La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia pidió investigar al mandatario por los presuntos pagos de servicios sexuales a Deicy Jiménez y a una supuesta red de 40 mujeres mediante contratos y recursos públicos.
Además de solicitar que se establezcan posibles irregularidades en la contratación estatal y la presunta adquisición de sustancias alucinógenas, la organización pidió que se adelante un juicio político por indignidad contra el jefe de Estado.
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La denuncia fue presentada por la Veeduría ante Carlos Alberto Cuenca, presidente de esa comisión, encargada de tramitar las investigaciones contra el jefe de Estado. En el documento, reclaman que se recopilen los elementos probatorios y se determine si los hechos expuestos comprometen la responsabilidad penal y política del mandatario.
Uno de los señalamientos más delicados está relacionado con Deicy Jiménez. La organización pide establecer si Gustavo Petro habría pagado servicios sexuales a esta mujer y a una supuesta red de otras 40 mujeres mediante contratos y compromisos vinculados con la contratación pública. Según argumenta la veeduría, se habría puesto dinero del Estado al servicio de intereses particulares.
Los denunciantes sostienen que no sería un episodio aislado, sino una presunta práctica que se habría extendido durante varios años, incluso antes de que Petro llegara a la Presidencia y durante su actual mandato. En el documento advierten sobre un posible uso irregular de los procedimientos y recursos destinados a la contratación estatal.
Pero los señalamientos van más allá de los presuntos pagos. La Red de Veedurías también solicita esclarecer una posible adquisición de sustancias alucinógenas y establecer si otras personas habrían participado en estos hechos, luego de videos y evidencias que, según afirma, estarían relacionados con las declaraciones de Deicy Jiménez.
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Por estos hechos, los denunciantes solicitan investigar cuatro posibles delitos: tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y porte de estupefacientes. También reclaman que se establezca cómo se habrían realizado los presuntos pagos, de dónde habrían salido los recursos y quiénes habrían intervenido.
De esta forma la organización solicitó que se promueva un juicio político por indignidad contra Gustavo Petro, al considerar que los hechos descritos podrían comprometer su responsabilidad política y disciplinaria como jefe de Estado.
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Ahora la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara deberá evaluar la denuncia y definir el trámite que corresponde. La investigación tendrá que establecer si existen elementos que permitan demostrar un eventual uso de la contratación estatal y de recursos públicos para fines ajenos a las funciones del Estado.