Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía presentó el cargo de interés indebid en la celebración de contratos, contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien se declaró libre de toda culpa y dijo que no hubo ninguna irregularidad.La Fiscalía argumentó ante el Tribunal que el exmandatario se involucró, más de la cuenta, en la firma del contrato para que la Gobernación se viera beneficiada con los recursos que dejaría el proyecto.“La Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquía, IDEA, participaron directamente en la celebración y trámite del citado contrato, el cual fue entregado mediante una negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín, EPM”, manifestó la funcionaria judicial.Ramos dirigió y coordinó la negociación de Hidroituango, a través del abogado de confianza Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, en la que se hicieron trámites, presuntamente fraudulentos con licencias ambientales falsas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el 22 de diciembre de 2015.La Fiscalía dice contar con evidencias que, en calidad de gobernador, Ramos presionó para que el contrato del proyecto de generación eléctrica fuera entregado a EPM y no tener en cuenta una licitación internacional.Para ello, gestionó el cambio de modelo de contratación, ya que EPM es una empresa público - privada donde el propio gobernador tenía asiento en la junta directiva.Le puede interesar:El exmandatario departamental, no aceptó el cargo que le imputaron y dijo que ha "servido a Antioquia y al país, jamás vi asomo de ilegalidad respecto al proyecto Hidroituango”.La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento contra Ramos, quien de todas formas seguirá detenido en un centro de reclusión en Rionegro, Antioquia, por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo acusa de vínculos con paramilitares cuando fue senador de la República.Escuche aquí el podcast Ser campeón viene con manual:
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó una decisión de un juez de precluir la investigación que adelantaba contra el rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Juan José Acosta, por los delitos de falsedad en documento público y concierto para delinquir entre otros delitos.El tribunal revivió el proceso luego de que se apelara el fallo de primera instancia en el que se daba por terminada la novela judicial en la universidad barranquillera.El proceso contra Juan José Acosta data de hace años por disputas familiares por el control de la Universidad. En 2016, cuando el rector Carlos Jaller Raad, se denunció que había un desfalco de 30.000 millones de pesos al interior de la institución, pero la parte demandada respondió demostrando ante la justicia que mediante reuniones de consejo directivo de la universidad se nombró a Juan José y Alberto Acosta para dirigir a la Unimetro de forma irregular.Supuestamente, hubo documentos falsos y otra serie de inconsistencias en las que la Fundación Acosta Bendek se declaró víctima. Es decir, otra ala de la familia peleaba por el control de la universidad.Un juez penal de Bogotá en febrero pasado decidió precluir el proceso con base en una solicitud de la Fiscalía, pero seis meses después el Tribunal Superior de Bogotá la revivió con base en un error de procedimiento de la Fiscalía a la hora de solicitar precluir el proceso.“La procedencia de la preclusión está supeditada a la recolección de nuevos elementos materiales probatorios que permitan derruir esa inferencia razonable existente sobre la situación fáctica comunicada. Y en ese sentido se sustenta el hecho que, iniciada la fase de juicio, la postulación de preclusión sólo sea viable por las causales 1° y 3° del art. 332 de la Ley 906 de 2004, pues los juicios, valoraciones o interpretaciones sólo pueden atenderse en el escenario correspondiente, a saber, el juicio”, manifestó el tribunal en su sentencia.En pocas palabras, la Fiscalía quiso retirar la acusación contra los Acosta y luego pedir la preclusión, pero el juez del caso debió evaluar a fondo los elementos que tuvo el ente acusador para presentar esa solicitud.Ahora la pelea familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla está abierta nuevamente y las víctimas dentro del proceso podrían pedirle a Fiscalía no insistir en cerrar la investigación que tiene dividida desde hace más de seis años a esta familia en Barranquilla.
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia contra Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido como el 'Zar de la seguridad', condenado en junio de 2021 a siete años y seis meses de cárcel. Los magistrados del tribunal lo absolvieron por uno de los hechos y le bajaron la pena un año.Según el ente investigador, el conocido ‘Zar’ cometió fraude procesal al incurrir en varias irregularidades para que empresas asociadas a su grupo resultaran favorecidas.El ´Zar de la seguridad´, entre febrero y mayo de 2012, controlaba siete empresas de seguridad y, al parecer, alteró ilegalmente el proceso de selección de 004 de 2012 realizado por Chivor, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y redujo la posibilidad de adjudicación de los demás participantes en el proceso licitatorio de un contrato por 150 millones de pesos, el cual finalmente fue entregado a una de las empresas del ‘Zar’.Le puede interesar: "Esta verdad era que hacían parte de un mismo grupo controlado por el procesado y tenían intereses comunes. Por estas mismas razones es irrelevante si, en los procesos contractuales adjudicados, cumplieron o no con el objeto del contrato o si no hubo un detrimento patrimonial para la administración pública", señaló el tribunal.Escuche aquí el podcast de Cómo como: “¡Adiós barriga!”
El Tribunal Superior de Bogotá anuló la condena de cinco años y nueve meses en contra del empresario Carlos Mattos, hoy preso en la cárcel de Cómbita (Boyacá). La decisión que tomó el Tribunal se dio porque tienen que verificar si tuvo algún tipo de incremento patrimonial en la empresa Hyundai.La Fiscalía no pudo determinar el incremento patrimonial que tuvo Mattos, debido a las decisiones judiciales que se desprendieron de los sobornos que el empresario pudo haber hecho a diferentes funcionarios públicos.El tribunal ya había anulado otra condena de nueve años y cinco meses de prisión, bajo el mismo argumento, el Tribunal recordó que para acceder a la rebaja de pena el condenado debe reintegrar al menos la mitad del incremento patrimonial.Le puede interesar:Además, decidió devolver el caso al juzgado, por considerar que, "para acceder a la rebaja de la pena en caso de allanamiento o hacer procedente el preacuerdo, debe reintegrar por lo menos 50% del valor equivalente al incremento percibido y asegurar el recaudo del remanente".Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca todas las reacciones de la ‘paz total’ que quiere el nuevo gobierno:
Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias 'El Mellizo', y a Orlando Villa Zapata, alias 'Rubén'.Quienes, entre 2013 y 2017, habrían entregado dinero y dádivas a la exfiscal Hilda Niño Farfán, y al exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Eduardo Castellanos Roso, con el fin de obtener beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Por lo que la Fiscalía les imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer."La Fiscalía estableció que estas dos personas habrían entregado dinero a la ex fiscal y al exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá con el fin de tener beneficios en justicia y paz y no ser reconocidos como narcotraficantes dentro del proceso", indicó Salomón Strusberg Rueda, director de Justicia Transicional.Alias ‘Ruben’ se encuentra en la cárcel de Palmira, donde cumple una condena por homicidio. También fue excluido del proceso de Justicia y Paz. 'El Mellizo' también fue excluido por no cumplir con los requisitos de elegibilidad dentro del trámite”, señaló el ente acusador.Le puede interesar:Finalmente, el juez de control de garantías ordenó capturarlo, medida que será comunicada a los organismos internacionales, debido a que fue extraditado a Estados Unidos en 2009, y cumplió una condena en ese país por cargos de narcotráfico; sin registrar ingreso migratorio a Colombia.Por este caso, la exfiscal Niño Farfán fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho propio. Por su parte, el proceso contra el exmagistrado Castellanos Roso culminó la etapa de juicio y está a la espera de sentencia.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué no dio frutos la famosa reunión del exmandatario y el presidente electo:
El Tribunal de Bogotá volvió a negarle la libertad al exgobernador de Santander Richard Aguilar, acusado de presunta corrupción en más de seis contratos públicos, entre ellos el del estadio de Bucaramanga, durante su mandato entre 2011 y 2015.Para el Tribunal de Bogotá, “es evidente la influencia política de Richard Aguilar en Santander y podría entorpecer la administración de justicia”.Richard Aguilar es hermano del actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien es investigado por presuntamente ocultar pruebas que eran solicitadas por la Corte Suprema de Justicia.“Conforme al análisis realizado, resulta latente la posibilidad de lograr entorpecer la administración de justicia (…) Se resuelve prorrogar la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario al señor Richard Alfonso Aguilar Villa hasta por un año más”, señaló el magistrado Luis Enrique Bustos de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá.Lea también:Según la Fiscalía, Aguilar Villa habría direccionado la contratación de obras civiles y el Programa de Alimentación Escolar, PAE, para favorecer a amigos, familiares y particulares quienes le habrían entregado el 10% de cada obra o proyecto adjudicado.Los contratos de obras que entregó la Gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar y que están en la mira de las autoridades son: la remodelación del estadio Alfonso López, la ampliación de la autopista a Floridablanca, la vía San Gil - Charalá y el corredor vial Agroindustrial en el sur del departamento.Es clave recordar que la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo y su esposo Lenin Pardo, aportaron a la Fiscalía pruebas y audios sobre los presuntos hechos de corrupción donde participaron junto a Richard Aguilar, Julián Jaramillo y otros exfuncionarios de Gobernación.Escuche más noticias:
El Tribunal Superior de Bogotá falló el proceso de extinción de dominio de Drogas La Rebaja, dejando la cadena farmacéutica en manos de la Nación. El proceso duró cuatro años en tribunales y fue resuelto en segunda instancia por las múltiples investigaciones que se registran por, al parecer, tener vínculos con el narcotráfico desde 2014.Con ponencia del magistrado Pedro Oriol Avella, el 28 de diciembre de 2016 de Bogotá, el tribunal confirmó el fallo proferido por el juzgado primero penal del circuito especializado de extinción de dominio “El fallo proferido por el juzgado primero penal del circuito especializado de extinción de dominio de Bogotá el veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)”, señala la decisión del pasado 11 de julio de 2022.Después de esta decisión no procede ningún recurso, por lo que ahora es la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la encargada de administrar Drogas La Rebaja, por lo que el Estado tendrá que definir si se mantiene como administrador de la cadena farmacéutica o la vende.Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello:
El candidato Rodolfo Hernández rompió su silencio sobre el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Bogotá que le ordena asistir a un debate presidencial a más tardar mañana jueves 17 de junio, de cara a la segunda vuelta presidencial.En declaraciones a medios de comunicación, el ingeniero informó que, tras analizar el caso con su equipo jurídico, la decisión de su campaña es pedir aclaración sobre dicha determinación.“Vamos a pedir una aclaración de cuál es el contexto de lo que pide el tribunal. Yo siempre he cumplido con todo y cómo van a pretender que no cumpla. Siempre hemos cumplido. Vamos a pedir la aclaración de lo que nosotros creemos, dentro del contexto de la ley”, precisó.Fuentes de la campaña le contaron a Blu Radio que uno de los argumentos que incluirían en dicha aclaración sería el hecho de que la decisión pide desarrollar el debate “antes de las elecciones”, pero con la apertura de urnas en el exterior consideran que ya el proceso está andando y, por ende, no sería aplicable.Además, defenderán que no es del todo claro en qué asuntos deben ponerse de acuerdo las dos compañas (la de Gustavo Petro y la de Hernández), y buscarán que se especifique el alcance.Esas mismas fuentes señalan que consideran quedan suspendidos los efectos de la tutela, teniendo en cuenta el artículo 302 del Código General del Proceso, según el cual “cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, sólo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud”.“Aceptar sin la debida aclaración esta decisión judicial, implicaría que en adelante todas las decisiones judiciales de tutela que favorezcan a una persona deben ser soportadas, acatadas, cumplidas por un indeterminado número de ciudadanos que no la comparten y que no fueron convocados y vencidos en el respectivo juicio en cumplimiento del derecho fundamental al debido proceso”, aseguró el ingeniero en una carta.¿Qué pide el fallo a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro?El fallo fue expedido en la recta final de la carrera por la Presidencia, por la Sala Séptima del Tribunal Superior de Bogotá, ordenando al ingeniero y a Gustavo Petro participar, a más este jueves 16 de junio, de un debate presidencial de 60 minutos a través del Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC.
“Estoy listo para debatir”, así respondió en su cuenta de Twitter el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a la orden del Tribunal Superior de Bogotá, tanto a él como a Rodolfo Hernández, de hacer un debate antes de las elecciones del próximo domingo.“La justicia ha ordenado realizar el debate presidencial entre candidatos. Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello”, escribió Petro en la red social.El candidato, antes de la orden del tribunal, había invitado, en reiteradas ocasiones, a su contendor a debatir, sin que hubiese tenido respuesta. Hernández, por su parte, había dicho que no debatirá porque considera que en un espacio de dos minutos para responder no es suficiente y solo se presta para polarizar aún más.Sin embargo, Hernández deberá revaluar qué acción tomar, pues el tribunal ordenó a los dos candidatos solicitar y programar, a más tardar del jueves 16 de junio de 2022, la realización de un debate presidencial de 60 minutos de duración a través del Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC.En el fallo, el tribunal también se refirió a la afirmación de Petro en Twitter, en la que decía que suspendía su “presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto”."En el caso concreto, es un hecho notorio que ambos candidatos se negaron en distintas oportunidades a acudir a los debates presidenciales. Uno en la primera ronda y el otro en desarrollo de la segunda vuelta electoral", dice el fallo del tribunal, que hace referencia a estos dos trinos, enviados por los dos candidatos:Este es el fallo del Tribunal Superior de Bogotá:
Al revisar la apelación de la condena, el Tribunal Superior de Bogotá decretó la nulidad de la condena y ordenó al juez que no otorgue beneficio alguno al empresario si Carlos Mattos no repara a las víctimas y que establezca realmente cuánto fue el daño, porque no es resarcible con el pago de dos millones de dólares que ofreció.El magistrado Alberto Poveda regañó a la Fiscalía y al apoderado de la Rama Judicial como víctima, por su negligencia de no tasar bien el daño patrimonial sufrido“Tan aberrante resulta lo ocurrido, que tal como lo afirmó el delegado del Ministerio Público, ni siquiera se realizó un acto de investigación con el fin de establecer si el procesado obtuvo o no un incremento en su patrimonio como consecuencia de los ilícitos, impidiendo que la sociedad, en este caso representada por la Rama Judicial, recibiera la compensación por el daño causado”, dijo el magistrado de la Sala Penal.Agregó que determinar las ganancias que obtuvo Mattos gracias a los funcionarios y empleados corruptos implica establecer el tiempo en que permaneció la medida que permitió ilegalmente la exclusividad en la venta de vehículos, la cantidad de automotores vendidos durante dicho lapso y la ganancia específica por cada automotor negociado.“Así, por ejemplo, si durante dicho período se vendieron 1.000 vehículos y la ganancia por cada uno de ellos a favor de Mattos Barrero o su empresa, que es lo mismo, fue de cinco millones de pesos, fácilmente se obtiene el valor que debe devolver y el monto cuyo reintegro debe asegurar”, explicó el magistrado Poveda.La condena, dictada el 9 de mayo por un juez penal del circuito de Bogotá, había sido impuesta después de que Mattos aceptara voluntariamente los cargos antes de que comenzara el juicio.El empresario también había sido condenado pagar una multa por 701 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos y había quedado inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 96 meses, según la Fiscalía.El caso MattosLa Fiscalía acusó a Mattos de sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros, que le ayudaron a acelerar el curso de una demanda en la que estaba implicado y lograr así que ésta llegara al despacho del juez Reinaldo Huertas, que fallaría a su favor.Los hechos se remontan a 2015, cuando la compañía Hyundai Motor Company decidió quitar a la empresa de Mattos, Hyundai Colombia, la representación de la marca en el país.El proceso en su contra se inició a raíz de que el empresario demandara en Colombia a Hyundai con el objeto de que se le reparara por los daños ocasionados por haberle retirado la representación de la marca.Dos meses después de presentar la demanda, elaborada por un exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, el juez Huertas falló a favor de Mattos, con lo cual se impidió a la multinacional la comercialización de sus vehículos con una compañía diferente a la del ahora reclamado.Mattos fue extraditado el pasado noviembre desde España para comparecer en este proceso y, en marzo de este año, estuvo involucrado en una polémica porque salía irregularmente de la cárcel de La Picota de Bogotá, donde esperaba condena, para acudir a trabajar a su oficina.
Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, confirmó el pasado viernes que el cuerpo rescatado del Salto del Tequendama pertenece a Gerardo Lino Segura Franco, oriundo de San Antonio del Tequendama, de 47 años, trabajador del sector."Lamentamos comunicar que se halló el cuerpo sin vida del señor Gerardo Segura, quien se lanzó con su carro al Salto del Tequendama", publicó el alcalde en su cuenta personal de Twitter.“Hoy, sobre las 11:57 a. m. fue encontrado el cuerpo sin vida de este ciudadano (Gerardo Segura). Están en las labores de rescate para poder entregarlo a su familia. Paz en la tumba de este señor y tranquilidad a su familia”, agregó.Por su parte el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, informó que en zona boscosa de San Antonio del Tequendama se encontró un cuerpo de sexo masculino, de aproximadamente 48 años y quien era el ocupante del carro que se accidentó en esa jurisdicción.En las imágenes se alcanza a ver el carro, marca Aveo rojo , modelo 2012, que quedó completamente destrozado. El cuerpo fue hallado en un sitio que faltaba por inspeccionar, muy cerca de donde encontraron su celular , según información del organismo de socorro.Recordemos que el carro de Gerardo Segura, habitante de San Antonio de Tequendama y dueño de un restaurante en ese municipio, cayó el miércoles a la 1:30 de la madrugada en el abismo.Aunque inicialmente, por versiones de testigos, se decía que él iba acompañado por otra persona en el momento del hecho, las autoridades concluyeron este viernes que solo había una persona desaparecida.Aún se desconoce en qué circunstancias cayó el vehículo al abismo. No se descarta que el conductor se haya lanzado deliberadamente, pero tampoco que el caso obedezca a una falla mecánica.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca la clase de especies que han aterrizado en el Congreso:
Paramarte es un emprendimiento que nació a raíz de la pandemia. Esta idea de negocio va enfocada a la pastelería, ya que cuenta con un catálogo amplio de diferentes postres y tortas, además de contar con un menú de almuerzos y desayunos.En diálogo con En BLU Jeans, Carlos Casadiego, integrante de Paramarte, habló sobre este emprendimiento que nació en pandemia.“Arrancamos en medio de la pandemia por un momento donde nos dimos cuenta de que podíamos alcanzar a nuestros clientes por medio de canales digitales. Por medio de este emprendimiento de vida, queremos alcanzar la felicidad”, dijo.Además, Casadiego contó cómo les fue en la reactivación económica y cómo han generado nuevas oportunidades de empleo, sobre todo para los universitarios.“Con mucho esfuerzo arrancamos el proyecto. Nos ha ido muy bien y tenemos un gran equipo. Nos encontramos en Santa Bárbara en la ciudad de Bogotá”, afirmó.Conozca Paramarte:
En su reflexión del domingo, el pastor César Castellanos, habló sobre la sabiduría que nos da Dios para afrontar diferentes adversidades en la vida. "Hay que compartir la palabra de Dios", aseguró.Escuche la reflexión completa:
En su reflexión del domingo, el pastor Rafael De Brigard, enfatizó en el tiempo que le dedicamos a los demás y cómo compartirnos la palabra de Dios. "Siempre debemos ser empáticos con los demás", afirmó. Escuche la reflexión completa:
Una fuerte tormenta con granizó afectó varias zonas al oriente del departamento de Santander. En videos que circulan en redes sociales se observa como cultivos agrícolas y viviendas resultaron afectadas por la intensidad del fenómeno natural. Los habitantes de tres veredas del municipio de Molagavita fueron los que sufrieron más por la intensidad de las lluvias con granizo. "Los campesinos están asombrados de ver las toneladas de granizo que arrasó con todo en los sectores de Caney", manifestó en un video un habitante de la zona. Por las emergencias que se han presentado por las lluvias en Santander, Boyacá y Norte de Santander, las autoridades activaron un plan integral para atender las situaciones de riesgo.
