El debate sobre los sellos en alimentos vuelve a tomar fuerza en Colombia. Esta vez, por la propuesta del Ministerio de Salud de incluir una nueva advertencia para productos ultraprocesados, una medida que ya genera posiciones encontradas entre organizaciones sociales y la industria.
En Mañanas Blu, el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, Camilo Montes, señaló que "a alguien se le ocurrió ser experimentar en Colombia con una advertencia que no existe en ninguna parte del planeta". Para el gremio, el cambio no solo es innecesario, sino que podría tener efectos económicos importantes.
“Es darle información clara al consumidor”: Red Papaz defiende nuevo etiquetado
Desde la otra orilla, Lina Cerón, de Red Papaz, defendió la propuesta y explicó que responde a nueva evidencia científica.
“Esta nueva advertencia lo que se propone es darle información clara al consumidor”, afirmó. Según explicó, el objetivo es que las personas puedan identificar cuándo están frente a un producto ultraprocesado, más allá de los sellos actuales que advierten sobre exceso de azúcar, sodio o grasas.
Cerón señaló que estudios recientes han mostrado cambios en hábitos de consumo tras la implementación del etiquetado frontal. “Se ha demostrado… una reducción del consumo de bebidas azucaradas y frituras”, dijo, al insistir en que el sistema debe evolucionar con base en la evidencia.
Además, defendió los llamados microsellos en empaques pequeños, argumentando que hoy muchos productos no muestran información clara o dependen de códigos QR que, en la práctica, no funcionan.
“Esto es un experimento”: industria alerta por costos y cambios constantes
Para la industria, el tono es distinto. Montes advirtió que el país está frente a una nueva modificación en menos de tres años, lo que genera incertidumbre. “Este es el cuarto cambio que nos hacen”, aseguró.
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Pero su crítica más fuerte apunta al nuevo sello de ultraprocesados: “Es un experimento… una advertencia que no existe en ninguna legislación del mundo”. Según explicó, la medida obligaría a miles de empresas a cambiar empaques, etiquetas y tablas nutricionales.
El impacto, dice, no es menor. Solo en un grupo de empresas afiliadas, los costos superarían los 110.000 millones de pesos. “Adivine esos costos dónde van a dar: en los productos”, afirmó.
El gremio también advierte que cerca de 70 categorías de alimentos tendrían que ajustarse a la nueva norma, incluyendo productos cotidianos como quesos o embutidos.
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Mientras el Gobierno avanza en la consulta pública, el país queda en medio de un debate clave: hasta dónde regular para mejorar la salud y hasta dónde hacerlo sin afectar la economía.
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