El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó que es competente para estudiar la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el nuevo modelo de producción y personalización de pasaportes implementado por el anterior Gobierno nacional, y rechazó las excepciones planteadas para que el proceso fuera remitido a un tribunal de arbitraje internacional.La Procuraduría busca que se declare la nulidad absoluta del “Convenio con Persona Extranjera de Derecho Público para la Cooperación y Participación”, suscrito el 28 de julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional - Casa da Moeda de Portugal. El convenio tiene un valor fiscal de 1,3 billones de pesos y establece las reglas para la cooperación y participación en el proceso de transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visas de la República de Colombia.Además de solicitar la nulidad absoluta del convenio, la Procuraduría pidió que se ordene a la Casa da Moeda de Portugal devolver las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del negocio jurídico, debidamente indexadas y con intereses moratorios.Durante el proceso, la Imprenta Nacional de Colombia planteó una excepción de falta de jurisdicción, argumentando que el convenio contiene una cláusula compromisoria que atribuye a un tribunal de arbitraje internacional el conocimiento de las controversias relacionadas con el negocio jurídico, incluidas aquellas relacionadas con su nulidad.Según esa posición, la legitimación especial de la Procuraduría para solicitar la nulidad absoluta de contratos estatales no desplazaría los efectos del pacto arbitral acordado por las partes.Sin embargo, el Tribunal concluyó que, aunque el convenio sí contempla un mecanismo de arbitraje internacional, esa cláusula no impide que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca de la demanda presentada por la Procuraduría.El Tribunal explicó que las partes acordaron que, después de agotar el mecanismo de arreglo directo, las diferencias relacionadas con la “interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad, terminación o reducción” serían resueltas mediante arbitraje internacional administrado bajo el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. No obstante, destacó que la demanda no fue presentada por una de las partes que suscribieron el convenio y aceptaron el pacto arbitral, sino por la Procuraduría, que no intervino como parte contractual.“En este subíndice la controversia no fue promovida por una de las partes que celebraron el Convenio y otorgaron su consentimiento al pacto arbitral, sino por la Procuraduría General de la Nación, que no intervino como parte del contrato ni suscribió su cláusula compromisoria y que comparece en ejercicio de una habilitación atribuida directamente por la ley”, señaló el Tribunal.Por estas razones, el Tribunal declaró no probadas las excepciones previas de falta de jurisdicción, cláusula compromisoria e ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.El proceso continuará con la audiencia inicial, que fue programada para el jueves 12 de noviembre de 2026, a las 8:00 de la mañana. En esa diligencia se abordarán los aspectos procesales correspondientes dentro de la demanda presentada por la Procuraduría contra el convenio relacionado con el nuevo modelo de pasaportes.Además, recientemente la cancillería declaró una nueva urgencia manifiesta para garantizar la continuidad, sin interrupciones, del suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia el fallo emitido por el Juzgado 30 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante el cual se concedió la tutela interpuesta por John William Rubio Cuellar, vicepresidente del sindicato Sintraimprenal, en defensa de sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia y al debido proceso.El accionante atribuyó la vulneración de estos derechos a la Imprenta Nacional de Colombia, luego de que la entidad publicara un comunicado en el que se le imputó la presunta comisión de violencia de género contra una directiva, sin que mediara previamente una investigación formal.De acuerdo con lo expuesto en la acción judicial, Rubio Cuellar señaló que, en su condición de directivo sindical, mantiene un conflicto laboral con algunos directivos de la entidad, situación que ha derivado en la realización de protestas pacíficas y manifestaciones por parte del sindicato, en rechazo a lo que consideran presuntos abusos de poder dentro de la institución.En el análisis realizado por el Tribunal Superior de Bogotá, se concluyó que el contenido del comunicado institucional excedió los límites constitucionales establecidos para la comunicación oficial. En ese sentido, el fallo indicó que “El Comunicado de Prensa N.º 14 del 21 de noviembre de 2025 excedió los límites constitucionales de la comunicación institucional preventiva; la orden de retiro y rectificación impartida por el juez de primera instancia fue razonable, necesaria y proporcional para restablecer los derechos fundamentales”.La decisión judicial también precisó que la determinación adoptada en primera instancia no desconoce el enfoque de género ni las obligaciones del Estado frente a la prevención de la violencia contra las mujeres. Por el contrario, el Tribunal resaltó que tales deberes deben cumplirse respetando los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en los procesos administrativos o disciplinarios.En ese sentido, la Corporación explicó que “ la decisión de primera instancia advierte que el cumplimiento de dichos deberes no habilita al Estado para sacrificar sin ponderación los derechos fundamentales de otros sujetos, ni para sustituir los procedimientos legales por pronunciamientos públicos anticipados”.Asimismo, en la decisión de primera instancia se dejó claro que existe una diferencia sustancial entre activar medidas de prevención institucional y emitir pronunciamientos públicos que presenten como cierto un señalamiento sin que exista una decisión judicial en firme. En este punto, el fallo señaló que “en otras palabras, una cosa es que la entidad active medidas de prevención y atención, y otra, completamente distinta, es que use sus canales oficiales para presentar como cierto un señalamiento contra un servidor, sin una decisión en firme y sin que este haya podido defenderse o controvertir lo afirmado. La presunción de inocencia prohíbe que el Estado trate a una persona como responsable sin decisión firme”.
La Imprenta presentó el nuevo modelo de pasaportes en el país, un proceso que se desarrollará de manera progresiva durante los próximos diez años y que estará dividido en cuatro etapas. Actualmente, Colombia se encuentra en la fase inicial de personalización del documento, a cargo de la Imprenta, que incluye también la distribución a través de la empresa Servicios Postales Nacionales 4-72.El plan contempla una hoja de ruta que pretende progresivamente aumentar las capacidades de esa entidad en la producción de pasaportes para, en 10 años, no necesitar de la Casa de la Moneda de Portugal. En una segunda etapa se integrarán procesos como el ensamblaje y la numeración de las tarjetas; posteriormente, se avanzará hacia la impresión de componentes como las páginas interiores y las carátulas; y finalmente, se habilitará la producción de las páginas de datos.Sin embargo, uno de los puntos que más ha generado cuestionamientos tiene que ver con las garantías del contrato. De acuerdo con la gerente, ninguna aseguradora privada quiso asumir el riesgo del proyecto. Esto, según conoció Blu Radio, sería debido a la falta de experiencia de la Imprenta en este tipo de operaciones y a la necesidad de trabajar con un subcontratista internacional, la Casa de la Moneda de Portugal. Ante este escenario, se optó por reducir el valor asegurado de 120 mil millones de pesos a 47 mil millones, disminuyendo también el porcentaje de cobertura del 20 % al 5 %.Este ajuste contrasta con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que señala que, para contratos cuyo valor no supere un millón de salarios mínimos, la garantía de cumplimiento debe ser de al menos el 10 %. La reducción de la póliza, en ese sentido, ha sido interpretada por algunos sectores como un posible riesgo para la solidez del contrato y su ejecución.En paralelo, el proceso de transición al nuevo pasaporte avanza de forma gradual. Aunque ya se están personalizando las libretas, los ciudadanos seguirán recibiendo el diseño actual hasta agotar el inventario producido por Thomas Greg & Sons. Según explicó la gerente, este cambio también responde a estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, que recomienda actualizar el diseño de los pasaportes en un plazo inferior a diez años.
En muchas ciudades del mundo, los viajes empiezan con un tiquete, una fila en migración en el aeropuerto y el sonido de un sello golpeando un pasaporte. Ese pequeño gesto suele marcar el inicio de una aventura, otro país, otro idioma u otra historia por descubrir. Pero hay viajes que comienzan de otra manera.A veces empiezan caminando por una calle del centro, cruzando la puerta de un museo o deteniéndose más tiempo frente a una pieza que parece guardar siglos de historia. En esos momentos, el viaje no requiere avión ni maleta. Solo de curiosidad.En Bogotá, existe una manera distinta de recorrer la ciudad por medio de un pasaporte que no lleva a otros países, sino a otros tiempos, otras culturas y otras formas de entender el territorio. Un pasaporte que se llena sala a sala, museo a museo.El aeropuerto no es el único lugar donde puede sellar un pasaporteEn la capoital del país es posible sellar un pasaporte sin salir de la ciudad gracias al pasaporte Museal, una iniciativa que invita a la ciudadanía a recorrer distintos espacios culturales de la capital mientras se coleccionan sellos, como si cada museo fuera un destino.El proyecto, impulsado por la Mesa de Museos de Bogotá junto con la Imprenta Nacional de Colombia, busca que residentes y visitantes descubran la ciudad a través de sus museos.Uno de los espacios que hace parte del recorrido es el Museo del Oro, donde los visitantes pueden explorar cuatro salas permanentes, exposiciones temporales y una programación cultural que se desarrolla durante todo el año.La dinámica es sencilla, los interesados deben preguntan por su pasaporte Museal, recorrer el museo y al finalizar pueden pedir un sello que quedará como recuerdo de esa parada en el recorrido cultural. Luego el viaje continúa en los demás museos que integran la red.El programa también se conecta con eventos culturales de la ciudad como la Noche de Museos de Bogotá, que en 2025 se llevó a cabo bajo el lema ‘El Poder de los Museos’.¿Cómo obtener el pasaporte Museal?Para quienes viven en la capital o están de paso por una temporada, el pasaporte Museal propone una forma distinta de conocer la ciudad, volver a los museos, descubrir nuevas piezas, detenerse con más calma frente a las colecciones y seguir sumando sellos en el recorrido.Los interesados en participar en el viaje cultural pueden comenzar su recorrido en el Museo del Oro y allí reclamar el pasaporte Museal, pero hay que tener en cuenta los horarios de atención al público:Martes a sábado: 9:00 a. m. – 7:00 p. m.Domingo: 10:00 a. m. – 5:00 p. m.Lunes: cerrado
A poco más de un mes de que comience la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, la Cancillería confirmó que avanza la adecuación técnica y operativa en la Imprenta Nacional para iniciar la expedición del documento a partir del 1 de abril de 2026.La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó este 21 de febrero las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá para verificar el estado de las obras y la instalación de la infraestructura requerida para la producción del nuevo pasaporte.Según informó la Cancillería a través de un comunicado, durante el recorrido la ministra inspeccionó las zonas habilitadas para impresión, control de calidad y almacenamiento, que actualmente están siendo puestas a punto con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.De acuerdo con la jefa de cartera, el objetivo es garantizar que el país cuente con la capacidad instalada necesaria para iniciar la operación del nuevo modelo sin contratiempos. “Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”, afirmó. Este nuevo esquema de producción surge tras el acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta de X, publicó un video de los camiones que transportarían las nuevas máquinas instaladas en la Imprenta Nacional y aseguró que el país ya cuenta con tecnología moderna para producir pasaportes.El mandatario señaló además que, si la Registraduría lo decide, esa misma infraestructura podría utilizarse para la producción de cédulas, argumentando que esto permitiría que los datos de los ciudadanos no queden en manos de privados y, según dijo, reduciría riesgos de fraude electoral.El pasado 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado mostró públicamente un modelo del nuevo pasaporte que comenzará a expedirse el 1 de abril, como parte de este proceso de transición.
El Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional firmaron un contrato por más de 185.000 millones de pesos que tiene que ver con la elaboración de los pasaportes en Colombia.“Producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios unitarios, para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”, dice el objeto del contrato.Es importante recordar que el nuevo modelo de pasaportes debe entrar en vigencia el próximo 1 de abril y, por eso, desde algunos sectores se preguntan si el nuevo convenio entraría en operación, pues este podría abrir la puerta a una nueva prórroga con Thomas Greg & Sons.“Se viene contratación a dedo. Algo no huele bien. En diciembre la Imprenta Nacional me respondió, a derecho de petición, que son 35 semanas después de la firma. Con este nuevo contrato, ¿comenzarían el 1.º de abril a producir pasaportes? ¿Nueva urgencia manifiesta? No hay derecho”, dice la senadora Angélica Lozano.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro pidió hacer cambios en el modelo de expedición de pasaportes, argumentando que se pudieron haber presentado presuntos actos de corrupción con la empresa Thomas Greg & Sons, compañía encargada de la elaboración de los documentos.Aunque el contrato tiene una fecha final, el 31 de diciembre, no aclara la fecha de entrada en vigencia.
Blu Radio conoció en primicia una solicitud que viene por parte de la Imprenta Nacional de Colombia donde le pide al Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocar el auto que admitió una demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación, al considerar que no es competente para conocer el caso debido a la existencia de una cláusula de arbitraje internacional.Esto, en el marco de un proceso de controversias contractuales relacionado con un convenio suscrito junto al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprensa Nacional con la Casa de la Moneda de Portugal por un valor de 1.3 billones de pesos para la fabricación de los pasaportes.El argumento de los abogados de la Imprenta Nacional es que, la controversia debe resolverse mediante arbitraje internacional, tal como lo pactaron expresamente las partes en la cláusula 25 del convenio.Dicha cláusula establece que cualquier disputa, incluida la nulidad del contrato, debe ser dirimida bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París y decisión en derechoEn ese sentido, la Imprenta Nacional se adhirió al recurso de reposición presentado previamente por el Fondo Rotatorio de la Cancillería y pidió que la demanda sea rechazada, al considerar que el pacto arbitral excluye la competencia de los jueces contenciosos para conocer el caso.La demanda de la Procuraduría contra el millonario contratoEn octubre del año pasado la Procuraduría demandó este convenio porque para el órgano de control la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni operativa para cumplir el objeto contractual “limitándose en la práctica a recibir capacitación y realizar pagos, mientras que la Casa de la Moneda asumía la ejecución total de las actividades, configurándose una subcontratación integral del objeto del convenio”.La Procuraduría concluyó que la celebración del convenio puso en riesgo el patrimonio del Estado, razón por la cual la nulidad absoluta busca proteger el interés general y garantizar el respeto al orden jurídico y presupuestal de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y abrió juicio disciplinario contra Andrés René Chaves Fernández, exgerente de la Imprenta Nacional de Colombia, por presuntas irregularidades en el contrato firmado con Migración Colombia para la impresión y suministro de las cédulas de extranjería, cuyo valor superó los 6 mil millones de pesos.El órgano de control estableció que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni la infraestructura tecnológica necesarias para cumplir con las condiciones exigidas por Migración Colombia, lo que provocó retrasos, incumplimientos y subcontrataciones que comprometieron la correcta ejecución del contrato.Según la investigación, Chaves Fernández habría delegado la totalidad de las actividades esenciales del proyecto en las empresas Accesos Holográficos Sucursal Colombia y Urbano Express Logística y Mercadeo S.A.S., contraviniendo el objeto principal del contrato estatal.De acuerdo con la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, el exgerente “no se aseguró de que la entidad a su cargo contara con la capacidad técnica e infraestructura tecnológica necesarias para producir las cédulas de extranjería en las condiciones exigidas”, lo que constituye una falta grave cometida con culpa gravísima.El ente de control recordó que, antes de la ejecución del contrato, ya había emitido advertencias preventivas sobre las inconsistencias detectadas en el proceso. La investigación disciplinaria se enfocó en evaluar si la Imprenta Nacional podía asumir directamente la producción de los documentos, que incluía la impresión, personalización, insumos y entrega a Migración Colombia, tareas que finalmente fueron subcontratadas en su totalidad.Por otra parte, la Procuraduría decidió archivar la investigación a favor de Carlos Fernando García, exdirector de Migración Colombia; Rigoberto Niño Corredor, exsecretario general; y Carlos Julio Ávila Coronel, exjefe de la Oficina Jurídica, al no encontrar méritos suficientes para formularles cargos.
La Procuraduría General de la Nación demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y solicitó declarar la nulidad absoluta el convenio suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal por $1,3 billones, y cuyo objetivo era implementar un nuevo modelo para la producción y personalización de pasaportes.El órgano de control determinó fallas en el convenio que se celebró con base en la aplicación de la Ley 1150 de 2007, que regula la contratación con organismos internacionales. De acuerdo con el fallo, la Casa de la Moneda solo aportó el 21% del valor total, cuando la norma exige una participación mínima del 50 %, razón por la cual se omitió el proceso competitivo y se vulneraron los principios de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva.La decisión ordena a la empresa portuguesa devolver en su totalidad los recursos recibidos, debidamente indexados, y pagar intereses moratorios a favor del Fondo Rotatorio de la Cancillería y de la Imprenta Nacional.Entre las irregularidades documentadas, el Ministerio Público señaló que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni operativa para cumplir el objeto contractual “limitándose en la práctica a recibir capacitación y realizar pagos, mientras que la Casa de la Moneda asumía la ejecución total de las actividades, configurándose una subcontratación integral del objeto del convenio”.Además, durante la visita preventiva se constató la ausencia de estudios de mercado, la falta de justificación técnica, y que el documento de selección del cooperante internacional carecía de firmas responsables, violando las normas de contratación establecidas en la Resolución 002 de 2023.La Procuraduría también advirtió anomalías en la sesión de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional del 18 de julio de 2025, donde se aprobó la suscripción del convenio. “Se encontraron graves irregularidades: citación extemporánea, ausencia de acta formal conforme a los estatutos, sustitución por grabaciones de audio y video, y exigencia de acuerdos de confidencialidad a los miembros. Estas irregularidades configuran vicios de ineficacia de pleno derecho, conforme a los artículos 186 y 190 del Código de Comercio”.El órgano de control alertó que el contrato comprometía recursos públicos hasta el año 2036 sin la autorización del CONFIS ni la declaratoria de importancia estratégica mediante documento CONPES, incumpliendo la Ley 819 de 2003.La Procuraduría concluyó que la celebración del convenio puso en riesgo el patrimonio del Estado, razón por la cual la nulidad absoluta busca proteger el interés general y garantizar el respeto al orden jurídico y presupuestal de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación amplió el espectro de la investigación por la firma del polémico convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la fabricación y expedición de pasaportes en el país.A la investigación que adelanta el Ministerio Público contra la canciller Rosa Yolanda Villavicencio se suma la indagación a varios funcionarios de la Imprenta Nacional y de los ministerios del Interior, Educación y Culturas.La Procuraduría confirmó que, por parte de la Imprenta Nacional, fueron vinculados a la investigación el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez, y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucía Ruiz Mora, junto con los miembros de la junta directiva.Asimismo, se indagará a los delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; de Culturas, Luis Alberto Sanabria; del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio; y a Ricardo Arque Benavides, su homólogo en el Departamento Administrativo de la Presidencia.La Procuraduría confirmó que la Sala Disciplinaria de Instrucción revisará la posible omisión del proceso de selección por parte de la Imprenta Nacional, el cual se limitó a recibir capacitación, realizar erogaciones presupuestales para pagar la prestación del servicio y subcontratar sin contar con la capacidad para cumplir con el objeto del contrato.De igual manera, el Ministerio Público investigará también “la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros ítems del convenio y posibles vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia, en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza”.
La Procuraduría lideró una mesa de trabajo con la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en la que se analizaron las principales dificultades que enfrentan las comunidades y las empresas en estos territorios. Con el fin de fortalecer los espacios de diálogo con el sector de hidrocarburos para prevenir y atender los conflictos que se presentan en las regiones donde operan estas empresas.El encuentro contó con la participación de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y de los procuradores regionales y provinciales de Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo y Santander.Uno de los puntos centrales fue la conflictividad relacionada con las demandas laborales, la contratación de bienes y servicios y el uso del territorio. A lo largo de los años, en distintas zonas con presencia de actividad petrolera se han registrado manifestaciones y reclamos de comunidades que buscan mayores oportunidades de empleo, participación en la contratación y beneficios asociados al desarrollo de estas actividades.Precisamente, estos reclamos están relacionados con una expectativa frecuente en los territorios: que la presencia de la industria de hidrocarburos se traduzca en desarrollo y oportunidades para las comunidades cercanas. Por esta razón, la Procuraduría busca que estas diferencias puedan ser atendidas mediante el diálogo y antes de que escalen a situaciones que afecten la convivencia o las actividades económicas.En la mesa también se abordaron las dificultades para manejar este tipo de situaciones y la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones. Por lo que, se acordó fortalecer el intercambio de información y gestionar de manera oportuna los asuntos que puedan generar conflictividad en las regiones.Con esta estrategia, la Procuraduría busca anticiparse a los conflictos, fortalecer el diálogo con las comunidades y mejorar la articulación institucional en los territorios donde está presente el sector de hidrocarburos.
Colombia continúa en riesgo de racionamiento eléctrico por cuenta del fenómeno de El Niño y del atraso en la construcción de proyectos de generación y transmisión eléctrica en el país, advirtió este jueves la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, en un discurso ante las compañías de servicios públicos.Oficialmente el sistema eléctrico del país está operando bajo un estatuto especial para evitar el racionamiento de electricidad y para cuidar el nivel de los embalses de las hidroeléctricas en medio de la escasez de lluvias."Estamos como en la cuerda floja, yo tengo que decírselos. Este Gobierno y con todos ustedes vamos a hacer hasta lo imposible por pasar esto sin ningún racionamiento, pero también quiero decirles que estamos muy vulnerables", aseguró la funcionaria.El Niño en curso, apodado SuperNiño por algunos expertos, podría ser uno de los más intensos de las últimas décadas y ya está llevando a temperaturas récord en varias regiones del país. Por ejemplo, los niveles de los ríos en la región de Antioquia ya están alcanzando bajos niveles que preocupan a las autoridades, y hay 558 municipios con riesgos para el suministro de agua.Aunque la idea del Gobierno es aumentar la generación de energía en plantas térmicas, el sistema todavía no alcanza las metas propuestas.Los riesgos para el sector se acentúan con el hecho de que la energía en firme (es decir, energía que debe ser garantizada por las empresas) está ya un 8,6% por debajo de la demanda en el país, y esa demanda está creciendo con fuerza en lugar de moderarse."La demanda es lo único que nos queda", explicó la ministra.Además, hay poco margen de maniobra ante imprevistos. La importación de gas, que ya es el 30% del consumo nacional, está operando al límite, al igual que la infraestructura de varias compañías. La situación es tan compleja que, según la ministra, un 'tubo' que se dañe podría poner a todo el país en serios aprietos.
Alerta ambiental en Santa Fe de Antioquia por la muerte de decenas de peces en el río Tonusco. Autoridades en el Occidente antioqueño investigan las causas de la mortandad que ha generado preocupación entre la comunidad.Las autoridades en el municipio de Santa Fe de Antioquia se encuentran en máxima alerta debido a la masiva mortandad de peces que se reportó en los últimos días en el río Tonusco en donde misteriosamente comenzaron a aparecer muertas algunas especies.Aunque aún no se conoce con exactitud qué ocurrió en el afluente y si la lamentable situación se reportó por los bajos niveles de agua o por la presencia de algunos elementos tóxicos en el río, avanza la investigación de los expertos para determinar qué pasó con exactitud.A la espera de los resultados exactos que arrojen las autoridades ambientales que están al frente del caso, los comerciantes y personas del común en Santa Fe de Antioquia han mostrado su preocupación por la muerte de los peces que en muchas ocasiones suelen ser el sustento de decenas de familias en esta zona del Occidente antioqueño.Sin embargo, no es la única situación que ocurre en el municipio con la fauna, ya que en articulación con la Inspección de Policía, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la Secretaría de Gobierno y el Cuerpo de Bomberos, se realizó la aprehensión preventiva de 18 semovientes en el sector Los Tendidos.Según se ha conocido, los animales quedaron bajo disposición y custodia de la Administración Municipal, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para determinar si se configura una conducta constitutiva de maltrato animal.
Las personas que buscan empleo en Bello y el norte del Valle de Aburrá tendrán una nueva oportunidad para acceder a ofertas laborales este jueves 24 de septiembre. La jornada se realizará en Parque Fabricato y reunirá a 20 empresas.La feria de empleo contará con más de 2.000 vacantes disponibles para diferentes áreas y perfiles. La actividad es organizada en alianza entre Parque Fabricato, el SENA y la Alcaldía de Bello, según la información suministrada por los organizadores.Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las ofertas laborales disponibles, presentar su hoja de vida y establecer contacto directo con representantes de las empresas participantes. Esto les permitirá acercarse a los diferentes procesos de selección.¿Cuándo será la feria de empleo en Bello?La Feria de Empleo de Fin de Año se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.El evento tendrá como sede Parque Fabricato, en Bello, y contará con el acompañamiento del SENA y la Alcaldía de Bello. Los interesados podrán asistir durante el horario establecido para conocer las vacantes disponibles.¿Qué se necesita para participar?El principal requisito señalado por los organizadores para quienes quieran participar en esta jornada es llevar la hoja de vida actualizada.La recomendación es contar con el documento listo para presentarlo ante las empresas participantes, teniendo en cuenta que durante la feria se podrán establecer contactos relacionados con los procesos de contratación.Habrá nuevas jornadas de empleo en octubreLa actividad de este jueves no será la única jornada programada. De acuerdo con el comunicado, Parque Fabricato confirmó nuevas ferias de empleo para los días 8 y 22 de octubre.Estas jornadas hacen parte de un ciclo de actividades de empleabilidad previsto para el último trimestre del año, con el propósito de generar nuevos espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo.Datos de la feria de empleo en BelloFecha: jueves 24 de septiembre de 2026.Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.Lugar: Parque Fabricato, Bello.Vacantes: más de 2.000.Empresas: 20.Requisito: hoja de vida actualizada.Aliados: SENA y Alcaldía de Bello.
La industria turística de Santa Marta y del departamento del Magdalena enfrenta graves afectaciones operativas y financieras tras las recientes acciones de intimidación cometidas por el grupo armado ilegal conocido como 'Los Pachenca'.La ola de anuncios en redes sociales, panfletos, bloqueos de vías y la quema de autobuses paralizaron las actividades comerciales y redujeron drásticamente la movilidad de visitantes en zonas emblemáticas tanto urbanas como rurales.Impacto directo en la economía local y alerta internacionalOmar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, advirtió sobre la gravedad de la situación en entrevista con Mañanas Blu, señalando que "son muchas familias que dependen de la cadena de valor del turismo".El dirigente gremial enfatizó el efecto multiplicador de esta actividad al explicar que "el carpero, el lanchero, el taxista, el que vende un mango en la playa o en el centro histórico, el restaurante... todo nos está afectando y la ciudad vive del turismo".La ocupación hotelera en el destino registró desplomes significativos, situándose en un promedio general que no supera el 33%, una cifra distante del 49% alcanzado en la misma época del año anterior.Esta coyuntura afecta sectores como el Centro Histórico, El Rodadero, Taganga, Pozos Colorados, Minca y los corredores rurales hacia el Parque Nacional Natural Tayrona y Palomino.A este panorama se sumaron las alertas de viaje (travel warnings) emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Francia, medida que golpea de manera directa la llegada de visitantes del principal mercado emisor internacional hacia el territorio.El reclamo de las autoridades gremiales: seguridad permanenteFrente a problemas históricos de extorsión y cobro de 'vacunas' exacerbados por la presencia delictiva, el gremio hotelero exige respuestas de fondo y no soluciones pasajeras.García Silva calificó el panorama indicando que "son más de 50 años con una situación grave" generada por descuido institucional en el pasado.Tras sostener una reunión a puerta cerrada con 65 prestadores turísticos formales y altos mandos del Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército y la Armada Nacional, el líder de Cotelco formuló la petición central del sector: "A eso estamos pidiendo que haya una política del estado, no por momento, sino que sea permanente".El dirigente resaltó que hacía años no sentía una articulación tan directa con el Gobierno nacional, manifestando su confianza en las acciones emprendidas para garantizar el orden público de manera sostenida.Expectativas y estrategias de reactivación para la semana de recesoA pesar de las pérdidas acumuladas, los empresarios e integrantes de la cadena de valor turística confían en lograr una pronta recuperación de cara a la próxima semana de receso escolar.Las proyecciones de los hoteleros apuntan a alcanzar una ocupación promedio del 60% entre el 2 y el 12 de octubre, estimando superar el 82% durante el puente festivo de cierre.Para incentivar la demanda, agencias de viajes, restaurantes y establecimientos formales vienen implementando promociones y tarifas competitivas.Asimismo, la disminución puntual en los costos de los tiquetes aéreos se perfila como una oportunidad para atraer viajeros de última hora desde los principales mercados emisores del país.Mientras las fuerzas armadas mantienen un despliegue visible en playas y zonas de interés, el sector formal coordina esfuerzos públicos, privados y sociales para preservar el sustento de las comunidades locales.Aquí la entrevista: