En diciembre de 2025 la Fiscalía imputó cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción, al haber declarado desierta en 2023 la licitación para la fabricación de pasaportes por unos $600.000 millones, a pesar de que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y había cumplido con los requisitos para ganarse la adjudicación.
Ante el despacho de la magistrada Blanca Barreto de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, el ente investigador acusó formalmente al excanciller Leyva. Además, el alto tribunal reconoció como presunta víctima a la Cancillería por este sonado caso.
Blu Radio conoció el escrito de acusación de la Fiscalía que señala que luego de surtirse las etapas del proceso contractual, el Comité Evaluador concluyó que la propuesta de la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con los requisitos exigidos y obtuvo el mayor puntaje, por lo que recomendó su adjudicación. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Álvaro Leyva expidió la Resolución 7485, mediante la cual declaró desierta la licitación pese a la existencia de un oferente habilitado.
Para la Fiscalía, los argumentos del entonces ministro, relacionados con una presunta afectación de los principios de libre concurrencia e igualdad, no constituían un fundamento legal suficiente para frenar la adjudicación del contrato.
Lo que sigue es que la Corte Suprema de Justicia deberá programar la audiencia preparatoria de juicio en contra de Álvaro Leyva, por estos mismos hechos la Procuraduría lo inhabilitó por 10 años para el ejercicio de cargos públicos.
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