Este miércoles se instaló en Barranquilla el 19 Encuentro Nacional de Laboralistas. Como invitado al evento estuvo el ministro de trabajo Antonio Sanguino, quien aprovechó su visita a la capital del Atlántico para indicar que cómo país y sociedad se vienen unos nuevos desafíos que tienen que ser enfrentados por el nuevo Gobierno en cabeza del presidente Electo Abelardo De la Espriella.Frente a esto Sanguino afirmó que están listos para empezar el empalme son todo lo hecho en su ministerio e indicó que esperan que una vez pasada la coyuntura electoral, la Corte Constitucional resuelva las demandas pendientes para dar trámite a la reforma pensional.“Esperemos que los fondos privados trasladen los recursos y los ahorros de esas personas que se han trasladado y que no lo han querido hacer. Y esperemos que el nuevo Gobierno obligue a los fondos privados a que trasladen de esos fondos privados los recursos ahorrados por los colombianos que ahora están en el fondo público”, invitó el ministro.Sobre la propuesta del presidente electo de suprimir algunos ministerios del Gobierno indicó que Abelardo De La Espriella necesitaría una reforma del Estado y que esta sea aprobada por el Congreso de la República para poder hacer dichos recortes.“Ellos requerirían una reforma del Estado y esa reforma del Estado tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. Así que no es que yo quiera recortar porque quiera hacerlo.Hay unos trámites que están establecidos en nuestra democracia y necesitaría el nuevo presidente de la República facultades que le otorgue el Congreso de la República o una ley que reestructura el Estado colombiano para proceder a una decisión de esa naturaleza y en todo caso hablar de 700 mil trabajadores en la calle es una verdadera masacre laboral”, enfatizó.Frente a las investigaciones a empresarios por presuntas presiones electorales, afirmó que estas siguen su curso y que de confirmarse podrían derivar en sanciones o medidas concretas por parte del Ministerio.“Si ese constreñimiento es comprobado por parte de las instancias del Ministerio del Trabajo, tendrán que derivar, por supuesto, en las sanciones correspondientes, como también hay que reiterar que son conductas tipificadas en el Código Penal, así que deberán también desarrollarse las investigaciones respectivas por parte de la Fiscalía. Nosotros recibimos cerca de 400 quejas y en su mayoría dieron origen a investigaciones que se están adelantando en el Ministerio de Trabajo”, puntualizó.El alto funcionario expresó gran preocupación por varias decisiones políticas que se darían en el nuevo gobierno que podrían poner, según dijo, en riesgo las conquistas laborales alcanzadas en el Gobierno Petro.
Todo un revuelo ha causado un estudio de la Universidad de Antioquia, que advierte como lo han dicho los gremios económicos del país, sobre las inquietudes por los reportes estadísticos revelados por el DANE.A través de un comunicado, la entidad estadística afirmó que el análisis de la Universidad de Antioquia no incorpora la Actualización del Marco 2018, vigente en la Gran Encuesta Integrada de Hogares desde 2021 y publicada en la página web del DANE.Además, advierte que, tener en cuenta ese ajuste es necesario para interpretar correctamente las cifras del mercado laboral.En respuesta, Edwin Esteban Torres Gómez, doctor en Economía e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y líder de la investigación, recalcó que el estudio se ejecutó con parámetros y variables técnicas"Y no lo hemos mencionado en ningún espacio y hemos sido muy cuidadosos con este tema. Nuestro estudio es un estudio netamente académico que busca entender la realidad de los datos del mercado laboral, porque nosotros permanentemente estamos revisando estos datos, y con esos datos se toman decisiones de política económica. Y lo que queremos advertir es que no entendemos las diferencias tan grandes y que empiezan a crecer, especialmente a partir de junio de 2024”, recalcó el catedrático.Los gremios económicos del país tampoco fueron ajenos a la discusión. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI a través de un trino en su cuenta de X resaltó: “llevamos varios meses resaltando la inconsistencia entre los datos entregados por el DANE y los datos incluidos en el PILA/UGPP que es el registro oficial de personas trabajando y aportando al sistema de seguridad social”.Además, el líder de los empresarios e industriales del país subrayó: “esta situación merece una revisión metodológica porque mucho tememos que la información que se publica regularmente no está dando información fidedigna sobre variables sociales y económicas altamente relevantes”.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, hizo un llamado a todos los actores políticos, institucionales y sociales del país para proteger el proceso electoral y garantizar el respeto por los resultados que surjan de las urnas el próximo 21 de junio.A través de un comunicado, el gremio reiteró que Colombia atraviesa un momento trascendental y por eso la importancia de preservar la confianza en las instituciones democráticas.Para la ANDI, el proceso electoral constituye un pilar fundamental para la democracia y la estabilidad del país pero para protegerlos es necesario fortalecer la legitimidad de las elecciones y promover un ambiente de respeto hacia las decisiones ciudadanas.“La democracia exige que todos los actores políticos, sociales e institucionales contribuyamos a preservar la legitimidad y la credibilidad de las elecciones”, plasmaron en el comunicado.La ANDI también hizo un llamado directo a los candidatos presidenciales, a los movimientos políticos, al Gobierno y a la ciudadanía para actuar con responsabilidad durante la etapa electoral.“Todos los sectores deben respetar las instituciones y comprometerse desde ya a reconocer los resultados oficiales que surjan de un proceso electoral debidamente garantizado”, insistieron.Finalmente, la ANDI resaltó el papel que ha desempeñado la Registraduría Nacional en la organización de las elecciones actuando con “criterios de neutralidad, objetividad y rigor técnico” para asegurar que la voluntad de los ciudadanos sea respetada y reflejada fielmente en los resultados electorales, como ocurrió en la primera vuelta.
El contundente crecimiento de carros eléctricos e híbridos en Colombia durante marzo de 2026 confirma el momento de expansión que vive la movilidad sostenible en el país. Según cifras de la ANDI y Fenalco, solo en ese mes se matricularon 5.083 vehículos eléctricos, lo que representa un aumento del 267 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que los híbridos alcanzaron 7.631 unidades, con un crecimiento del 72,3 %.Este comportamiento se enmarca en un arranque de año histórico para el sector automotor colombiano. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 73.659 vehículos nuevos, la cifra más alta para este periodo desde 2012, evidenciando no solo la recuperación del mercado, sino también el protagonismo que han ganado las tecnologías limpias en las decisiones de compra.La tendencia no es aislada. Durante 2025, Colombia ya había mostrado señales claras de esta transición, con 19.724 vehículos eléctricos y 67.899 híbridos matriculados. A la par, el país ha venido fortaleciendo su infraestructura de carga, alcanzando 229 estaciones públicas, 401 cargadores y 746 conectores a octubre del año pasado, lo que facilita la adopción de estas tecnologías.En medio de este auge, iniciativas como el Rueda Eléctrica Fest buscan acercar esta transformación a los ciudadanos. El evento, considerado el primero de su tipo en el país, se llevará a cabo del 7 al 10 de mayo en el Unicentro Bogotá, reuniendo marcas, expertos y público general en un espacio diseñado para experimentar de primera mano la movilidad eléctrica.El festival contará con la participación de cerca de 20 marcas automotrices y ofrecerá una agenda que incluye exhibiciones, experiencias en vivo y espacios de conversación. Entre sus contenidos destaca el videopodcast “Energía sobre Ruedas”, enfocado en explicar de manera práctica la evolución de la industria, la infraestructura, la tecnología y los nuevos hábitos de movilidad en el país.Más allá del crecimiento en ventas, la expansión de la movilidad eléctrica abre una discusión más amplia sobre sostenibilidad, transformación urbana y reducción de emisiones. En ese sentido, actores como CECODES destacan la importancia de avanzar en la descarbonización del transporte, articulando esfuerzos entre el público y privado para consolidar una movilidad más eficiente, accesible y alineada con los desafíos ambientales del país.
La Asociación Nacional de Industriales envió un concepto a la Corte Constitucional en donde argumenta su postura para pedir que se caiga la emergencia económica, si bien la Andi reconoce que lo ocurrido en regiones como Córdoba tras la ola invernal sí se trata de un hecho grave, no es sobreviniente ni imprevisible.En el documento, firmado por el presidente del gremio, Bruce Mac Master, la Andi plantea que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales para la declaratoria de un estado de excepción. En ese sentido, sostiene que la medida no satisface el presupuesto fáctico ni supera el juicio valorativo exigido por la Constitución.“El decreto acredita, es cierto, que el fenómeno hidrometeorológico produjo daños significativos: pérdidas humanas, afectaciones a viviendas, infraestructura, producción agropecuaria y ecosistemas. La Andi no desconoce la tragedia que aún embarga a la región Caribe. Sin embargo, en ningún punto el Decreto 0150 de 2026 demuestra que dichas afectaciones sean constitucionalmente inmanejables mediante los mecanismos ordinarios del Estado”, señaló la Andi.La Corte Constitucional deberá evaluar las solicitudes y conceptos que han llegado allí al alto tribunal sobre la emergencia económica. En ese sentido, se espera que esta misma semana los magistrados se reúnan para evaluar las solicitudes de suspensión provisional que pesan sobre el decreto.
El debate sobre los sellos en alimentos vuelve a tomar fuerza en Colombia. Esta vez, por la propuesta del Ministerio de Salud de incluir una nueva advertencia para productos ultraprocesados, una medida que ya genera posiciones encontradas entre organizaciones sociales y la industria.En Mañanas Blu, el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, Camilo Montes, señaló que "a alguien se le ocurrió ser experimentar en Colombia con una advertencia que no existe en ninguna parte del planeta". Para el gremio, el cambio no solo es innecesario, sino que podría tener efectos económicos importantes.“Es darle información clara al consumidor”: Red Papaz defiende nuevo etiquetadoDesde la otra orilla, Lina Cerón, de Red Papaz, defendió la propuesta y explicó que responde a nueva evidencia científica.“Esta nueva advertencia lo que se propone es darle información clara al consumidor”, afirmó. Según explicó, el objetivo es que las personas puedan identificar cuándo están frente a un producto ultraprocesado, más allá de los sellos actuales que advierten sobre exceso de azúcar, sodio o grasas.Cerón señaló que estudios recientes han mostrado cambios en hábitos de consumo tras la implementación del etiquetado frontal. “Se ha demostrado… una reducción del consumo de bebidas azucaradas y frituras”, dijo, al insistir en que el sistema debe evolucionar con base en la evidencia.Además, defendió los llamados microsellos en empaques pequeños, argumentando que hoy muchos productos no muestran información clara o dependen de códigos QR que, en la práctica, no funcionan.“Esto es un experimento”: industria alerta por costos y cambios constantesPara la industria, el tono es distinto. Montes advirtió que el país está frente a una nueva modificación en menos de tres años, lo que genera incertidumbre. “Este es el cuarto cambio que nos hacen”, aseguró.Pero su crítica más fuerte apunta al nuevo sello de ultraprocesados: “Es un experimento… una advertencia que no existe en ninguna legislación del mundo”. Según explicó, la medida obligaría a miles de empresas a cambiar empaques, etiquetas y tablas nutricionales.El impacto, dice, no es menor. Solo en un grupo de empresas afiliadas, los costos superarían los 110.000 millones de pesos. “Adivine esos costos dónde van a dar: en los productos”, afirmó.El gremio también advierte que cerca de 70 categorías de alimentos tendrían que ajustarse a la nueva norma, incluyendo productos cotidianos como quesos o embutidos.Mientras el Gobierno avanza en la consulta pública, el país queda en medio de un debate clave: hasta dónde regular para mejorar la salud y hasta dónde hacerlo sin afectar la economía.
La ANDI encendió las alarmas frente al proyecto de resolución del Ministerio de Salud que busca modificar el actual modelo de etiquetado frontal en Colombia. Según el gremio, la propuesta no solo desconoce el impacto en el sector productivo, sino que introduce cambios profundos sin la evidencia científica suficiente ni un proceso de evaluación previo.El pronunciamiento advierte que la medida afectaría a 51.200 empresas del sector, de las cuales el 98,5 % son micro, pequeñas y medianas, lo que podría traducirse en presiones económicas sobre miles de empleos y en el abastecimiento de alimentos. Entre los principales cuestionamientos está la falta de concertación con la industria, pese a solicitudes reiteradas de establecer mesas técnicas de análisis.De acuerdo con el documento, el nuevo esquema implicaría rediseñar la totalidad de etiquetas de alimentos empacados, generando trámites masivos ante entidades como el Invima y aumentando costos operativos. Además, se advierte que la iniciativa podría convertirse en un obstáculo técnico al comercio que no cumple con estándares exigidos por organismos como la Organización Mundial del Comercio y la Comunidad Andina.Uno de los puntos más críticos es la creación de nuevas definiciones, como la de “ultraprocesados”, que según la ANDI no existe en regulaciones internacionales. A esto se suma la obligación de incluir advertencias específicas en productos con ciertos aditivos, la introducción de microsellos en empaques pequeños y la prohibición del uso de códigos QR, pese a estar contemplados en estándares internacionales como el Codex Alimentarius.“Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado y se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo”, afirmó Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara, quien insistió en que la medida generaría costos adicionales innecesarios en la producción y distribución de alimentos.El gremio también cuestiona que el Ministerio impulse este cambio sin haber realizado una evaluación del modelo vigente, establecido mediante la Resolución 810 de 2021 y sus modificaciones posteriores. Según la ANDI, esto iría en contravía de las buenas prácticas regulatorias promovidas por la OCDE y lineamientos nacionales.Finalmente, la Cámara hizo un llamado a empresarios, académicos y demás actores del sector a revisar el proyecto y presentar observaciones antes del plazo establecido por el Ministerio, insistiendo en la necesidad de un debate técnico más amplio sobre una regulación que podría redefinir las reglas del mercado alimentario en el país.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) manifestó su preocupación por el impacto que están generando los bloqueos viales en Santander y Norte de Santander, al advertir que esta situación ya está afectando de manera directa la operación del comercio, la movilidad y la estabilidad del sector productivo en la región.Uno de los puntos más críticos se registra en el corredor entre Cúcuta y Bucaramanga, donde diariamente se movilizan mercancías por un valor cercano a los $120.000 millones. Este eje es considerado clave para el abastecimiento y la competitividad regional, por lo que cualquier interrupción tiene efectos inmediatos en la economía.En el sector logístico e industrial, la Zona Franca Santander ya reporta una caída de $3.800 millones en el valor FOB, reflejada en sus sistemas de inventarios, lo que evidencia una reducción en la actividad exportadora y en la salida de mercancías.La conectividad también se ha visto fuertemente afectada. El aeropuerto de Bucaramanga presenta una disminución del 44 % en el flujo de pasajeros, con más de 12.000 usuarios impactados y la cancelación de 120 vuelos. A esto se suma la suspensión del transporte intermunicipal, que afecta a más de 100.000 pasajeros diarios y limita el acceso a servicios de salud especializada. En el sistema hospitalario, los costos de emergencia han aumentado un 30 % y se presentan dificultades en el suministro de insumos médicos.El impacto se extiende a la seguridad alimentaria. El sector cárnico reporta pérdidas por $2.800 millones, mientras que se han dejado de movilizar entre $6.000 y $7.000 millones en alimentos de primera necesidad. Además, se han perdido cerca de $800 millones en frutas y verduras, y otros $400 millones están en riesgo por tratarse de productos perecederos.En la agroindustria, la situación es igualmente crítica, con 32 vehículos cargados de aceite de palma bloqueados, lo que representa pérdidas cercanas a $12.000 millones. El transporte de carga también está paralizado, con alrededor de 800 camiones detenidos diariamente y sobrecostos que superan los $5.000 millones por jornada.Finalmente, el gremio advirtió que esta crisis ya comienza a reflejarse en el empleo, mientras empresas evalúan ajustes en sus nóminas para enfrentar la reducción de operaciones. Además, se registran pérdidas superiores a $381 millones en el suministro de gas natural en Norte de Santander y afectaciones en el sector avícola, donde aves recién nacidas y huevos fértiles permanecen atrapados en las vías, lo que eleva la alerta por el impacto económico y social en la región.
La ANDI se refirió a la decisión del Gobierno de retirar a Colombia del sistema de arbitraje internacional de inversión. Desde el gremio advirtieron que esta medida tiene serias implicaciones, pues hasta el momento, consideran, se cuenta con un sistema estable y transparente que permite solucionar las disputas."Las narrativas ideológicas deberían ceder su espacio a un estudio basado en datos estadísticos, a análisis en detalle y, de ser necesario, a propuestas de ajuste que permitan mejorar aspectos puntuales en caso de que se concluya que existen espacios de mejora. Una solución radical de abandonar un sistema de solución de disputas, sin ofrecer alternativas prácticas y viables en el corto plazo, solo afecta negativamente el nivel de confianza que el Estado colombiano transmite a los mercados internacionales y debilita nuestra posición frente a otros Estados que también aspiran ser destino para la inversión internacional", dice la ANDI.El presidente Gustavo Petro anunció esta decisión asegurando que los Estados generalmente pierden y que Colombia tiene en riesgo $52 billones en ese sistema de disputas.“Varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje, entre esos Estados Unidos, no veo por qué Colombia no tenga que hacerlo”, dijo Petro.La ANDI también dijo que estas decisiones deben tomarse tras escuchar a distintos sectores y tener en cuenta perspectivas diversas, algo que en este caso no sucedió, según dice el gremio."Lamentamos que esta no hayan sido las condiciones en que se ha desarrollado este proceso de decisión, por lo que es nuestro deber alertar sobre las consecuencias negativas que una decisión así tomada tendrá para el sistema productivo y, por tanto, para las opciones de empleo que se dejarán de presentar para los trabajadores colombianos", se lee en el comunicado de la ANDI.
Crecen las alertas desde distintos sectores frente a la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la liquidación de varias EPS. Tanto Asocajas como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) coincidieron en que, sin una planeación adecuada, la medida podría agravar la crisis del sistema y afectar a millones de usuarios.Asocajas advirtió que el principal riesgo está en el traslado masivo de afiliados sin un plan claro, lo que podría generar desorden en la atención y afectar la continuidad de tratamientos. El gremio señaló que muchas de las personas que serían reubicadas provienen de EPS con fallas, por lo que llegan con citas atrasadas, procedimientos pendientes y necesidades urgentes, lo que aumentaría la presión sobre las entidades receptoras.En la misma línea, la Andi aseguró que el país enfrenta uno de los momentos más críticos en materia de salud, con problemas financieros que ya están impactando la prestación de servicios, el pago al personal médico y la entrega de medicamentos. Según el gremio, la eventual liquidación podría afectar al menos a 11,8 millones de afiliados.Ambas organizaciones coincidieron en que uno de los puntos más delicados es la capacidad real del sistema para recibir a estos pacientes. Advirtieron que las EPS que asuman a los nuevos usuarios podrían no estar preparadas, lo que se traduciría en demoras en citas, procedimientos e interrupciones en tratamientos, incluso en casos de alta complejidad.Además del impacto en la atención, la ANDI alertó sobre las consecuencias económicas de la medida. Señaló que una liquidación podría agravar la crisis financiera del sistema, afectar a clínicas y hospitales, y poner en riesgo el pago al talento humano en salud.Frente a este panorama, tanto Asocajas como la ANDI hicieron un llamado al Gobierno nacional para evitar decisiones improvisadas y garantizar una transición organizada. Insisten en que cualquier cambio debe priorizar a los pacientes y asegurar que la atención en salud no se vea interrumpida.
España vs. Uruguay afrontarán este viernes uno de los partidos más importantes de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en el estadio de Guadalajara, donde ambas selecciones buscarán asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, aunque llegan con panoramas muy diferentes. Mientras la Roja depende de sí misma para terminar como líder del Grupo H, la Celeste está obligada a sumar para evitar una eliminación prematura.El conjunto dirigido por Luis de la Fuente lidera la zona con cuatro puntos, producto del empate frente a Cabo Verde y la contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí. Uruguay, por su parte, solo suma dos unidades tras igualar en sus dos primeros compromisos y necesita un resultado positivo para seguir con vida en el torneo.Posibles alineaciones de Uruguay vs. EspañaEspaña: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.Uruguay: Fernando Muslera o Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio o Darwin Núñez, Federico Viñas y Ronald Araújo.Seleccionador: Marcelo Bielsa.¿Qué necesita España para asegurar el primer lugar del Grupo H?La selección española llega al compromiso con el impulso que dejó la goleada sobre Arabia Saudí, un resultado que disipó las dudas generadas tras el inesperado empate en el debut frente a Cabo Verde.Con cuatro puntos en la clasificación, España depende de sí misma para avanzar a la siguiente ronda. Un empate le alcanzaría para asegurar el boleto a los dieciseisavos de final, aunque el objetivo del cuerpo técnico pasa por conseguir una victoria que garantice el liderato del grupo y permita afrontar la fase eliminatoria sin depender de otros resultados.Luis de la Fuente parece haber encontrado la base del equipo tras introducir varias modificaciones en la segunda jornada, por lo que la mayoría de esos cambios tendrían continuidad frente a Uruguay. La principal incógnita estaría en el lateral derecho, donde Marcos Llorente podría recuperar la titularidad en lugar de Pedro Porro.Uno de los futbolistas que concentrará la atención será Lamine Yamal.El extremo regresó frente a Arabia Saudí después de superar la lesión muscular con la que llegó al Mundial y apenas necesitó disputar el primer tiempo para convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro.Todo apunta a que tendrá una mayor carga de minutos ante Uruguay, en un ataque que también contará con Mikel Oyarzabal, Álex Baena y el respaldo de un mediocampo liderado por Rodri, Pedri y Dani Olmo.Además, el cuerpo técnico español espera seguir sumando ritmo competitivo para futbolistas como Nico Williams y Mikel Merino, considerados piezas importantes de cara a las rondas eliminatorias.Uruguay llega con presión y varias dudas en su alineaciónLa situación de la selección dirigida por Marcelo Bielsa es mucho más compleja.Después de empatar frente a Arabia Saudí y Cabo Verde, la Celeste necesita puntuar para mantener opciones de clasificación. Una victoria le permitiría incluso aspirar al liderato del grupo, mientras que un empate la obligaría a esperar el resultado del compromiso entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Una derrota, en cambio, la dejaría prácticamente eliminada.El entrenador argentino recupera una pieza importante para este compromiso. José María Giménez, ausente en los dos primeros partidos por un problema en el tobillo, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a regresar al centro de la defensa.En contraste, Giorgian De Arrascaeta continúa recuperándose de una lesión muscular y Ronald Araújo sigue siendo duda, aunque en los últimos entrenamientos ya realizó trabajos con balón y mantiene opciones de estar disponible.Otra de las incógnitas pasa por la portería. Fernando Muslera fue titular en los dos primeros encuentros tras regresar a la selección, pero un error cometido frente a Cabo Verde reabrió el debate sobre la posibilidad de que Sergio Rochet recupere el puesto bajo los tres palos.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
