El procurador, Alejandro Ordóñez, le solicitó al Consejo de Estado que de celeridad al trámite de la demanda de nulidad que radicó contra la resolución expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, respecto de las directrices para el uso de la eutanasia o “derecho a morir con dignidad”.
En su demanda solicitó una medida cautelar de urgencia por la amenaza a derechos fundamentales que implica la resolución, y en atención a la necesidad de evitar la producción de sus efectos lo antes posible.
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Sin embargo, advierte que pese a que dicha acción judicial fue radicada el pasado 4 de mayo, a la fecha no ha existido pronunciamiento alguno sobre la admisibilidad de la demanda o sobre la medida cautelar.
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Ordóñez insiste que debe haber un pronunciamiento pronto toda vez que la resolución demandada ya ha empezado a ser utilizada para terminar la vida de pacientes.
El procurador argumentó que la eutanasia tiene por objeto limitar el derecho a la vida por lo que asegura que resulta evidente la usurpación de funciones del Congreso.
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Agrega que el homicidio por piedad es un delito en Colombia y que la jurisprudencia constitucional solo ha despenalizado la acción del médico tratante cuando este actúa libremente y por piedad.
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Finalmente dijo que no es posible que una resolución obligue a alguien, menos aún si no es el médico tratante del paciente, a participar en un procedimiento que tenga por objetivo quitarle la vida sin hacer ninguna mención o consideración a la piedad, ya que estaría obligándole a cometer un delito.
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