Contraloría alerta por falta de permisos para maquina que fabricará nuevos pasaportes
La falta de legalización para la entrada al país de los equipos que deben fabricar los nuevos pasaportes encendió las alarmas. El contralor advirtió riesgos operativos y financieros que comprometen recursos públicos superiores a 1,3 billones de pesos.
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El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una seria advertencia sobre el futuro del nuevo modelo de pasaportes en Colombia, al revelar dos alertas críticas que podrían poner en un grave riesgo la implementación del sistema e incluso comprometer recursos públicos por más de un billón de pesos.
La primera alerta se relaciona con la ausencia de la maquinaria necesaria para imprimir las libretas de pasaporte, los documentos de viaje y las etiquetas de visa, puesto que no se registran los documentos necesarios para la legalización de la entrada del equipo tecnológico. Esta situación, afirma, pone en riesgo la continuidad del proceso y evidencia un retraso que podría afectar la producción de los pasaportes y demás documentos.
El proceso de financiación para materializar el nuevo modelo de pasaportes es la segunda alerta. Elorganismo de control señala posibles fallas en la gestión de vigencias futuras y en los compromisos presupuestales, que podrían ascender a 1,3 billones de pesos, recursos que además serían ajenos a la misionalidad de la Imprenta Nacional Colombiana. De confirmarse estas falencias, el país se enfrentaría a un riesgo financiero de grandes proporciones.
BLU Radio // Contraloría //
Foto: Contraloría General de la Nación
“Hemos colocado unas alertas y esas alertas tienen que ver en que no se detecta de manera clara cómo se van a importar esos equipos, quién lo va a pagar. De manera muy clara nosotros señalamos una serie de inquietudes que nos demandan a que no existe como la preparación suficiente frente a lo que demanda ya prácticamente algo de lo que estamos hablando a tres meses”, aseguró el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez.
Entonces, la Contraloría definió que entre las actividades críticas que aún no han sido gestionadas se encuentra la indefinición de la entidad que importará las mercancías y el responsable del pago de impuestos, tasas y contribuciones en el trámite aduanero. Por consiguiente, no hay definición de negocios jurídicos que sustenten la importación, que en este caso, el importador sería la Imprenta Nacional de Colombia y, además, no se cuenta con una estimación del “valor de las mercancías a importar” en términos de tributos aduaneros y del costo del servicio de aduanas.
La Contraloría General de la República enfatizó que, si estas alertas no se aclaran o solucionan antes del 8 de diciembre, la ejecución del contrato con la nueva firma encargada podría quedar al aire, comprometiendo el cumplimiento del Convenio de Cooperación Internacional No. 010 de 2025. En ese escenario, se activaría el pago de la Garantía de Primer Requerimiento, equivalente a 6.375.000 euros, un golpe económico adicional para el Estado.
Ante este panorama, el contralor propuso al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y al Gobierno nacional instalar una nueva mesa de trabajo que permita aclarar cada uno de los hallazgos encontrados por la Contraloría en el control interno de la ejecución de los contratos, con el fin de evitar una crisis institucional y financiera que afecte la expedición de pasaportes en el país.
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