El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, luego de resolver la apelación presentada contra la medida de aseguramiento que se había impuesto en su contra dentro del proceso por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.Durante la audiencia, el Tribunal avaló los argumentos expuestos por el delegado del Ministerio Público relacionados con el retiro de Velasco de la vida pública y con las actuales condiciones políticas del país. En ese sentido, la decisión tuvo en cuenta que el exministro ya no hace parte del Gobierno ni cuenta con el poder político que ejercía cuando ocupaba el cargo.A partir de esas circunstancias, la corporación consideró que no se mantienen las condiciones necesarias para concluir que Velasco representa un peligro para la sociedad o que pueda afectar el desarrollo del proceso penal que se adelanta en su contra.En la decisión, el Tribunal Superior de Bogotá señaló que la posibilidad de que continuara una eventual actividad delictiva a través de otros integrantes de la organización criminal que aún no han sido vinculados al proceso perdió sustento.“La posible continuidad de la actividad delictiva por intermedio de otros integrantes de la organización criminal aún no vinculados al proceso se diluye y disuelta tal previsión, desaparece el peligro para la comunidad y, por ende, la necesidad de las medidas de aseguramiento, quedando así la petición sin sustento alguno”, indicó el Tribunal.De esta manera, la corporación resolvió dejar sin efecto la medida de aseguramiento que mantenía privado de la libertad al exministro y ordenó su libertad, al considerar que las circunstancias que sustentaban la necesidad de esa medida ya no permanecen.La decisión no pone fin al proceso penal que se adelanta contra Velasco. El juicio continuará el próximo martes 2 de febrero de 2027 en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.Precisamente, durante la audiencia preparatoria de juicio realizada el pasado miércoles, el exministro y su defensa cuestionaron las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación relacionadas con la entrega de los elementos materiales probatorios. Según lo expuesto por la defensa, no se les habrían entregado todas las pruebas necesarias para preparar su estrategia frente a los señalamientos que se mantienen dentro del proceso.
La presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, Diana Marcela Camacho, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la administración de justicia por la reducción de los recursos asignados a la Rama Judicial y pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas para atender la demanda del servicio. La magistrada señaló que Bogotá concentra cerca de una tercera parte de la demanda de justicia del país, pero no cuenta con suficientes despachos judiciales para responder al volumen de procesos que recibe.La preocupación se centra en el presupuesto proyectado para 2027. De acuerdo con las cifras expuestas, la Rama Judicial requiere 17,5 billones de pesos para su funcionamiento, pero el presupuesto quedó en 11,5 billones, lo que representa una brecha del 34 %. Esta diferencia, advirtió Camacho, limita la posibilidad de implementar medidas de descongestión y crear nuevos juzgados.La presidenta del Tribunal explicó que el aumento de la población y de los conflictos en Bogotá también se ha reflejado en un mayor ingreso de procesos judiciales, sin que haya crecido en la misma proporción el número de jueces disponibles para tramitarlos.“Lo que está pasando es que la población ha aumentado en la ciudad de Bogotá, los problemas también han aumentado. A nosotros nos han llegado muchísimos más procesos que en años anteriores y no tenemos la cantidad suficiente de jueces para tramitarlos”, afirmó.En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura para que se asignen partidas adicionales que permitan crear nuevos despachos judiciales y adoptar medidas de contingencia. También se planteó alternativas que no impliquen nuevos gastos, entre ellas un decreto reglamentario para distribuir de manera equitativa las acciones de tutela en todo el territorio nacional.“Necesitamos partidas presupuestales adicionales para la creación de nuevos despachos judiciales”, insistió Camacho, quien también pidió un trato diferencial para Bogotá, con el propósito de que los procesos se resuelvan dentro de los términos y los ciudadanos reciban una respuesta oportuna.Frente a esta preocupación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, reconoció las dificultades económicas que atraviesa la administración de justicia y aseguró que su cartera ha escuchado las propuestas de las altas cortes, los tribunales superiores, la Fiscalía y otras entidades para buscar alternativas.El funcionario sostuvo que se han adelantado conversaciones con representantes de distintas instancias judiciales y que algunas propuestas están en proceso de evaluación.Cancino también respondió a los señalamientos sobre una posible desfinanciación de la justicia como forma de persecución contra algunas instituciones. En particular, hizo referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sostuvo que los recortes no responden a una decisión dirigida contra esa entidad, sino a la situación de las finanzas del Estado.“Y aprovecho para decirle especialmente a la JEP que ellos tampoco son extraordinarios. Que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sufrido también un recorte. El Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría y no lo han tomado como una persecución, sino ha entendido el estado de las finanzas del Estado colombiano”, manifestó.El ministro aseguró que el Gobierno estudiará las propuestas presentadas y buscará soluciones para mejorar la capacidad institucional y garantizar una justicia accesible, pronta y justa. También señaló que el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, del que está encargado, afrontarán recortes presupuestales.
El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al candidato a la Presidencia Abelardo De La Espriella retirar toda la propaganda política de su campaña en la que se usen símbolos patrios como la bandera de Colombia, el escudo nacional e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales.La decisión de la Sala Segunda, encabezada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, es una respuesta a una acción de tutela (recurso de amparo) presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos contra el candidato ultraderechista y el movimiento Defensores de la Patria.El candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo De La Espriella y sus seguidores desafiaron este martes una orden judicial que les prohibió el uso de símbolos patrios y expresiones alusivas a instituciones militares y llenaron con banderas la plaza de la Aduana, en Cartagena de Indias, en un multitudinario mitin de campaña.Miles de simpatizantes del candidato del movimiento Defensores de la Patria llegaron al lugar con la bandera tricolor de Colombia, pese a que esta tarde el Tribunal Superior de Bogotá les prohibió su uso en actos políticos, y lo hicieron vestidos además con la camiseta amarilla de la selección de fútbol, que también les fue vedada en la campaña para la segunda vuelta del próximo 21 de junio.En diálogo con Mañanas Blu, Enrique Gómez, jefe de debate en la campaña de Aberlardo De La Espriella, calificó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre la campaña de Abelardo ilegal. Según Gómez, esta decisión representa una interferencia indebida en el proceso democrático a pocos días de la segunda vuelta electoral. Adicional, señaló que le preocupa la injerencia de la justicia en la campaña de De La Espriella: “Es un saboteo”. Interferencia en la autonomía electoralPara el jefe de debate, el tribunal está desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que, según afirma, ya ha validado los símbolos de la campaña en dos ocasiones. Gómez señaló que la decisión judicial es sorpresiva y carece de sustento legal adecuado, calificándola directamente como una agresión al proceso: “lo que no podemos terminar validando es un saboteo del proceso electoral por parte de una autoridad jurisdiccional”. Gómez argumentó que los colores utilizados en la publicidad de "Defensores de la Patria" no corresponden técnicamente a los símbolos patrios oficiales, ya que son “diferentes números del pantone de colores” y no los seleccionados específicamente por la norma vigente para la bandera nacional. Bajo esta premisa, sostuvo que “la decisión es arbitraria, preocupa la injerencia del poder judicial violando la competencia de la organización electoral”. Acciones legales contra el falloLa campaña de De La Espriella no pretende acatar la orden sin dar una batalla jurídica. Gómez anunció que interpondrán recursos de reposición y posibles acciones de tutela ante el Consejo de Estado. Además, adelantó que iniciará procesos disciplinarios contra los magistrados responsables: “Yo personalmente voy a iniciar una acción administrativa ante el Consejo Superior de la Judicatura... para que revisemos la conducta de estos magistrados que han tomado esta decisión claramente ilegal y antidemocrática”. El senador electo insistió en que este escenario es producto de un “activismo judicial” que busca frenar el avance de una candidatura con respaldo popular. Según su visión, se están utilizando los tribunales para desconocer las mayorías democráticas expresadas en las urnas el pasado 31 de mayo.Logística y cumplimiento en tiempo récordUno de los puntos más críticos de la orden es el plazo de 24 horas para retirar la publicidad de redes sociales y medios de comunicación. Gómez calificó este requerimiento como imposible de cumplir y perjudicial para derechos fundamentales. Con eventos masivos programados en ciudades como Montería, la campaña se encuentra evaluando cómo modular la decisión del juez. “La decisión es claramente atrabiliaria. El plazo concedido es insuficiente y perturba el ejercicio de derechos fundamentales”, concluyó Gómez, subrayando que la medida cautelar interfiere en el libre desarrollo de la campaña en un momento de trascendencia nacional. Por ahora, el equipo jurídico analiza los pasos a seguir mientras la tensión entre el poder judicial y la organización electoral continúa escalando. Escuche aquí la entrevista:
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado que negó al Gobierno nacional el acceso al informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta y respaldó la actuación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al considerar que el documento cuenta con reserva sumarial y solo puede ser entregado a una autoridad judicial competente.La decisión judicial ratificó que el Ministerio de Salud no tenía fundamento legal para reclamar la información reservada relacionada con el caso del menor. Según concluyó el Tribunal, Medicina Legal respondió de manera adecuada a la solicitud presentada por la cartera y actuó conforme a los límites establecidos por la ley frente al manejo de documentos que hacen parte de una investigación penal en curso.El caso se originó el 3 de marzo de 2026, cuando Rodolfo Enrique Salas, secretario general y director jurídico del Ministerio de Salud, solicitó formalmente al Instituto de Medicina Legal la historia clínica y el informe de necropsia de Kevin Acosta. En respuesta, la entidad explicó que dichos documentos tenían carácter reservado y que únicamente podían ser remitidos a la autoridad judicial encargada del proceso.Además, Medicina Legal indicó que el procedimiento de necropsia aún no había concluido y que, una vez finalizado, toda la documentación sería enviada a la Fiscalía 51 de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, despacho encargado de adelantar la investigación correspondiente.Tras la negativa, el Ministerio de Salud interpuso una acción de tutela argumentando una supuesta vulneración al derecho fundamental de petición. Sin embargo, el Juzgado Sexto Penal Especializado concluyó en primera instancia que no existía afectación alguna de ese derecho, debido a que la solicitud sí fue respondida de manera clara, oportuna y sustentada jurídicamente.Ese criterio fue ahora confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá, que reiteró que el acceso a piezas procesales sometidas a reserva legal no puede ser autorizado al Ejecutivo sin orden judicial.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó que desde el pasado 11 de mayo se reanudó la audiencia concentrada dentro del proceso de Justicia y Paz que involucra a 118 postulados relacionados con 576 hechos y más de 1.243 víctimas directas de la Unión Patriótica.La diligencia judicial es liderada por la magistrada Laura Juliana Duarte Quitián, junto con la magistrada Alexandra Valencia Molina, en desarrollo de las competencias asignadas a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz.De acuerdo con la información oficial, los hechos analizados dentro del proceso corresponden a patrones de macrocriminalidad asociados con homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, en un contexto de violencia sistemática contra líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros o simpatizantes de la Unión Patriótica.La Sala señaló que estos hechos son estudiados dentro del eje temático denominado violencia generalizada contra líderes sociales y sectores políticos y sindicales, en medio de un escenario de persecución por razones ideológicas y sindicales.Dentro de esta actuación judicial se adelanta el trámite respecto de exintegrantes de distintas estructuras armadas ilegales postuladas al proceso de Justicia y Paz. Entre ellas aparecen las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el Bloque Central Bolívar, Bloque Mineros, Bloque Élmer Cárdenas, Frente Héctor Julio Peinado Becerra, Bloque Calima, Bloque Bananero, Bloque Tolima, Bloque Centauros, Héroes del Llano, Héroes del Guaviare y Bloque Puerto Boyacá.El proceso también incluye actuaciones relacionadas con integrantes de las extintas FARC-EP, respecto de quienes podría avanzar la correspondiente formulación de cargos conforme al desarrollo procesal de la audiencia concentrada.La reanudación de esta diligencia hace parte de los procesos judiciales orientados al esclarecimiento de hechos de violencia ocurridos contra integrantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, organización política que durante décadas denunció persecución y ataques sistemáticos contra sus miembros.
Blu Radio conoció un llamado de atención que le hizo el juzgado 24 administrativo del circuito judicial de Bogotá al presidente Gustavo Petro al considerar que aún no se cumple a cabalidad el fallo que le ordena retractarse de las acusaciones que ha hecho a través de su red social ‘X’ e incluso en sus consejos de ministros contra el exgerente de Coosalud, Jaime Miguel González, a quien señaló públicamente de presuntos actos de corrupción.Y es que al comienzo de esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la sanción impuesta al presidente Gustavo Petro, equivalente a 10 salarios mínimos, por desacato a una orden judicial respecto al mismo caso.El juzgado requirió nuevamente al jefe de Estado para que, en un plazo de 48 horas contadas desde la notificación del auto, informe si ya cumplió integralmente la sentencia y aporte las pruebas correspondientes."Se procederá a requerir al señor Gustavo Francisco Petro Urrego para que cumpla de forma inmediata la sentencia de tutela referida, so pena de una nueva sanción por desacato en su contra ante la renuencia de dar cumplimiento al fallo de tutela”, se lee en el documento.Sobre los 10 salarios mínimos que el presidente Gustavo Petro deberá pagar, el juzgado también ordenó remitir copia de la sanción a la Oficina de Cobro Coactivo de la Rama Judicial para que adelante los trámites correspondientes frente a la multa ya confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia a Ricardo Arias Mora, exdirector del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y revocó la condena que había sido emitida en su contra por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, relacionado con la compra de una sede para la entidad.La decisión pone fin a un proceso judicial que se extendió durante casi diez años y que investigó las condiciones en las que se realizó la adquisición de un edificio para la entidad estatal en 2012. La absolución en segunda instancia significa que queda sin efecto la condena dictada anteriormente, por lo que Arias Mora ya no enfrenta responsabilidad penal por este caso.¿De qué se trataba el caso?El caso surgió por cuestionamientos sobre la compra de una sede del Fondo Nacional del Ahorro, operación que fue objeto de investigación por presuntas irregularidades en la planeación y aprobación del presupuesto.En primera instancia, un juez había condenado a Arias Mora por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, en la revisión del caso, el Tribunal de Bogotá concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar que el exfuncionario actuó con intención indebida o buscando un beneficio particular.Los magistrados señalaron que, ante la falta de certeza sobre la existencia del delito, debía aplicarse el principio de presunción de inocencia, lo que llevó a revocar la condena y declarar la absolución total del exfuncionario.La decisión también coincide con pronunciamientos previos de la Procuraduría y la Contraloría, que habían advertido anteriormente la inexistencia de responsabilidad disciplinaria y fiscal en los hechos investigados.Tras conocerse el fallo, Arias Mora expresó que el fallo representa el cierre definitivo de un proceso que afectó su vida personal y profesional durante varios años.“El Tribunal Superior de Bogotá, en decisión de segunda instancia, ha proferido mi absolución total y plena, poniendo fin a un proceso que se extendió por 9 años, 11 meses y 8 días”, señaló en un comunicado.El exfuncionario aseguró que la decisión judicial confirma la veracidad de su defensa y representa una reivindicación personal. Arias aseveró que el fallo significa la ‘restauración del honor’ y la confirmación de que, según él, la verdad prevalece.Finalmente, agradeció el respaldo de su familia, su equipo jurídico y las personas que lo acompañaron durante el proceso y aseguró que continuará aportando al país desde el servicio público.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la decisión de no avalar el preacuerdo suscrito entre Olmedo López y la Fiscalía General de la Nación, en el cual el exfuncionario aceptaba su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, en hechos relacionados con el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El acuerdo judicial, firmado en mayo de 2025, contemplaba una reducción de la pena a seis años y dos meses de prisión. Sin embargo, la magistrada del tribunal determinó que el contenido del acuerdo no cumplía con los requisitos legales exigidos para este tipo de negociaciones, por lo que decidió confirmar la improcedencia del mismo. Durante la sustentación de la decisión, la togada sostuvo que “la negociación sometida al examen de esta corporación es ilegal, por lo que habrá de confirmarse la decisión en el sentido de improbar el acuerdo”.La magistrada explicó que la decisión se fundamentó en el incumplimiento de un requisito considerado esencial en casos donde se ha producido apropiación indebida de recursos públicos. Citando precedentes judiciales, precisó que “cuando se trate de conductas ilícitas producto de las cuales el procesado obtuvo un incremento patrimonial para sí o para terceros, es requisito ineludible e imperativo y, por ende, no condonable, la devolución de la mitad del valor apropiado y garantizar el recaudo del monto restante”. En ese mismo sentido, aclaró que la responsabilidad no se limita a los casos en los que el procesado se haya beneficiado directamente del dinero. Según indicó, “que no haya sido directamente en favor del procesado la apropiación de los recursos estatales, no es óbice para exonerarlo del cumplimiento de dicha obligación”, razón por la cual la ausencia del reintegro de al menos el 50 % de los recursos apropiados impidió que el preacuerdo pudiera ser avalado.Previo a la diligencia judicial, Olmedo López reiteró su intención de continuar colaborando con las autoridades sin importar el resultado del trámite judicial. A través de una carta conocida dentro del proceso, el exdirector de la UNGRD aseguró que su compromiso con la justicia se mantiene firme y que su voluntad de aportar información no depende de que el preacuerdo sea aprobado o no. En el documento señaló: “Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”. Además, en el mismo pronunciamiento agregó que continuará respondiendo a las solicitudes de las autoridades judiciales y sostuvo: “Si la justicia requiere más, habrá más”.Dentro del expediente se ha establecido que el exfuncionario, en ejercicio de sus funciones como director de la UNGRD y ordenador del gasto, habría participado en el direccionamiento de contratos destinados a la mitigación y atención de emergencias en distintos departamentos del país, entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Según las investigaciones, estos contratos habrían sido orientados para favorecer a determinados contratistas, congresistas y otros funcionarios públicos.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia el fallo emitido por el Juzgado 30 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante el cual se concedió la tutela interpuesta por John William Rubio Cuellar, vicepresidente del sindicato Sintraimprenal, en defensa de sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia y al debido proceso.El accionante atribuyó la vulneración de estos derechos a la Imprenta Nacional de Colombia, luego de que la entidad publicara un comunicado en el que se le imputó la presunta comisión de violencia de género contra una directiva, sin que mediara previamente una investigación formal.De acuerdo con lo expuesto en la acción judicial, Rubio Cuellar señaló que, en su condición de directivo sindical, mantiene un conflicto laboral con algunos directivos de la entidad, situación que ha derivado en la realización de protestas pacíficas y manifestaciones por parte del sindicato, en rechazo a lo que consideran presuntos abusos de poder dentro de la institución.En el análisis realizado por el Tribunal Superior de Bogotá, se concluyó que el contenido del comunicado institucional excedió los límites constitucionales establecidos para la comunicación oficial. En ese sentido, el fallo indicó que “El Comunicado de Prensa N.º 14 del 21 de noviembre de 2025 excedió los límites constitucionales de la comunicación institucional preventiva; la orden de retiro y rectificación impartida por el juez de primera instancia fue razonable, necesaria y proporcional para restablecer los derechos fundamentales”.La decisión judicial también precisó que la determinación adoptada en primera instancia no desconoce el enfoque de género ni las obligaciones del Estado frente a la prevención de la violencia contra las mujeres. Por el contrario, el Tribunal resaltó que tales deberes deben cumplirse respetando los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en los procesos administrativos o disciplinarios.En ese sentido, la Corporación explicó que “ la decisión de primera instancia advierte que el cumplimiento de dichos deberes no habilita al Estado para sacrificar sin ponderación los derechos fundamentales de otros sujetos, ni para sustituir los procedimientos legales por pronunciamientos públicos anticipados”.Asimismo, en la decisión de primera instancia se dejó claro que existe una diferencia sustancial entre activar medidas de prevención institucional y emitir pronunciamientos públicos que presenten como cierto un señalamiento sin que exista una decisión judicial en firme. En este punto, el fallo señaló que “en otras palabras, una cosa es que la entidad active medidas de prevención y atención, y otra, completamente distinta, es que use sus canales oficiales para presentar como cierto un señalamiento contra un servidor, sin una decisión en firme y sin que este haya podido defenderse o controvertir lo afirmado. La presunción de inocencia prohíbe que el Estado trate a una persona como responsable sin decisión firme”.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 11 exintegrantes del Farc-EP por su responsabilidad en 165 hechos delictivos perpetrados en varios departamentos del país, entre ellos Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.De acuerdo con la decisión judicial, los 11 exintegrantes fueron declarados responsables por diferentes conductas delictivas que incluyen homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, acceso carnal violento en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo.Entre los hechos ilícitos documentados por las autoridades se encuentra la toma a las bases de la Policía Antinarcóticos y del Ejército Nacional de Colombia en el municipio de Miraflores, ocurrida el 3 de agosto de 1998. Según lo establecido dentro del proceso judicial, este ataque dejó como resultado la muerte de 19 uniformados y el secuestro de 131 integrantes de la fuerza pública, en uno de los episodios más graves registrados en esa zona del país durante el conflicto armado.Asimismo, dentro de la sentencia se les atribuye la incursión armada al municipio de Mitú, registrada el 26 de octubre de 1998. De acuerdo con la investigación judicial, aproximadamente 1.500 integrantes del entonces Bloque Oriental de las Farc-EP atacaron la estación de policía utilizando armas no convencionales. Como consecuencia de esta incursión armada, fueron asesinados 38 integrantes de la fuerza pública y ocho civiles, mientras que otros 61 policías fueron secuestrados por los insurgentes.La decisión judicial identificó como responsables de estos hechos a los exintegrantes Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, César Díaz Sosa, Críspulo Efraín Quiñónez Barreiro, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Berny Derley Ordóñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez, quienes fueron hallados responsables de los delitos investigados dentro de este proceso judicial.
Bogotá fue escenario de la premiere en Colombia de GODZILLA MINUS ZERO, la esperada secuela del legendario Rey de los Monstruos, en un evento que reunió a fanáticos y asistentes alrededor del universo de una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular. La presentación se realizó en el marco del Godzilla Day, celebrado cada 3 de noviembre para conmemorar el debut cinematográfico del personaje en Japón, en 1954.La experiencia llevó la destrucción característica de la franquicia más allá de la pantalla, con una alfombra azul, actividades interactivas y un rage room, donde los asistentes pudieron derribar estructuras que simulaban edificios utilizando piezas de espuma. También hubo juegos de puntería inspirados en el poder destructivo del monstruo.“GODZILLA MINUS ZERO es una propuesta interesante que ofrece una mirada fresca a uno de los monstruos más emblemáticos de la historia del cine. Después de tantas historias alrededor de este personaje, esta película logra aportar una perspectiva diferente, con impresionantes secuencias de acción, enfrentamientos y efectos especiales”, destacó uno de los espectadores.Una nueva amenaza para JapónDirigida por Takashi Yamazaki, ganador del Oscar a Mejores Efectos Visuales por Godzilla Minus One, la película se sitúa en 1949, dos años después de los acontecimientos de la entrega anterior. La historia retoma a la familia Shikishima en un Japón que intenta reconstruirse tras la guerra, cuando una nueva amenaza pone en riesgo la esperanza de sus habitantes.El elenco reúne nuevamente a Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe, junto con otros actores de la producción anterior. La secuela llega tras el éxito internacional de Godzilla Minus One, ganadora del Oscar a Mejores Efectos Visuales.Un viaje a Japón con Cine ColombiaComo parte del lanzamiento, Cine Colombia presenta el concurso “Godzilla: Viaje a Japón”, que permitirá ganar un viaje para dos personas a Osaka. Para participar, los espectadores deben comprar boletas, registrar sus códigos en experiencias.cinecolombia.com y superar un reto de memoria. La convocatoria estará abierta hasta el 11 de noviembre de 2026.GODZILLA MINUS ZERO llegará exclusivamente a los cines colombianos el 5 de noviembre, con disponibilidad de formatos premium como IMAX y 4DX, según la programación de cada exhibidor. Una apuesta cinematográfica que combina espectáculo, supervivencia y emoción en pantalla grande.
Aria Vega, conocida como La Nena de Quilla, vive un momento clave en su carrera artística. Con canciones como Costeñita, Agua de Panela y Chévere, la barranquillera ha conseguido posicionar su propuesta musical y conectar con audiencias dentro y fuera de Colombia, sin dejar de lado las raíces caribeñas que definen su identidad.En entrevista con Blu Radio, la cantante habló sobre el camino que la ha llevado a este reconocimiento y aseguró que, aunque intuía que algunas de sus canciones marcarían un antes y un después en su trayectoria, nunca imaginó que las cosas sucederían de la manera en que están ocurriendo."Yo desde que hice Costeñita junto a Deco, sabía que iba a ser algo importante en mi carrera y sabía que iba a marcar un antes y un después, pero no sabía que de esa manera", contó.Parte de ese crecimiento, explicó, ha estado relacionado con la disciplina y con la capacidad de escuchar a quienes siguen su música. Para Aria, conocer las expectativas de su público también es fundamental al momento de tomar decisiones sobre su proyecto artístico."Algo muy valioso que debe tener el artista es el don de escucha, no solo para la música, sino también para la toma de decisiones", afirmó.Una artista que no quiere encasillarse en un solo géneroLa barranquillera también destacó la importancia de explorar diferentes sonidos y mantener la libertad creativa. Para ella, la identidad de un artista no depende de permanecer en un único género musical, sino de encontrar una propuesta propia que permita experimentar.En medio de este momento profesional, la cantante también participa en una iniciativa junto a Old Parr que busca reivindicar el valor de los encuentros presenciales y la amistad.La propuesta parte de una realidad cotidiana: aunque las personas comparten cada vez más espacios digitales, muchas veces dejan de lado las conversaciones y experiencias que nacen al reunirse. Por eso, toma como referencia una tradición colombiana: los encuentros alrededor de una mesa. La colaboración incluye una edición limitada de más de 17.000 dominós que llegará a Medellín, la Costa Caribe y Cali.El dominó, por ejemplo, ha sido durante generaciones una de esas excusas para reunirse. Más que un juego, representa un espacio de interacción en el que las personas comparten historias, celebran, conversan y participan de una experiencia colectiva.Desde el 9 de noviembre de 2026, los mayores de edad podrán acceder a esta edición por la compra en Medellín y la Costa Caribe. En Cali, estará disponible a partir del 1 de diciembre.Así, entre música, raíces y nuevas experiencias, Aria Vega lleva un mensaje que trasciende los escenarios: la importancia de compartir tiempo con las personas que hacen parte de nuestra vida.
Una medida favorable recibieron los motociclistas en Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que adoptará las actuaciones administrativas necesarias para dejar sin efecto un total de 567 comparendos impuestos por la infracción C14 (transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas), así como las inmovilizaciones preventivas realizadas durante la noche del jueves 29 de octubre de 2026.¿Por qué la Alcaldía de Bogotá anulará las 567 multas a motociclistas?De acuerdo con lo informado por la Secretaría General, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría Jurídica Distrital, la decisión obedece a la identificación de un inconveniente técnico en la plataforma del Registro Distrital. Este fallo en la aplicación impidió que se completara a tiempo la aprobación de la publicación del Decreto Distrital 472 del 27 de octubre de 2026, norma que fijaba las restricciones de circulación de motos para la temporada de Halloween.Como consecuencia de este retraso administrativo, la publicación oficial del articulado se ejecutó el 29 de octubre y su entrada en vigor quedó fijada para el 30 de octubre. Debido a que las autoridades viales adelantaron operativos de control entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. del 29 de octubre, antes de la vigencia legal del decreto, el Distrito resolvió invalidar los comparendos y proteger los derechos del ciudadano.Adicionalmente, las autoridades distritales destacaron que la restricción de movilidad buscaba proteger la vida de los actores viales. Según las cifras oficiales del balance de seguridad vial, la temporada registró una reducción del 75 % en las fatalidades y del 42 % en la siniestralidad frente al mismo periodo de 2024, sin reportar fallecimientos de motociclistas en los horarios regulados.¿Cómo será la devolución del dinero de comparendos, patios y grúas?Según precisó la Administración Distrital, la Secretaría de Movilidad implementará un esquema diferencial para resolver la situación jurídica de cada conductor y reintegrar los montos cobrados por concepto de parqueadero de patios y traslado en grúa:Comparendos no pagados ni impugnados: la entidad emitirá un acto administrativo para ordenar el archivo definitivo de los expedientes contravencionales y autorizar el rembolso de los costos de patios y grúas.Comparendos en proceso de impugnación: se redactarán las resoluciones correspondientes para exonerar formalmente a los ciudadanos de la responsabilidad contravencional y eximirlos de los pagos de custodia e inmovilización.Comparendos que ya fueron cancelados: la Secretaría Distrital de Movilidad adelantará un proceso de devolución del dinero. La entidad contactará de manera directa a los afectados para indicarles el paso a paso del trámite de reintegro.La Alcaldía de Bogotá reafirmó que el procedimiento busca dar cumplimiento estricto a las garantías legales, corregir los fallos del sistema institucional de publicación y brindar seguridad jurídica a los conductores afectados.
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), habló de las denuncias sobre un supuesto plan de espionaje de la DNI.La abogada Lina Sandoval explicó la decisión judicial que ordenó a Angie Rodríguez rectificar sus declaraciones sobre Laura Sarabia.El senador Germán Rodríguez explicó que busca la revocatoria del permiso de salida del expresidente Petro ante los nuevos escándalos en su anterior Gobierno.Ministro de Justicia denuncia que recibió la entidad hackeada y que las alertas venían desde enero.Teresita Aya contó los detalles del escándalo en Nvidia con el director y la infidelidad con una espía china.Le proponen a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que su equipo juegue en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla.
Creado en 2017 y sumando millones de jugadores años tras años, Fortnite, de Epic Games, se ha convertido en un fenómeno mundial reuniendo incluso competencia millonarias y grandes eventos en el planeta, sin embargo, este noviembre de 2026 ha vivido, tal vez, uno de los mejores momentos de toda su historia.Tras finalizado Halloween, el videojuego anunció una colaboración especial con One Piece, el reconocido anime de Eiichiro Oda, pero con esta llegó algo aún más grande: un tesoro denominado el ‘ticket dorado’ que quienes lo encuentren tendrán acceso gratis a todos los artículos del juego durante 14 días.Aunque parezca algo básico, la estrategia resultó ser un éxito y millones de personas buscan cada hora ese ticket, que, en redes sociales, se ha visto a cientos ya lograrlo, pero no es nada fácil debido a la baja tasa de posibilidad existente que hay para que salga.Esta es la probabilidad del ‘ticket dorado’ de FortniteConseguir el llamado ticket dorado de Fortnite, conocido oficialmente como Pirate Shop Access, es una tarea bastante difícil debido a sus bajas probabilidades de aparición.Según las cifras divulgadas por Epic Games el 7 de noviembre de 2026, cada cofre abierto en una partida normal tiene una posibilidad entre 137.500 de entregar este premio, lo que equivale aproximadamente a un 0,000727 % de probabilidad. Este objeto permite acceder durante 14 días a artículos seleccionados de la tienda del juego sin gastar paVos (V-Bucks), algo que tiene a más de 4 millones de personas al día entrando a jugar al menos una partida.En estas jornadas, la opción de conseguir el ticket puede mejorar 1,5 veces frente a la tasa habitual y, en una sesión especial del 7 de noviembre, llegó a duplicarse, pasando de una posibilidad entre 137.500 a una entre 68.750 cofres. Aun así, no existe una cantidad de cofres que garantice obtenerlo, pues cada apertura representa una nueva oportunidad aleatoria.