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La Procuraduría General de la Nación demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y solicitó declarar la nulidad absoluta el convenio suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal por $1,3 billones, y cuyo objetivo era implementar un nuevo modelo para la producción y personalización de pasaportes.
El órgano de control determinó fallas en el convenio que se celebró con base en la aplicación de la Ley 1150 de 2007, que regula la contratación con organismos internacionales. De acuerdo con el fallo, la Casa de la Moneda solo aportó el 21% del valor total, cuando la norma exige una participación mínima del 50 %, razón por la cual se omitió el proceso competitivo y se vulneraron los principios de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva.
La decisión ordena a la empresa portuguesa devolver en su totalidad los recursos recibidos, debidamente indexados, y pagar intereses moratorios a favor del Fondo Rotatorio de la Cancillería y de la Imprenta Nacional.
Entre las irregularidades documentadas, el Ministerio Público señaló que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni operativa para cumplir el objeto contractual “limitándose en la práctica a recibir capacitación y realizar pagos, mientras que la Casa de la Moneda asumía la ejecución total de las actividades, configurándose una subcontratación integral del objeto del convenio”.
Además, durante la visita preventiva se constató la ausencia de estudios de mercado, la falta de justificación técnica, y que el documento de selección del cooperante internacional carecía de firmas responsables, violando las normas de contratación establecidas en la Resolución 002 de 2023.
La Procuraduría también advirtió anomalías en la sesión de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional del 18 de julio de 2025, donde se aprobó la suscripción del convenio. “Se encontraron graves irregularidades: citación extemporánea, ausencia de acta formal conforme a los estatutos, sustitución por grabaciones de audio y video, y exigencia de acuerdos de confidencialidad a los miembros. Estas irregularidades configuran vicios de ineficacia de pleno derecho, conforme a los artículos 186 y 190 del Código de Comercio”.
El órgano de control alertó que el contrato comprometía recursos públicos hasta el año 2036 sin la autorización del CONFIS ni la declaratoria de importancia estratégica mediante documento CONPES, incumpliendo la Ley 819 de 2003.
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La Procuraduría concluyó que la celebración del convenio puso en riesgo el patrimonio del Estado, razón por la cual la nulidad absoluta busca proteger el interés general y garantizar el respeto al orden jurídico y presupuestal de la Nación.
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