El Hospital San Vicente de Paúl de Caldas denuncia presunta cartelización de Anestesiar y alerta sobre riesgos para la atención de pacientes. Los especialistas, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones.Dos versiones envuelven la situación que atraviesa el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, donde en las últimas horas dejó de tener contrato con el gremio de anestesiólogos en Antioquia por altas deudas.Por un lado, a través de un comunicado, los especialistas de Anestesiar, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones. Por el otro, directivos de este centro asistencial público denunciaron ante las autoridades presuntas “prácticas de presión, exclusión y cartelización por parte del sindicato” las cuales, según la institución, estarían limitando la libre participación de especialistas que no pertenecen a esa agremiación en los procesos de contratación allí.El gerente, Juan Carlos Sánchez Fernández, advirtió que esta situación podría comprometer la continuidad de los servicios de cirugía y poner en riesgo la atención de miles de pacientes, especialmente de la población más vulnerable de Antioquia. Además, manifestó su preocupación porque este tipo de prácticas podrían estar replicándose en otras instituciones de salud del país.“Quiero denunciar ante el país las presuntas prácticas de presión, exclusión y cartelización que estaría promoviendo anestesia para impedir que a profesionales de anestesiología que no pertenecen a su agremiación participen libremente en el proceso de contratación de nuestra institución. Podrían paralizar los servicios de cirugía de un hospital público y poner en riesgo la salud y la vida de miles de ciudadanos, especialmente la población más vulnerable”, aseguró.Frente a estos hechos, el directivo solicitó la intervención del Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que investiguen lo ocurrido, establezcan las responsabilidades correspondientes y adopten las medidas necesarias para proteger la libre competencia.Ya en meses anteriores la misma organización había llegado a suspender por varias horas sus labores en esta institución por las mismas millonarias deudas y faltas de acuerdos en pago. La situación pone en riesgo procedimientos quirúrgicos para pacientes no solo de esa zona de la subregión metropolitana, sino también de otras localidades del Suroeste del departamento que acuden a este centro asistencial por su nivel de complejidad.
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1575 de 2026, mediante la cual actualiza los lineamientos técnicos y operativos para la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia.La norma adiciona un artículo a la Resolución 051 de 2023 y modifica el numeral 4.2 de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal adoptada mediante la Resolución 3280 de 2018, en cumplimiento de la Sentencia de Unificación 297 de 2025 de la Corte Constitucional.La resolución incorpora un capítulo específico para garantizar el acceso a la IVE de mujeres y personas con capacidad de gestar pertenecientes a pueblos indígenas. Entre las medidas establece que las entidades responsables de la atención deberán garantizar el acceso inmediato al procedimiento cuando la persona manifieste su decisión, sin imponer barreras administrativas, culturales, comunitarias o institucionales.También señala que las autoridades tradicionales o comunitarias no podrán condicionar ni impedir el acceso mediante autorizaciones o decisiones colectivas, y ordena proteger la confidencialidad de la información relacionada con el procedimiento.La norma también dispone que, cuando existan barreras en las entidades indígenas de salud, las usuarias podrán acudir directamente a cualquier institución pública o privada para recibir la atención, sin requerir autorizaciones adicionales. En esos casos, el prestador tendrá derecho al reconocimiento de los costos conforme a las reglas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Otro de los principales cambios corresponde a la actualización del talento humano autorizado para participar en la atención. La resolución señala que profesionales de enfermería, de acuerdo con su formación, entrenamiento y competencias, podrán intervenir en consultas, valoración clínica, seguimiento y otros procedimientos relacionados con la IVE, conforme a los lineamientos técnicos vigentes. Además, el Ministerio deberá expedir, en un plazo de tres meses, un documento técnico con las orientaciones para la ejecución de estos procedimientos por parte del personal de enfermería.El documento también actualiza la organización de la atención. Establece que la IVE deberá prestarse de forma inmediata y que entre la manifestación de voluntad de la persona gestante y la realización del procedimiento no podrán transcurrir más de cinco días calendario. La consulta inicial podrá realizarse en urgencias, consulta prioritaria, consulta programada o durante una hospitalización, y podrá ser efectuada por profesionales de medicina o enfermería capacitados.En cuanto a la atención clínica, la resolución indica que la valoración inicial deberá confirmar el embarazo, establecer la edad gestacional, identificar factores de riesgo y suministrar información sobre los procedimientos disponibles. También establece que la ecografía no será un requisito para acceder a la IVE durante el primer trimestre, salvo cuando exista una indicación clínica, y prohíbe que la paciente sea expuesta a imágenes o sonidos del embarazo sin su consentimiento expreso. De igual forma, precisa que los exámenes de laboratorio no podrán convertirse en una barrera para la prestación del servicio.La resolución reitera que la interrupción voluntaria del embarazo procede por la sola decisión de la mujer o persona gestante hasta la semana 24 de gestación. Después de ese periodo, deberá verificarse alguna de las tres causales establecidas por la Corte Constitucional. Asimismo, establece que la atención deberá garantizar la confidencialidad, el respeto por la autonomía de la paciente y la eliminación de barreras de acceso para poblaciones indígenas, personas privadas de la libertad, comunidades étnicas y quienes carezcan de documentos de identificación.
La ministra de Salud designada, Ana María Vesga, anunció que una de las alternativas que estudia el Gobierno para enfrentar la crisis del sistema de salud será reducir el número de afiliados de la Nueva EPS, considerada actualmente la entidad más crítica del país por su tamaño y su situación financiera.Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la funcionaria explicó que la recuperación del sistema depende en gran medida de estabilizar a la aseguradora, que concentra más de 11 millones de usuarios y cuya situación financiera, aseguró, requiere una intervención profunda."Es una entidad que toca empezar a alivianar porque con 11 millones de colombianos y en esta situación es imposible que preste bien sus servicios", afirmó Vesga al referirse al futuro de la Nueva EPS.La ministra precisó que "alivianar" significa reducir probablemente el número de afiliados, con el propósito de que la entidad pueda operar de manera más eficiente y garantizar una mejor atención a los usuarios¿Cuál es el plan de choque frente a la crisis de medicamentos y citas?La prioridad inmediata de la nueva administración, según confirmó la ministra, será la ejecución de un plan de choque que comenzará el 7 de agosto. El objetivo central es identificar, persona a persona, los focos críticos de represamiento en la atención."Necesitamos identificar cuáles son esos cuellos de botella, dónde están los medicamentos que no se están entregando y las citas que no se están otorgando. Si no sabemos el tamaño del problema, no sabemos cuántos recursos vamos a requerir", señaló Vesga. Para la ministra, la erosión de la confianza entre los actores del sistema ha sido la causa raíz de la parálisis, por lo que su gestión buscará convocar a prestadores, industria y aseguradoras para estabilizar la red.¿Por qué se habla de "alta cirugía" para la Nueva EPS?La funcionaria enfatizó que la entidad ha sufrido un deterioro constante debido a la falta de continuidad administrativa, acumulando seis interventores en cuatro años. "Es imposible que una entidad que no ha tenido continuidad en su gestión esté bien administrada", afirmó. El gobierno entrante revisará la situación financiera para determinar qué partes de la red son viables y cuáles requieren medidas de salvamento, asegurando que cualquier decisión estará centrada en proteger la atención de los pacientes.¿Cómo se financiará el sistema y qué pasará con la UPC?La ministra desestimó que los ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) respondan a beneficios particulares, aclarando que se trata del financiamiento base del sistema. Sobre la polémica de los recursos, Vesga reconoció que el gobierno anterior dejó una subestimación en los cálculos para 2025 y 2026. Aunque el escenario fiscal es restringido, la administración busca inyectar recursos para saldar deudas con la industria farmacéutica y aliviar la red prestadora, trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el equipo del vicepresidente José Manuel Restrepo.¿Qué pasará con los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud?Otro punto de tensión es el destino de los 8 billones de pesos que, según el equipo de empalme, se habrían invertido en los Equipos Básicos de Salud durante el gobierno saliente. Vesga se mostró crítica ante la falta de indicadores de impacto: "No había trazabilidad. Lo primero que vamos a hacer es medirlos; si han funcionado en algunos territorios, qué bueno, pero debemos entender qué pasó con esos recursos, pues fueron un detrimento enorme para un sistema que estaba ahogado".
En el marco de la conmemoración de los 40 años de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), su presidente, Víctor Raúl Castillo, se refirió a los desafíos que enfrenta el sistema de salud del país y respaldó la designación de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud.Castillo aseguró que conoce la trayectoria de Vesga y confió en que pueda liderar una gestión enfocada en resolver los problemas estructurales del sector.“A la doctora la conozco muy bien, me parece que es una persona idónea para el cargo. Espero que haga el trabajo adecuado y se rodee bien”, afirmó el presidente de la FCV.El directivo señaló que uno de los principales retos de la nueva ministra será enfrentar la crisis financiera del sistema de salud y las millonarias deudas acumuladas entre los diferentes actores.“Hay un tema de interés que son las grandes deudas del sistema. No son 40 o 50 billones, pero tampoco son menos de 20, y necesitamos tomar cartas en el asunto”, sostuvo Castillo.El presidente de la FCV hizo un llamado para que todos los sectores involucrados trabajen de manera conjunta en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la atención de los pacientes y la sostenibilidad del sistema.“Si todos nos ponemos la mano en el corazón y decidimos arreglar esto, los proveedores, las EPS, los médicos, las personas, las farmacéuticas y las clínicas podemos sacar adelante el sistema”, manifestó.Castillo insistió en que la solución requiere recuperar la confianza entre los diferentes actores y establecer mecanismos que permitan resolver las obligaciones pendientes.Durante su intervención, el presidente de la FCV también cuestionó la cantidad de cambios administrativos que han ocurrido en algunas EPS intervenidas por el Gobierno.“Coosalud tuvo 12 interventores en un año, Nueva EPS tuvo ocho interventores y así todas las EPS intervenidas. Así no las opera nadie y uno no sabe cuál es el objetivo de estas renovaciones”, afirmó.Según Castillo, la falta de continuidad en la administración de estas entidades genera incertidumbre y dificulta la toma de decisiones para garantizar una adecuada prestación del servicio.Finalmente, el presidente de la Fundación Cardiovascular reiteró que el país necesita un trabajo articulado entre EPS, IPS, profesionales de la salud, pacientes, proveedores y Gobierno para superar los desafíos actuales del sistema.La FCV, que cumple cuatro décadas de trabajo en el sector salud, aprovechó la conmemoración para plantear los retos que deberá asumir la nueva administración del Ministerio de Salud.
Un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud manifestó públicamente su respaldo a la designación de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud y Protección Social, al considerar que su llegada representa una oportunidad para reconstruir la confianza en el sistema de salud colombiano y enfrentar los retos que atraviesa el sector.En un pronunciamiento conjunto, los exfuncionarios señalaron que reciben el nombramiento “con optimismo y esperanza”, destacando que Vesga cuenta con un amplio conocimiento del sistema de salud, adquirido tras años de trabajo con los distintos actores del sector, lo que, aseguran, le permitirá comprender la complejidad del momento y liderar las transformaciones que requiere el país.El grupo resaltó además las cualidades personales y profesionales de la nueva ministra, entre ellas su capacidad de liderazgo, equilibrio, seriedad y disposición permanente al diálogo y la concertación, características que consideran fundamentales en un contexto marcado por la crisis financiera del sistema, las diferencias entre el Gobierno y los distintos sectores de la salud, y las crecientes dificultades para garantizar la atención a los pacientes.Los exministros afirmaron que Colombia necesita una conducción capaz de recuperar la confianza, reconstruir puentes entre los diferentes actores y poner el bienestar de los pacientes por encima de cualquier diferencia política o institucional. En ese sentido, calificaron la designación de Vesga como un “acierto” y expresaron su confianza en que impulsará un ejercicio amplio de diálogo e integración.Asimismo, señalaron que el país requiere una reconstrucción colectiva del sistema de salud basada en el conocimiento técnico, el respeto institucional y la búsqueda de soluciones compartidas que permitan avanzar en la estabilización, recuperación y evolución del modelo de atención.Finalmente, el grupo de exministros y exviceministros felicitó a Ana María Vesga por su nombramiento y le deseó éxito en la gestión que iniciará, convencido de que su liderazgo contribuirá a fortalecer el derecho a la salud y a devolver la confianza en uno de los sectores más golpeados del país.
A pocos días de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, el gremio Aliadas expresó su respaldo a la conformación del nuevo gabinete ministerial y aseguró que el país necesita una gestión que permita recuperar la confianza, fortalecer la inversión y generar condiciones para el crecimiento económico y social.En un comunicado, la organización afirmó que Colombia atraviesa un momento que exige responsabilidad colectiva y decisiones oportunas para enfrentar los desafíos que heredará la nueva administración. En ese sentido, destacó que los funcionarios designados cuentan con experiencia y trayectoria, cualidades que, según el gremio, deberán traducirse en una gestión pública transparente, eficiente y enfocada en resultados para los ciudadanos.Aliadas hizo un reconocimiento especial al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud y Protección Social, al considerar que su experiencia en el sector y su capacidad para construir consensos facilitarán la adopción de soluciones en una de las carteras más complejas del Gobierno. El gremio señaló que el sistema de salud enfrenta retos urgentes relacionados con el acceso, la continuidad de la atención y la sostenibilidad financiera, por lo que insistió en la necesidad de una articulación entre todos los actores, con el paciente como eje central de las decisiones.La organización también manifestó que acompañará al nuevo Gobierno de manera institucional, independiente y constructiva. Explicó que respaldará las decisiones que considere acertadas, advertirá sobre los riesgos cuando sea necesario y pondrá a disposición del Ejecutivo la experiencia técnica de los sectores que representa para contribuir a la formulación de soluciones.Finalmente, Aliadas sostuvo que cooperar con el Gobierno no implica renunciar al debate ni a la crítica responsable, sino orientar esas diferencias hacia un objetivo común: recuperar la confianza de los colombianos, generar bienestar y promover el progreso del país.
El nombramiento de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud despertó una reacción positiva entre representantes de pacientes, clínicas, hospitales y la industria farmacéutica, que coincidieron en expresar expectativas favorables frente a su llegada, aunque advirtieron que recibirá un sistema marcado por deudas, barreras en la atención y una crisis financiera que consideran urgente atender.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, voceros de estos sectores aseguraron que esperan un cambio en el manejo del ministerio y destacaron el perfil técnico de la nueva funcionaria.Pacientes con enfermedades raras esperan un nuevo rumboDiego Gil, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, afirmó que el país enfrenta una situación crítica para quienes padecen estas patologías.Según explicó, actualmente hay más de 107.000 personas diagnosticadas con enfermedades raras en Colombia y estimó que la cifra real podría superar los 2,5 millones de personas, al considerar los casos aún no diagnosticados.Gil aseguró que durante los últimos años muchos pacientes enfrentaron dificultades para acceder a medicamentos, tecnologías y servicios complementarios. “Tenemos la expectativa de la esperanza de que esto tome un nuevo rumbo”, afirmó sobre la llegada de Vesga al Ministerio.También destacó que espera reunirse con la nueva ministra para retomar espacios de articulación y avanzar en la implementación de políticas para esta población.Clínicas e IPS celebran la designaciónJorge Toro, presidente de la Unión de IPS, aseguró que Ana María Vesga ha trabajado junto al sector durante los últimos años y conoce de primera mano la crisis que atraviesan las instituciones prestadoras de salud.“Ha sido una persona con la que hemos podido durante todo este tiempo ser coequiperos en la defensa del sector”, señaló.Toro recordó que, según cifras del gremio, la deuda con clínicas y hospitales ronda los 45 billones de pesos, situación que ha provocado cierres parciales y definitivos de servicios en distintas regiones del país.A su juicio, una de las primeras tareas del nuevo Gobierno será recuperar la liquidez del sistema para reabrir servicios y garantizar la atención a los pacientes.Farmacéuticas también respaldan el nombramientoLa industria farmacéutica expresó una posición similar. Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, aseguró que el gremio recibe con optimismo la llegada de la nueva ministra.“Celebramos el nombramiento de la doctora Ana María como ministra”, afirmó. Explicó que ya existían conversaciones con el equipo del presidente electo sobre un plan para atender la crisis durante los primeros cien días de gobierno.Según Gaitán, uno de los principales retos será agilizar el flujo de recursos para garantizar la compra de medicamentos y mejorar el abastecimiento en el sistema de salud.El dirigente también indicó que actualmente la deuda con los laboratorios afiliados asciende a 4,4 billones de pesos, con una cartera que supera los 200 días de mora.Los retos que recibirá la nueva ministraAunque los distintos sectores manifestaron optimismo por la designación de Ana María Vesga, coincidieron en que los desafíos serán inmediatos.Entre las principales prioridades que mencionaron están:Reducir las barreras de acceso a medicamentos y tratamientos.Recuperar financieramente a clínicas y hospitales.Agilizar el pago de las deudas con IPS y farmacéuticas.Garantizar el abastecimiento de medicamentos.Restablecer espacios de diálogo entre el Ministerio y los actores del sistema.
A través de sus redes sociales, el presidente electo Abelardo De La Espriella confirmó que Ana María Vesga fungirá como ministra de Salud para su Gobierno desde el 7 de agosto.Vesga es abogada de la Universidad de Los Andes y actualmente es presidenta de ACEMI, el gremio de las EPS.“Su tarea será liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector, mientras construimos un modelo más eficiente, transparente, solidario y fortalecido en las regiones”, señaló el presidente electo.Vesga también trabajó en la ANDI, donde lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica y la Vicepresidencia de Salud.“Llega una mujer íntegra, técnica y dialogante, decidida a enfrentar la corrupción, acabar con la politiquería en la salud y devolverles a los colombianos la tranquilidad de saber que serán atendidos con dignidad”, agregó De La Espriella.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de una demanda presentada por Coomeva EPS contra el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), mediante la cual la entidad buscaba el pago de más de $13.000 millones por concepto de gastos administrativos asumidos entre 2015 y 2016.Según la demanda, esos recursos correspondían a los costos en los que incurrió la EPS por la gestión de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el entonces Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como por los trámites de recobro realizados para obtener el reembolso de dichos servicios. Al analizar el caso, el Tribunal determinó que la reclamación no podía resolverse a través del medio de control de reparación directa, ya que el supuesto perjuicio alegado tenía origen en actos administrativos de carácter general que no contemplaban el reconocimiento de esos gastos administrativos.La corporación explicó que, cuando se considera que una regulación omitió incluir un aspecto que la ley o la Constitución exigen, la controversia corresponde a una presunta omisión reglamentaria. En esos casos, el mecanismo judicial procedente es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues lo que se debate es la legalidad de los actos expedidos por la administración.El Tribunal también recordó que el juez contencioso administrativo puede adecuar el medio de control escogido por las partes al que realmente corresponde, incluso al momento de proferir la sentencia, cuando advierta que la demanda fue presentada por una vía procesal distinta a la prevista por la ley.Una vez reencauzó el proceso como una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la corporación concluyó que la demanda había caducado, debido a que fue presentada después del término legal de cuatro meses contados desde la publicación de los actos administrativos generales objeto de cuestionamiento. En consecuencia, negó las pretensiones de Coomeva EPS.
El Consejo de Estado aceptó una demanda presentada por el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, con la que se busca que el Ministerio de Salud asuma el costo de las toallas higiénicas.“La demanda busca que se declare la nulidad de la expresión "toallas higiénicas", incluida en la casilla 117 del listado de servicios y tecnologías excluidos de la financiación con recursos públicos de salud, contenido en la Resolución 695 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud el pasado 16 de abril. En palabras sencillas, la demanda busca que se puedan entregar estos productos de salud menstrual, especialmente a mujeres en condición de vulnerabilidad”, señaló Sastoque.El Consejo de Estado ordenó notificar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y le otorgó un plazo de 30 días para contestar, proponer excepciones o solicitar pruebas.“La exclusión vulnera el derecho fundamental a la salud y el principio de integralidad, al desconocer que las toallas higiénicas son un insumo indispensable para mujeres con diagnósticos médicos como endometriosis, desórdenes de tiroides o hemorragias, entre otras condiciones”, explicó Sastoque.La demanda presentada explica que, según las cifras del Dane, el 11 % de las mujeres en el país reportó dificultades económicas para adquirir insumos menstruales entre 2021 y 2023."No puede ser que en pleno 2026 el cuidado menstrual siga tratándose como un lujo y no como lo que es: una necesidad de salud. Presentamos esta demanda porque ninguna mujer debería elegir entre comprar toallas higiénicas o comprar comida, y hoy el Consejo de Estado decidió aceptar esta demanda", dijo el concejal.
La conectividad es una de las prioridades del Gobierno tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. Ante las dificultades en algunas zonas afectadas, la ministra TIC, Alexandra Falla, pidió a los operadores priorizar las comunicaciones y garantizar sus redes para autoridades, organismos de socorro y comunidades.La solicitud quedó establecida en la circular 0028, mediante la cual el Ministerio TIC puso en marcha nueve acciones para facilitar las comunicaciones durante la atención y recuperación de la emergencia. La medida hace parte del Plan de Contingencia Sectorial activado desde el día del sismo.Como primera medida, los operadores deben poner de manera inmediata, gratuita y oportuna sus redes y servicios a disposición de las autoridades, dando prioridad a las comunicaciones relacionadas con la emergencia y la protección de la vida humana.La segunda acción contempla el apoyo de los operadores de radiocomunicación de banda ciudadana y de las redes de radioaficionados para transmitir mensajes requeridos durante la emergencia, de acuerdo con las orientaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.La tercera medida busca llevar conectividad a lugares donde no haya cobertura móvil o las antenas hayan quedado fuera de servicio. Para ello, la Agencia Nacional del Espectro, ANE, estudia habilitar temporalmente una banda que permita conectar directamente los celulares con satélites mediante la tecnología Direct to Device, D2D.La cuarta acción permitirá que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, establezca condiciones provisionales para facilitar el acceso, uso e interconexión de redes. Esto permitiría que los operadores compartan infraestructura que permanezca operativa y aceleren la recuperación de las comunicaciones.El Ministerio también recordó que las llamadas al 123 y a las demás líneas de emergencia son gratuitas, incluso sin saldo o con el servicio suspendido. Si existe congestión en las llamadas, se recomienda utilizar mensajes de texto o servicios de mensajería instantánea.Como sexta medida, los operadores móviles habilitaron llamadas gratuitas para usuarios y autoridades durante la contingencia. El propósito es facilitar el contacto entre las personas afectadas, los organismos de atención y las entidades encargadas de responder a la emergencia.En materia de información, el Sistema de Medios Públicos y los canales nacionales y regionales trabajan para entregar información sobre las afectaciones, reportar necesidades, orientar a quienes quieran ayudar y divulgar los canales autorizados para recibir apoyos. Todas las emisoras de Radio Nacional de Colombia permanecen activas.El Ministerio TIC también mantiene un monitoreo permanente de las redes mediante el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones, CMIC. Con este seguimiento se identifican las fallas y se coordina con los operadores la recuperación de los servicios en las zonas afectadas.Finalmente, se estudia crear una red de respaldo con radioaficionados, mediante infraestructura de repetición y enlaces en bandas HF, VHF y UHF, para soportar comunicaciones de voz, datos y coordinación logística cuando las redes tradicionales fallen o estén saturadas. La alternativa aún requiere evaluaciones técnicas, operativas y jurídicas.Estas medidas hacen parte de la respuesta que lidera Alexandra Falla desde el día del terremoto. La ministra recorrió zonas afectadas junto al presidente Abelardo De La Espriella para conocer las necesidades de conectividad y articular acciones con entidades públicas y privadas, con el objetivo de mantener comunicadas a las comunidades y facilitar las labores de atención y recuperación.
La Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander ofrecieron una recompensa de hasta $80 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de la aparición de panfletos y banderas alusivas a las disidencias de las Farc, además del hallazgo de un cilindro en zona rural del distrito.Los hechos se registraron durante la madrugada de este viernes en diferentes puntos de Barrancabermeja. Uno de los lugares donde fueron encontrados los panfletos fue en inmediaciones del canal local Enlace Televisión, donde, según información preliminar, tres jóvenes habrían dejado las amenazas. Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento y este material ya está siendo analizado por las autoridades.También se reportó la aparición de propaganda similar en inmediaciones de la plazoleta del Cacique Pipatón y en el kilómetro 12 de la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga, a la altura de la finca Pakistán. En este último punto fue localizado además un cilindro.La Fuerza Pública realizó la inspección del elemento y, tras la verificación por parte de personal especializado, confirmó que el cilindro no contenía explosivos y no representaba un riesgo para la comunidad.Ante estos hechos, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, anunció una recompensa de hasta $30 millones para quien entregue información que permita establecer quiénes están detrás de la distribución de los panfletos y su posterior captura.“Rechazamos estos hechos que buscan generar temor y afectar la tranquilidad de los barranqueños”, señaló el mandatario, quien además anunció el refuerzo de los puestos de control y de la presencia de la Fuerza Pública en diferentes sectores durante el puente festivo.A esta recompensa se sumaron otros $50 millones anunciados por la Gobernación de Santander. Douglas Arenas, director de Seguridad y Convivencia del departamento, calificó los hechos como una acción de intimidación contra la población civil y aseguró que las autoridades trabajarán para identificar a los responsables.“Vamos a ir tras ellos y no nos vamos a dejar amedrentar absolutamente de nada”, afirmó Arenas al confirmar el ofrecimiento de la recompensa.Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar el origen de los panfletos, establecer si existe alguna relación entre los diferentes elementos encontrados y verificar quiénes estarían detrás de estas acciones.El despliegue de seguridad se mantendrá durante el puente festivo, especialmente en los corredores viales y sectores estratégicos de Barrancabermeja, mientras avanzan las labores de investigación de la Policía y el Ejército.
El Tolima enfrenta una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años. El fuego no da tregua y, a esta hora, 29 incendios forestales permanecen activos en diferentes municipios del departamento , mientras brigadas de bomberos, organismos de socorro, Fuerza Pública, autoridades y comunidad trabajan para contener las llamas.Ante la magnitud de la emergencia, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo declaró la calamidad pública departamental , una decisión que busca fortalecer la capacidad institucional, agilizar la gestión de recursos y permitir la llegada de nuevos apoyos para combatir los incendios.La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, explicó que la declaratoria permitirá acceder de manera inmediata a otras fuentes de apoyo para atender los diferentes frentes de la emergencia.“El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo determinó la declaratoria de calamidad pública en virtud de todos los incendios que tenemos activos en este momento. Esto, con el propósito de acceder de manera inmediata a otras fuentes que nos permitan atender, pero sobre todo obtener recursos que nos permitan atacar los incendios que tenemos en todo nuestro territorio”, señaló Lozano.San Luis, Ortega, Guamo y Honda, entre los municipios más críticosLa emergencia se concentra especialmente en San Luis, Ortega, Guamo, Honda, Chaparral y Valle de San Juan , pero también se reportan incendios en Piedras, Alvarado, Coyaima, Venadillo, Anzoátegui, Coello, Rovira y San Antonio , entre otros municipios que requieren atención y seguimiento permanente.San Luis continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. Aunque se han logrado avances importantes en el control de las llamas gracias al trabajo conjunto de organismos de socorro, Fuerza Pública, comunidad y autoridades, algunos puntos permanecen activos , por lo que las operaciones continuarán.“Es indispensable tener en cuenta que todo el sistema departamental y todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se encuentra en este momento activo y trabajando para poder liquidar de manera definitiva todos estos incendios”, manifestó la funcionaria.Un despliegue sin precedentes por tierra y aireLa respuesta a la emergencia tendrá un fuerte componente aéreo y terrestre. En Ortega se contará con 15 unidades de la Brigada Forestal de Bogotá , además del apoyo de aeronaves privadas gestionadas por la Gobernación y una aeronave del Ejército Nacional.En Honda , serán desplegadas 18 unidades de bomberos provenientes del Meta , junto con organismos de socorro y dos aeronaves de la Policía .En Valle de San Juan , permanecerán las operaciones aéreas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, acompañadas por brigadas forestales y cuerpos de bomberos.Y en San Luis , uno de los puntos que concentra mayor atención, se proyecta el apoyo de dos aeronaves privadas, una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y un helicóptero Black Hawk de la Policía .A esto se suman tres aeronaves adicionales gestionadas por la Gobernación del Tolima con apoyo del sector privado , que comenzarán operaciones desde las primeras horas de la mañana.Lozano destacó el esfuerzo conjunto que se viene realizando para responder a la emergencia.“Un agradecimiento total a todo el Sistema Nacional que se ha desplegado hacia cada uno de los puntos del departamento del Tolima, a la comunidad, a los organismos de socorro que están en sitio, a la gente que ha venido a apoyar en San Luis y en cada uno de los municipios para que esto lo podamos sobrellevar de la mejor manera”.La emergencia sigue activaMientras Guamo y Alvarado avanzan en sus propios procesos de declaratoria de calamidad pública y Piedras reporta un incendio controlado, las autoridades mantienen la alerta en los demás municipios afectados.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres también anunció el desplazamiento de 1 8 unidades de bomberos del Meta , mientras una brigada forestal de Bogotá, integrada por 15 unidades , reforzará las labores en Ortega.La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo insistió en que la emergencia todavía no ha terminado.“Seguimos en el territorio, pero sobre todo seguimos trabajando para que el día de mañana podamos seguir minimizando todos los efectos de esta terrible situación de los incendios que se nos presentan”.La declaratoria de calamidad pública representa así un nuevo paso para enfrentar la emergencia ambiental que golpea al Tolima , con una prioridad clara: contener los incendios, proteger a las comunidades, reducir la afectación ambiental y movilizar todos los recursos disponibles para lograr la liquidación definitiva de las llamas.
En una operación desarrollada en el Nordeste antioqueño, la Séptima División del Ejército Nacional logró un nuevo golpe contra el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', luego de que dos delincuentes se sometieron a la justicia.El operativo se realizó en la vereda Los Trozos de Anorí y de acuerdo con la información de la Fuerza Pública, los dos hombres son conocidos dentro de la estructura con los alias de 'Peluca' y 'Toreto', este último estaría encargado de la preparación e instalación de artefactos explosivos.Durante el procedimiento, los dos presuntos delincuentes también entregaron dos artefactos explosivos, un radio de comunicaciones y material de propaganda alusivo al Frente 36, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades para los procedimientos correspondientes.Le puede interesar: Juez declara persona ausente a alias ‘Calarcá’ e inicia audiencia de imputación por varios delitosPara las Fuerzas Militares, la entrega de 'Toreto' representa una afectación significativa a las capacidades de las disidencias en Antioquia, debido al conocimiento que tendría sobre la fabricación, preparación e instalación de explosivos.Según el Ejército Nacional, la salida de la estructura del hombre contribuye a reducir los riesgos tanto para la población civil como para los uniformados que adelantan operaciones en el Nordeste antioqueño.
La defensa del empresario Rafael Antonio Matera Lajud rechazó los señalamientos realizados por el excomandante paramilitar Saúl Severini Caballero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionados con un supuesto vínculo entre el empresario y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Severini Caballero, quien fue condenado a 30 años de prisión por homicidio y ahora llega a la JEP, ha entregado declaraciones ante esa jurisdicción en las que se refiere a presuntos vínculos de empresarios y otras personas con estructuras paramilitares.En el caso de Matera Lajud, quien fue socio y representante legal de Camagüey, los señalamientos están relacionados con el supuesto ingreso al frigorífico de ganado que, según Severini, habría sido robado por integrantes de las AUC a finqueros y hacendados de la Costa. De acuerdo con esa versión, los animales eran sacrificados y comercializados para obtener recursos destinados a financiar a los grupos paramilitares.Estas afirmaciones hacen parte de las declaraciones que Severini está entregando ante la JEP y que son rechazadas por la defensa de Matera Lajud.El abogado Rubén Darío Henao, representante del empresario, cuestionó los señalamientos y aseguró en entrevista con Blu Radio que su cliente fue víctima de las estructuras paramilitares y no integrante o colaborador de estas.“Rafael Matera siempre fue un hombre, un empresario agroindustrial que, en su vida, lo único que supo hacer fue trabajar, proporcionar empleo y estar apoyando a la fuerza pública”, afirmó Henao.El abogado también sostuvo que las acusaciones contra Matera Lajud se han presentado desde diferentes momentos y que posteriormente llegaron a declaraciones de antiguos comandantes de las AUC.“Los señalamientos empiezan con paramilitares rasos que buscaban extorsionar, y después esos señalamientos llegaron hasta el Mono Mancuso”, señaló Henao.Según el abogado, la Fiscalía 145 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Valledupar ”emitió el pasado 10 de junio una resolución inhibitoria a favor de Rafael Antonio Matera, por concierto para delinquir agravado, debido a que ya existen resoluciones de preclusión por los mismos hechos ante diferentes fiscalías de Valledupar”.La resolución destaca que “la sala encontró una posible vulneración al derecho y al principio del non bis in ídem (juzgado dos veces por un mismo hecho) que le asiste a Matera Lajud, con la existencia una investigación, pues, hubo otro proceso en su contra donde ya fueron investigados por la presunta financiación a las AUC, que terminó con la preclusión de ese expediente en 2020”.Henao también cuestionó el contenido de los nuevos señalamientos y aseguró que estos no establecen circunstancias concretas sobre una eventual financiación de las estructuras paramilitares por parte de su representado. “Los señalamientos no determinan ni el lugar ni el modo ni el tiempo en que se dice que Rafael Matera financió a los paramilitares”, sostuvo el abogado.Como parte de su defensa, Henao también hizo referencia a declaraciones entregadas por Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', antiguo jefe del Bloque Norte de las AUC, estructura a la que perteneció Severini. En una declaración rendida por Tovar Pupo a la oficina de Investigación y Defensa Judicial contratada por la defensa de Matera, el exjefe paramilitar afirmó conocer al empresario, aunque aclaró que no tenía una relación cercana con él.'Jorge 40' agregó que sabía que Matera era propietario de un matadero que compraba ganado en el norte del Cesar y explicó que este último habría sido víctima de extorsiones por parte de las AUC.Frente a la operación de Camagüey, Henao defendió los procedimientos que, según explicó, eran aplicados para el ingreso y recepción del ganado. “Llevaron los controles exigidos por las autoridades de Policía, las autoridades sanitarias y las mismas autoridades penales para el recibimiento de ganado, de reses de todo tipo en estos frigoríficos”, afirmó.La defensa anunció que continuará adelantando acciones para controvertir los señalamientos realizados contra Matera Lajud y buscar demostrar su versión sobre los hechos. “Demostrar una vez más la inocencia de Rafael y que fue una víctima de las autodefensas y nunca un auxiliar de ellas”, afirmó Henao al referirse a las actuaciones que prepara la defensa.
