilizar el stock existente mientras se definía una alternativa que permitiera garantizar la continuidad del servicio. Blu Radio informó que el trámite de una solución alternativa podría tardar alrededor de tres meses: Dupont sostuvo que no correspondía al Tribunal explicar al Ejecutivo cómo utilizar un inventario específico.Dupont pide información sobre el nuevo modelo de pasaportesOtro de los puntos señalados por Dupont está relacionado con la información sobre la operación del nuevo esquema de expedición de pasaportes. El abogado recordó que la medida cautelar no solamente exige garantizar la prestación del servicio, sino también entregar información sobre el funcionamiento del modelo implementado.Según explicó durante la entrevista, entre los datos que deberían conocerse están el lugar donde se imprimen las libretas y los mecanismos utilizados para su transporte y seguridad. “Nos dé una información que hasta el día de hoy no tenemos: dónde se están imprimiendo las libretas, con qué mecanismos de seguridad se están transportando”.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido provisionalmente los convenios relacionados con el nuevo modelo mientras continúa el proceso judicial iniciado mediante una acción popular presentada por Dupont. ¿Qué pasará con el nuevo pasaporte?Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de que la suspensión del nuevo modelo implicara regresar al diseño anterior del pasaporte colombiano. Dupont señaló que la decisión judicial no establece que deba retomarse un modelo específico de libreta: “La decisión del juez no implica regresar a cierto esquema de contratación y mucho menos especifica qué características debe tener el pasaporte que viene”.En ese sentido, planteó que la discusión no debería centrarse exclusivamente en regresar al documento anterior, sino en definir las características que deberá tener el pasaporte que se produzca bajo el esquema que finalmente adopte el Gobierno: “Me gustaría pensar menos en regresar a un pasaporte específico y más en avanzar hacia un pasaporte mejor, hacia el pasaporte que merece la ciudadanía”.
La Cancillería de Colombia y su Fondo Rotatorio declararon este 17 de septiembre de 2026 la urgencia manifiesta con el objetivo de garantizar, sin interrupciones, el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana.Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado oficial, el servicio de expedición se mantendrá con normalidad tanto en las sedes del país como en los consulados en el exterior. Las citas agendadas conservan su validez y la ciudadanía no requiere realizar trámites adicionales.Origen de la urgencia manifiestaLa decisión administrativa se tomó en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP del 2 de septiembre de 2026. Esta medida cautelar, proferida dentro de una acción popular, suspendió provisionalmente la ejecución del nuevo modelo de pasaportes.De acuerdo con lo señalado por la providencia judicial, fue necesario acreditar los soportes fiscales requeridos para vigencias futuras. Asimismo, el tribunal solicitó esclarecer aspectos sobre la planeación, el cumplimiento de cronogramas y el estado real de la operación. Ante esto, la autoridad judicial ordenó adoptar medidas inmediatas para mantener la prestación ininterrumpida del servicio.Alcance de los nuevos contratos y licitaciónCon base en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, la Cancillería acudió a la urgencia manifiesta, una figura jurídica excepcional que autoriza contrataciones inmediatas para evitar la suspensión de un servicio público.La entidad aclaró que los contratos derivados de esta urgencia tendrán carácter estrictamente transitorio y se limitarán a lo indispensable. De forma paralela, el Ministerio inició la estructuración de un proceso de licitación pública para definir una solución permanente mediante un cronograma con seguimiento mensual.En cumplimiento del marco legal, el acto administrativo de la urgencia manifiesta, junto con los contratos celebrados y sus antecedentes, se remitirán a la Contraloría General de la República para el control fiscal correspondiente.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y las partes intervinientes, frente a la decisión del pasado 3 de septiembre, mediante la cual se suspendió provisionalmente el convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia para la expedición de nuevos pasaportes.La decisión señala que la providencia anterior fue clara, expresa y completa respecto del alcance de la medida cautelar, las razones que llevaron a su adopción y las obligaciones impuestas a las entidades involucradas.Por esta razón, el Tribunal determinó que no existen conceptos o expresiones ambiguas o contradictorias que generen dudas y que hagan necesaria una aclaración. En consecuencia, la medida cautelar continúa vigente en los términos establecidos en la decisión del 3 de septiembre.La Cancillería había solicitado que se adicionara la providencia para autorizar expresamente la utilización de determinadas libretas de pasaporte que permanecen en inventario. A su vez, la Imprenta Nacional de Colombia pidió precisar si podía continuar adelantando actividades relacionadas con la personalización, suministro y distribución de estos documentos.También fue analizada una petición de la Imprenta Nacional - Casa da Moeda, relacionada con los efectos de la suspensión frente al convenio de cooperación internacional celebrado con esa entidad y con el reconocimiento y pago de actividades desarrolladas en ejecución de dicho acuerdo.El Tribunal consideró que estas solicitudes no estaban dirigidas a aclarar el contenido de la providencia, sino a obtener instrucciones específicas sobre la manera en que las entidades deben desarrollar sus competencias administrativas, contractuales, operativas y logísticas como consecuencia de la medida cautelar.En ese sentido, el magistrado ponente señaló que la decisión del 3 de septiembre ya había establecido que las entidades accionadas y las demás autoridades competentes debían adoptar las medidas administrativas, presupuestales, contractuales, operativas, tecnológicas y logísticas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.Por lo tanto, corresponde a cada entidad, dentro del ámbito de sus competencias, determinar los mecanismos para cumplir la orden judicial.El Tribunal concluyó que la providencia objeto de la solicitud no presenta vacíos de interpretación ni requiere complementación, pues definió tanto el alcance de la suspensión como las obligaciones de las entidades destinatarias.
Los habitantes de Floridablanca y sectores cercanos tendrán este sábado 19 de septiembre una nueva alternativa para iniciar el trámite de su pasaporte, con la puesta en marcha del programa ‘Pasaporte a tu Barrio’, de la Oficina de Pasaportes de Santander.La estrategia busca acercar el servicio a los ciudadanos y evitar que tengan que desplazarse inicialmente hasta la sede ubicada en el Centro Comercial Cacique, en Bucaramanga.La primera jornada se realizará desde las 8:00 de la mañana en el Coliseo Cubierto del barrio Ciudad Valencia, donde serán habilitados 200 cupos para el agendamiento de citas. La convocatoria está dirigida también a habitantes de sectores como Lagos, Cañaveral, Villabel, Santa Ana y Molinos Bajos.El director de la Oficina de Pasaportes de Santander, mayor (R) Miguel Ángel Lozano Herreño, explicó que la atención se hará de acuerdo con el orden de llegada y que los ciudadanos deberán presentar su cédula de ciudadanía en buen estado. Para los menores de edad será necesario llevar el registro civil.Una vez se completen los 200 cupos, los ciudadanos recibirán una cita para acudir, durante las dos semanas siguientes, a la Oficina de Pasaportes, ubicada en el subsótano del Centro Comercial Cacique, local 10. En esa segunda etapa se realizará la toma de fotografía y los demás procedimientos necesarios para completar el trámite.Según la Gobernación de Santander, después de culminar el proceso, el pasaporte podrá ser reclamado en la misma oficina en un plazo de tres días hábiles.El costo del documento es de $300.300, aunque quienes presenten un certificado electoral vigente podrán acceder a un 10% de descuento.Con esta iniciativa, la administración departamental pretende replicar en los barrios del Área Metropolitana la experiencia de ‘Pasaporte a la Provincia’, estrategia con la que busca descentralizar los servicios de la Oficina de Pasaportes y facilitar el acceso de los ciudadanos al documento.
Un reciente fallo de la Corte Constitucional fijó las reglas sobre cómo el Gobierno debe manejar los datos biométricos, como las huellas dactilares y las fotografías del rostro, al momento de tramitar o renovar el pasaporte en Colombia.La Corte Constitucional determinó que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede exigir la toma de datos biométricos para expedir o renovar un pasaporte. La Sala Cuarta de Revisión concluyó que esta exigencia no vulnera los derechos a la intimidad ni al habeas data.La decisión surgió por el caso de una ciudadana que acudió a la Cancillería para renovar su pasaporte. Allí le informaron que debía autorizar el tratamiento de sus datos biométricos. La mujer decidió no continuar con el trámite y presentó una acción de tutela.La ciudadana consideró que la toma de estos datos era innecesaria. Argumentó que la Registraduría Nacional del Estado Civil ya tenía su información biométrica y que podía suministrarla directamente a la Cancillería.La Corte explicó que el procedimiento no funciona de esa manera. Las bases de datos de la Registraduría son utilizadas para verificar la identidad de quienes solicitan el pasaporte, pero no existe una transferencia de los datos biométricos entre las dos entidades.En realidad, se realiza un cotejo de identidad. Por eso, según la Sala, es necesario que los datos biométricos sean capturados directamente durante el trámite. Esta información permite comparar los rasgos físicos de la persona con los datos utilizados para confirmar su identidad.La Corte consideró que esta medida tiene objetivos legítimos: verificar quién solicita el documento, prevenir posibles casos de suplantación y contribuir a la seguridad nacional. Además, concluyó que no existe otro mecanismo menos lesivo que permita cumplir esas mismas finalidades con igual efectividad.Por esa razón, la Sala determinó que exigir los datos biométricos para expedir o renovar el pasaporte no vulnera los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data. En consecuencia, no accedió a la solicitud de la ciudadana de que sus datos fueran enviados desde la Registraduría sin realizar una nueva captura.Sin embargo, la Corte sí encontró un problema en el manejo posterior de esa información. El Ministerio de Relaciones Exteriores conserva los datos biométricos de manera indefinida, sin que exista una justificación específica que explique por qué deben permanecer almacenados sin un plazo determinado.El alto tribunal recordó que el principio de temporalidad exige conservar los datos personales únicamente durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la cual fueron recolectados. Por esta razón, exhortó a la Cancillería a establecer criterios y plazos claros para conservar los datos biométricos. Si la entidad considera necesario mantenerlos indefinidamente, deberá justificar esa decisión conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia.La Sala estuvo integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside. Fernández Andrade salvó su voto, porque consideró que en este caso la acción de tutela debió declararse improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
La Cancillería, a través del jefe de su Oficina Asesora Jurídica Interna, Andrés Darío Sarmiento Lamus, solicitó formalmente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclarar y adicionar la medida cautelar que frenó la ejecución del nuevo modelo de expedición de pasaportes.El recurso interpuesto ante el magistrado ponente Moisés Rodrigo Mazabel busca resolver un problema operativo: obtener autorización judicial para usar el inventario existente de libretas entregadas por la Casa de la Moneda de Portugal a la Imprenta Nacional, evitando así una parálisis del servicio durante los tres meses que tomará estructurar un esquema alternativo y dar cumplimiento al auto.Entre los principales argumentos presentados por la Cancillería está en que actualmente, la Imprenta Nacional de Colombia cuenta con un stock de libretas de pasaportes antes que los convenios fueran suspendidos, y que requieren ser personalizadas para asegurar “la prestación continua, regular e ininterrumpida del servició público de expedición de pasaportes”.Según la Cancillería, los trámites administrativos, presupuestales, contractuales, operativos, tecnológicos y logísticos necesarios para garantizar la continuidad del servicio podrían tardar alrededor de tres meses.Ante esto, el ministerio considera necesario poder utilizar y personalizar las libretas que ya están disponibles, mientras se adelanta el proceso para establecer un nuevo esquema que permita garantizar la prestación continua del servicio.Frente a la solicitud de aclaración, la Cancillería le pregunta al Tribunal cómo deben proceder el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional frente a las libretas disponibles y solicita que se autorice expresamente su utilización mientras se completan los trámites necesarios.
Una celebración terminó con el fallecimiento de Jaffeth Asís, de 24 años, un joven que resultó herido tras una riña ocurrida en la localidad de Suba, en Bogotá. Asís era oriundo de Maicao, La Guajira, y había llegado a la capital con la intención de buscar oportunidades laborales.De acuerdo con la información entregada por sus familiares, Jaffeth se encontraba en una fiesta cuando inició una pelea. En medio de la disputa, fue atacado con un arma blanca. Otra persona intentó auxiliarlo; sin embargo, también resultó herida.El hecho habría ocurrido en el barrio Santa Rita y, según los allegados, tuvo lugar el 7 de septiembre. No obstante, reportes posteriores de medios de La Guajira sitúan la riña en el sector de Bilbao.¿Qué se sabe de la muerte del joven en Suba?Tras resultar herido, Jaffeth fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial. Pese a recibir atención médica, falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, su cuerpo fue llevado a Medicina Legal para realizar los procedimientos correspondientes.Sus familiares lo recuerdan como un joven trabajador que se dedicaba a labores de construcción. Había dejado Maicao para establecerse en Bogotá y buscar nuevas oportunidades.El caso permanece bajo investigación mientras se busca establecer qué ocurrió durante la riña, quiénes participaron en la agresión y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte del joven.¿Qué pasó con los presuntos responsables de la agresión?Según la denuncia de los allegados, después de la agresión la Policía capturó a dos hombres, de 25 y 27 años, quienes serían los principales señalados de estar involucrados en el ataque.Sin embargo, la familia de Jaffeth afirma que ambos recuperaron la libertad horas más tarde. Esta versión todavía no ha sido confirmada públicamente en los reportes oficiales.Por ahora, tampoco se conocen detalles oficiales sobre las decisiones adoptadas después de las capturas. Por ello, será la investigación de las autoridades la que determine qué procedimiento se siguió y cuál es la situación jurídica de las personas señaladas.Los primeros informes tampoco habían establecido públicamente todos los detalles de la pelea ni las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.¿Qué pide la familia de Jaffeth Asís?Los allegados solicitan que se avance en el esclarecimiento del caso y que se determine la responsabilidad de cada una de las personas que participaron en los hechos.La familia también asegura haber recibido amenazas después de la muerte del joven, situación que aumentó su preocupación y motivó su llamado a las autoridades.Sus familiares esperan que la investigación permita establecer qué ocurrió durante la celebración, identificar a los responsables de la agresión y esclarecer las circunstancias que terminaron con la vida de Jaffeth, quien había llegado desde La Guajira a Bogotá con la intención de construir un nuevo proyecto de vida.
Una paloma fue detectada por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cuando, al parecer, era utilizada para ingresar elementos prohibidos a la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander.El ave fue encontrada en inmediaciones del centro de reclusión con un arnés atado a sus alas y una especie de bolso instalado sobre su lomo. En el interior de este elemento había una carga envuelta en plástico vinipel que correspondía a cables para cargadores de teléfonos celulares.De acuerdo con la información conocida, la paloma tenía una dirección determinada hacia uno de los patios del establecimiento penitenciario, donde presuntamente era esperada por algunos privados de la libertad. El hallazgo fue registrado en video por los funcionarios que intervinieron al animal y retiraron la carga que llevaba.En la grabación se observa el procedimiento realizado por los guardianes para revisar a la paloma y establecer qué transportaba. Uno de los funcionarios explica que el peso de la carga impedía que el ave pudiera volar normalmente.“Se evidencia una paloma en el área de portal 1 con este elemento para transporte, al parecer para enviar a los privados de la libertad. Se evidencia que tiene su amarre”, señala el funcionario durante el procedimiento. Posteriormente, muestra el elemento que había sido instalado sobre el lomo del animal y la carga que se encontraba en su interior.“Y en elemento decomisado se evidencia el siguiente bolso mostrado. La paloma ahí por el peso no puede volar. Vamos a mostrar acá para dejar en evidencia los elementos. Cable. Un cargador, dos cargadores”, agrega el funcionario en la grabación.El caso llamó la atención por el método utilizado para intentar introducir los elementos al establecimiento penitenciario. La carga estaba acondicionada en un pequeño dispositivo sujeto al cuerpo del animal, con un sistema de amarres que permitía mantenerla adherida durante el vuelo.El Inpec ha registrado en otras oportunidades situaciones relacionadas con el uso de animales para intentar ingresar elementos a establecimientos penitenciarios. En estos casos, los funcionarios han identificado comportamientos inusuales de aves que sobrevuelan o permanecen en inmediaciones de los patios.
La Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles (SCIC) encendió las alarmas por la ejecución de la primera etapa de Aeropuerto del Café y pidió un “alto en el camino” ante los recientes hallazgos relacionados con las excavaciones de los taludes.El gremio solicitó la suspensión preventiva de la ejecución contractual y reclamó total transparencia antes de comprometer nuevos recursos públicos.La controversia se originó tras conocerse que el Consorcio Aeropuerto del Café SK habría establecido, después de varios meses de revisión, que algunas excavaciones previstas inicialmente con una profundidad de ocho metros tendrían que alcanzar los 15 metros.Para la SCIC, esta situación genera interrogantes sobre la planeación del proyecto, pues durante el proceso licitatorio se había señalado que los estudios y diseños contaban con las revisiones y avales correspondientes.La sociedad gremial cuestionó cómo, después de seis meses de revisión por parte del contratista, pueden aparecer situaciones que eventualmente tendrían impacto sobre los diseños, costos, plazos, licencias ambientales y cantidades de obra.Mediante un pronunciamiento público firmado por su representante legal, Claudia Pilar Calderón Acuña, la SCIC planteó un cuestionario de 11 puntos.El gremio pidió establecer cuáles son exactamente las falencias encontradas en los estudios, quién elaboró y aprobó los diseños, qué firmas otorgaron los avales, cuál es el fundamento técnico para pasar de ocho a 15 metros de excavación y quién asumiría los eventuales mayores costos y modificaciones contractuales.La SCIC insistió en que primero debe existir claridad técnica antes de avanzar con nuevos desembolsos.La sociedad también advirtió que no deberían realizarse desembolsos de recursos públicos ni anticipos sustentados en estudios que, según su planteamiento, están bajo cuestionamiento.A su juicio, continuar sin resolver estas inquietudes podría generar mayores costos para el Estado y los ciudadanos, además de eventuales modificaciones contractuales o controversias jurídicas.No obstante, aclaró que su posición no pretende frenar el desarrollo de Aerocafé, sino blindar el proyecto frente a posibles problemas técnicos, financieros y jurídicos que puedan comprometer su futuro.Patrimonio Autónomo respondeFrente a estos cuestionamientos, el Patrimonio Autónomo de Aerocafé emitió un comunicado en el que negó que existan “fallas de diseño” o modificaciones estructurales imprevistas en la Etapa I del proyecto.La entidad sostuvo que las versiones difundidas sobre supuestas inconsistencias obedecen a una interpretación equivocada de los datos topográficos y contractuales.Según el Patrimonio Autónomo, la cota de rasante del proyecto no ha sido modificada y conserva el ajuste de ocho metros establecido desde los diseños de 2012.La entidad explicó que las referencias a cortes de 15 metros no corresponden a una excavación adicional no prevista, sino a los movimientos de tierra necesarios para alcanzar la cota aprobada, teniendo en cuenta la irregularidad natural del terreno.El comunicado señala que el proyecto contempla cortes que pueden ir desde tres hasta 32 metros y que los cerca de 5,8 millones de metros cúbicos de excavación están incluidos dentro de las estructuras de contención y el alcance de la obra.La entidad también defendió la calidad de los estudios y diseños. Aseguró que estos cuentan con las respectivas validaciones y recordó que la Unión Temporal conformada por AERTEC y KPMG revisó en 2020 la idoneidad de los estudios para iniciar el proceso licitatorio.Posteriormente, según el comunicado, los estudios alcanzaron su cierre técnico y aprobación definitiva por parte de la Unidad de Gestión el 24 de julio de 2024.Otro de los puntos en disputa es la información disponible durante la licitación.Mientras la SCIC pregunta por las condiciones bajo las cuales fueron elaborados y aprobados los diseños, el Patrimonio Autónomo sostiene que toda la información técnica, geológica, hidrológica y geotécnica estuvo disponible para los oferentes en el denominado cuarto de datos.Allí, según la entidad, estaban incluidos aspectos relacionados con la complejidad del terreno, como la presencia de cenizas volcánicas y esquistos grafitosos.Sobre el avance contractual, el Patrimonio Autónomo aseguró que Aerocafé no presenta retrasos y que actualmente se encuentra en la fase de preconstrucción, prevista hasta el 12 de febrero de 2027.Al tratarse de un contrato a precio global fijo, explicó que durante este periodo el consorcio constructor SK puede realizar, con su propia consultoría, los ajustes operativos internos que considere necesarios, siempre bajo la validación de la interventoría, a cargo del Consorcio Aerointegral JPS4.El Patrimonio Autónomo reiteró finalmente que Aerocafé cuenta, según su posición oficial, con las condiciones técnicas, jurídicas y presupuestales para hacerse realidad.Además, anunció que la vocería sobre los aspectos técnicos y de ejecución del proyecto será emitida exclusivamente de manera conjunta por la Dirección Técnica y la Gerencia del Patrimonio Autónomo.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó una ofensiva contra las rentas de la delincuencia que dejó 473 personas capturadas y más de 118 kilogramos de estupefacientes incautados durante septiembre en los municipios del área metropolitana.De acuerdo con el balance entregado por la institución, durante el mes se realizaron 21 diligencias de registro y allanamiento, producto de procesos de investigación criminal e inteligencia. Del total de capturas, 126 fueron mediante orden judicial y 347 en flagrancia.Las operaciones también permitieron la incautación de 56 armas de fuego, la recuperación de 56 motocicletas y cinco vehículos, además del decomiso de sustancias estupefacientes.Uno de los procedimientos se desarrolló en los barrios El Reposo, en Floridablanca, y Provenza, en Bucaramanga, donde unidades de la SIJIN y SIPOL capturaron a tres personas.En estos allanamientos fueron encontrados 20 kilogramos de marihuana, 20 gramos de cocaína, 22 cartuchos calibre 9 milímetros, elementos utilizados para la dosificación de drogas, documentos relacionados con la contabilidad de la actividad ilícita y cuatro teléfonos celulares.Según la Policía, la droga incautada en estos dos procedimientos equivaldría aproximadamente a 20.200 dosis que dejaron de llegar a las calles.Otro operativo se llevó a cabo en el barrio Villanueva de Piedecuesta, donde investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal de SEPRO, con apoyo del CTI y el Ejército, capturaron en flagrancia a tres personas e incautaron 329 dosis de estupefacientes, entre cocaína, sus derivados y marihuana.La Policía señaló que estos procedimientos fueron precedidos por labores de vecindario, entrevistas y verificaciones que permitieron establecer la presunta utilización de inmuebles para el almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, aseguró que los allanamientos hacen parte de una estrategia para identificar los lugares, personas y elementos relacionados con las actividades delincuenciales.
Cali afronta una de las etapas más complejas tras el reciente sismo, concentrando sus esfuerzos en la evaluación técnica, la demolición de estructuras colapsadas y la planificación de una reconstrucción integral que tomará varios años. En diálogo con Mañanas Blu, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, entregó el balance de la atención a la emergencia y los avances en los frentes de trabajo.Un balance de 60 edificaciones entre casas y edificiosSegún precisó el secretario Peñuela, la administración distrital trabaja sobre un universo de aproximadamente 60 estructuras que deberán ser demolidas. De este total, 36 ya cuentan con la aprobación formal del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, mientras que 24 adicionales ingresarán a revisión técnica en la fase dos de evaluación de daños. El funcionario aclaró la distribución de los inmuebles afectados: "Hoy tendremos una cifra aproximadamente de 60 estructuras o edificaciones a ser demolidas. Cabe también mencionar que los 60 no son edificios, sino que tenemos 30 casas y 30 edificios como tal".Actualmente hay frentes de trabajo activos en sectores estratégicos de la ciudadEn la zona sur, específicamente en Los Cámbulos, se interviene en las estructuras de Cron Corpus, Calixpress y el Hotel Metrópoli, además de proyectar la demolición en Laureles para habilitar la carrera novena con calle 44.Por su parte, en el centro de Cali y en el sector de Bajo Jordán (Comuna 18) se ejecutan demoliciones de viviendas.Igualmente, inmuebles como el Hotel Molino Rojo y María Mercedes ya fueron demolidos, mientras que en el Conjunto Residencial Guadalupe y el edificio Arábico se adelantan labores de proceso y apuntalamiento.Responsabilidad privada y apoyo del gobierno distrital y nacionalA pesar de que la ley contempla que las edificaciones son bienes privados, la Alcaldía de Cali, liderada por Alejandro Eder, tomó la determinación de asumir subsidiariamente el derribo para acelerar la recuperación urbana.Al respecto, el secretario Peñuela enfatizó: "Las edificaciones son bienes privados. Nosotros de manera solidaria y subsidiaria, de acuerdo a la ley 1523 realizamos este tipo de demoliciones". Asimismo, añadió: "Tomamos una decisión con el gobierno, con el alcalde Alejandro Eder de hacer las demoliciones para tener una ciudad limpia y lista para la reconstrucción de Santiago de Cali".El secretario indicó que "un edificio podría costar entre 700 y 2000 millones dependiendo la cantidad de pisos y la estructura". Los recursos provienen del Fondo Distrital de Gestión del Riesgo y contarán con el respaldo del Consorcio para la Reconstrucción de Colombia del Gobierno NacionalPara la disposición final del material resultante, el distrito habilitó un punto en la calle 50 con carrera 5.ª en coordinación con el DAGMA, la CVC y la UAESP. Parte de los escombros se están aprovechando para la fabricación de adoquines, mientras que el manejo del acero y las varillas queda a cargo de la entidad y los contratistas designados.Finalmente, el secretario Peñuela proyectó la magnitud temporal y económica que implicará dejar a la capital del Valle del Cauca completamente restablecida: "Nosotros teníamos un promedio de unos 10 billones de pesos más o menos la reconstrucción de Santiago de Cali", proceso que, según estimó, "puede durar entre 3 y 4 años". Escuche aquí la entrevista:
