Ricardo Medina, profesor investigador en Derecho Penal de la Universidad del Rosario, analizó en Blu Al Derecho las posibilidades de denunciar las actuaciones de Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, contra los colombianos ante la Corte Penal Internacional.
En primer lugar, Medina afirmó que la problemática planteada es si los actos llevados a cabo por el gobierno venezolano son constitutivos del delito de genocidio o de tentativa de genocidio. “Esto bajo la perspectiva nacional e internacional es impropio, pues el genocidio tiene un elemento subjetivo que requiere su constatación para la configuración del delito el cual es, según nuestro código penal, el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo, ya sea étnico, racial, religioso, político o nacional”.
En ese sentido, el experto dio a conocer que a pesar “de lo reprochable que se está cometiendo por parte del gobierno venezolano contra nuestros nacionales, es completamente improbable demostrar esa intencionalidad de destrucción”.
“El delito de genocidio se caería de su peso desde un punto de vista jurídico. Otros podrían alegar la existencia de crímenes de lesa humanidad, lo sustentan en que lo acaecido son actos generalizados y sistemáticos contra una población civil que constituyen deportación o traslado forzoso de población”, añadió.
Asimismo, dijo que esa afirmación sería errada pues “se afirma que los nacionales colombianos que han sido deportados son aquellos que se encuentran en estado de irregularidad o ilegalidad, lo que quiere decir que al no cumplir con la legislación migratoria y de permanencia en el estado venezolano, este podría tomar determinaciones de deportar”.
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