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La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar la nulidad del contrato interinstitucional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, destinado a la elaboración de los nuevos pasaportes colombianos. La decisión, liderada por el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, se fundamenta en la detección de cinco fallas graves dentro del proceso contractual.
En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Melgosa precisó que la Procuraduría actuó “en defensa de la legalidad y del interés general”, luego de que los análisis preventivos adelantados por el Ministerio Público detectaran omisiones procedimentales y errores financieros en la estructuración del acuerdo.
Se eludió un proceso competitivo de selección al contratarse a la Casa de la Moneda de Portugal por intermedio de la Imprenta Nacional, evitando la licitación pública que garantiza la pluralidad de oferentes
Uno de los cuestionamientos más contundentes del Ministerio Público radica en que la Casa de la Moneda de Portugal fue elegida sin un proceso de licitación, a través de un convenio interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional. Según Melgosa, esta modalidad permitió evadir el Estatuto General de Contratación Pública, que establece la licitación pública como regla general y la contratación directa como excepción.
“Aquí se suscribió primero entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo Rotatorio, y la Imprenta Nacional un convenio interadministrativo. Ese convenio sirvió para utilizar un régimen exceptuado, distinto al Estatuto de Contratación, lo que facilitó contratar a la Casa de la Moneda de Portugal sin competencia”, señaló.Además, la Procuraduría advirtió que el aporte económico del contratista extranjero solo representa el 21 % del valor total del contrato, cuando la normativa exige un mínimo del 50 % para justificar la contratación directa con una empresa de derecho público extranjera. Esta diferencia —según el delegado— “invalida el argumento de que se trataba de un contrato internacional amparado en una excepción legal”.
El informe del Ministerio Público también destaca fallas en la estructuración financiera del contrato. De acuerdo con Melgosa, las vigencias futuras que respaldan el acuerdo no fueron aprobadas conforme al Estatuto del Presupuesto, lo que podría comprometer recursos públicos sin la debida autorización del Congreso.
Asimismo, el contrato estipula pagos en euros, una decisión que contraviene las normas cambiarias del Banco de la República, las cuales obligan a efectuar los desembolsos en pesos colombianos, incluso si el acuerdo se pacta en moneda extranjera.
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“El pago debía hacerse en pesos. Pactar el contrato en euros genera incertidumbre sobre los montos finales debido a la fluctuación cambiaria”, explicó el procurador delegado, al advertir que este aspecto “pone en riesgo la estabilidad financiera del convenio a diez años”.
Otra de las observaciones incluidas en la demanda es la ausencia de un acta formal de aprobación por parte de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional, requisito indispensable para la suscripción de cualquier contrato interinstitucional. Aunque se mencionan reuniones y grabaciones, no existe un documento oficial que certifique la autorización del acuerdo.
No hay un acta que avale la suscripción del contrato, como lo exigen las normas comerciales. Es una omisión de forma y fondo que afecta la validez del proceso
La Procuraduría informó que además de la acción de nulidad, se adelantan investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que participaron en la estructuración del convenio. Estas actuaciones podrían derivar en sanciones e incluso en compulsas de copias a la Fiscalía para determinar si hubo responsabilidad penal.
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“Desde la vigilancia preventiva se elaboró un informe con fines disciplinarios. Ya existe una investigación en curso y será la Misionalidad Disciplinaria la que determine si hay lugar a sanciones o a compulsar copias a otras instancias”, afirmó Melgosa.
El procurador delegado fue enfático en señalar que las consideraciones del presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de que los pasaportes no estén en manos privadas no influyeron en la decisión de la Procuraduría. “Lo nuestro es un asunto de legalidad, no de política pública”, aclaró Melgosa al ser consultado sobre las recientes declaraciones del mandatario.
Asimismo, desestimó que la supuesta calidad superior del pasaporte portugués tenga incidencia alguna en la evaluación jurídica. “La calidad del pasaporte no tiene nada que ver con la manera en que fue contratado el proveedor”, concluyó.
La demanda de nulidad será estudiada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá determinar si las irregularidades detectadas ameritan la anulación del contrato. Aunque el proceso podría extenderse, Melgosa anticipó que se trata de un “proceso de puro derecho”, lo que podría agilizar su resolución.
No creo que antes de abril de 2026 haya una decisión en primera instancia, pero si la nulidad prospera, los pagos realizados deberán ser devueltos
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