Los sellos de advertencia que alertan sobre el exceso de azúcar, sodio y grasas en los alimentos, así como los llamados impuestos saludables, vuelven a estar en el centro del debate en Colombia.
Organizaciones de la sociedad civil y sectores académicos advierten que estas medidas enfrentan cuestionamientos e intereses políticos y económicos que podrían llevar a su debilitamiento o incluso a su eliminación.
Las dos herramientas fueron implementadas con el objetivo de desestimular el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, considerados factores de riesgo para diferentes enfermedades. Desde FIAN Colombia sostienen que Colombia ha logrado avances importantes con estas políticas y que, además, cumplen con recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud.
La preocupación radica en que algunos sectores han comenzado a cuestionar la efectividad de estas medidas y a plantear cambios bajo el argumento de que no cumplen con su propósito. Para las organizaciones que defienden el derecho a la alimentación, detrás de esta discusión también existen intereses económicos relacionados con una industria que podría verse afectada por una reducción en el consumo de estos productos.
Milena Waldron, nutricionista y coordinadora del área de Nutrición de FIAN Colombia, advierte que el eventual debilitamiento de estas políticas podría representar un retroceso en materia de salud pública, especialmente porque el consumo frecuente de productos ultraprocesados está relacionado con enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer.
A esto se suma el impacto económico que estas enfermedades generan para el sistema de salud. Por eso, las organizaciones consideran que las medidas no deben evaluarse únicamente desde el impacto sobre la industria o los consumidores, sino también desde los costos que representa para el Estado atender enfermedades asociadas con hábitos alimentarios poco saludables.
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El llamado de FIAN Colombia, junto con organizaciones de la sociedad civil y la academia, es a proteger y fortalecer estas políticas. La petición no está dirigida únicamente a mantener los sellos de advertencia y los impuestos saludables, sino a mejorar su alcance y garantizar que sus beneficios lleguen especialmente a niños, niñas y adolescentes.
La discusión, aseguran, no debería centrarse en retroceder, sino en cómo hacer más efectivas estas herramientas. Para las organizaciones, la alimentación adecuada es un derecho humano y las políticas públicas deben priorizar la salud de la población por encima de intereses políticos o económicos.