El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó que es competente para estudiar la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el nuevo modelo de producción y personalización de pasaportes implementado por el anterior Gobierno nacional, y rechazó las excepciones planteadas para que el proceso fuera remitido a un tribunal de arbitraje internacional.
La Procuraduría busca que se declare la nulidad absoluta del “Convenio con Persona Extranjera de Derecho Público para la Cooperación y Participación”, suscrito el 28 de julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional - Casa da Moeda de Portugal.
El convenio tiene un valor fiscal de 1,3 billones de pesos y establece las reglas para la cooperación y participación en el proceso de transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visas de la República de Colombia.
Además de solicitar la nulidad absoluta del convenio, la Procuraduría pidió que se ordene a la Casa da Moeda de Portugal devolver las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del negocio jurídico, debidamente indexadas y con intereses moratorios.
Durante el proceso, la Imprenta Nacional de Colombia planteó una excepción de falta de jurisdicción, argumentando que el convenio contiene una cláusula compromisoria que atribuye a un tribunal de arbitraje internacional el conocimiento de las controversias relacionadas con el negocio jurídico, incluidas aquellas relacionadas con su nulidad.
Según esa posición, la legitimación especial de la Procuraduría para solicitar la nulidad absoluta de contratos estatales no desplazaría los efectos del pacto arbitral acordado por las partes.
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Sin embargo, el Tribunal concluyó que, aunque el convenio sí contempla un mecanismo de arbitraje internacional, esa cláusula no impide que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca de la demanda presentada por la Procuraduría.
El Tribunal explicó que las partes acordaron que, después de agotar el mecanismo de arreglo directo, las diferencias relacionadas con la “interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad, terminación o reducción” serían resueltas mediante arbitraje internacional administrado bajo el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
No obstante, destacó que la demanda no fue presentada por una de las partes que suscribieron el convenio y aceptaron el pacto arbitral, sino por la Procuraduría, que no intervino como parte contractual.
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“En este subíndice la controversia no fue promovida por una de las partes que celebraron el Convenio y otorgaron su consentimiento al pacto arbitral, sino por la Procuraduría General de la Nación, que no intervino como parte del contrato ni suscribió su cláusula compromisoria y que comparece en ejercicio de una habilitación atribuida directamente por la ley”, señaló el Tribunal.
Por estas razones, el Tribunal declaró no probadas las excepciones previas de falta de jurisdicción, cláusula compromisoria e ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.
El proceso continuará con la audiencia inicial, que fue programada para el jueves 12 de noviembre de 2026, a las 8:00 de la mañana. En esa diligencia se abordarán los aspectos procesales correspondientes dentro de la demanda presentada por la Procuraduría contra el convenio relacionado con el nuevo modelo de pasaportes.
Además, recientemente la cancillería declaró una nueva urgencia manifiesta para garantizar la continuidad, sin interrupciones, del suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes.