La iniciativa reúne a ANDI, ABACO, Presentes Corporación y Fundación TAAP, organizaciones que se integran a la campaña Fuerza Venezuela y a la plataforma Todos con Venezuela para recaudar recursos económicos y ayudas humanitarias destinadas a la atención de los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas.La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en alianza con ABACO, Presentes Corporación y la Fundación TAAP, se unió a la campaña Fuerza Venezuela y a la plataforma Todos con Venezuela, una iniciativa que busca canalizar donaciones para apoyar a las familias afectadas por los terremotos registrados esta semana en el país vecino.La campaña tiene como objetivo responder a las necesidades más urgentes de la emergencia humanitaria y aportar al proceso de reconstrucción de las comunidades impactadas.Las donaciones podrán realizarse de dos maneras. La primera es mediante aportes económicos, destinados tanto a la atención inmediata de las personas damnificadas como a las labores de reconstrucción. La segunda corresponde a donaciones en especie, que incluyen insumos médicos, alimentos, productos de higiene y elementos de primera necesidad.Como requisito para participar, los donantes deberán diligenciar un manifiesto de donación antes de realizar su aporte. Además, la Fundación TAAP dispondrá de centros de acopio para recibir las ayudas humanitarias.Las organizaciones participantes hicieron un llamado a ciudadanos, empresas y demás sectores de la sociedad a sumarse a esta iniciativa solidaria, con el fin de brindar apoyo a las familias venezolanas afectadas por la emergencia y contribuir a su recuperación.
Este miércoles se instaló en Barranquilla el 19 Encuentro Nacional de Laboralistas. Como invitado al evento estuvo el ministro de trabajo Antonio Sanguino, quien aprovechó su visita a la capital del Atlántico para indicar que cómo país y sociedad se vienen unos nuevos desafíos que tienen que ser enfrentados por el nuevo Gobierno en cabeza del presidente Electo Abelardo De la Espriella.Frente a esto Sanguino afirmó que están listos para empezar el empalme son todo lo hecho en su ministerio e indicó que esperan que una vez pasada la coyuntura electoral, la Corte Constitucional resuelva las demandas pendientes para dar trámite a la reforma pensional.“Esperemos que los fondos privados trasladen los recursos y los ahorros de esas personas que se han trasladado y que no lo han querido hacer. Y esperemos que el nuevo Gobierno obligue a los fondos privados a que trasladen de esos fondos privados los recursos ahorrados por los colombianos que ahora están en el fondo público”, invitó el ministro.Sobre la propuesta del presidente electo de suprimir algunos ministerios del Gobierno indicó que Abelardo De La Espriella necesitaría una reforma del Estado y que esta sea aprobada por el Congreso de la República para poder hacer dichos recortes.“Ellos requerirían una reforma del Estado y esa reforma del Estado tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. Así que no es que yo quiera recortar porque quiera hacerlo.Hay unos trámites que están establecidos en nuestra democracia y necesitaría el nuevo presidente de la República facultades que le otorgue el Congreso de la República o una ley que reestructura el Estado colombiano para proceder a una decisión de esa naturaleza y en todo caso hablar de 700 mil trabajadores en la calle es una verdadera masacre laboral”, enfatizó.Frente a las investigaciones a empresarios por presuntas presiones electorales, afirmó que estas siguen su curso y que de confirmarse podrían derivar en sanciones o medidas concretas por parte del Ministerio.“Si ese constreñimiento es comprobado por parte de las instancias del Ministerio del Trabajo, tendrán que derivar, por supuesto, en las sanciones correspondientes, como también hay que reiterar que son conductas tipificadas en el Código Penal, así que deberán también desarrollarse las investigaciones respectivas por parte de la Fiscalía. Nosotros recibimos cerca de 400 quejas y en su mayoría dieron origen a investigaciones que se están adelantando en el Ministerio de Trabajo”, puntualizó.El alto funcionario expresó gran preocupación por varias decisiones políticas que se darían en el nuevo gobierno que podrían poner, según dijo, en riesgo las conquistas laborales alcanzadas en el Gobierno Petro.
Todo un revuelo ha causado un estudio de la Universidad de Antioquia, que advierte como lo han dicho los gremios económicos del país, sobre las inquietudes por los reportes estadísticos revelados por el DANE.A través de un comunicado, la entidad estadística afirmó que el análisis de la Universidad de Antioquia no incorpora la Actualización del Marco 2018, vigente en la Gran Encuesta Integrada de Hogares desde 2021 y publicada en la página web del DANE.Además, advierte que, tener en cuenta ese ajuste es necesario para interpretar correctamente las cifras del mercado laboral.En respuesta, Edwin Esteban Torres Gómez, doctor en Economía e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y líder de la investigación, recalcó que el estudio se ejecutó con parámetros y variables técnicas"Y no lo hemos mencionado en ningún espacio y hemos sido muy cuidadosos con este tema. Nuestro estudio es un estudio netamente académico que busca entender la realidad de los datos del mercado laboral, porque nosotros permanentemente estamos revisando estos datos, y con esos datos se toman decisiones de política económica. Y lo que queremos advertir es que no entendemos las diferencias tan grandes y que empiezan a crecer, especialmente a partir de junio de 2024”, recalcó el catedrático.Los gremios económicos del país tampoco fueron ajenos a la discusión. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI a través de un trino en su cuenta de X resaltó: “llevamos varios meses resaltando la inconsistencia entre los datos entregados por el DANE y los datos incluidos en el PILA/UGPP que es el registro oficial de personas trabajando y aportando al sistema de seguridad social”.Además, el líder de los empresarios e industriales del país subrayó: “esta situación merece una revisión metodológica porque mucho tememos que la información que se publica regularmente no está dando información fidedigna sobre variables sociales y económicas altamente relevantes”.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, hizo un llamado a todos los actores políticos, institucionales y sociales del país para proteger el proceso electoral y garantizar el respeto por los resultados que surjan de las urnas el próximo 21 de junio.A través de un comunicado, el gremio reiteró que Colombia atraviesa un momento trascendental y por eso la importancia de preservar la confianza en las instituciones democráticas.Para la ANDI, el proceso electoral constituye un pilar fundamental para la democracia y la estabilidad del país pero para protegerlos es necesario fortalecer la legitimidad de las elecciones y promover un ambiente de respeto hacia las decisiones ciudadanas.“La democracia exige que todos los actores políticos, sociales e institucionales contribuyamos a preservar la legitimidad y la credibilidad de las elecciones”, plasmaron en el comunicado.La ANDI también hizo un llamado directo a los candidatos presidenciales, a los movimientos políticos, al Gobierno y a la ciudadanía para actuar con responsabilidad durante la etapa electoral.“Todos los sectores deben respetar las instituciones y comprometerse desde ya a reconocer los resultados oficiales que surjan de un proceso electoral debidamente garantizado”, insistieron.Finalmente, la ANDI resaltó el papel que ha desempeñado la Registraduría Nacional en la organización de las elecciones actuando con “criterios de neutralidad, objetividad y rigor técnico” para asegurar que la voluntad de los ciudadanos sea respetada y reflejada fielmente en los resultados electorales, como ocurrió en la primera vuelta.
El contundente crecimiento de carros eléctricos e híbridos en Colombia durante marzo de 2026 confirma el momento de expansión que vive la movilidad sostenible en el país. Según cifras de la ANDI y Fenalco, solo en ese mes se matricularon 5.083 vehículos eléctricos, lo que representa un aumento del 267 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que los híbridos alcanzaron 7.631 unidades, con un crecimiento del 72,3 %.Este comportamiento se enmarca en un arranque de año histórico para el sector automotor colombiano. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 73.659 vehículos nuevos, la cifra más alta para este periodo desde 2012, evidenciando no solo la recuperación del mercado, sino también el protagonismo que han ganado las tecnologías limpias en las decisiones de compra.La tendencia no es aislada. Durante 2025, Colombia ya había mostrado señales claras de esta transición, con 19.724 vehículos eléctricos y 67.899 híbridos matriculados. A la par, el país ha venido fortaleciendo su infraestructura de carga, alcanzando 229 estaciones públicas, 401 cargadores y 746 conectores a octubre del año pasado, lo que facilita la adopción de estas tecnologías.En medio de este auge, iniciativas como el Rueda Eléctrica Fest buscan acercar esta transformación a los ciudadanos. El evento, considerado el primero de su tipo en el país, se llevará a cabo del 7 al 10 de mayo en el Unicentro Bogotá, reuniendo marcas, expertos y público general en un espacio diseñado para experimentar de primera mano la movilidad eléctrica.El festival contará con la participación de cerca de 20 marcas automotrices y ofrecerá una agenda que incluye exhibiciones, experiencias en vivo y espacios de conversación. Entre sus contenidos destaca el videopodcast “Energía sobre Ruedas”, enfocado en explicar de manera práctica la evolución de la industria, la infraestructura, la tecnología y los nuevos hábitos de movilidad en el país.Más allá del crecimiento en ventas, la expansión de la movilidad eléctrica abre una discusión más amplia sobre sostenibilidad, transformación urbana y reducción de emisiones. En ese sentido, actores como CECODES destacan la importancia de avanzar en la descarbonización del transporte, articulando esfuerzos entre el público y privado para consolidar una movilidad más eficiente, accesible y alineada con los desafíos ambientales del país.
La Asociación Nacional de Industriales envió un concepto a la Corte Constitucional en donde argumenta su postura para pedir que se caiga la emergencia económica, si bien la Andi reconoce que lo ocurrido en regiones como Córdoba tras la ola invernal sí se trata de un hecho grave, no es sobreviniente ni imprevisible.En el documento, firmado por el presidente del gremio, Bruce Mac Master, la Andi plantea que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales para la declaratoria de un estado de excepción. En ese sentido, sostiene que la medida no satisface el presupuesto fáctico ni supera el juicio valorativo exigido por la Constitución.“El decreto acredita, es cierto, que el fenómeno hidrometeorológico produjo daños significativos: pérdidas humanas, afectaciones a viviendas, infraestructura, producción agropecuaria y ecosistemas. La Andi no desconoce la tragedia que aún embarga a la región Caribe. Sin embargo, en ningún punto el Decreto 0150 de 2026 demuestra que dichas afectaciones sean constitucionalmente inmanejables mediante los mecanismos ordinarios del Estado”, señaló la Andi.La Corte Constitucional deberá evaluar las solicitudes y conceptos que han llegado allí al alto tribunal sobre la emergencia económica. En ese sentido, se espera que esta misma semana los magistrados se reúnan para evaluar las solicitudes de suspensión provisional que pesan sobre el decreto.
El debate sobre los sellos en alimentos vuelve a tomar fuerza en Colombia. Esta vez, por la propuesta del Ministerio de Salud de incluir una nueva advertencia para productos ultraprocesados, una medida que ya genera posiciones encontradas entre organizaciones sociales y la industria.En Mañanas Blu, el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, Camilo Montes, señaló que "a alguien se le ocurrió ser experimentar en Colombia con una advertencia que no existe en ninguna parte del planeta". Para el gremio, el cambio no solo es innecesario, sino que podría tener efectos económicos importantes.“Es darle información clara al consumidor”: Red Papaz defiende nuevo etiquetadoDesde la otra orilla, Lina Cerón, de Red Papaz, defendió la propuesta y explicó que responde a nueva evidencia científica.“Esta nueva advertencia lo que se propone es darle información clara al consumidor”, afirmó. Según explicó, el objetivo es que las personas puedan identificar cuándo están frente a un producto ultraprocesado, más allá de los sellos actuales que advierten sobre exceso de azúcar, sodio o grasas.Cerón señaló que estudios recientes han mostrado cambios en hábitos de consumo tras la implementación del etiquetado frontal. “Se ha demostrado… una reducción del consumo de bebidas azucaradas y frituras”, dijo, al insistir en que el sistema debe evolucionar con base en la evidencia.Además, defendió los llamados microsellos en empaques pequeños, argumentando que hoy muchos productos no muestran información clara o dependen de códigos QR que, en la práctica, no funcionan.“Esto es un experimento”: industria alerta por costos y cambios constantesPara la industria, el tono es distinto. Montes advirtió que el país está frente a una nueva modificación en menos de tres años, lo que genera incertidumbre. “Este es el cuarto cambio que nos hacen”, aseguró.Pero su crítica más fuerte apunta al nuevo sello de ultraprocesados: “Es un experimento… una advertencia que no existe en ninguna legislación del mundo”. Según explicó, la medida obligaría a miles de empresas a cambiar empaques, etiquetas y tablas nutricionales.El impacto, dice, no es menor. Solo en un grupo de empresas afiliadas, los costos superarían los 110.000 millones de pesos. “Adivine esos costos dónde van a dar: en los productos”, afirmó.El gremio también advierte que cerca de 70 categorías de alimentos tendrían que ajustarse a la nueva norma, incluyendo productos cotidianos como quesos o embutidos.Mientras el Gobierno avanza en la consulta pública, el país queda en medio de un debate clave: hasta dónde regular para mejorar la salud y hasta dónde hacerlo sin afectar la economía.
La ANDI encendió las alarmas frente al proyecto de resolución del Ministerio de Salud que busca modificar el actual modelo de etiquetado frontal en Colombia. Según el gremio, la propuesta no solo desconoce el impacto en el sector productivo, sino que introduce cambios profundos sin la evidencia científica suficiente ni un proceso de evaluación previo.El pronunciamiento advierte que la medida afectaría a 51.200 empresas del sector, de las cuales el 98,5 % son micro, pequeñas y medianas, lo que podría traducirse en presiones económicas sobre miles de empleos y en el abastecimiento de alimentos. Entre los principales cuestionamientos está la falta de concertación con la industria, pese a solicitudes reiteradas de establecer mesas técnicas de análisis.De acuerdo con el documento, el nuevo esquema implicaría rediseñar la totalidad de etiquetas de alimentos empacados, generando trámites masivos ante entidades como el Invima y aumentando costos operativos. Además, se advierte que la iniciativa podría convertirse en un obstáculo técnico al comercio que no cumple con estándares exigidos por organismos como la Organización Mundial del Comercio y la Comunidad Andina.Uno de los puntos más críticos es la creación de nuevas definiciones, como la de “ultraprocesados”, que según la ANDI no existe en regulaciones internacionales. A esto se suma la obligación de incluir advertencias específicas en productos con ciertos aditivos, la introducción de microsellos en empaques pequeños y la prohibición del uso de códigos QR, pese a estar contemplados en estándares internacionales como el Codex Alimentarius.“Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado y se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo”, afirmó Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara, quien insistió en que la medida generaría costos adicionales innecesarios en la producción y distribución de alimentos.El gremio también cuestiona que el Ministerio impulse este cambio sin haber realizado una evaluación del modelo vigente, establecido mediante la Resolución 810 de 2021 y sus modificaciones posteriores. Según la ANDI, esto iría en contravía de las buenas prácticas regulatorias promovidas por la OCDE y lineamientos nacionales.Finalmente, la Cámara hizo un llamado a empresarios, académicos y demás actores del sector a revisar el proyecto y presentar observaciones antes del plazo establecido por el Ministerio, insistiendo en la necesidad de un debate técnico más amplio sobre una regulación que podría redefinir las reglas del mercado alimentario en el país.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) manifestó su preocupación por el impacto que están generando los bloqueos viales en Santander y Norte de Santander, al advertir que esta situación ya está afectando de manera directa la operación del comercio, la movilidad y la estabilidad del sector productivo en la región.Uno de los puntos más críticos se registra en el corredor entre Cúcuta y Bucaramanga, donde diariamente se movilizan mercancías por un valor cercano a los $120.000 millones. Este eje es considerado clave para el abastecimiento y la competitividad regional, por lo que cualquier interrupción tiene efectos inmediatos en la economía.En el sector logístico e industrial, la Zona Franca Santander ya reporta una caída de $3.800 millones en el valor FOB, reflejada en sus sistemas de inventarios, lo que evidencia una reducción en la actividad exportadora y en la salida de mercancías.La conectividad también se ha visto fuertemente afectada. El aeropuerto de Bucaramanga presenta una disminución del 44 % en el flujo de pasajeros, con más de 12.000 usuarios impactados y la cancelación de 120 vuelos. A esto se suma la suspensión del transporte intermunicipal, que afecta a más de 100.000 pasajeros diarios y limita el acceso a servicios de salud especializada. En el sistema hospitalario, los costos de emergencia han aumentado un 30 % y se presentan dificultades en el suministro de insumos médicos.El impacto se extiende a la seguridad alimentaria. El sector cárnico reporta pérdidas por $2.800 millones, mientras que se han dejado de movilizar entre $6.000 y $7.000 millones en alimentos de primera necesidad. Además, se han perdido cerca de $800 millones en frutas y verduras, y otros $400 millones están en riesgo por tratarse de productos perecederos.En la agroindustria, la situación es igualmente crítica, con 32 vehículos cargados de aceite de palma bloqueados, lo que representa pérdidas cercanas a $12.000 millones. El transporte de carga también está paralizado, con alrededor de 800 camiones detenidos diariamente y sobrecostos que superan los $5.000 millones por jornada.Finalmente, el gremio advirtió que esta crisis ya comienza a reflejarse en el empleo, mientras empresas evalúan ajustes en sus nóminas para enfrentar la reducción de operaciones. Además, se registran pérdidas superiores a $381 millones en el suministro de gas natural en Norte de Santander y afectaciones en el sector avícola, donde aves recién nacidas y huevos fértiles permanecen atrapados en las vías, lo que eleva la alerta por el impacto económico y social en la región.
La ANDI se refirió a la decisión del Gobierno de retirar a Colombia del sistema de arbitraje internacional de inversión. Desde el gremio advirtieron que esta medida tiene serias implicaciones, pues hasta el momento, consideran, se cuenta con un sistema estable y transparente que permite solucionar las disputas."Las narrativas ideológicas deberían ceder su espacio a un estudio basado en datos estadísticos, a análisis en detalle y, de ser necesario, a propuestas de ajuste que permitan mejorar aspectos puntuales en caso de que se concluya que existen espacios de mejora. Una solución radical de abandonar un sistema de solución de disputas, sin ofrecer alternativas prácticas y viables en el corto plazo, solo afecta negativamente el nivel de confianza que el Estado colombiano transmite a los mercados internacionales y debilita nuestra posición frente a otros Estados que también aspiran ser destino para la inversión internacional", dice la ANDI.El presidente Gustavo Petro anunció esta decisión asegurando que los Estados generalmente pierden y que Colombia tiene en riesgo $52 billones en ese sistema de disputas.“Varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje, entre esos Estados Unidos, no veo por qué Colombia no tenga que hacerlo”, dijo Petro.La ANDI también dijo que estas decisiones deben tomarse tras escuchar a distintos sectores y tener en cuenta perspectivas diversas, algo que en este caso no sucedió, según dice el gremio."Lamentamos que esta no hayan sido las condiciones en que se ha desarrollado este proceso de decisión, por lo que es nuestro deber alertar sobre las consecuencias negativas que una decisión así tomada tendrá para el sistema productivo y, por tanto, para las opciones de empleo que se dejarán de presentar para los trabajadores colombianos", se lee en el comunicado de la ANDI.
Ryan Castro confirmó la apertura oficial de la venta de boletería para los conciertos con los que cerrará el exitoso Tour SENDÉ en Colombia. El artista se presentará en Bogotá, Cali y Bucaramanga, tres ciudades que vivirán un espectáculo de gran formato con los principales éxitos del "Cantante del Ghetto".El anuncio llega luego de una convocatoria que movilizó a miles de seguidores en todo el país y una campaña de expectativa que despertó la conversación en redes sociales. Cali y Bucaramanga fueron elegidas tras una iniciativa impulsada por el propio Ryan Castro para conocer en qué ciudades querían verlo sus fanáticos antes de finalizar esta etapa de la gira. Posteriormente, se confirmó una fecha en Bogotá, ampliando el cierre del Tour SENDÉ.Consolidado como uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional, Ryan Castro llegará a estos escenarios con una producción de gran formato y un repertorio que incluye canciones como "Monastery", "Jordan", "Mujeriego", "Quema", "El Ritmo Que Nos Une" y otros éxitos que han marcado su carrera.Precios de las boletas para Ryan Castro en BogotáPara el concierto en la capital, los asistentes encontrarán entradas desde $75.000 en preventa y palcos VIP de hasta $11 millones para 10 personas.Las localidades y precios son:Palco VIP Occidental (Primera fila): $11.000.000.Palco VIP Oriental (Primera fila): $11.000.000.Palco VIP Occidental: $9.000.000.Palco VIP Oriental: $9.000.000.VIP Oriental: $255.000 en preventa fan y $320.000 para público general.VIP Occidental: $255.000 en preventa fan y $320.000 para público general.Preferencial Oriental: $102.000 en preventa fan y $157.000 para público general.Preferencial Occidental: $102.000 en preventa fan y $157.000 para público general.Occidental 1er Piso: $170.000 en preventa fan y $200.000 para público general.Occidental 2do Piso: $221.000 en preventa fan y $260.000 para público general.Occidental 3er Piso (Menores): $170.000 en preventa fan y $200.000 para público general.Oriental 1er Piso: $157.000 en preventa fan y $180.000 para público general.Oriental 2do Piso: $85.000 en preventa fan y $100.000 para público general.Norte: $75.000 en preventa fan y $89.000 para público general.Precios de las boletas para Ryan Castro en CaliEn la capital del Valle del Cauca, el espectáculo contará con gramilla VIP, silletería numerada y palcos.Los precios son:Palco Occidental: $20.000.000.Gramilla VIP: $380.000 en etapa 1 y $450.000 precio full.Occidental Baja: $400.000 en etapa 1 y $480.000 precio full.Occidental Alta: $370.000 en etapa 1 y $440.000 precio full.Oriental Baja: $350.000 en etapa 1 y $420.000 precio full.Oriental Alta: $280.000 en etapa 1 y $336.000 precio full.Norte Alta (Menores): $157.000 en etapa 1 y $190.000 precio full.Sur Alta: $157.000 en etapa 1 y $190.000 precio full.Precios de las boletas para Ryan Castro en BucaramangaEn Bucaramanga habrá opciones desde $68.000 en preventa y palcos VIP para grupos de 10 personas.Las tarifas son:Palco VIP Occidental (Primera fila): $9.000.000.Palco VIP Oriental (Primera fila): $9.000.000.Palco VIP Occidental: $7.000.000.Palco VIP Oriental: $7.000.000.VIP Oriental: $255.000 en preventa fan y $300.000 para público general.VIP Occidental: $255.000 en preventa fan y $300.000 para público general.Preferencial Oriental: $135.000 en preventa fan y $157.000 para público general.Preferencial Occidental: $135.000 en preventa fan y $157.000 para público general.Occidental Alta (Menores): $238.000 en preventa fan y $280.000 para público general.Occidental Baja: $187.000 en preventa fan y $220.000 para público general.Oriental: $162.000 en preventa fan y $190.000 para público general.Sur Alta: $85.000 en preventa fan y $100.000 para público general.Sur Baja: $68.000 en preventa fan y $80.000 para público general.Lo que debe tener en cuenta antes de comprarLa organización informó que los precios no incluyen el cargo por servicio de la tiquetera. Además, los palcos tienen capacidad para 10 personas, los valores de las entradas pueden variar de acuerdo con la oferta y la demanda y el límite de compra es de 10 boletas en palco y seis en las demás localidades por transacción.Con estas presentaciones, Ryan Castro pondrá punto final al Tour SENDÉ en Colombia, una gira que ha consolidado su crecimiento artístico y su conexión con miles de seguidores. La expectativa ahora está puesta en las tres ciudades, donde los fanáticos se preparan para vivir uno de los conciertos urbanos más esperados del año.
En 2025, Blessd anunció en sus redes sociales la llegada de un proyecto que, según él, era el más ambicioso en toda su carrera. Allí, aparecieron nombres que pocos conocían con la oportunidad de darse a conocer a nuevos públicos de la mano de uno de los artistas que lleva controlando el mainstream local desde hace años como lo es el ‘Bendito’.Más que un colectivo de artistas, Los ExtraditaBLESSD buscan convertirse en una plataforma para impulsar el crecimiento del trap colombiano y abrir oportunidades a nuevos talentos. Así lo aseguró Carabin3 en diálogo con Blu Radio, uno de los integrantes del proyecto liderado por Blessd, quien destacó que la iniciativa representa un modelo que espera replicar cuando su carrera alcance una mayor proyección."Lo más importante fue mostrar esa unión de los artistas que siento que nunca se había visto en la industria colombiana de la música urbana. Queremos dar un mensaje de familiaridad, sin envidias, donde todos queremos que nos vaya bien y sacar la cara por el género y por Colombia a nivel internacional (…) Para nosotros eso es un ejemplo a seguir. Más adelante, cuando tenga más reconocimiento y exposición, me gustaría hacer lo mismo: darle la mano y abrirles las puertas a artistas emergentes que también estén trabajando y haciendo un buen trabajo por el trap y la música urbana en Colombia", afirmó Carabin3.Para Carabin3, otro de los aspectos que distingue a Los ExtraditaBLESSD es que la selección de sus integrantes no estuvo enfocada únicamente en el talento musical. Según explicó, Blessd buscó rodearse de personas con valores y compromiso, capaces de asumir el crecimiento profesional sin perder la humildad."Obviamente buscaban artistas que estuvieran trabajando y generando impacto, pero sobre todo personas humildes, que al recibir este nivel de reconocimiento no se fueran a deslumbrar, sino que lo utilizaran como gasolina para seguir creciendo", comentó.Mientras el colectivo prepara el Cora Tour 2026, Carabin3 confirmó que ya trabajan en un nuevo proyecto discográfico que incluirá colaboraciones nacionales e internacionales, además de la exploración de nuevos sonidos. El objetivo, explicó, es seguir consolidando el crecimiento del movimiento y comenzar a proyectar giras fuera de Colombia."Estamos trabajando en un proyecto mucho más completo y queremos empezar a proyectarnos hacia otros países donde sabemos que tenemos oyentes. Todo llegará con el trabajo que sigamos haciendo", añadió.
Un juez ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de los señalamientos que hizo contra el abogado Hollman Ibáñez, al concluir que sus publicaciones en la red social X vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del jurista.La decisión llega luego de una tutela presentada por Ibáñez, alegando que las palabras del mandatario afectaron su reputación personal y profesional.Una de esas publicaciones fue la realizada por Petro en febrero pasado, en la que cuestionó el rol Hollman Ibáñez como conjuez del Consejo Nacional Electoral, donde su voto fue clave para determinar que el entonces candidato Iván Cepeda no podía participar en una nueva consulta interpartidista el 8 de marzo, pues ya había estado en la de octubre de 2025, junto con Carolina Corcho y Daniel Quintero.En ese momento, Petro escribió que el abogado debía declararse impedido para participar en una decisión de carácter electoral, al considerar que existía un presunto conflicto de interés por supuestos vínculos con el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella poniendo en duda su parcialidad.“Está persona que ven en la foto, fungió de juez y negó el derecho a elegir y ser elegido de un ciudadano de Colombia que es el rival electoral de su íntimo amigo. Estamos ante un delito. El de no haberse impedido y fungir como juez administrativo”, fueron parte de las palabras del mandatario.Al estudiar el caso, el juez concluyó que las manifestaciones del jefe de Estado no estuvieron respaldadas por elementos suficientes para sustentar las acusaciones formuladas contra el abogado, es decir, no había pruebas publicadas, por lo que superó el ámbito de la libertad de expresión.Una vez más, el sistema judicial le recordó a Petro que si bien los servidores públicos cuentan con un amplio margen para participar en el debate público, ese derecho implica una mayor responsabilidad cuando sus pronunciamientos pueden afectar la reputación de terceros.El fallo señala que las afirmaciones realizadas desde una alta dignidad del Estado, como lo es el cargo de presidente, deben estar soportadas en hechos verificables y respetar los derechos fundamentales de las personas involucradas.A esto se le sumó que, según Hollman Ibáñez, también recibió amenazas contra su integridad y la de su familia, situación que atribuyó a la exposición generada por los mensajes publicados por el mandatario.
En un operativo adelantado por la Policía Nacional, la Dian y la Fiscal General de la Nación, en la Comuna 9 de Medellín permitieron la incautación de 128 botellas licor adulterado, 47 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera y 1.216 unidades de insumos secos utilizados para la elaboración de bebidas alcohólicas.En dos diligencias de allanamiento y registro realizadas en el barrio Caicedo, y que hacen parte de una estrategia integral en toda el Área Metropolitana para contrarrestar el almacenamiento, distribución y comercialización de mercancías de contrabando y falsificadas, las autoridades decomisaron el millonario cargamentoAsimismo, se efectúo la captura de una persona por los presuntos delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico e imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, la cual fue dejada a disposición de la autoridad competente.Hace una semana, en un operativo de las autoridades fue desmantelado un alambique ilegal que funcionaba en una vivienda del municipio de Bello que dejó como resultado la incautación de 6.236 cervezas adulteradas que, al parecer, habían sido reenvasadas para ser comercializadas de manera ilegal en establecimientos del norte del Valle de Aburrá.Cabe recordar que, al cierre de 2025, las autoridades decomisaron más de 160.000 unidades de licor y cigarrillos ilegales en Antioquia. En total, se incautaron más de 5.000 unidades de licor falsificado o de contrabando. A esto se suman 153.000 cajetillas de cigarrillos ilegales, además de aperitivos y cervezas.
La ciudad de Cali avanza hacia una de las transformaciones más ambiciosas de su infraestructura urbana, pues las Empresas Municipales presentaron el proyecto con el que se busca modernizar la totalidad del sistema de alumbrado público mediante tecnología LED, una iniciativa que contempla la renovación de más de 100.000 luminarias, además de la instalación de casi 4.000 nuevas y la implementación de sistemas inteligentes de telegestión para monitorear la red en tiempo real.Emcali explicó que la ciudad cuenta actualmente con 186.359 luminarias, siendo el segundo parque lumínico más grande de Colombia, y que entre 2024 y 2025 se logró modernizar cerca del 30 % del sistema con tecnología LED. Ahora, el nuevo objetivo es completar la transición para mejorar la eficiencia energética, fortalecer la seguridad, optimizar la operación del servicio y ampliar la cobertura del alumbrado público.Uno de los aspectos que Emcali buscó aclarar es que el proyecto no implica la privatización del alumbrado público. De acuerdo con la empresa, la infraestructura seguirá siendo de propiedad de Emcali y de los caleños. La entidad conservará la administración, el control, la supervisión y la responsabilidad sobre el servicio, mientras que un aliado estratégico será seleccionado mediante un proceso competitivo para ejecutar la modernización, la operación y el mantenimiento del sistema bajo la vigilancia de la empresa y de los organismos de control.Según explicó EMCALI, la compañía continuará liderando la supervisión técnica, operativa, financiera y jurídica del contrato, administrará el sistema de telegestión, verificará la ejecución de las obras, atenderá las peticiones ciudadanas y coordinará las acciones con la Administración Distrital y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).En ese sentido, la alianza estratégica no reemplaza a EMCALI como operador del alumbrado público, sino que busca fortalecer su capacidad de gestión mediante el apoyo de un inversionista especializado.La inversión estimada asciende a $450.000 millones, recursos que, según EMCALI, provendrán del recaudo existente del impuesto de alumbrado público, por lo que la iniciativa no generará endeudamiento para la ciudad ni incrementará las tarifas a los usuarios. La fase de modernización tendría una duración aproximada de 24 meses.Entre los beneficios esperados figuran una reducción del 50 % al 60 % en el consumo de energía, un ahorro cercano a $17.000 millones anuales, mayor iluminación en vías, parques y corredores peatonales, además de la incorporación de herramientas de monitoreo inteligente que permitirán detectar fallas en tiempo real y agilizar las labores de mantenimiento.La empresa también sostiene que la modernización contribuirá a mejorar la percepción de seguridad en diferentes sectores de la ciudad.En materia de transparencia, EMCALI informó que solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación y aseguró que el proceso contará con mecanismos de supervisión técnica, financiera, jurídica y administrativa, además de la publicación de las condiciones de contratación y espacios de socialización para que la ciudadanía y los diferentes sectores interesados puedan hacer seguimiento al proyecto.
