El Tribunal Administrativo del Atlántico le dio la razón a Barranquilla en una demanda contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en la que alegaba que la entidad seguía mostrando, en sus mapas oficiales, un límite entre Barranquilla y Puerto Colombia basado en una norma que ya había sido declarada nula por la justicia.
Es decir, que dentro de la plataforma llamada “Colombia en Mapas” se apreciaban los límites expedidos en la ordenanza 075 de la Asamblea del Atlántico, cuando, según los argumentos del Distrito, esa norma fue dejada sin efectos legales por el mismo Tribunal y el Consejo de Estado.
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Así las cosas, el Tribunal ordenó corregirla en un plazo de 30 días. A partir de ahora, el mapa deberá mostrar, con el mismo peso, tanto la línea que reclama Barranquilla como la que reclama Puerto Colombia, y deberá quedar claro que ese límite todavía no está definido legalmente.
Además, en el fallo también se ordena al Área Metropolitana de Barranquilla la entrega provisional al Distrito de una copia completa y organizada de la base catastral de los predios que están en la zona en disputa.
Lo que significa que la Alcaldía de Barranquilla tendrá acceso, por primera vez de manera estructurada, a toda la información física, jurídica, económica y de avalúos de esos predios, así como al historial de trámites que se han hecho sobre ellos.
Una de las condiciones para esa decisión es que tanto el Distrito como Puerto Colombia deberán si hay terrenos a los que les están cobrando impuestos dos veces por esta confusión de límites.
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Para el cumplimiento y vigilancia de estas disposiciones, fue creado un comité de seguimiento por parte de la autoridad conformado por el IGAC, Barranquilla, Puerto Colombia, el Área Metropolitana, la Procuraduría, la Contraloría y una organización no gubernamental con actividades relacionadas con la defensa del patrimonio público.
Finalmente, el Tribunal aclaró que en ningún momento pidió devolver a Barranquilla los predios ni los impuestos que hoy recibe Puerto Colombia, pues el límite definitivo entre los dos municipios solo lo puede fijar el Congreso de la República, donde ya cursa ese trámite.