El Consejo de Estado aceptó una demanda presentada por el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, con la que se busca que el Ministerio de Salud asuma el costo de las toallas higiénicas.“La demanda busca que se declare la nulidad de la expresión "toallas higiénicas", incluida en la casilla 117 del listado de servicios y tecnologías excluidos de la financiación con recursos públicos de salud, contenido en la Resolución 695 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud el pasado 16 de abril. En palabras sencillas, la demanda busca que se puedan entregar estos productos de salud menstrual, especialmente a mujeres en condición de vulnerabilidad”, señaló Sastoque.El Consejo de Estado ordenó notificar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y le otorgó un plazo de 30 días para contestar, proponer excepciones o solicitar pruebas.“La exclusión vulnera el derecho fundamental a la salud y el principio de integralidad, al desconocer que las toallas higiénicas son un insumo indispensable para mujeres con diagnósticos médicos como endometriosis, desórdenes de tiroides o hemorragias, entre otras condiciones”, explicó Sastoque.La demanda presentada explica que, según las cifras del Dane, el 11 % de las mujeres en el país reportó dificultades económicas para adquirir insumos menstruales entre 2021 y 2023."No puede ser que en pleno 2026 el cuidado menstrual siga tratándose como un lujo y no como lo que es: una necesidad de salud. Presentamos esta demanda porque ninguna mujer debería elegir entre comprar toallas higiénicas o comprar comida, y hoy el Consejo de Estado decidió aceptar esta demanda", dijo el concejal.
La historia clínica digital comenzó a transformar la atención en salud en Colombia. Desde el 15 de abril, con la entrada en vigor de la Resolución 1888 de 2025 del Ministerio de Salud, cada consulta médica debe generar un Resumen Digital de Atención (RDA), un documento que reúne la información clínica más relevante del paciente y que puede ser consultado por profesionales autorizados en cualquier institución del país.El objetivo de esta medida es facilitar la continuidad de la atención médica y evitar que información clave, como diagnósticos, alergias, medicamentos o antecedentes, permanezca almacenada únicamente en el sistema de una IPS o consultorio. De esta manera, si un paciente requiere atención en otra ciudad o cambia de médico, el personal de salud podrá acceder a los datos esenciales para tomar decisiones con mayor rapidez y seguridad.De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, con corte a junio ya se habían generado más de 7,7 millones de resúmenes digitales, correspondientes a cerca de 2,7 millones de pacientes. Además, 744 prestadores de servicios de salud ya estaban conectados al sistema, mientras otras 1.087 IPS continuaban en proceso de implementación.Sin embargo, la adopción aún es gradual. Miguel Arismendi, líder de Investigación, Desarrollo e Innovación de Biofile, explica que Colombia avanza en este proceso, aunque todavía enfrenta el reto de lograr una cobertura más amplia entre los prestadores.Para los pacientes, una de las principales recomendaciones es preguntar si la IPS o consultorio está conectado al sistema nacional de interoperabilidad. También es importante confirmar que cada consulta genere un Resumen Digital de Atención y verificar que allí queden registrados correctamente diagnósticos, tratamientos, medicamentos, alergias, antecedentes y demás datos relevantes.Otro aspecto clave es la protección de la información. Aunque la historia clínica pueda consultarse de manera digital, esta sigue siendo reservada y solo debe ser accesible para personal autorizado durante un proceso de atención médica.La transformación digital también impacta la facturación de los servicios de salud. Cada atención debe quedar respaldada por registros que sustenten el cobro ante el sistema. Si existen inconsistencias entre la historia clínica, los RIPS y la factura, los pagos pueden ser rechazados, generando retrasos para médicos, odontólogos, psicólogos y otros prestadores.Ante este panorama, especialistas recomiendan que las instituciones no solo adopten plataformas tecnológicas, sino que verifiquen que estén habilitadas en el REPS, generen correctamente los resúmenes digitales y mantengan actualizados sus sistemas conforme cambian las disposiciones del sector.La implementación cobra mayor relevancia porque la Superintendencia Nacional de Salud anunció 417 auditorías para 2026, con las que buscará verificar el cumplimiento de las nuevas obligaciones. Mientras tanto, la invitación para los pacientes es informarse y preguntar, y para los prestadores, garantizar registros completos y seguros que permitan una atención oportuna y una facturación sin contratiempos.
Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, la Supersalud recibió 809 reclamos por dificultades para acceder a consultas, tratamientos y tecnologías en salud. Las mayores barreras se concentran en Ginecología y Endocrinología, mientras que las mujeres entre 14 y 28 años representan el grupo con más reportes.La Superintendencia Nacional de Salud reportó que, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, recibió 809 reclamos de mujeres que autorreportaron padecer síndrome de ovario poliquístico, relacionados con barreras para acceder a servicios de salud. Solo en mayo se registraron 159 reclamos, uno de los meses con mayor número de reportes durante el periodo analizado.De acuerdo con la entidad, las principales dificultades corresponden a la negación en la asignación de citas o consultas, con 194 reclamos; seguida por la falta de oportunidad en la atención, con 172 casos; y la demora en otros servicios de salud, que acumuló 108 reportes. Además, se registraron 92 reclamos por la negación en la entrega de tecnologías en salud y otros servicios previamente autorizados.Las especialidades de Ginecología y Endocrinología concentran la mayor parte de las barreras. En total, 292 reclamos estuvieron relacionados con estos servicios, de los cuales 140 correspondieron a la negación de citas, 125 a demoras en la atención y 27 a retrasos en autorizaciones. En Ginecología y Obstetricia se contabilizaron 96 reclamos por negación de citas y 95 por demoras, mientras que Endocrinología registró 42 y 26, respectivamente.El análisis también muestra que las mujeres jóvenes son las más afectadas. El grupo entre 14 y 28 años concentró 405 reclamos, seguido por las mujeres de 29 a 59 años, con 395 reportes. Asimismo, 100 usuarias pertenecían a poblaciones de especial protección constitucional, entre ellas, 67 personas en condición de desplazamiento y 18 víctimas del conflicto armado.Por regiones, Bogotá encabezó el número de reclamos, con 149 casos, seguida por Antioquia (146) y Valle del Cauca (117). A nivel municipal, Bogotá lideró el registro con 149 reportes, seguida de Cali (74) y Medellín (59). En cuanto a las EPS, SURA concentró 134 reclamos, seguida de Sanitas (132), Nueva EPS (121), Salud Total (83) y Famisanar (50).La Superintendencia advirtió que estas cifras podrían representar solo una parte de la problemática, ya que muchas mujeres enfrentan dificultades para acceder a consultas especializadas, requisito para obtener un diagnóstico y tratamiento oportunos. La entidad señaló que continuará con las acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el acceso a la atención y reducir las barreras administrativas.
Luego de que la Superintendencia de Salud decidiera hacer una inspección 'sorpresa' a la Fábrica de Licores de Antioquia y el propio Andrés Julián Rendón asegurara que los funcionarios de la Supersalud querían “fastidiar”, la FLA tomó la decisión de recusar a Daniel Quintero.A través de un comunicado oficial, la FLA manifestó su preocupación por algunos aspectos como, por ejemplo, que varios de los requerimientos formulados durante la auditoría estarían relacionados con asuntos que exceden el ámbito de la vigilancia en salud.La Fábrica de Licores de Antioquia indicó que entre los pedidos habían solicitudes de información sobre litigios, procesos judiciales, conciliaciones, aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de Gobierno corporativo.Ante esta situación, el gerente de la FLA, Esteban Ramos, decidió acudir a los mecanismos legales y presentó una recusación contra el jefe del organismo de control, Daniel Quintero."He decidido presentar una recusación en contra del superintendente de salud Daniel Quintero y su delegado Juan Duque. Entre los hechos que sustentan la recusación se encuentran antecedentes públicos de confrontaciones políticas entre el actual superintendente natural de salud Daniel Quintero Calle, mi familia y yo", indicó Ramos.Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social resolvió no aceptar la recusación contra la Superintendencia de Salud por lo que quedó plenamente habilitada el ejercicio de inspección, vigilancia y control que se adelanta sobre la Fábrica de Licores de Antioquia.La Supersalud bajo el mando el Daniel Quintero, indicó que los recursos de las rentas de licores, tabaco y juegos se encuentran bajo su inspección, vigilancia y control, por lo que reiteró que la auditoría de la FLA obedece estrictamente al cumplimiento de sus competencias legales.
El Ministerio de Salud expidió una resolución que crea un procedimiento especial para la inscripción del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), con el objetivo de agilizar su puesta en funcionamiento y utorizando el inicio de servicios básicos de salud sin la habitual visita de verificación previa.La medida permite que el hospital pueda iniciar la prestación de servicios de consulta externa, apoyo diagnóstico y terapias de baja y mediana complejidad, así como otros servicios que no sean de alta complejidad, sin que sea necesaria una visita de verificación previa por parte de las autoridades sanitarias.En lugar del proceso tradicional, la inscripción se realizará mediante la revisión documental de los requisitos establecidos y la asignación del código de habilitación. Una vez completado este paso, el Ministerio de Salud registrará oficialmente al prestador y autorizará su operación en el sistema, permitiendo la generación del distintivo de habilitación.La verificación presencial de condiciones, que usualmente se realiza antes de autorizar el funcionamiento de un centro médico, será aplazada. En este caso, se efectuará hasta doce meses después de la inscripción, momento en el cual las secretarías de salud evaluarán el cumplimiento real de los estándares de calidad y funcionamiento.El Ministerio justificó este esquema como una forma de facilitar la entrada en operación del histórico hospital, mientras se mantiene el acompañamiento técnico y la supervisión institucional. Durante este periodo, las autoridades de salud y la Superintendencia Nacional de Salud ejercerán funciones de inspección y vigilancia.Aunque la norma acelera el proceso de reapertura, el control no desaparece: la revisión se traslada en el tiempo, permitiendo que el hospital inicie operaciones mientras se completa la verificación integral de sus condiciones.
El Ministerio de Salud adoptó un nuevo Modelo de Atención en Salud para las Personas Privadas de la Libertad mediante la Resolución 1099 de 2026, con la que se reemplazan las normas vigentes desde 2015 y 2016 que regulaban la prestación de estos servicios en los establecimientos penitenciarios del país.La principal modificación consiste en la reorganización integral del sistema de atención para la población bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), bajo un enfoque de Atención Primaria en Salud (APS). El objetivo es fortalecer el acceso, la continuidad y la calidad de los servicios médicos dentro y fuera de los centros de reclusión.Entre las novedades más relevantes se encuentra la incorporación de modalidades como la telesalud, que permitirá realizar consultas y seguimientos médicos a distancia, así como la prestación de servicios extramurales cuando las necesidades de atención no puedan resolverse al interior de los establecimientos. La resolución también establece protocolos específicos adaptados a las condiciones propias del sistema penitenciario.El nuevo modelo introduce, además, enfoques diferenciales para atender las necesidades particulares de distintos grupos poblacionales, incluidas las mujeres privadas de la libertad y los menores de tres años que conviven con sus madres en los centros de reclusión. Asimismo, desarrolla lineamientos sobre aseguramiento en salud, gestión del riesgo, referencia y contrarreferencia de pacientes, y mecanismos de seguimiento a la calidad de la atención.Otra de las transformaciones es la creación de la Red Integral e Integrada de Prestadores para la Población Privada de la Libertad (RIIPPL), que busca articular los servicios de salud dentro y fuera de los establecimientos carcelarios para facilitar la atención de los pacientes y reducir barreras de acceso.La resolución también establece una clasificación de los establecimientos penitenciarios en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria (UAP), definidas según factores como el número de personas recluidas, las condiciones de seguridad, la ubicación geográfica y las características jurídicas de cada centro. Esta categorización permitirá distribuir de manera más eficiente los recursos humanos y asistenciales.El modelo queda estructurado en seis componentes: prestación de servicios de salud, red de prestadores, condiciones de calidad, sistema de referencia y contrarreferencia, salud pública y mecanismos de seguimiento y evaluación. De manera transversal, se incluyen estrategias para fortalecer la gestión y disponibilidad del talento humano en salud.Según el Ministerio de Salud, la actualización responde a la necesidad de superar problemas históricos relacionados con la fragmentación de la atención, la falta de coordinación entre entidades y las dificultades de acceso a servicios médicos para la población privada de la libertad. Además, busca dar cumplimiento a recientes decisiones de la Corte Constitucional sobre la garantía del derecho fundamental a la salud en los establecimientos penitenciarios del país.
Denuncian mal procedimiento médico a una joven de 17 años en Clínica de la Policía en Envigado, Antioquia. Según narró la madre a Blu Radio la menor de edad debía someterse a un procedimiento sencillo para quitarle los cayos de los pies y terminó con el nervio muerto, lo que le imposibilita caminar.Valeria García Lora, una joven que para ese momento tenía 16 años de edad, fue sometida el 20 de marzo de 2024 a un procedimiento de resección de callos en el pie, recomendado por motivos estéticos y de incomodidad, sin saber que esto traería serias consecuencias para su vida diaria.Según denunció ante la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá y la Fiscalía su madre Cecilia Lora, el procedimiento, realizado por un médico general, presuntamente presentó errores desde el inicio: la anestesia “fue mal aplicada, atravesando el dedo de la paciente, lo que generó dolor inmediato”, a lo que la médica minimizó la queja de la joven, atribuyéndola a que era "muy mimada".Lo que siguió de allí ha sido un verdadero calvario para la adolescente, de acuerdo con su madre, quien en diálogo con Blu Radio detalló que el procedimiento fue excesivamente invasivo, dejando heridas abiertas y daños en los dedos. Primero experimentó dolor intenso y persistente, lo que motivó que acudieran a urgencias ocho días después donde se diagnosticó infección en tejidos blandos.Lora aseguró que la remisión a un especialista fue tardía y solo se logró tras múltiples quejas ante la Supersalud, lo que deterioró su vida un año más, cuando por fin dieron con su diagnóstico.“La electromiografía sí mostró que efectivamente el nervio estaba muerto. Ya otra vez el problema conseguir otra vez la cita con la médica, pues otra vez a a la Supersalud y ya la médica la vio y nos dijo que sí, que el nervio estaba muerto y que si en la clínica ellos mismos le hubieran corrido con una cita, pues con uno un especialista en los seis primeros meses del procedimiento a la niña le hubieran podido salvar el nervio”, aseveró.La madre expuso que aunque se le ofrecieron tres opciones quirúrgicas, la cirugía realizada no mejoró la condición de Valeria, quien continuó con dolor, inflamación y secuelas funcionales; pasando de afectar no solo el pie, sino también la rodilla, cadera y espalda debido a la cojera.“Ella no le puede poner ninguna clase de zapatos porque siente que se le va a reventar el dedo. Esa es la palabra de ella. No puede caminar, ella no puede trotar. Lo único que puede hacer ella es estar sentada con su pie estiradito para que ella evite el dolor. A ella el médico le diagnosticó una enfermedad que ya es un dolor crónico que ella tiene debido a eso”, relató.Más allá de que la joven perdió el año escolar por inasistencia y debió cambiar a un sistema de validación dominical, además de que ha desarrollado sobrepeso y depresión por la limitación funcional y el bullying escolar, la familia cuestiona que la atención en salud deba gestionarse siempre a través de quejas ante los entes de control.En la última audiencia del caso, desarrollada el 21 de mayo, la defensa de la Clínica de la Policía aseguró que no conciliarán porque a su juicio no hubo negligencia médica y ni falta de oportunidad en la atención.“Se decidió por unanimidad no conciliar teniendo en cuenta el que no se reúnen los elementos que configuran la responsabilidad respecto de la Policía Nacional Dirección de Sanidad, aunado a que frente a los hechos esbozados no se observa lo culpa grave por el personal que puso la atención en salud, así como tampoco se observa falta oportunidad en la prestación de los servicios de salud”, agregó el abogado de la familia.Blu Radio se comunicó con la Policía Nacional, a través de su equipo de comunicaciones en Bogotá, para conocer su versión sobre los hechos, al ser de la Dirección de Sanidad, y la respuesta fue que el caso "está en investigación". La historia clínica no se puede difundir por estar bajo reserva médica". Esto pese a que este medio cuenta con este documento.
El Ministerio de Salud y Protección Social respondió a las críticas formuladas por el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, sobre el proceso de recuperación del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil. El congresista había cuestionado la creación de una nueva entidad administrativa para operar el hospital, señalando que cuenta con 39 funcionarios de planta y un costo mensual cercano a los $343 millones, en medio de las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud.Forero también puso en duda la necesidad de esta estructura administrativa y afirmó que las obras que actualmente se desarrollan en la torre central del complejo hospitalario están siendo ejecutadas por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y no directamente por la nueva entidad creada para el hospital. Frente a estos señalamientos, el Ministerio de Salud aseguró que las afirmaciones del representante contienen información falsa y descontextualizada. Según la cartera, la creación del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil fue ordenada mediante el Decreto Ley 1959 de 2023 y hace parte de una política pública respaldada por decisiones legislativas y judiciales encaminadas a recuperar uno de los complejos hospitalarios más importantes del país.La entidad explicó que los 39 cargos actualmente provistos corresponden únicamente a personal administrativo encargado de reconstruir las capacidades institucionales, financieras, jurídicas, tecnológicas y organizacionales necesarias para la reapertura del hospital. Asimismo, indicó que aún no se ha vinculado personal asistencial debido a que continúan los procesos de habilitación exigidos por la normatividad vigente. Sobre las obras de infraestructura, el Ministerio señaló que la intervención física del complejo y la reconstrucción institucional son procesos complementarios que avanzan de manera simultánea. En ese sentido, sostuvo que la existencia de contratos para la recuperación de la torre central no elimina la necesidad de contar con una estructura administrativa que permita poner en funcionamiento el hospital una vez concluyan las obras.Finalmente, la cartera reiteró que todas las actuaciones relacionadas con la recuperación del Hospital San Juan de Dios cuentan con respaldo técnico, jurídico y presupuestal, y aseguró que los procesos pueden ser objeto de control ciudadano, institucional y judicial.
El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció por medio de un video en sus redes sociales que el viceministro de Salud, Jaime Urrego, nombrado director encargado del hospital San Juan de Dios, durante 14 meses, recibió pagos adicionales por más de 200 millones de pesos.Asimismo, aseguró que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habría creado una nueva entidad estatal para el hospital, en donde nombró a 39 personas con altos salarios y dio contratos millonarios, pese a que el centro de salud actualmente no está operando ni atendiendo pacientes. “A partir de enero del año 2025, esta entidad ya tiene planta de personal. De hecho, le dieron un regalito a 1 de los consentidos del presidente y del ministro, al viceministro Jaime Urrego, quien durante 14 meses fungió como director encargado del hospital San Juan de Dios”, aseguró el congresista del Centro Democrático en su video.En su denuncia, el representante a la Cámara señaló que entre el año 2025 y enero del 2026, justo antes de que entrara en vigor la ley de garantías, el ministro de Salud nombró a 39 personas con un salario mensual, en medio de la crisis del sector."Lo más escandaloso es que entre el año 25 y, sobre todo, enero del año 26, antes de que entrara en vigencia la ley de garantías, nos encontramos con que nombraron hasta 39 personas, con un costo mensual en medio de la crisis que está viviendo el sector de 343 millones de pesos. Alguien dirá, no, es que ellos son los que están a cargo del reforzamiento estructural de la torre central, por ejemplo, pero no es así, porque la entidad además firmó un contrato de más de 200 mil millones de pesos con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, que es la que realmente hoy está a cargo de estas obras”, agregó el representante. Según la denuncia, los recursos públicos se estarían destinando a sueldos, alquiler de equipos como computadoras y transporte para funcionarios que no tienen funciones claras ni definidas en el centro de salud.“Realmente sentimos que aquí el gobierno está aprovechando el pretexto del San Juan de Dios para beneficiar a cuotas políticas. Esto es impresentable en medio de la peor crisis de salud que ha vivido el sector en los últimos años”, concluyó el representante Forero.
La reposición de la infraestructura de la E.S.E. Hospital San José de San Andrés, Santander, vuelve a estar en el centro de la polémica. Veedores ciudadanos denunciaron presuntas irregularidades, retrasos en la ejecución y posibles problemas en la formulación del proyecto, situación que podría comprometer la culminación de una de las obras más importantes para la atención en salud de la provincia de García Rovira.Las preocupaciones fueron expuestas durante una reunión técnica en la que participaron representantes de la Personería Municipal, la gerencia del hospital y miembros de la veeduría ciudadana, quienes analizaron el estado actual de la construcción y las dificultades que enfrenta el proyecto.La obra fue contratada inicialmente por $16.258 millones y, de acuerdo con el cronograma establecido, debería registrar un avance cercano al 53 %. Sin embargo, los reportes presentados indican que existe un retraso aproximado del 2 % frente a la programación prevista, situación que ha generado inquietud entre las autoridades locales y la comunidad.Durante el encuentro también se reveló el estado financiero del contrato. Según las cifras expuestas, ya se han desembolsado cerca de $7.400 millones al contratista, equivalentes al 45,43 % del valor contratado, mientras que aún quedan pendientes pagos por más de $8.200 millones. Además, el hospital tendría disponibles cerca de $5.000 millones en sus cuentas.No obstante, uno de los aspectos que más preocupación genera es la necesidad de solicitar una adición presupuestal cercana a los $15.000 millones para poder culminar la obra. De aprobarse este incremento, el valor total del proyecto superaría los $30.000 millones, prácticamente el doble de lo presupuestado inicialmente.Según lo expuesto por algunos participantes de la reunión, gran parte de los inconvenientes tendrían origen en la etapa de formulación del proyecto, adelantada durante la administración anterior del hospital con acompañamiento de la Secretaría de Salud de Santander. Los asistentes señalaron que podrían existir fallas en los diseños y en la estructuración técnica que hoy estarían impactando los costos y la ejecución de la obra.Entre los ejemplos mencionados se encuentra el caso de un tablero eléctrico que, según los cuestionamientos realizados por los veedores, habría pasado de tener un valor estimado cercano a los $2 millones en la etapa precontractual a costar aproximadamente $45 millones durante la ejecución, situación que ha despertado interrogantes sobre posibles sobrecostos.A esto se suma la advertencia de que algunas modificaciones al proyecto se habrían realizado sin contar con la respectiva viabilidad del Ministerio de Salud, hecho que podría derivar en consecuencias administrativas, financieras y jurídicas.Los veedores también alertaron sobre un escenario aún más complejo: si los organismos de control o el Ministerio de Salud determinan irregularidades en la ejecución del convenio, el hospital podría verse obligado a reintegrar los recursos girados por la Nación. Esta situación representaría un duro golpe para las finanzas de la institución y podría generar un endeudamiento de grandes proporciones.Ante este panorama, no se descarta que las obras sean suspendidas en las próximas semanas mientras se revisan las alternativas técnicas, financieras y jurídicas que permitan garantizar la continuidad del proyecto.La situación ha generado preocupación entre los habitantes de San Andrés, Santander, quienes esperan que las autoridades departamentales, los organismos de control y el Ministerio de Salud esclarezcan las denuncias y definan el futuro de una infraestructura considerada fundamental para la atención médica de la región.
España relevó a Argentina al frente de la clasificación de la FIFA, actualizada este lunes tras su victoria sobre la Albiceleste anoche en el Mundial (1-0), y lidera a la vez la tabla femenina, que comanda también como vigente campeona del mundo con el título logrado en 2023 sobre Inglaterra.La trayectoria del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial, coronada con un gol de Ferrán Torres en la prórroga de la final, la sitúan al mando del ránking con 1995.88 puntos, por delante ahora de Argentina, que defendía el título logrado en Catar en 2022 y que cede el primer lugar para situarse segunda con 1970.30 puntos.Francia, tercera en Estados Unidos, México y Canadá, después de ser eliminada por España en semifinales (0-2), conserva la tercera posición (1948,97), e Inglaterra, derrotada por la selección de Didier Deschamps en el duelo por el bronce, sigue en cuarta posición, con 1922.83 puntos.Brasil, eliminada por Noruega en octavos (1-2) escala un puesto y es quinta ahora (1804.92), seguida de Marruecos (1803.99), que también sube una plaza y se despidió del Mundial en cuartos al perder con Francia (2-0), tras haber sido semifinalista hace cuatro años en Catar. El equipo marroquí concluyó cuarto entonces al perder el partido por el tercer puesto contra Croacia.México entra en el "top-ten"; Uruguay, vigésima"La séptima posición del último ránking de FIFA es para la selección de Portugal (1787.85), que baja dos posiciones y fue apeada por España en octavos de final (0-1). Le sigue Bélgica ( 1778.36), equipo al que los españoles también derrotaron en cuartos (2-1), aunque los belgas mejoran una posición y adelantan a Países Bajos (1775.54).México asciende cuatro puestos y entra en el "top ten" (1754.30), tras el que se sitúa Colombia, ahora undécima (1739.89) al subir dos plazas. Colombia quedó fuera del Mundial en octavos, eliminada por Suiza por penaltis (4-3).Uruguay, que no superó la fase de grupos, es vigésima (1634.70) tras ceder cuatro puestos, y Noruega, que perdió en cuartos de final con Inglaterra (1-2), protagoniza un gran ascenso de 12 plazas, para situarse en el puesto 19 (1651.29).Mejor marca histórica de España en la clasificación FIFA femeninaAdemás del liderato en la clasificación masculina, España sigue en cabeza de la tabla femenina, actualizada por última vez por la FIFA el pasado 16 de junio, con su mejor marca histórica y como campeona del mundo (2105.36), delante de Estados Unidos (2057.92), Alemania (2028.99) e Inglaterra (2027.13).España, que conquistó en agosto de 2023 en Sídney su primer título mundial femenino, con un gol de Olga Carmona sobre Inglaterra (1-0), ya tiene asegurada su participación en el Mundial de Brasil 2027, tras ser primera de su grupo en la fase de clasificación y superar a Inglaterra.Las españolas son subcampeonas de Europa al perder por penaltis contra las inglesas (1-1/3-1) la final de la última Euro, el 27 de julio del año pasado en Suiza, pero retuvieron el pasado diciembre el título de la Liga de Naciones, al derrotar a Alemania (3-0) en la final. EFEomm/jpd
Bogotá ya está lista para vivir una jornada histórica este lunes festivo 20 de julio, cuando se conmemoren los 216 años del Grito de Independencia con un desfile militar que tendrá un escenario completamente diferente. Por primera vez, el tradicional evento saldrá del centro de la ciudad y llegará al sur de la capital, específicamente a las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa.Desde este punto de la ciudad, miles de ciudadanos podrán acompañar el paso de cerca de 8.000 integrantes del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, quienes harán parte de esta gran celebración patria.La movilización de las tropas comenzará desde las 9:00 de la mañana, mientras que el inicio oficial del desfile está programado para las 11:00 a. m. Las autoridades recomendaron a quienes quieran asistir llegar con anticipación para ubicarse en un buen punto y disfrutar del recorrido.El desfile tendrá como punto de partida el Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, sobre la transversal 71C, y avanzará por la avenida Ciudad de Villavicencio hasta llegar a la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.Durante el recorrido, los asistentes podrán observar el paso de los uniformados por sectores como El Ensueño, El Perdomo, Madelena, Candelaria La Nueva y Casa Linda.Las autoridades también hicieron un llamado a utilizar el transporte público debido a los cierres viales que se tendrán en la zona. Las estaciones Madelena y Perdomo de TransMilenio serán puntos recomendados para acercarse al desfile.Quienes no puedan asistir podrán seguir la transmisión en vivo del Canal Institucional, que llevará todos los detalles de esta celebración nacional.Vea EN VIVO el desfile militar del 20 de julio
En las últimas horas, en una base militar ubicada en el Alto del Trigo, entre Guaduas y Villeta, en el departamento de Cundinamarca, un soldado habría accionado su arma de dotación y disparado ocho granadas, además de ráfagas de fusil Galil, contra otros militares que se encontraban en el lugar. Según las autoridades, el balance de este hecho es de un suboficial y tres soldados del Batallón de Infantería N.º 38 Miguel Antonio Caro heridos.“Inmediatamente, los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario de Villeta y al Hospital Militar Central, donde son atendidos por los especialistas. Asimismo, se dio aviso a las autoridades competentes, quienes adelantan los actos urgentes y continuarán con el proceso de investigación, a fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”, enfatizó la Brigada 13.Entre tanto, una de las primeras hipótesis que manejan las autoridades es que este hecho podría estar relacionado con un caso de intolerancia entre los involucrados dentro del batallón militar. Por su parte, las autoridades confirmaron que el señalado responsable fue capturado y se encuentra en proceso de judicialización ante las entidades competentes.Así las cosas, desde la Brigada 13 enviaron un mensaje a las familias de los heridos y aseguraron que este hecho será investigado y sancionado conforme a la gravedad de lo ocurrido.En desarrollo.
Ante la comunidad de Medellín, el presidente electo Abelardo De La Espriella agradeció a Antioquia porque gracias a su voto él es presidente. Aseguró que trabajará de la mano de los gobernantes para sacar adelante obras y proyectos que estén atrasados.Hay que recordar que en Antioquia, obtuvo casi 2 millones 200 mil votos, el 64,42 % de las votaciones en el departamento, por eso afirmó que es su motor, para avanzar en la patria milagro porque el grito de independencia se vivió el pasado 21 de junio cuando ganó.Por eso dice que se debe replicar lo que han hecho los Gobiernos de Medellín y Antioquia, y por esa razón ha nombrado tres mujeres ministras en su gabinete.Ante los rifirrafes que se han tenido con el Gobierno de Gustavo Petro por dinero para obras como Metro de la 80, Ferrocarril de Antioquia y el Túnel del Toyo, afirmó que con su Gobierno será diferente: “Voy a trabajar con ustedes de manera mancomunada para darle a este departamento y a todos sus municipios el lugar que se merece desde el Gobierno Nacional. Y lo haremos sin dilaciones, sin procrastinar, porque Antioquia se merecen aliviar sus dolores, se merecen lo mejor, porque los paisas han sido el motor de esta patria que tanto amamos”, aseguró.El presidente electo y las autoridades de Antioquia, se trasladan al Tunel del Toyo, donde se prevé puedan hacer su primer anunció en materia de proyectos estratégicos para esta región del país.Además, en su discurso insistió que se posicionará junto a su gabinete, el próximo 7 de agosto en una guarnición militar, para rendir homenaje a los héroes de la patria.Abelardo De La Espriella afirmó que no va a hablar con bandidos: “Nunca más la gente arrodillada, nunca más la fuerza pública arrinconada. Quien no se someta a la justicia deberá caer con toda la fuerza del tigre”, expresó.En los 8 minutos en los cuales le habló al pueblo antioqueño, que acudió a la parada militar, fue enfático al indicar que no aceptará ningún acto de corrupción, porque según el presidente electo la plata es sagrada, quien cometa algún hecho no tendrá compasión y sabrá lo duro que muerde el tigre Abelardo De La Espriella.
La muerte de una bebé de solo dos años por un disparo que recibió en su cabeza, tiene conmocionado y de luto a Polonuevo, municipio ubicado en la parte nororiental del departamento del Atlántico.La pequeña, identificada como Celeste Osorio Duque, fue víctima de un sujeto que aproximadamente a las 8 de la noche de este domingo se acercó hasta la ventana de la casa donde funciona una panadería, ubicada en la calle 3 con carrera 8, y disparó de manera indiscriminada impactando a la menor, informaron las autoridades.Según el reporte, la bebé alcanzó a llegar con vida a una clínica en Barranquilla, donde finalmente falleció.El alcalde de Polonuevo, Óscar Avilés, manifestó que “no es justo que los niños sean víctimas” de la creciente criminalidad en su municipio.Agregó que esta situación la venía advirtiendo tanto al Gobierno Nacional como a la Gobernación del Atlántico y otras autoridades, sobre todo por los casos de extorsión, así como otros delitos que cometen bandas criminales en su territorio.En ese sentido, el alcalde le pidió al presidente de la República electo, Abelardo De La Espriella, mirar hacia Polonuevo para frenar la creciente ola de inseguridad que ya deja 9 muertos este año, lo que triplica la cifra de 2025 cuando se presentaron 3.“Le hago un llamado al presidente para que se ponga al frente de esta situación en su departamento, porque estas bandas criminales, estos extorsionistas han ganado mucho espacio y necesitamos el apoyo de la Policía, de la Fiscalía”.Señaló Avilés que “Polonuevo cuenta con un solo cuadrante, es decir, una moto con dos uniformados” para un municipio de 21.000 habitantes, lo que es “irrisorio”.El mandatario municipal informó que citó un consejo de seguridad extraordinario en la mañana de este lunes, que contará con la participación de otras autoridades para definir las estrategias que lleven a la captura de los responsables. Así mismo, estudia la posibilidad de decretar un toque de queda en la población.
