La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) expresó su respaldo al nombramiento de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud y Protección Social del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, al considerar que su llegada representa una oportunidad para construir acuerdos que permitan superar la crisis que atraviesa el sistema de salud.A través de un comunicado, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró que Vesga asume el cargo en uno de los momentos más complejos para el sector, pero destacó que cuenta con las capacidades técnicas y personales para convocar a los diferentes actores alrededor de una solución nacional. No obstante, advirtió que la magnitud de la crisis exige diálogo, coordinación y concertación, pues no existen soluciones inmediatas.El gremio reiteró que está dispuesto a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Salud y puso a disposición de la nueva ministra una serie de propuestas construidas con distintos actores del sector. Entre las prioridades planteadas por la ANDI se encuentran superar la crisis operativa y financiera que afecta la atención de millones de colombianos, recuperar la confianza en el sistema y avanzar en una reestructuración que garantice su sostenibilidad a largo plazo.“No existen soluciones inmediatas para una crisis de esta magnitud; será necesaria una amplia capacidad de diálogo, coordinación y concertación para avanzar en su recuperación. Desde la ANDI reconocemos la importancia de la responsabilidad que hoy asume y reiteramos nuestra disposición para contribuir a la construcción de soluciones que fortalezcan el sistema de salud de los colombianos", afirmó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.Finalmente, la organización manifestó que estos aportes buscan servir como insumo para la construcción del componente de salud del Plan Nacional de Desarrollo y reiteró su disposición para acompañar la gestión de Ana María Vesga en la búsqueda de un sistema de salud más sólido, confiable y al servicio de los colombianos.
La iniciativa reúne a ANDI, ABACO, Presentes Corporación y Fundación TAAP, organizaciones que se integran a la campaña Fuerza Venezuela y a la plataforma Todos con Venezuela para recaudar recursos económicos y ayudas humanitarias destinadas a la atención de los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas.La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en alianza con ABACO, Presentes Corporación y la Fundación TAAP, se unió a la campaña Fuerza Venezuela y a la plataforma Todos con Venezuela, una iniciativa que busca canalizar donaciones para apoyar a las familias afectadas por los terremotos registrados esta semana en el país vecino.La campaña tiene como objetivo responder a las necesidades más urgentes de la emergencia humanitaria y aportar al proceso de reconstrucción de las comunidades impactadas.Las donaciones podrán realizarse de dos maneras. La primera es mediante aportes económicos, destinados tanto a la atención inmediata de las personas damnificadas como a las labores de reconstrucción. La segunda corresponde a donaciones en especie, que incluyen insumos médicos, alimentos, productos de higiene y elementos de primera necesidad.Como requisito para participar, los donantes deberán diligenciar un manifiesto de donación antes de realizar su aporte. Además, la Fundación TAAP dispondrá de centros de acopio para recibir las ayudas humanitarias.Las organizaciones participantes hicieron un llamado a ciudadanos, empresas y demás sectores de la sociedad a sumarse a esta iniciativa solidaria, con el fin de brindar apoyo a las familias venezolanas afectadas por la emergencia y contribuir a su recuperación.
Este miércoles se instaló en Barranquilla el 19 Encuentro Nacional de Laboralistas. Como invitado al evento estuvo el ministro de trabajo Antonio Sanguino, quien aprovechó su visita a la capital del Atlántico para indicar que cómo país y sociedad se vienen unos nuevos desafíos que tienen que ser enfrentados por el nuevo Gobierno en cabeza del presidente Electo Abelardo De la Espriella.Frente a esto Sanguino afirmó que están listos para empezar el empalme son todo lo hecho en su ministerio e indicó que esperan que una vez pasada la coyuntura electoral, la Corte Constitucional resuelva las demandas pendientes para dar trámite a la reforma pensional.“Esperemos que los fondos privados trasladen los recursos y los ahorros de esas personas que se han trasladado y que no lo han querido hacer. Y esperemos que el nuevo Gobierno obligue a los fondos privados a que trasladen de esos fondos privados los recursos ahorrados por los colombianos que ahora están en el fondo público”, invitó el ministro.Sobre la propuesta del presidente electo de suprimir algunos ministerios del Gobierno indicó que Abelardo De La Espriella necesitaría una reforma del Estado y que esta sea aprobada por el Congreso de la República para poder hacer dichos recortes.“Ellos requerirían una reforma del Estado y esa reforma del Estado tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. Así que no es que yo quiera recortar porque quiera hacerlo.Hay unos trámites que están establecidos en nuestra democracia y necesitaría el nuevo presidente de la República facultades que le otorgue el Congreso de la República o una ley que reestructura el Estado colombiano para proceder a una decisión de esa naturaleza y en todo caso hablar de 700 mil trabajadores en la calle es una verdadera masacre laboral”, enfatizó.Frente a las investigaciones a empresarios por presuntas presiones electorales, afirmó que estas siguen su curso y que de confirmarse podrían derivar en sanciones o medidas concretas por parte del Ministerio.“Si ese constreñimiento es comprobado por parte de las instancias del Ministerio del Trabajo, tendrán que derivar, por supuesto, en las sanciones correspondientes, como también hay que reiterar que son conductas tipificadas en el Código Penal, así que deberán también desarrollarse las investigaciones respectivas por parte de la Fiscalía. Nosotros recibimos cerca de 400 quejas y en su mayoría dieron origen a investigaciones que se están adelantando en el Ministerio de Trabajo”, puntualizó.El alto funcionario expresó gran preocupación por varias decisiones políticas que se darían en el nuevo gobierno que podrían poner, según dijo, en riesgo las conquistas laborales alcanzadas en el Gobierno Petro.
Todo un revuelo ha causado un estudio de la Universidad de Antioquia, que advierte como lo han dicho los gremios económicos del país, sobre las inquietudes por los reportes estadísticos revelados por el DANE.A través de un comunicado, la entidad estadística afirmó que el análisis de la Universidad de Antioquia no incorpora la Actualización del Marco 2018, vigente en la Gran Encuesta Integrada de Hogares desde 2021 y publicada en la página web del DANE.Además, advierte que, tener en cuenta ese ajuste es necesario para interpretar correctamente las cifras del mercado laboral.En respuesta, Edwin Esteban Torres Gómez, doctor en Economía e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y líder de la investigación, recalcó que el estudio se ejecutó con parámetros y variables técnicas"Y no lo hemos mencionado en ningún espacio y hemos sido muy cuidadosos con este tema. Nuestro estudio es un estudio netamente académico que busca entender la realidad de los datos del mercado laboral, porque nosotros permanentemente estamos revisando estos datos, y con esos datos se toman decisiones de política económica. Y lo que queremos advertir es que no entendemos las diferencias tan grandes y que empiezan a crecer, especialmente a partir de junio de 2024”, recalcó el catedrático.Los gremios económicos del país tampoco fueron ajenos a la discusión. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI a través de un trino en su cuenta de X resaltó: “llevamos varios meses resaltando la inconsistencia entre los datos entregados por el DANE y los datos incluidos en el PILA/UGPP que es el registro oficial de personas trabajando y aportando al sistema de seguridad social”.Además, el líder de los empresarios e industriales del país subrayó: “esta situación merece una revisión metodológica porque mucho tememos que la información que se publica regularmente no está dando información fidedigna sobre variables sociales y económicas altamente relevantes”.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, hizo un llamado a todos los actores políticos, institucionales y sociales del país para proteger el proceso electoral y garantizar el respeto por los resultados que surjan de las urnas el próximo 21 de junio.A través de un comunicado, el gremio reiteró que Colombia atraviesa un momento trascendental y por eso la importancia de preservar la confianza en las instituciones democráticas.Para la ANDI, el proceso electoral constituye un pilar fundamental para la democracia y la estabilidad del país pero para protegerlos es necesario fortalecer la legitimidad de las elecciones y promover un ambiente de respeto hacia las decisiones ciudadanas.“La democracia exige que todos los actores políticos, sociales e institucionales contribuyamos a preservar la legitimidad y la credibilidad de las elecciones”, plasmaron en el comunicado.La ANDI también hizo un llamado directo a los candidatos presidenciales, a los movimientos políticos, al Gobierno y a la ciudadanía para actuar con responsabilidad durante la etapa electoral.“Todos los sectores deben respetar las instituciones y comprometerse desde ya a reconocer los resultados oficiales que surjan de un proceso electoral debidamente garantizado”, insistieron.Finalmente, la ANDI resaltó el papel que ha desempeñado la Registraduría Nacional en la organización de las elecciones actuando con “criterios de neutralidad, objetividad y rigor técnico” para asegurar que la voluntad de los ciudadanos sea respetada y reflejada fielmente en los resultados electorales, como ocurrió en la primera vuelta.
El contundente crecimiento de carros eléctricos e híbridos en Colombia durante marzo de 2026 confirma el momento de expansión que vive la movilidad sostenible en el país. Según cifras de la ANDI y Fenalco, solo en ese mes se matricularon 5.083 vehículos eléctricos, lo que representa un aumento del 267 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que los híbridos alcanzaron 7.631 unidades, con un crecimiento del 72,3 %.Este comportamiento se enmarca en un arranque de año histórico para el sector automotor colombiano. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 73.659 vehículos nuevos, la cifra más alta para este periodo desde 2012, evidenciando no solo la recuperación del mercado, sino también el protagonismo que han ganado las tecnologías limpias en las decisiones de compra.La tendencia no es aislada. Durante 2025, Colombia ya había mostrado señales claras de esta transición, con 19.724 vehículos eléctricos y 67.899 híbridos matriculados. A la par, el país ha venido fortaleciendo su infraestructura de carga, alcanzando 229 estaciones públicas, 401 cargadores y 746 conectores a octubre del año pasado, lo que facilita la adopción de estas tecnologías.En medio de este auge, iniciativas como el Rueda Eléctrica Fest buscan acercar esta transformación a los ciudadanos. El evento, considerado el primero de su tipo en el país, se llevará a cabo del 7 al 10 de mayo en el Unicentro Bogotá, reuniendo marcas, expertos y público general en un espacio diseñado para experimentar de primera mano la movilidad eléctrica.El festival contará con la participación de cerca de 20 marcas automotrices y ofrecerá una agenda que incluye exhibiciones, experiencias en vivo y espacios de conversación. Entre sus contenidos destaca el videopodcast “Energía sobre Ruedas”, enfocado en explicar de manera práctica la evolución de la industria, la infraestructura, la tecnología y los nuevos hábitos de movilidad en el país.Más allá del crecimiento en ventas, la expansión de la movilidad eléctrica abre una discusión más amplia sobre sostenibilidad, transformación urbana y reducción de emisiones. En ese sentido, actores como CECODES destacan la importancia de avanzar en la descarbonización del transporte, articulando esfuerzos entre el público y privado para consolidar una movilidad más eficiente, accesible y alineada con los desafíos ambientales del país.
La Asociación Nacional de Industriales envió un concepto a la Corte Constitucional en donde argumenta su postura para pedir que se caiga la emergencia económica, si bien la Andi reconoce que lo ocurrido en regiones como Córdoba tras la ola invernal sí se trata de un hecho grave, no es sobreviniente ni imprevisible.En el documento, firmado por el presidente del gremio, Bruce Mac Master, la Andi plantea que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales para la declaratoria de un estado de excepción. En ese sentido, sostiene que la medida no satisface el presupuesto fáctico ni supera el juicio valorativo exigido por la Constitución.“El decreto acredita, es cierto, que el fenómeno hidrometeorológico produjo daños significativos: pérdidas humanas, afectaciones a viviendas, infraestructura, producción agropecuaria y ecosistemas. La Andi no desconoce la tragedia que aún embarga a la región Caribe. Sin embargo, en ningún punto el Decreto 0150 de 2026 demuestra que dichas afectaciones sean constitucionalmente inmanejables mediante los mecanismos ordinarios del Estado”, señaló la Andi.La Corte Constitucional deberá evaluar las solicitudes y conceptos que han llegado allí al alto tribunal sobre la emergencia económica. En ese sentido, se espera que esta misma semana los magistrados se reúnan para evaluar las solicitudes de suspensión provisional que pesan sobre el decreto.
El debate sobre los sellos en alimentos vuelve a tomar fuerza en Colombia. Esta vez, por la propuesta del Ministerio de Salud de incluir una nueva advertencia para productos ultraprocesados, una medida que ya genera posiciones encontradas entre organizaciones sociales y la industria.En Mañanas Blu, el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, Camilo Montes, señaló que "a alguien se le ocurrió ser experimentar en Colombia con una advertencia que no existe en ninguna parte del planeta". Para el gremio, el cambio no solo es innecesario, sino que podría tener efectos económicos importantes.“Es darle información clara al consumidor”: Red Papaz defiende nuevo etiquetadoDesde la otra orilla, Lina Cerón, de Red Papaz, defendió la propuesta y explicó que responde a nueva evidencia científica.“Esta nueva advertencia lo que se propone es darle información clara al consumidor”, afirmó. Según explicó, el objetivo es que las personas puedan identificar cuándo están frente a un producto ultraprocesado, más allá de los sellos actuales que advierten sobre exceso de azúcar, sodio o grasas.Cerón señaló que estudios recientes han mostrado cambios en hábitos de consumo tras la implementación del etiquetado frontal. “Se ha demostrado… una reducción del consumo de bebidas azucaradas y frituras”, dijo, al insistir en que el sistema debe evolucionar con base en la evidencia.Además, defendió los llamados microsellos en empaques pequeños, argumentando que hoy muchos productos no muestran información clara o dependen de códigos QR que, en la práctica, no funcionan.“Esto es un experimento”: industria alerta por costos y cambios constantesPara la industria, el tono es distinto. Montes advirtió que el país está frente a una nueva modificación en menos de tres años, lo que genera incertidumbre. “Este es el cuarto cambio que nos hacen”, aseguró.Pero su crítica más fuerte apunta al nuevo sello de ultraprocesados: “Es un experimento… una advertencia que no existe en ninguna legislación del mundo”. Según explicó, la medida obligaría a miles de empresas a cambiar empaques, etiquetas y tablas nutricionales.El impacto, dice, no es menor. Solo en un grupo de empresas afiliadas, los costos superarían los 110.000 millones de pesos. “Adivine esos costos dónde van a dar: en los productos”, afirmó.El gremio también advierte que cerca de 70 categorías de alimentos tendrían que ajustarse a la nueva norma, incluyendo productos cotidianos como quesos o embutidos.Mientras el Gobierno avanza en la consulta pública, el país queda en medio de un debate clave: hasta dónde regular para mejorar la salud y hasta dónde hacerlo sin afectar la economía.
La ANDI encendió las alarmas frente al proyecto de resolución del Ministerio de Salud que busca modificar el actual modelo de etiquetado frontal en Colombia. Según el gremio, la propuesta no solo desconoce el impacto en el sector productivo, sino que introduce cambios profundos sin la evidencia científica suficiente ni un proceso de evaluación previo.El pronunciamiento advierte que la medida afectaría a 51.200 empresas del sector, de las cuales el 98,5 % son micro, pequeñas y medianas, lo que podría traducirse en presiones económicas sobre miles de empleos y en el abastecimiento de alimentos. Entre los principales cuestionamientos está la falta de concertación con la industria, pese a solicitudes reiteradas de establecer mesas técnicas de análisis.De acuerdo con el documento, el nuevo esquema implicaría rediseñar la totalidad de etiquetas de alimentos empacados, generando trámites masivos ante entidades como el Invima y aumentando costos operativos. Además, se advierte que la iniciativa podría convertirse en un obstáculo técnico al comercio que no cumple con estándares exigidos por organismos como la Organización Mundial del Comercio y la Comunidad Andina.Uno de los puntos más críticos es la creación de nuevas definiciones, como la de “ultraprocesados”, que según la ANDI no existe en regulaciones internacionales. A esto se suma la obligación de incluir advertencias específicas en productos con ciertos aditivos, la introducción de microsellos en empaques pequeños y la prohibición del uso de códigos QR, pese a estar contemplados en estándares internacionales como el Codex Alimentarius.“Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado y se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo”, afirmó Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara, quien insistió en que la medida generaría costos adicionales innecesarios en la producción y distribución de alimentos.El gremio también cuestiona que el Ministerio impulse este cambio sin haber realizado una evaluación del modelo vigente, establecido mediante la Resolución 810 de 2021 y sus modificaciones posteriores. Según la ANDI, esto iría en contravía de las buenas prácticas regulatorias promovidas por la OCDE y lineamientos nacionales.Finalmente, la Cámara hizo un llamado a empresarios, académicos y demás actores del sector a revisar el proyecto y presentar observaciones antes del plazo establecido por el Ministerio, insistiendo en la necesidad de un debate técnico más amplio sobre una regulación que podría redefinir las reglas del mercado alimentario en el país.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) manifestó su preocupación por el impacto que están generando los bloqueos viales en Santander y Norte de Santander, al advertir que esta situación ya está afectando de manera directa la operación del comercio, la movilidad y la estabilidad del sector productivo en la región.Uno de los puntos más críticos se registra en el corredor entre Cúcuta y Bucaramanga, donde diariamente se movilizan mercancías por un valor cercano a los $120.000 millones. Este eje es considerado clave para el abastecimiento y la competitividad regional, por lo que cualquier interrupción tiene efectos inmediatos en la economía.En el sector logístico e industrial, la Zona Franca Santander ya reporta una caída de $3.800 millones en el valor FOB, reflejada en sus sistemas de inventarios, lo que evidencia una reducción en la actividad exportadora y en la salida de mercancías.La conectividad también se ha visto fuertemente afectada. El aeropuerto de Bucaramanga presenta una disminución del 44 % en el flujo de pasajeros, con más de 12.000 usuarios impactados y la cancelación de 120 vuelos. A esto se suma la suspensión del transporte intermunicipal, que afecta a más de 100.000 pasajeros diarios y limita el acceso a servicios de salud especializada. En el sistema hospitalario, los costos de emergencia han aumentado un 30 % y se presentan dificultades en el suministro de insumos médicos.El impacto se extiende a la seguridad alimentaria. El sector cárnico reporta pérdidas por $2.800 millones, mientras que se han dejado de movilizar entre $6.000 y $7.000 millones en alimentos de primera necesidad. Además, se han perdido cerca de $800 millones en frutas y verduras, y otros $400 millones están en riesgo por tratarse de productos perecederos.En la agroindustria, la situación es igualmente crítica, con 32 vehículos cargados de aceite de palma bloqueados, lo que representa pérdidas cercanas a $12.000 millones. El transporte de carga también está paralizado, con alrededor de 800 camiones detenidos diariamente y sobrecostos que superan los $5.000 millones por jornada.Finalmente, el gremio advirtió que esta crisis ya comienza a reflejarse en el empleo, mientras empresas evalúan ajustes en sus nóminas para enfrentar la reducción de operaciones. Además, se registran pérdidas superiores a $381 millones en el suministro de gas natural en Norte de Santander y afectaciones en el sector avícola, donde aves recién nacidas y huevos fértiles permanecen atrapados en las vías, lo que eleva la alerta por el impacto económico y social en la región.
La situación en el departamento de Risaralda es sumamente crítica tras el reciente movimiento telúrico. El gobernador del departamento, Juan Diego Patiño, calificó las horas posteriores al sismo como un escenario devastador que afecta no solo a la capital, Pereira, sino a la totalidad de los 14 municipios de la región, con especial gravedad en el municipio vecino de Dosquebradas. Las afectaciones incluyen colapsos residenciales, daños severos en sedes institucionales y una saturación sin precedentes de la red hospitalaria.Devastación sin distinción de estratos y colapso institucionalA diferencia de otras emergencias, los daños estructurales se registraron de manera generalizada en toda la escala socioeconómica, debido a la antigüedad de las construcciones y a los nulos refuerzos aplicados tras el histórico terremoto de 1999.Al respecto, el gobernador Patiño detalló el impacto en las zonas residenciales: "Todo todos los estratos socioeconómicos, le quiero decir, incluso el estrato 6 de Pereira, que hablamos de los barrios Álamos, Pinares, tuvo colapso de estructuras completas y los barrios también populares". El mandatario también describió la destrucción de fachadas y viviendas enteras en sectores populares como la comuna Cuba y Perla del Sur.La magnitud del sismo no dio tregua a las sedes de gobierno, obligando a la evacuación inmediata de los funcionarios públicos. El mandatario relató que "infraestructuras como la gobernación de Risaralda, en este momento se encuentra eh impedido el el acceso a la gente. Nosotros tenemos que desde el primer día tuvimos que sacar a toda la gente y estamos atendiendo la administración departamental en entidades descentralizadas".Asimismo, la infraestructura de la Alcaldía de Pereira sufrió daños estructurales significativos.Alerta roja en la red hospitalaria y parálisis de serviciosLa emergencia sanitaria es uno de los frentes más complejos. El municipio de Dos Quebradas, habitado por más de 200,000 personas, reporta ya más de ocho fallecidos, cientos de heridos atendidos en el Hospital Santa Mónica y la pérdida total de servicios esenciales como gas, agua y electricidad en gran parte del territorio durante las primeras 24 horas. Para evitar un colapso inminente de la capacidad médica regional, la administración departamental ha tenido que tomar medidas de choque: "Hemos tenido en el municipio de Pereira que evacuar dos infraestructuras hospitalarias privadas... Estamos con alerta roja hospitalaria atendiendo solamente... urgencias vitales en los hospitales públicos y privados de todo el departamento de Risaralda".A raíz de esto, todos los procedimientos médicos programados han sido suspendidos temporalmente.Búsqueda implacable de sobrevivientesA pesar de las dificultades operativas y las réplicas, la prioridad absoluta sigue concentrada en rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Equipos especializados de rescate de los cuerpos de bomberos de Bogotá, Envigado y otras regiones se han movilizado hacia el departamento. "En este momento hay un despliegue de más de 400 hombres y mujeres que están rescatando vidas todavía", destacó Patiño, compartiendo un mensaje de esperanza tras el rescate con vida de Daniela Largo, una joven de 32 años extraída de los escombros en Pereira al finalizar la jornada previa.
En medio de la compleja situación que viven miles de personas en varias regiones del país tras el fuerte terremoto, los paisas han dicho presentes con donaciones monetarias y físicas que ayudarán a miles de familias que hoy lo necesitan más que nunca.Uno de los anuncios más recientes es un concierto solidario que se hará en La Macarena y en donde el valor de la boleta, que la podrá adquirir en la página web de la Corporación Presentes, irá a los más necesitados en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.Entre los artistas invitados están Luis Alfonso, Pipe Bueno, Felipe Peláez, Kapo, Andy Rivera, Pasabordo, Heberth Vargas y muchos más. Además, harán presencia diferentes influencers como Westcol o Pelicanger, entre otros.Pero hablando de ayudas, una de las opciones que más facilidades le da a las personas es a través de la Corporación Presentes en donde se pueden hacer transferencias usadas para ayudar a los más afectados.“Nuevamente hago ese llamado a la solidaridad. Gracias a todas las personas que se han activado alrededor de la campaña Colombia se levanta. Nuestra plataforma de donaciones individuales ya superó las 5000 donaciones de personas naturales. Esto es un número récord en nuestra historia además de 60 campañas de solidaridad. Sobre las cifras hasta este momento la directora Ana Cristina Moreno.Hay que mencionar que en Medellín hay decenas de puestos de recolección dispuestos en diferentes partes de la ciudad como lo son las bibliotecas públicas en donde llegan alimentos y kits de aseo para enviar a Quibdó, Pereira, Manizales o Cali.El director de Cáritas Arquidiocesana de Medellín, Edwin Ruiz, le pidió a la ciudadanía ponerse la mano en el corazón para poder recoger las ayudas humanitarias que terminarán beneficiando a miles de personas necesitadas.
En la noche de este martes 11 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto 1171 de 2026, declarando oficialmente la Situación de Desastre de Carácter Nacional tras el potente sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.La medida busca activar un régimen especial para atender la emergencia que, según informes técnicos, ha superado la capacidad de respuesta de las administraciones locales y departamentales.“En este momento, aquí, en la sede de la UNGRD en Bogotá, estoy firmando el decreto a través del cual se declara el desastre de carácter nacional. Me encuentro acompañado por el secretario jurídico de la Presidencia y el señor ministro de Hacienda. Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, dijo el presidente De La Espriella en un video publicado en sus redes sociales.Con este decreto, el Gobierno podrá adoptar diferentes medidas entre las que está la redistribución de partidas presupuestales, adoptar un plan de acción, canalizar recursos mediante la subcuenta SISMO 2026, realizar contratación directa para la rehabilitación y reconstrucción, habilitar medidas de protección a usuarios del sistema financiero, permitiendo alivios en créditos y suspensión de procesos ejecutivos para los damnificados registrados, entre otros.
El padre Napoleón García, conocido afectuosamente como el padre “Napo”, compartió en Mañanas Blu un balance de las primeras 48 horas tras el terremoto que sacudió al Chocó. "Fue un momento estremecedor y de esas circunstancias únicas que tal vez solo se presentan en una ocasión”, destacó el religioso en Blu radio.Víctimas y destrucción materialEl párroco confirmó que, hasta el momento, se reportan 14 víctimas mortales en el departamento: 11 en Quibdó y tres en el municipio de Unión Panamericana. No obstante, advirtió que la cifra podría aumentar.Le puede interesar: Sobreocupación supera el 245% tras temblor: agente Hospital San Francisco de Asis en Quibdó"Se espera que haya todavía de pronto una media docena de cuerpos entre los restos y escombros que no se han terminado de mover”, afirmó García. Sobre los daños estructurales, el párroco señaló que el colapso más grave fue un edificio de cuatro pisos en el barrio Medrano, el cual presentaba una “construcción muy deficiente"."Fue un lugar al que le fueron añadiendo pisos y habitaciones, no resistió”, relató. El sacerdote fue enfático en que gran parte del problema radica en que “la vivienda popular no sigue normas técnicas"."La hacen albañiles, maestros de obras, sin suficiente formación técnica”, lo que provocó que decenas de casas en barrios humildes se desplomaran totalmente.Una crisis silenciosa: La salud mentalMás allá de los escombros, al padre García le preocupa la “gran afectación mental y psicológica” de los sobrevivientes. Según su relato, el nerviosismo persiste debido a las réplicas: "Una gran cantidad todavía en los barrios populares no entran a dormir en sus casas, duermen afuera, porque temen lo peor”, dijo.El vicario lamentó la falta de preparación para atender este trauma:"Tal vez no existen, en primer lugar en nuestra gente, en Chocó y en Colombia en general, mucha tradición de atención profesional para la salud mental”, dijo. Ayudas y coordinaciónActualmente, la atención se centraliza a través del Puesto de Mando Unificado y la Pastoral Social. El párroco confirmó que los heridos graves han sido trasladados a Medellín y que se están recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, colchonetas e insumos médicos. Asimismo, mencionó que esperan los recursos anunciados por el Vaticano: “estoy seguro de que la Conferencia Episcopal enviará algunos de sus recursos a Chocó”.Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad nacional, destacando que lo que la gente necesita con más prontitud para recuperar sus hogares son materiales de construcción.Escuche la entrevista:
El Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela en contra el Acuducto Metropolitano de Bucaramanga y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), por el incremento de las tarifas del servicio de acueducto que comenzará a reflejarse en los recibos de los usuarios en los próximos meses.La acción judicial cuestiona la legalidad y proporcionalidad del aumento y sostiene que el ajuste podría afectar derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la dignidad humana, el mínimo vital y el acceso a un servicio esencial como el agua potable.Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el incremento del componente de consumo, que, de acuerdo con la información presentada en la tutela, alcanza cerca del 37 %, mientras que el aumento promedio proyectado en la factura sería del 25,2 %. El proceso también cuestiona que los usuarios terminen asumiendo costos que, según el accionante, estarían relacionados con gastos administrativos y de funcionamiento de la empresa.La tutela además señala que el aumento podría resultar desproporcionado frente a los ingresos de los hogares y advierte sobre una eventual afectación al mínimo vital, particularmente en familias con menores ingresos.¿Por qué aumentará el agua en Bucaramanga?El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha explicado que el incremento no corresponde a una decisión unilateral de la empresa ni de la administración local, sino a la aplicación del nuevo marco tarifario establecido por la CRA mediante la Resolución 1032 de 2026.El gerente del Acueducto, Juan Carlos Suárez, ha señalado que la nueva metodología busca reconocer inversiones realizadas por la empresa que, bajo el esquema tarifario anterior, no habían sido remuneradas completamente a través de las tarifas. Según la información entregada por la entidad, el Acueducto invirtió cerca de 380.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 110.000 millones habían sido cubiertos mediante tarifa.La empresa proyecta que el nuevo marco tarifario genere un incremento promedio de 25,2 %. Sin embargo, el aumento será aplicado de manera gradual entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 para evitar que el impacto llegue de una sola vez a los hogares.Según el Acueducto, mientras el cargo fijo tendrá una reducción del 22,6 %, el componente asociado al consumo tendrá un incremento del 37 %. Al combinar ambos factores se obtiene el aumento promedio proyectado en la factura.Ahora será el juez quien deberá analizar los argumentos presentados en la tutela y determinar si existe una vulneración de derechos fundamentales con la aplicación del nuevo esquema tarifario. La admisión de la acción no significa que el incremento haya sido suspendido ni que el juez haya determinado que sea ilegal.Por ahora, los usuarios deberán esperar el avance del proceso judicial mientras el nuevo esquema tarifario continúa con su aplicación gradual, salvo que dentro del trámite de la tutela se adopte alguna medida que modifique o suspenda su implementación.
