Piden frenar millonario giro a la Casa de la Moneda de Portugal por convenio de los pasaportes

La Procuraduría General de la Nación le está pidiendo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una medida cautelar que se traduce en la suspensión de los giros de recursos públicos relacionados con el convenio para la producción y personalización de pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visa, celebrado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda S.A. de Portugal.La petición fue presentada dentro de una demanda de controversias contractuales en la que la Procuraduría busca que se declare la nulidad absoluta del convenio, al considerar que fue celebrado en contravía de las normas que regulan la contratación estatal, particularmente por no haberse adelantado un proceso de licitación pública, pese a que la cuantía y el objeto del contrato así lo exigían.Según la Procuraduría, el contrato por un valor que asciende a 1,3 billones de pesos se celebró desconociendo el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece la licitación como regla general para la selección de contratistas, lo que habría vulnerado los principios de transparencia, planeación, libre concurrencia y selección objetiva.“En tal sentido, los aquí demandados actuaron con evidente desviación de poder, al eludir el procedimiento de selección objetiva y los demás requisitos previstos en la norma aplicable al proceso de contratación, vulnerando así los principios de transparencia, planeación, libre concurrencia y selección objetiva del contratista”, señaló el procurador delegado Marcio MelgosaY es que la Procuraduría General de la Nación advierte además que la Imprenta Nacional de Colombia no contaría con la capacidad técnica ni la infraestructura necesaria para ejecutar directamente el objeto del convenio, lo que habría derivado en la subcontratación de un tercero y en una presunta desviación de poder por parte de las entidades involucradas.En ese sentido, el procurador delegado para la contratación estatal le pidió al Tribunal ordenar al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores suspender los desembolsos económicos previstos en el convenio, al considerar que continuar con los pagos podría generar un daño grave al patrimonio público y volver nugatorios los efectos de una eventual sentencia que declare la nulidad del contrato.