La Contraloría General de la República encendió las alertas por la situación financiera y operativa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al señalar que en los últimos cuatro años se han identificado 33 hallazgos fiscales que representan un posible daño al patrimonio público superior a los 694.000 millones de pesos.
Durante un debate de control político, un delegado del organismo de control explicó que las principales irregularidades están relacionadas con pagos indebidos e intereses moratorios derivados de los retrasos en el pago de las obligaciones del sistema. De acuerdo con las cifras presentadas, cerca de 255.000 millones de pesos corresponden a hallazgos asociados con pagos indebidos, mientras que alrededor de 116.000 millones están relacionados con intereses moratorios.
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La Contraloría también llamó la atención sobre el comportamiento del presupuesto destinado al sistema de salud del magisterio. Según la información expuesta, los recursos pasaron de aproximadamente 2,1 billones de pesos en 2022 a cerca de 5 billones en 2025, lo que evidencia un aumento en los recursos administrados, pero también plantea cuestionamientos sobre su ejecución y manejo.
En el balance presupuestal con corte a agosto de 2026, el FOMAG registraba una apropiación de 4,9 billones de pesos, obligaciones por 3,8 billones y pagos por 3,2 billones, equivalentes al 79 % de los recursos ejecutados en los términos presentados. En el rubro de contratos de servicios médicos, la apropiación era de 3,8 billones de pesos y las obligaciones ascendían a 3,4 billones, con una ejecución del 89 %. Sin embargo, permanecían pendientes de pago cerca de 422.000 millones de pesos.
El organismo de control advirtió que la situación de financiación representa un riesgo para la continuidad de la atención médica de los docentes y sus beneficiarios. Según lo expuesto durante el debate, los recursos disponibles podrían alcanzar para cubrir la prestación de los servicios hasta noviembre de este año, lo que genera preocupación frente a una posible interrupción de la atención si no se garantiza la financiación necesaria.