Imprenta Nacional busca frenar demanda de la Procuraduría por contrato de pasaportes

Blu Radio conoció en primicia una solicitud que viene por parte de la Imprenta Nacional de Colombia donde le pide al Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocar el auto que admitió una demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación, al considerar que no es competente para conocer el caso debido a la existencia de una cláusula de arbitraje internacional.Esto, en el marco de un proceso de controversias contractuales relacionado con un convenio suscrito junto al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprensa Nacional con la Casa de la Moneda de Portugal por un valor de 1.3 billones de pesos para la fabricación de los pasaportes.El argumento de los abogados de la Imprenta Nacional es que, la controversia debe resolverse mediante arbitraje internacional, tal como lo pactaron expresamente las partes en la cláusula 25 del convenio.Dicha cláusula establece que cualquier disputa, incluida la nulidad del contrato, debe ser dirimida bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París y decisión en derechoEn ese sentido, la Imprenta Nacional se adhirió al recurso de reposición presentado previamente por el Fondo Rotatorio de la Cancillería y pidió que la demanda sea rechazada, al considerar que el pacto arbitral excluye la competencia de los jueces contenciosos para conocer el caso.La demanda de la Procuraduría contra el millonario contratoEn octubre del año pasado la Procuraduría demandó este convenio porque para el órgano de control la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni operativa para cumplir el objeto contractual “limitándose en la práctica a recibir capacitación y realizar pagos, mientras que la Casa de la Moneda asumía la ejecución total de las actividades, configurándose una subcontratación integral del objeto del convenio”.La Procuraduría concluyó que la celebración del convenio puso en riesgo el patrimonio del Estado, razón por la cual la nulidad absoluta busca proteger el interés general y garantizar el respeto al orden jurídico y presupuestal de la Nación.