Farc acepta penas de entre 5 y 8 años en condiciones especiales

El acuerdo contempla un acuerdo en el tema de justicia que involucra tanto a las Farc como a los agentes del Estado y demás actores del conflicto armado en Colombia.

El primer punto se refiere a la creación de una jurisdicción especial para la paz, que garantizará, según el presidente Santos, la no impunidad de los delitos cometidos.

Dicho tribunal, aseguraron los garantes, estará compuesto por magistrados colombianos y una minoría de extranjeros que cumplan los más altos requisitos.

El fin de este tribunal, señala el documento, “es acabar con la impunidad, obtener verdad y contribuir con la reparación de las víctimas”.

De esta manera, esta jurisdicción especial para la paz contempla imponer sanciones a los responsables de los delitos del conflicto armado y para acceder a cualquier tratamiento especial es necesario aportar al conocimiento de verdad plena, reparación de las víctimas y garantizar la no repetición.

Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 años en condiciones especiales.

Entre tanto, las personas que hagan su reconocimiento de manera tardía serán sancionadas con penas de prisión de 5 a 8 años en condiciones ordinarias.

Así mismo, las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables, podrán ser condenados a prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.

Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

En el punto 5 del acuerdo se señala que los delitos de lesa humanidad no serán objeto de impunidad, amnistía o indulto, y que deberán ser sometidos a investigación los crímenes de guerra como la toma de rehenes, privación de la libertad, tortura, desalación forzosa,  desplazamiento forzoso, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

Estas medidas están sujetas en todo caso, a la dejación de las armas por parte de las Farc, que se tendrá que dar en un plazo máximo de 60 días luego de la firma definitiva de la paz.

Por último, en el acuerdo el Gobierno se comprometió a apoyar la formación de un partido político legal, objetivo que según los garantes, es compartido.

Este es el comunicado conjunto emitido por las delegaciones del Gobierno y las Farc:

Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz

La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015

1. Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen.

tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

 
Así se dió el inició de los Diálogos de paz
 
Las conversaciones del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc iniciaron formalmente el 19 de noviembre de 2012 y tienen a Cuba y Noruega como garantes, y a Venezuela y Chile como acompañantes.
 
 
El tema de justicia, que comenzó a discutirse en julio, es uno de los más complejos del proceso, pues ambas partes se culpan mutuamente de ser los principales responsables de la violencia armada, que en medio siglo ha dejado 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.
 
 
Ambas partes han cerrado el tema de la reforma rural (mayo 2013), participación política (noviembre de 2013) y drogas ilícitas (mayo 2014). Además acordaron en marzo de este año un programa de desminado y en abril, la conformación de una Comisión de la Verdad.
 
 
Tras llegar a un acuerdo en justicia transicional solo quedaría un punto pendiente en la agenda, el referente al de fin del conflicto, que incluye la dejación de armas y desmovilización de los guerrilleros. Con AFP
 
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