Hablar sobre la salud vaginal es cada vez más común entre las mujeres. Hoy buscan más información sobre cómo cuidar su zona íntima, conocen nuevas opciones y prestan mayor atención a los productos que utilizan. Entre las alternativas que han despertado interés están los probióticos vaginales, que han ganado espacio dentro de esta industria.De acuerdo con las proyecciones de Insight Partners, el mercado del cuidado íntimo femenino en Colombia crecería un 5,89 % al cierre de 2026. Este aumento estaría relacionado con la mayor búsqueda de productos especializados y el interés de las mujeres por conocer nuevas formas de cuidar su salud íntima.Uno de los temas que ha tomado fuerza es el cuidado de la flora vaginal, es decir, los microorganismos que viven naturalmente en esta zona y ayudan a mantener su equilibrio. Por esta razón, los probióticos han comenzado a llamar la atención de quienes buscan incluir nuevas opciones en sus rutinas de cuidado personal.Algunos estudios han analizado el uso de ciertos probióticos como apoyo en tratamientos para problemas vaginales. Sin embargo, sus resultados pueden variar según el producto y sus componentes. Por eso, no deben reemplazar los medicamentos ni los tratamientos recomendados por un profesional de la salud.Nuevos hábitos de autocuidado femeninoEl mayor interés por estos productos también está relacionado con la forma en que las mujeres hablan y se informan sobre su salud íntima. Las redes sociales, el acceso a información y una mayor confianza para tratar temas que antes eran considerados tabú han ayudado a que el cuidado vaginal tenga más importancia en las conversaciones cotidianas.Al mismo tiempo, las opciones disponibles en el mercado han aumentado. Ahora se encuentran desde jabones para la higiene íntima hasta productos pensados para atender necesidades relacionadas con los días previos a la menstruación y la etapa de lactancia.Este cambio también ha impulsado a las empresas dedicadas a esta industria a ofrecer nuevas alternativas. Es el caso de Femprobiotics, una compañía colombiana que desarrolla productos con probióticos y que, según sus registros, ha llegado a más de 200.000 mujeres.De acuerdo con Samir Orozco, cofundador de la empresa, los probióticos vaginales representan el 82,4 % de sus ventas, lo que muestra el interés de sus consumidoras por este tipo de productos.Bogotá, Medellín y Cali concentran la demandaEn cuanto a las ciudades donde más se compran estos productos, Bogotá, Medellín y Cali encabezan la lista, según los datos de Femprobiotics.Sin embargo, el comercio por internet ha permitido que estas alternativas lleguen a mujeres de otras regiones del país, sin necesidad de acudir a una tienda física. Además, comprar por medios digitales puede ofrecer mayor privacidad a quienes prefieren mantener discreción al adquirir productos de cuidado íntimo.Aunque cada vez existen más opciones para el cuidado vaginal, es importante buscar información en fuentes confiables, tener presente que no todos los productos tienen los mismos beneficios y acudir a un profesional de la salud si se desea consumir o usar algún producto nuevo y cuando se presenten molestias o cambios en la zona íntima.
El Ministerio de Salud anunció que a partir del próximo 7 de diciembre entrarán en vigencia nuevas reglas para el acceso a medicamentos, tratamientos y servicios de salud que no se pagan con los recursos habituales que reciben las EPS.La medida está contemplada en la Resolución 1816 de 2026 y establece cambios en los procedimientos para formular, autorizar, entregar y hacer seguimiento a estos servicios, así como en la revisión de los pagos y los recursos destinados a cubrirlos. Hasta el 6 de diciembre continuarán aplicándose las reglas actuales, mientras las EPS, hospitales, clínicas, proveedores y demás entidades del sistema realizan los ajustes necesarios para implementar los nuevos procedimientos.Durante este periodo, el Ministerio también adelantará modificaciones en MIPRES, la plataforma que utilizan los profesionales de la salud para registrar determinadas fórmulas médicas. Además, realizará pruebas y capacitaciones para preparar su funcionamiento.Según la cartera de Salud, estos cambios buscan mejorar el seguimiento a los medicamentos y tratamientos formulados, verificar que efectivamente lleguen a los pacientes y fortalecer el control sobre los pagos. Sin embargo, el Ministerio hizo un llamado a las EPS y a los demás actores del sistema para que garanticen la continuidad de la atención durante este proceso. La entidad advirtió que los ajustes administrativos o tecnológicos no pueden convertirse en barreras que retrasen la entrega de medicamentos o interrumpan los tratamientos de los pacientes.Con esta actualización, el Gobierno busca modificar la manera en que se registra, verifica y controla la entrega de servicios de salud que no están cubiertos con los recursos de la UPC.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".
La difícil situación financiera que atraviesa la Clínica Foscal de Floridablanca, encendió las alarmas en el sector empresarial de Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga advirtió sobre las consecuencias que podría tener esta crisis para el sistema de salud en el departamento y pidió al Gobierno Nacional intervenir para garantizar la continuidad de los servicios médicos. La preocupación se conoció luego de que la propia organización de salud Foscal enviara una comunicación al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al Ministerio de Salud, en la que solicitó una intervención urgente ante el incumplimiento y los retrasos en los pagos de las entidades responsables de financiar la atención de los pacientes.La institución reveló que tiene una cartera pendiente de recaudo cercana a los $600.000 millones, de los cuales aproximadamente el 90 % corresponde a obligaciones de Nueva EPS, FOMAG y Famisanar.Frente a este panorama, la Cámara de Comercio de Bucaramanga manifestó que lo que está en juego trasciende la sostenibilidad financiera de una institución médica y compromete la atención de miles de ciudadanos, la generación de empleo y la capacidad de Santander para ofrecer servicios especializados de salud.La entidad destacó que la Foscal se ha consolidado como un referente médico para la región, Colombia y el mundo, gracias a su infraestructura, talento humano especializado y trayectoria de 50 años.Por esta razón, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades responsables de los pagos para que, de manera articulada, establezcan soluciones que permitan normalizar la cartera, definir compromisos con plazos concretos y garantizar la continuidad de los servicios.La Cámara advirtió que una eventual interrupción de los servicios de la institución "tendría repercusiones que irían más allá del sector hospitalario, con efectos sobre el empleo, los proveedores, la confianza empresarial y la atención de pacientes de Santander y otros departamentos".La preocupación ahora está centrada en las respuestas del Gobierno Nacional y de las EPS deudoras, ante una situación financiera que amenaza la sostenibilidad de una de las instituciones de salud más importantes del nororiente colombiano.La clínica advirtió que esta situación ha afectado directamente su flujo de caja y ha dificultado el cumplimiento oportuno de compromisos esenciales para su funcionamiento, entre ellos el pago de la nómina de trabajadores y profesionales de la salud, las obligaciones con proveedores de medicamentos e insumos y la adquisición de los recursos. Según las cifras entregadas por la FOSCAL, anualmente atiende cerca de 664.423 consultas, 28.706 egresos hospitalarios y 21.081 procedimientos quirúrgicos. A esto se suman 321.069 actividades de promoción y mantenimiento de la salud, 27.832 consultas oncológicas y 6.583 tratamientos de quimioterapia y radioterapia.
La preocupación por la situación financiera de los hospitales y clínicas de Santander llevó al gobernador Juvenal Díaz Mateus a hacer un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en el pago de las millonarias deudas que las EPS mantienen con las instituciones de salud del departamento.El mandatario se solidarizó con la situación que atraviesa la Clínica FOSCAL, en Floridablanca, que advirtió sobre la posibilidad de iniciar un cierre progresivo de sus servicios si no recibe los recursos pendientes. La institución reporta una cartera cercana a los $600.000 millones, de los cuales aproximadamente el 90 % corresponde a obligaciones de Nueva EPS y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).Ante este panorama, Díaz pidió a la ministra de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud que se desplacen a Santander para revisar la situación y establecer alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad de la red hospitalaria.El gobernador advirtió que las deudas acumuladas de las EPS con las instituciones públicas y privadas del departamento se acercan a los $2 billones. Sin embargo, señaló que el problema no se limita a los recursos pendientes, sino también al bajo nivel de recaudo mensual frente a los servicios que prestan los hospitales.“Si no se les paga a los hospitales del 85 % hacia arriba, estos hospitales no van a ser viables y los santandereanos se van a quedar sin centros de salud donde puedan ser atendidos”, manifestó el mandatario.La situación genera preocupación por las consecuencias que podría tener sobre la prestación de los servicios médicos, especialmente si las instituciones continúan acumulando obligaciones financieras sin recibir los pagos correspondientes.El llamado de la Gobernación busca que el Gobierno Nacional intervenga para agilizar el flujo de recursos hacia los prestadores de salud y evitar que la crisis financiera termine afectando la atención de los pacientes en Santander.
El Ministerio de Salud anunció cambios en el acceso a uno de los medicamentos utilizados para tratar el VIH en Colombia. Se trata del DLT, una tableta que combina tres medicamentos: dolutegravir, lamivudina y tenofovir disoproxil fumarato, utilizados para controlar el virus en las personas que viven con esta condición.La principal novedad es que, a partir de la Circular Externa 033 de 2026, el medicamento podrá ser entregado a todas las personas que viven con VIH y están afiliadas al sistema de salud, siempre que el médico tratante determine que es la opción adecuada para su condición. Anteriormente, el acceso estaba limitado a cuatro grupos específicos de población.Esto significa que ya no será necesario pertenecer a uno de esos cuatro grupos para acceder al DLT. Sin embargo, su entrega no será automática para todos los pacientes, pues será el médico quien evalúe cada caso y defina si este tratamiento es el más conveniente.Otro de los puntos establecidos por el Ministerio es que las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos deberán garantizar que el medicamento llegue completo y a tiempo a quienes lo necesiten. Además, no podrán exigir trámites adicionales a los establecidos en la plataforma MIPRES que terminen retrasando el inicio del tratamiento o provocando interrupciones.El DLT fue adquirido por el Ministerio de Salud mediante una compra centralizada a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud. Esta estrategia busca facilitar la disponibilidad del medicamento y optimizar los recursos destinados a su adquisición.Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de vigilar que las entidades responsables cumplan con estas instrucciones. También se establecieron mecanismos para hacer seguimiento a la distribución, revisar los inventarios y garantizar la reposición del medicamento cuando sea necesario.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
Se agrava la contingencia de salud en la capital antioqueña: El Hospital Alma Máter de Antioquia suspende servicios asistenciales por las deudas que llegan casi al medio billón de pesos, afectando la atención de alta complejidad y las prácticas de la Universidad de Antioquia.La crisis financiera en el Hospital Alma Máter de Antioquia alcanzó su punto más crítico a pocas horas del cese de actividades anunciado por su personal para este 5 de noviembre. En un comunicado oficial, las directivas del centro asistencial revelaron que la institución acumula deudas por 455 mil millones de pesos, una cifra que supera su cartera real y que ha forzado el cierre de camas de hospitalización, quirófanos y servicios de alta complejidad en Medellín.Frente al origen del déficit, Gonzalo Alberto Vélez López, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas Antioquia), reportó que la cartera morosa con el hospital supera los 150 mil millones de pesos sólo en dos aseguradoras. Según detalló Vélez, Nueva EPS tiene una deuda cercana a los 50 mil millones de pesos con cuentas embargadas, mientras que Savia Salud acumula una cartera antigua superior a los 100 mil millones de pesos que permanece en proceso de auditoría.“Nueva EPS, es decir, una deuda con el hospital Almanzor es aproximadamente de 50.000 millones de pesos. SANE SALUD también tiene una deuda superior casi de 100.000 millones de pesos, poco más, y puede estar superando los 150.000 millones de pesos”, dijo el señor Vélez.A los datos entregados por Asmedas se suma el balance general de la institución, según el cual más del 50 % de sus cuentas por cobrar es de difícil recaudo. A los 90 mil millones de pesos pendientes por EPS liquidadas se añaden 44 mil millones en pérdidas documentadas por la operación de redes públicas en otros municipios en años anteriores, además del no pago de giros corrientes que deja el recaudo mensual de la entidad en apenas un 68 % de los servicios prestados.Esta coyuntura afectó de forma directa al talento humano, con tres meses de retraso en salarios, cinco meses de mora en seguridad social y el no pago de primas. La falta de aportes patronales dejó al propio personal de salud sin cobertura médica e imposibilitó la contratación de nuevos empleados. Como consecuencia, más de 552 profesionales han renunciado en lo corrido de 2026, obligando al cierre de 110 camas de hospitalización, 11 camas de UCI y 5 quirófanos.La parálisis parcial del Alma Máter golpea la red hospitalaria regional, donde esta entidad atiende cerca del 25 % de las urgencias e intervenciones de alta complejidad del departamento y recibe a pacientes remitidos de Chocó, Córdoba y el Eje Cafetero. Frente a este panorama, tanto las directivas como la representación sindical le piden al Ministerio de Salud buscar el giro directo de recursos que evite el colapso definitivo del centro hospitalario.
La Contraloría General de la República emitió una advertencia especial al Ministerio de Salud por los riesgos en el manejo de recursos públicos destinados a infraestructura hospitalaria, luego de identificar que, con corte al 30 de junio de 2026, había $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes por legalizar, es decir, ayudas económicas del Estado que se entregan para cumplir un propósito determinado y que deben ser justificadas por quienes las reciben.La alerta se fundamenta en el seguimiento realizado durante el primer semestre de este año por la Contraloría Delegada para el Sector Salud, que identificó la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control sobre los recursos entregados por el Ministerio.El organismo de control examinó una muestra de 40 proyectos de infraestructura y dotación de equipos médicos, financiados entre 2022 y 2025, que recibieron asignaciones por $1,03 billones.De esos 40 proyectos, 22 presentan retrasos o suspensiones y comprometen recursos por $541.194 millones, equivalentes al 52,77 % del valor total de la muestra. Esta situación, según la Contraloría, requiere especial vigilancia fiscal.El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, advirtió sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, debido a las demoras, suspensiones y deficiencias en el seguimiento de las obras. Por eso, anunció que continuará la vigilancia fiscal para anticipar riesgos y prevenir la pérdida de dinero público.Uno de los datos que más preocupa al organismo de control es que solamente el 1,61 % de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponde a proyectos reportados como terminados, lo que evidencia dificultades en el avance de las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura hospitalaria.Entre las principales irregularidades y deficiencias identificadas se encuentran problemas en los estudios y diseños iniciales, modificaciones en el alcance de los proyectos, mayores cantidades de obra, actividades que no estaban previstas e insuficiencias presupuestales para completar las intervenciones.A esto se suman debilidades en la trazabilidad de los recursos y diferencias entre las obras ejecutadas y los proyectos que inicialmente habían sido aprobados. Estas situaciones podrían generar mayores costos, retrasos y afectar la funcionalidad de la infraestructura hospitalaria.La Contraloría insistió en que no basta con ejecutar los recursos o terminar las construcciones, sino que se debe garantizar que los hospitales entren en funcionamiento, presten servicios efectivos y mejoren las condiciones de atención para los colombianos.
El Ministerio de Salud aplazó hasta el 3 de mayo de 2027 la entrada en operación del nuevo mecanismo de reporte de información para la programación y ejecución del giro directo de recursos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en el país.La decisión quedó establecida en la Resolución 002493 del 29 de octubre de 2026, firmada por la ministra de Salud, Ana María Vesga, mediante la cual se modificó el artículo 14 de la Resolución 1809 de 2026. Inicialmente, estas disposiciones estaban previstas para comenzar a aplicarse el primero de noviembre de este año. Según explicó la cartera de Salud, durante el proceso de preparación para implementar el mecanismo, diferentes entidades del sector presentaron observaciones y propuestas relacionadas con dificultades operativas que requieren ajustes tanto en la normativa como en las plataformas tecnológicas que respaldan el procedimiento.Uno de los principales motivos del aplazamiento es que las EPS y demás entidades involucradas solicitaron un periodo adicional para adecuar sus sistemas de información. Esto es necesario para reportar correctamente las facturas y los valores mensuales establecidos en los acuerdos de pago bajo las modalidades de capitación y Pago Global Prospectivo.Adicionalmente, el Ministerio señaló que se deben ajustar algunos campos y las instrucciones para diligenciar los archivos de información, así como revisar los procesos de intercambio de datos, los mecanismos de seguimiento y las pruebas de funcionamiento entre el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.Con este cambio, las nuevas disposiciones comenzarán a surtir efectos el 3 de mayo de 2027. A partir de esa fecha también quedarán derogadas cinco resoluciones anteriores que regulaban estos procedimientos.
La transición hacia tecnologías de movilidad más eficientes y el auge de los vehículos híbridos en el país continúan dinamizando la oferta del sector automotor. En este contexto de innovación tecnológica, la marca Cupra anunció el lanzamiento oficial en Colombia de dos nuevas referencias: el SUV híbrido enchufable Terramar PHEV y el modelo a combustión León VZ, ampliando así las opciones disponibles para los conductores en el territorio nacional.La principal novedad en materia de electrificación corresponde al Cupra Terramar PHEV, un vehículo que integra un motor a gasolina 1.5 TSI Turbo con un propulsor eléctrico para alcanzar una potencia combinada de 201 caballos de fuerza y un torque de 350 Nm. Este sistema está respaldado por una batería de iones de litio de 25,8 kWh que le permite recorrer entre 110 y 118 kilómetros en modo cien por ciento eléctrico bajo ciclo de homologación WLTP, facilitando los trayectos urbanos diarios sin emisiones y conservando el motor térmico para viajes largos.Para el abastecimiento energético de esta versión híbrida enchufable, el vehículo incorpora un puerto de carga tipo 1 que permite completar la batería de 0 a 100 % en aproximadamente dos horas y media mediante una estación de carga de 11 kilovatios. Además, cuenta con pantalla táctil de 12,9 pulgadas, proyección de datos en el parabrisas mediante Head-Up Display, cámara de 360 grados, asistente de parqueo automático y siete bolsas de aire.Por otra parte, la compañía presentó el nuevo León VZ, una referencia orientada al segmento de los vehículos compactos de combustión. Este modelo incorpora un motor 2.0 TSI Turbo de cuatro cilindros que desarrolla 296 caballos de fuerza y 400 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades con tracción delantera y bloqueo de diferencial, configuración que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,7 segundos."Estamos complementando nuestro portafolio con tres modelos y siete versiones en total, lo que nos permite llegar a más segmentos del mercado colombiano. Quienes buscaban un vehículo más compacto y con mayor potencia ahora encuentran una opción en el Cupra León; mientras que aquellos que querían un híbrido enchufable pero veían pequeño al Formentor, ahora tienen una alternativa más amplia con el nuevo Terramar", afirmó la gerente de Cupra Colombia, Natalia Ortiz.En cuanto a equipamiento interior y prevención de siniestros, tanto el Terramar PHEV como el León VZ integran tablero de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, conectividad inalámbrica para dispositivos móviles, climatización de tres zonas y sistemas de asistencia al conductor como frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril y detector de fatiga. En el caso del León VZ, la protección pasiva incluye diez bolsas de aire.Con la entrada de estas dos referencias, el mercado automotor colombiano suma nuevas alternativas que combinan sistemas de propulsión híbrida enchufable con desarrollos en asistencia electrónica, en un momento en que la demanda por vehículos de bajas emisiones y mayor autonomía eléctrica continúa ganando participación en las principales ciudades del país.
El Ministerio de Educación Nacional anunció la entrega de 230 acreditaciones de alta calidad para programas académicos y 11 acreditaciones institucionales, además de la gestión de 150 registros calificados. Según la cartera, estos resultados hacen parte de un proceso de descongestión de trámites que, en algunos casos, permanecían sin resolverse desde 2020 y 2021.La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, señaló que estas decisiones buscan reconocer los procesos académicos de las instituciones y mejorar los tiempos de respuesta del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.Dentro de las instituciones que recibieron por primera vez la acreditación institucional de alta calidad se encuentran el Colegio Mayor del Cauca, en Popayán; la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en Tunja; la Corporación Universidad del Caribe, CECAR, en Sincelejo, y la Fundación Universidad de América, en Bogotá.A su vez, el Ministerio renovó este reconocimiento a la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad de Boyacá, la Universidad de Caldas y la Universidad del Norte.En cuanto a los programas académicos, los reconocimientos cobijan universidades públicas y privadas como la Nacional de Colombia, Antioquia, Valle, Cauca, Industrial de Santander, Cartagena, Javeriana, Los Andes, Rosario y Externado, entre otras.La oferta acreditada incluye programas de diferentes niveles de formación, desde tecnologías y carreras profesionales hasta especializaciones, maestrías y doctorados. También se destacan programas del área de la salud, como especializaciones en Pediatría, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Oftalmología, Dermatología y Ginecología y Obstetricia.El Ministerio destacó que parte de los expedientes resueltos llevaban varios años en espera, por lo que su atención representa un avance en la reducción del represamiento administrativo y en la respuesta a las instituciones de educación superior.Este balance se suma a los resultados presentados en septiembre, cuando la cartera reportó 76 acreditaciones de alta calidad, más de 60 trámites de registro calificado finalizados y 1.532 convalidaciones de títulos obtenidos en el exterior.
A tres meses del terremoto, en Antioquia ya han entregado más de 7.500 toneladas de materiales para la reparación y reconstrucción de viviendas afectadasLa recuperación de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa avanzando en Antioquia, donde las autoridades departamentales reportaron nuevos resultados de las intervenciones que buscan devolverles condiciones de habitabilidad a las comunidades que sufrieron daños por la emergencia.A tres meses del sismo, el balance oficial da cuenta de la atención a 1.959 familias distribuidas en 36 municipios, mediante el suministro de aproximadamente 7.500 toneladas de materiales destinados tanto a la reparación de estructuras existentes como a la construcción de nuevas viviendas.Estas acciones, según Carlos Mario Zuluaga, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, han representado una inversión superior a los 7.200 millones de pesos, en una estrategia que busca responder a las necesidades habitacionales de los damnificados."Desde VIVA estamos entregando los materiales, los municipios, la mano de obra no calificada, con el apoyo también de profesionales, y las comunidades con sus aportes de mano de obra no calificada. Tenemos 25 viviendas en construcción directamente con materiales dados por VIVA, viviendas entregadas con Argos y Comfama, y otras 15 en construcción", señaló el funcionario.Uno de los puntos donde se concentran mayores avances es el Suroeste, región en la que se reportan trabajos de reparación en 120 viviendas ubicadas en Caramanta, Betania, Ciudad Bolívar, Andes, Hispania, Nariño, Anzá, Tarso y Jardín.El proceso también ha contado con el respaldo de organizaciones privadas y entidades que se han vinculado con recursos, conocimientos técnicos y capacidades para apoyar la recuperación.Comfama, Grupo Argos, Proantioquia, la Federación de Cafeteros y Pintuco hacen parte de los aliados que se han sumado a las labores en los territorios afectados.Aunque en los últimos meses las necesidades y el número de afectados por el sismo pudieron incrementarse, tras los primeros días de la emergencia se estimaba que Antioquia requería unos 38.000 millones de pesos para el plan inicial de reconstrucción, el cual también incluye infraestructura patrimonial y religiosa.
Las llantas reencauchadas pueden ofrecer un mayor rendimiento y representar un ahorro para los transportadores frente a las llantas nuevas importadas de baja calidad, según Acoplásticos. Esto, en medio del debate por el posible incremento de los costos de operación que generaría un eventual arancel a las importaciones de llantas nuevas para autobuses y camiones provenientes de China.De acuerdo con Acoreencauche, un ejercicio comparativo presentado por Acoplásticos, una llanta reencauchada puede recorrer en promedio 60.000 kilómetros, mientras que una llanta nueva de baja calidad alcanza aproximadamente 35.000 kilómetros. En el ejemplo planteado por el gremio, ambos productos tienen un precio de adquisición de $650.000, pero el costo por kilómetro es de $10,83 para la reencauchada y de $18,57 para la nueva importada. Esto representa un ahorro cercano al 41,7 % por kilómetro recorrido y un rendimiento aproximadamente 71 % superior para la alternativa reencauchada.El gremio también advierte que la preocupación no está relacionada con las importaciones o la competencia extranjera en general, sino con el ingreso de productos a precios artificialmente bajos, incluso por debajo del costo de las materias primas utilizadas en los procesos de reencauche. Según Acoreencauche, algunas de estas llantas de baja calidad están diseñadas para un solo ciclo de utilización y no cuentan con las condiciones técnicas necesarias para ser reencauchadas. Esta situación, además de afectar a los fabricantes nacionales y a la industria del reencauche, limita la vida útil de los productos y genera consecuencias ambientales.“Lo primero que hay que tener en cuenta es si existe dumping y si esta situación ha derivado en una afectación a la industria nacional. Sobre esto hay evidencia suficiente”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos. El directivo agregó que también deben evaluarse las consecuencias sobre el empleo y las empresas que podrían desaparecer por la competencia desigual. Actualmente, la industria del reencauche genera alrededor de 2.000 empleos directos y 3.500 indirectos en Colombia.Por esta razón, Acoreencauche considera que las decisiones que se adopten en el marco de la investigación antidumping sobre las llantas nuevas para autobuses y camiones originarias de China deben sustentarse en evidencia técnica y permitir corregir las distorsiones del mercado.
La discusión sobre las condiciones para operar viviendas turísticas en Medellín, que volvió a tomar fuerza durante el trámite de aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de mediano plazo, ha coincidido con la continuidad de las labores de inspección por parte de las autoridades distritales que recientemente entregaron un balance.Según la Alcaldía, en lo corrido de 2026 se han ejecutado 268 inspecciones a estos lugares, luego de revisar 2.967 anuncios de hospedajes en los que se identificaron posibles irregularidades, principalmente relacionadas con la incompatibilidad del uso del suelo o la falta de inscripción en el Registro Nacional de Turismo.Pablo Vélez, secretario encargado de Turismo de Medellín, aseguró que las actuaciones han derivado en 90 suspensiones temporales de la actividad. A esto se suman 205 informes remitidos por la Secretaría de Turismo y Entretenimiento y otros 136 enviados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial a las inspecciones de Policía, instancias encargadas de adelantar los respectivos procedimientos."En los últimos meses hemos aumentado el número de sensibilizaciones, inspecciones y controles a las viviendas turísticas que están en la zona residencial. El turismo es bienvenido en Medellín, pero un turismo que conviva con la ciudad y por eso es necesario el cumplimiento de la normatividad que también permite que la oferta turística se sostenga de manera armónica", indicó el funcionario.Como parte de las medidas preventivas, también fueron enviadas 105 comunicaciones a propietarios y administradores para informarles sobre las condiciones que deben garantizar antes de ofrecer servicios de alojamiento turístico.Desde el Distrito han insistido en que estas intervenciones no tienen como propósito acabar con esta modalidad de hospedaje ni desconocer su incidencia en la economía de la ciudad. El objetivo, según explicaron, es que los establecimientos funcionen dentro de las zonas autorizadas, cuenten con los registros correspondientes y ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad y legalidad.
