El debate sobre los sellos en alimentos vuelve a tomar fuerza en Colombia. Esta vez, por la propuesta del Ministerio de Salud de incluir una nueva advertencia para productos ultraprocesados, una medida que ya genera posiciones encontradas entre organizaciones sociales y la industria.En Mañanas Blu, el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, Camilo Montes, señaló que "a alguien se le ocurrió ser experimentar en Colombia con una advertencia que no existe en ninguna parte del planeta". Para el gremio, el cambio no solo es innecesario, sino que podría tener efectos económicos importantes.“Es darle información clara al consumidor”: Red Papaz defiende nuevo etiquetadoDesde la otra orilla, Lina Cerón, de Red Papaz, defendió la propuesta y explicó que responde a nueva evidencia científica.“Esta nueva advertencia lo que se propone es darle información clara al consumidor”, afirmó. Según explicó, el objetivo es que las personas puedan identificar cuándo están frente a un producto ultraprocesado, más allá de los sellos actuales que advierten sobre exceso de azúcar, sodio o grasas.Cerón señaló que estudios recientes han mostrado cambios en hábitos de consumo tras la implementación del etiquetado frontal. “Se ha demostrado… una reducción del consumo de bebidas azucaradas y frituras”, dijo, al insistir en que el sistema debe evolucionar con base en la evidencia.Además, defendió los llamados microsellos en empaques pequeños, argumentando que hoy muchos productos no muestran información clara o dependen de códigos QR que, en la práctica, no funcionan.“Esto es un experimento”: industria alerta por costos y cambios constantesPara la industria, el tono es distinto. Montes advirtió que el país está frente a una nueva modificación en menos de tres años, lo que genera incertidumbre. “Este es el cuarto cambio que nos hacen”, aseguró.Pero su crítica más fuerte apunta al nuevo sello de ultraprocesados: “Es un experimento… una advertencia que no existe en ninguna legislación del mundo”. Según explicó, la medida obligaría a miles de empresas a cambiar empaques, etiquetas y tablas nutricionales.El impacto, dice, no es menor. Solo en un grupo de empresas afiliadas, los costos superarían los 110.000 millones de pesos. “Adivine esos costos dónde van a dar: en los productos”, afirmó.El gremio también advierte que cerca de 70 categorías de alimentos tendrían que ajustarse a la nueva norma, incluyendo productos cotidianos como quesos o embutidos.Mientras el Gobierno avanza en la consulta pública, el país queda en medio de un debate clave: hasta dónde regular para mejorar la salud y hasta dónde hacerlo sin afectar la economía.
El 14 de junio de 2023 el Invima estableció que todos los alimentos, nacionales e importados, deben cumplir con el rotulado nutricional y frontal de advertencia.Para aquellos alimentos que no hayan completado el trámite de agotamiento de etiquetas antes del 28 de febrero de 2023, la fecha límite para comercialización con el uso de estas marcas en la declaración del etiquetado nutricional y de advertencia es el 15 de diciembre de 2023. A partir de esta fecha, los alimentos que no cumplan con estas normativas deberán ser retirados del mercado por el productor o comercializador responsable.Los participantes que completaron el trámite de agotar las etiquetas antes del 28 de febrero de 2023 tendrán un plazo hasta el 14 de junio de 2024.Los alimentos en envases retornables tienen un plazo de cinco años, hasta el 15 de junio de 2027, para cumplir sin previa autorización del Invima. No obstante, desde el 14 de junio de 2023, los sellos frontales deben declararse en la cara frontal de la etiqueta o en la tapa, según la practicidad para aquellos alimentos que no permitan la etiqueta en la cara frontal.A partir del 15 de junio de 2024, todos los alimentos nacionales e importados que se comercialicen en Colombia deben cumplir con el rotulado nutricional y frontal de advertencia, conforme a los requisitos establecidos en la Resolución 810 de 2021, modificada por la Resolución 2492 de 2022.Los alimentos importados deben cumplir con estas regulaciones; con una etiqueta complementaria que se adhiera en un lugar visible durante la inspección sanitaria y antes de su comercialización.Le puede interesar:
Milena Gualdrón, coordinadora de la línea de nutrición de Fian (FoodFirst Information and Action Network) Colombia, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que los sellos octagonales para ultraprocesados, regulados por el Ministerio de Salud, son un avance importante en el mejoramiento de los hábitos alimenticios en el país. "Es una victoria y nos señala un buen camino en el objetivo de lograr una mejor alimentación en el país. El avance normativo es muy importante, pero se queda corto, flojo y se vuelve letra muerta si no va acompañado de una fuerte campaña de educación, de difusión, de sensibilización a esta información. Además, hay que controlar la comida chatarra en los colegios, así como regular la publicidad", indicó la experta. De acuerdo con la vocera de Fian Colombia, la nueva resolución va en vías de cumplir la ley de comida chatarra y reconoce una lucha que debe basarse en evidencia científica, libre de sesgos científicos. "El acceso a información clara, de fácil comprensión, sobre el exceso de esos nutrientes que nos enferman e incluso causan muchas muertes es una necesidad fundamental, un derecho. Puede garantizar el derecho a una alimentación adecuada, al derecho a la salud. Lo celebramos y nos parece que es una resolución que ahora sí va en vías de cumplir con las especificaciones técnicas que necesita un reglamento de este nivel", sostuvo Gualdrón. De acuerdo con Gualdrón, países como México y Chile muestran cambios en el consumo de alimentos ultraprocesados y esas experiencias podrían alimentar el camino en el que se espera avanzar en Colombia. "En México y Chile podemos ver una línea de base que refleja el cambio en el comportamiento. En Chile, desde 2016 se implementó el etiquetado octogonal y de fondo negro y se apreció una reducción en el consumo de todo este tipo de combustibles. Además, se empezó a consumir alimentos más saludables, así como cambiar las bebidas azucaradas por el consumo de agua o leche y alimentos mucho más saludables", indicó Gualdrón. Lo que dice la resolución El Ministerio de Salud expidió la resolución con la que deja en firme el etiquetado frontal definitivo para alimentos ultraprocesados de la llamada ley de comida chatarra. La ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que se acataron los fallos de las altas cortes y se establecieron los sellos de advertencia que deberán llevar los productos con componentes nocivos para la salud. También, en cumplimiento de la ley reglamentaria 2120, con la que deja en firme el etiquetado frontal definitivo para alimentos ultraprocesados.“Acabamos de expedir la resolución 2492, reglamentaria de la ley 2120 y también atendiendo el fallo del Consejo de Estado, en el cual estamos reglamentando el etiquetado frontal”, explicó la ministra al momento de la expedición.Estos cambios y las decisiones alrededor de la ley de comida chatarra fueron blanco de críticas desde distintos sectores sociales, pues estaba cerca de cumplirse el tiempo límite establecido por los fallos para la modificación de esta resolución que había presentado el Gobierno anterior y que fue ratificado en la ley que pasó por el Congreso.“Estamos reconociendo ya nuestra resolución como reglamentación del sello octagonal, con fondo negro, donde se habla del exceso de grasas trans y también el exceso de edulcorantes. De tal manera que esto tenga impacto positivo en la alimentación de los ciudadanos, niños y niñas, que podrán ver en los productos estos sellos, para que puedan cuidar su alimentación de manera saludable", puntualizó la ministra de Salud.
El Gobierno confirmó que tiene un crédito de la CAF aprobado por un valor de un billón de pesos para poder avanzar en la modernización de la tecnología aérea en el país.“Ya tenemos aprobado un crédito de la CAF por un billón de pesos para poder reemplazar todos los equipos que van a brindar la seguridad aérea en todos los aeropuertos de Colombia”, dijo la ministra de transporte, Elsa Noguera.Es importante recordar que las últimas horas se dio una falla técnica en los sistemas de visualización de El Dorado, en Bogotá; más de 70 vuelos fueron cancelados y otros se retrasaron.“El sistema aeronáutico colombiano enfrenta un rezago tecnológico, con equipos antiguos y alertas sobre su mantenimiento preventivo. Ante este panorama, el Gobierno nacional trabaja para acelerar la actualización de los sistemas y brindar mejores herramientas a los controladores aéreos”, explican desde el ministerio de transporte.El plan de modernización tecnológica contempla una intervenciones en 67 estaciones aeronáuticas. “Estas intervenciones buscan fortalecer el seguimiento de los vuelos, facilitar la comunicación con los pilotos y mejorar la gestión del tráfico aéreo”, explican desde el gobierno.
El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este jueves en Leticia, Amazonas, en un evento sobre la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Allí se refirió a una licitación que dejó en marcha el Gobierno anterior de fibra óptica para los ríos Putumayo y Amazonas.Según el presidente, el costo de este proyecto pasó de 683.000 millones de pesos en 2025 a más de 1.14 billones en 2026, además habría incertidumbre financiera, riesgos ambientales y posibles fallas técnicas. Sin mencionar a ninguna persona en específico, el mandatario se refirió a presuntos casos de corrupción en el anterior gobierno.“Yo todo lo que hizo el Gobierno pasado lo veo con gran sospecha, donde uno levanta siempre hay corrupción, desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”, dijo el mandatario.Recordemos que además el director del Dapre, Carlos Ríos, denunció recientemente el caso de 48 mujeres que, según él, fueron instrumentalizadas durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, a través de contratos de prestación de servicios.Tras esta denuncia, Ríos fue citado a declaración libre en la Fiscalía los días 18 y 19 de noviembre.Además, en las últimas horas, la Presidencia publicó las fotos de las tres personas que fueron ubicadas en la vivienda del director del Dapre, Carlos Ríos, un caso que se dio justo después de que el funcionario denunciara ante el Congreso la presunta instrumentalización por parte del anterior Gobierno de 48 mujeres.En el mismo sentido se conoció la imagen de la persona que habría rondado el centro educativo del hijo de Ríos. Según la denuncia de presidencia, esta persona huyó una vez se percató de la presencia de las autoridades.
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Carlos Roberto Solórzano, se refirió a la controversia generada por el video publicado por Deicy Jiménez, en el que aparece el expresidente Gustavo Petro, y aseguró que los servidores públicos tienen responsabilidades éticas y morales tanto en los espacios públicos como en los privados en medio de la investigación por el caso de presuntos contratos irregulares en el Dapre durante el anterior gobierno.El pronunciamiento se produjo en medio de las actuaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia en una investigación contra el expresidente Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro por los posibles delitos de tráfico de influencias y contratación indebida.“Independientemente de lo íntimo, ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir en materia de si hubo contratos con dinero del Estado. Pero también tengo que decir categóricamente que los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado. Y en eso yo creo que tenemos responsabilidades muy grandes”, señaló el magistrado Solórzano.Mientras continúa la controversia por el contenido del video, la investigación judicial avanza con la práctica de diferentes diligencias. Deicy Jiménez, quien ha entregado información relacionada con presuntos contratos irregulares que se habrían celebrado en entidades del Estado, entregó su teléfono celular al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.Jiménez llegó al búnker de la Fiscalía acompañada por su nueva abogada de confianza, Dina Luz Malo. El dispositivo será sometido a una extracción forense por parte de expertos del CTI, diligencia que tendría una duración aproximada de cuatro horas.Durante este procedimiento serán examinados elementos como videos, chats, fotografías, datos de geolocalización, grabaciones y notas de voz, con el propósito de establecer si en el contenido del teléfono existen elementos materiales probatorios relacionados con los hechos que son objeto de investigación.La entrega del celular se da en el marco de las diligencias ordenadas por la Corte Suprema, que también dispuso una inspección a la Secretaría del Senado para revisar información relacionada con los contratos de Jiménez.Entre tanto, la defensa de Jiménez denunció que tanto la testigo como su abogada habrían sido objeto de seguimientos. Dina Luz Malo aseguró que el pasado 3 de noviembre personas que no han sido identificadas siguieron y tomaron fotografías de su clienta mientras realizaba actividades cotidianas.La investigación también contempla nuevas diligencias en Fiscalía. El director del DAPRE, Carlos Ríos, está citado para declarar el próximo 18 de noviembre, mientras que fue concertada la ampliación del testimonio de Angie Rodríguez bajo reserva.
Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a al menos 25 vuelos entre países europeos, entre ellos España, algunos de los cuales tuvieron que ser desviados, lo que ha llevado a la Comisión Europea (CE) a activar un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros de la UE.Después de que ya el martes varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad en diferentes ciudades europeas, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibió hoy una comunicación de amenaza de explosivos, que afectaron a tres vuelos, uno de salida a París, otro procedente de Roma y un tercero desde Milán, según dijeron a EFE fuentes del gestor español de aeropuertos Aena.Tras recibir estas amenazas contra dos aeronaves de Iberia y una de Air Europa se constituyó un comité de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una vez evaluadas y realizadas las comprobaciones pertinentes "se dieron por descartadas".Otros países de destino u origen de vuelos de diferentes aerolíneas europeas fueron Francia, Bélgica, Austria, Polonia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Finlandia, Serbia y Rumanía, con Italia, la República Checa y Bulgaria entre los más afectados.En uno de los primeros casos de los que hubo constancia, un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado de su trayectoria por una alerta de bomba cuando volaba sobre el espacio aéreo francés y dos cazas le obligaron a aterrizar en la base aérea de Évreux, al este de París, ante la negativa del piloto a tomar tierra en la instalación militar, informó la cadena France 3 en Normandia.Ningún hallazgo sospechosoTambién tres vuelos de la aerolínea Ryanair con destino a Bulgaria y salidas de Madrid, Londres y Copenhague se vieron afectados por falsas amenazas de bomba, según informó a EFE el Ministerio de Transportes búlgaro, por lo que fueron escoltados por aviones militares hasta aterrizar.Según explicó la aerolínea finlandesa Finnair a la televisión estatal YLE, uno de sus vuelos, con 144 pasajeros a bordo, fue asimismo escoltado por cazas italianos antes de tocar tierra sin incidentes en Roma, mientras que también en Austria ascendieron Eurofighter para acompañar a algunos aviones amenazados.En todos los casos, que afectaron sobre todo a aerolíneas de bajo coste como Ryanair, Wizz Air y Aer Lingus, pero también a empresas nacionales como Iberia, Finnair o Aegean Airlines, las aeronaves fueron inspeccionadas sin que se descubriera posteriormente ninguna amenaza para los pasajeros.Amenazas en aeropuertosEn paralelo, en el aeropuerto de Chopin de Varsovia una de las pistas tuvo que ser cerrada temporalmente después de que un vuelo de LOT con destino a París, que no había despegado aún, se viera afectado por una posible amenaza, indicó a EFE el portavoz de los Aeropuertos Polacos, Piotr Rudzki.El aeropuerto de Copenhague también registró una incidencia en dos aeronaves estacionadas, lo que obligó a desplegar efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas especializados en desactivación de explosivos, según la agencia danesa Ritzau.En el Reino Unido, dos aeropuertos, el de Heathrow y el de Birmingham, recibieron amenazas que las autoridades descartaron más tarde como "no creíbles" y en Cork (Irlanda) un avión salió con retraso por el mismo motivo.Activado mecanismo de intercambio de informaciónLa CE anunció como reacción que ha activado un mecanismo de intercambio de información entre los países miembros de la UE ante la sucesión de incidentes, aunque advirtió de que todavía es pronto para determinar si están relacionados entre sí."Estamos siguiendo de cerca la situación y en contacto con los Estados miembros afectados y con la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA)", señaló en la red social X el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.La AESA indicó a EFE desde Colonia que los pilotos, los controladores aéreos y el personal de los aeropuertos "han recibido formación para hacer frente a imprevistos de este tipo", por lo que "el riesgo inmediato para la seguridad operacional derivado de amenazas falsas aisladas es bajo", que es su área de competencia.No obstante, aseguró que seguirá "supervisando estos acontecimientos para identificar y evaluar cualquier posible repercusión en la seguridad operacional de la aviación derivada de dichas amenazas a la seguridad".La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) condenó por su parte los intentos de perturbar el tráfico aéreo e instó a las autoridades a encontrar su origen y a asegurar a los pasajeros que las medidas de seguridad garantizarán los máximos niveles de seguridad pública."La OTAN sigue vigilando la situación y mantiene una estrecha coordinación con los aliados, que han respondido de diversas formas a las posibles amenazas de estos últimos días, entre otras cosas, con el despegue de emergencia de aviones, algunos de los cuales fueron transferidos a la OTAN", dijo por otro lado un alto cargo militar de la Alianza.
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia pidió investigar al mandatario por los presuntos pagos de servicios sexuales a Deicy Jiménez y a una supuesta red de 40 mujeres mediante contratos y recursos públicos.Además de solicitar que se establezcan posibles irregularidades en la contratación estatal y la presunta adquisición de sustancias alucinógenas, la organización pidió que se adelante un juicio político por indignidad contra el jefe de Estado.La denuncia fue presentada por la Veeduría ante Carlos Alberto Cuenca, presidente de esa comisión, encargada de tramitar las investigaciones contra el jefe de Estado. En el documento, reclaman que se recopilen los elementos probatorios y se determine si los hechos expuestos comprometen la responsabilidad penal y política del mandatario.Uno de los señalamientos más delicados está relacionado con Deicy Jiménez. La organización pide establecer si Gustavo Petro habría pagado servicios sexuales a esta mujer y a una supuesta red de otras 40 mujeres mediante contratos y compromisos vinculados con la contratación pública. Según argumenta la veeduría, se habría puesto dinero del Estado al servicio de intereses particulares.Los denunciantes sostienen que no sería un episodio aislado, sino una presunta práctica que se habría extendido durante varios años, incluso antes de que Petro llegara a la Presidencia y durante su actual mandato. En el documento advierten sobre un posible uso irregular de los procedimientos y recursos destinados a la contratación estatal.Pero los señalamientos van más allá de los presuntos pagos. La Red de Veedurías también solicita esclarecer una posible adquisición de sustancias alucinógenas y establecer si otras personas habrían participado en estos hechos, luego de videos y evidencias que, según afirma, estarían relacionados con las declaraciones de Deicy Jiménez.Por estos hechos, los denunciantes solicitan investigar cuatro posibles delitos: tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y porte de estupefacientes. También reclaman que se establezca cómo se habrían realizado los presuntos pagos, de dónde habrían salido los recursos y quiénes habrían intervenido.De esta forma la organización solicitó que se promueva un juicio político por indignidad contra Gustavo Petro, al considerar que los hechos descritos podrían comprometer su responsabilidad política y disciplinaria como jefe de Estado.Ahora la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara deberá evaluar la denuncia y definir el trámite que corresponde. La investigación tendrá que establecer si existen elementos que permitan demostrar un eventual uso de la contratación estatal y de recursos públicos para fines ajenos a las funciones del Estado.
