El abogado de la familia del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999) anunció este martes 16 de abril, que buscará la extradición a Paraguay de Rodrigo Granda, integrante del último secretariado de las extintas Farc y quien está investigado por su presunta implicación en el secuestro y asesinato, hace dos décadas, de Cecilia Cubas.El abogado Andrés Casati declaró a la radio ABC Cardinal que solicitarán al Tribunal de sentencias a cargo de la causa "una reiteración de la orden de captura internacional con fines de extradición" contra Granda, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia comunicó que no tiene potestad para juzgar este hecho.Consultado sobre la posibilidad de que requieran la extradición, Casati anticipó que la madre de Cecilia Cubas, la exsenadora Mirta Gusinky, "se encuentra firme y con la intención de que todos y cada uno de los responsables del secuestro y asesinato de su hija enfrenten los tribunales".Señaló que buscan que los acusados "sean juzgados por jueces independientes, y que los mismos, si tienen alguna deuda con la justicia, que la paguen"."Hasta el último responsable, es la intención de la señora Mirta; sin rencores, sin odios, pero sí con sed de justicia", agregó.Cubas fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 entre las ciudades de Fernando de la Mora y San Lorenzo y su cuerpo sin vida fue hallado en una casa en la ciudad de Ñemby, el 16 de febrero de 2005, pese al pago de un cuantioso pago para su liberación.La JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho, por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el macrocaso 01, que juzga la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc".Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre (PPL), el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), para dicho secuestro.En octubre de 2022, la JEP le concedió a Granda "amnistía de iure" por el delito de rebelión por el que fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, el 21 de abril de 2006.Sin embargo, ahora asegura que existe una "falta de jurisdicción (...) para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay", a pesar de las pruebas presentadas por Granda.En octubre de 2021, Granda fue retenido en México, adonde había viajado para participar en un seminario internacional del Partido del Trabajo (PT). Sin embargo, retornó a su país sin que se hiciera efectiva la alerta roja de búsqueda y captura que pedía Paraguay para su extradición a ese país.Granda -según el partido Comunes, surgido de la desmovilización de las Farc había recibido autorización de la JEP para viajar a México y, por lo tanto, el Gobierno colombiano no podía pedir su detención a las autoridades de otro país.
El Gobierno nacional confirmó este martes 16 de abril, que ya no tiene negociaciones de paz con alias 'Iván Mordisco', jefe máximo del principal grupo de disidencias de las Farc, el Estado Mayor Central (EMC), que está dividido.Los bloques que dirige "Mordisco" son aquellos con los que el Gobierno suspendió el cese al fuego y las negociaciones."Iván Losada (el otro alias con el que se conoce a 'Mordisco') está fuera de la mesa", confirmó en declaraciones a medios el jefe negociador del Gobierno con el EMC, Camilo González Posso.Las negociaciones con el EMC están en crisis después de que el Gobierno suspendiera el cese al fuego bilateral en tres departamentos: Cauca, Nariño y Valle del Cauca, por el asesinato por parte de las disidencias de una lideresa indígena y los repetidos ataques y atentados de ese grupo contra civiles.Tras especulaciones de posibles divisiones en el Estado Mayor Central, la delegación del Gobierno confirmó ahora que este grupo está escindido y que ya no considera que esté negociando con la parte más beligerante y con la que se suspendió el cese al fuego.División en las filasEl Gobierno sostiene que sigue firme en su compromiso de buscar la paz con aquellos bloques que quieran seguir negociando, que son los que operan en el Catatumbo y en el Magdalena Medio y el conocido como Bloque Jorge Briceño, que opera en Meta, Caquetá y Putumayo.Con el resto de bloques, sobre todo con los que operan en Cauca, Nariño y Guaviare, que son los más beligerantes y han protagonizado recientes atentados contra objetivos militares y comunidades indígenas, "en este momento están congeladas las conversaciones y no se han configurado condiciones para hablar de nuevos diálogos que sean por fuera de la mesa", apuntó González.Se trata entonces de una división del EMC en dos bloques los que quieren seguir sentados negociando y los que no que supondría que la mitad de los entorno a 3.000 a 4.500 integrantes que se calcula que tiene el EMC habrían salido de las negociaciones.Según el jefe negociador del Gobierno, el vocero del Bloque Magdalena Medio, que continúa en la mesa, Andrey Avendaño, ha informado que las proporciones de los que siguen negociando y están fuera "son de 50 a 50"."La verdad es que todavía no hemos hecho la contabilidad, pero lo importante es que el sector que se mantiene en la mesa está firme con los acuerdos y estamos desarrollando una agenda muy detallada de diálogos regionales y de construcción de una agenda nacional", afirmó González Posso.El futuro de las negociacionesCon este grupo, "en este momento la prioridad es fortalecer la mesa, los acuerdos", mientras con el resto de bloques, que está por determinar si aún obedecen todos a 'Iván Mordisco', "depende de cómo evolucionan los acontecimientos", pero de momento "están congeladas las conversaciones".En días pasados, 'Iván Mordisco' reapareció en un video en el que se mostraba muy tibio en su posicionamiento frente a las negociaciones y donde no mencionaba cuál era su intención sobre seguir dialogando con el Gobierno.Pero sí admitía que existía "una situación particular que ocurre en el Cauca", donde las comunidades indígenas están siendo atacadas continuamente por las disidencias, que no podía convertirse "en elemento rector que desconozca los avances, la armonía y el respeto mutuo que se mantiene en luchas regionales entre las Farc-EP y el movimiento indígena. El diálogo y el respeto mutuo deben prevalecer".Por su parte, el Gobierno va a seguir enfrentando a las disidencias allá donde no hay cese al fuego e incluso se plantea "actualizar la situación" para ampliar la suspensión del cese al fuego a todos los departamentos donde actúan disidencias que no estén sentadas a la mesa.
Después de que se conocieran las diferencias entre las disidencias de 'Iván Mordisco' y reconocieran que este ya no sería su máximo jefe, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que si existen divisiones en estas disidencias, además reiteró que estos grupos no tienen voluntad de paz.El ministro aseguró que las disidencias de 'Iván mordisco', no han oficializado en las mesas de diálogos cuáles son los sectores que continuarían o no en la negociación que mantiene el Gobierno nacional con las disidencias de las Farc, luego que de se conozca dicha determinación, el Gobierno tomará decisiones.“Tenemos, como ha sido la decisión del presidente de la República, la suspensión del cese en los tres departamentos del sur occidente, una suspensión que se mantiene. No ha habido por parte del Estado Mayor central que opera y en esa región tampoco un cambio en su actitud”, afirmó el ministro luego de los ataques que se han presentado en los últimos meses por parte de las disidencias de 'Iván Mordisco' a la fuerza pública y la población.Luego de conocerse que un cabecilla de la Segunda Marquetalia estaría presuntamente poniendo precio a la cabeza de los oficiales en Nariño, Velázquez mencionó que sería un absoluto contra sentido, ya que estas disidencias habrían expresado su voluntad de continuar con las negociaciones, ayudando al proceso de paz total del Gobierno Nacional.
Los exjefes de las Farc afirmaron este lunes que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, está poniendo en riesgo el acuerdo que firmaron con el Gobierno en 2016 al no juzgar el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.Así se desprende de una carta publicada por Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y último comandante de la guerrilla, en la que siete exjefes de las Farc aseguraron recibir "con sorpresa la decisión notificada por la JEP" por el caso en el cual se investiga la posible investigación implicación del miembro del último secretariado de ese grupo armado Rodrigo Granda."La decisión de esta instancia de la JEP es una vulneración directa al acuerdo de paz (firmado por el Gobierno y las Farc en 2016), pues tergiversa lo pactado y atenta directamente contra la seguridad jurídica de toda la población firmante de paz", afirmaron.En la misiva, firmada por Londoño, Granda, Pastor Alape, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, argumentan que con esto están excluyendo a un excombatiente por conductas "cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado"."En repetidas ocasiones hemos advertido sobre la violación del debido proceso, en las diferentes instancias, e incluso hemos elevado esa preocupación a la instancia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta decisión es la consumación del grave alejamiento en materia de justicia de lo pactado en el acuerdo final de paz", añadieron.Decisión tomadaLa JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho, por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el macrocaso 01, que juzga la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc" y finalmente decidió no hacerlo.Paraguay requiere a Granda por su supuesta implicación en el asesoramiento o colaboración en el secuestro de la hija del expresidente de ese país Raúl Cubas (1998-1999).Cubas fue secuestrada en 2005 y su cadáver fue hallado cinco meses después en una fosa en las afueras de Asunción.Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre, PPL, el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, para dicho secuestro de la hija del expresidente.La mujer apareció sin vida el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda y pese a un cuantioso pago para su liberación, según un libro del periodista Andrés Colmán.Bajo el principio de territorialidad, la JEP ha determinado que en Colombia no hay "una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado, por delitos cometidos en el marco de conflicto armado colombiano una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado" por estos delitos.Por lo que "la JEP, claramente no tiene jurisdicción para asumir conocimiento por delitos cuya ocurrencia y persecución estén siendo llevadas por otras naciones y cuyas investigaciones estén por cuenta de autoridades extranjeras", apuntó este tribunal creado por el acuerdo de paz.Los exjefes de las Farc aseguraron hoy que han respondido a todos "los llamados de esta instancia de justicia transicional", así como han "honrado" su compromiso con "la verdad y los derechos de las víctimas".
Una nueva escalada violenta de las disidencias de las Farc se presenta en el norte del Cauca, donde cuatro personas resultaron heridas tras la activación de un carro bomba en el municipio de Miranda. También había sido atacada la estación de Policía en el casco urbano de Corinto, donde nuevamente la población civil quedó en medio de los enfrentamientos.El exgobernador del Cauca y representante a la Cámara por ese departamento, Oscar Ocampo, le pidió al presidente Gustavo Petro revisar la agenda de dicho territorio porque, aseguró, nada está funcionando y se requieren medidas de carácter urgente tras la situación de violencia que se está presentando.El senador David Luna recalcó, además: "Todos los colombianos debemos despertar y solidarizarnos con nuestros hermanos del departamento del Cauca, ellos se encuentran en total olvido. Lamentablemente, el Gobierno nacional le amarró las manos a nuestra fuerza pública y ella no está pudiendo proteger a nuestra sociedad civil”.Por otro lado, la senadora María Fernanda Cabal, a través de su cuenta de X, aseguró que "el contrasentido más grande es que trate Petro de engañar al país hablando de "paz total", mientras los terroristas de las FARC atacan indiscriminadamente a la población civil”.A su vez, la representante Marelen Castillo calificó como alarmante el creciente número de ataques terroristas en todo el país, lo que, según ella, refleja el continuo fortalecimiento de los grupos armados ilegales mientras que la fuerza pública parece estar atada de manos.Finalmente, dice que estos hechos son un claro recordatorio de que la búsqueda de una "paz total" ha fracasado, dejando a los colombianos a merced de la violencia y la impunidad.El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, también expresó su preocupación por la salud de las personas que resultaron heridas y los daños a las construcciones afectadas.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, comunicó este viernes 12 de abril, que no tiene potestad para juzgar el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, por el que se investiga la posible implicación del miembro del último secretariado de las extintas Farc Rodrigo Granda.La JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho, por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el macrocaso 01, que juzga la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc".Paraguay requiere a Granda, también conocido como 'Rodrigo Téllez' o el 'canciller de las Farc', por su supuesta implicación en el asesoramiento o colaboración en el secuestro de la hija del expresidente de ese país Raúl Cubas (1998-1999).Cubas fue secuestrada en 2005 y su cadáver fue hallado cinco meses después en una fosa en las afueras de Asunción.Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre (PPL), el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), para dicho secuestro de la hija del expresidente, que apareció sin vida el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda y pese a un cuantioso pago para su liberación, según un libro del periodista Andrés Colmán.En octubre de 2022, la JEP le concedió a Granda "amnistía de iure" por el delito de rebelión por el que fue condenado por el juzgado tercero penal del circuito de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander el 21 de abril de 2006.Sin embargo ahora asegura que existe una "falta de jurisdicción (...) para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay", a pesar de las pruebas presentadas por Granda.Bajo el principio de territorialidad, la JEP ha determinado que en Colombia no hay "una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado, por delitos cometidos en el marco de conflicto armado colombiano una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado" por estos delitos.Por lo que "la JEP, claramente no tiene jurisdicción para asumir conocimiento por delitos cuya ocurrencia y persecución estén siendo llevadas por otras naciones y cuyas investigaciones estén por cuenta de autoridades extranjeras", apuntó este tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 con las extintas Farc.
Las Fuerzas Militares, con apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron localizar y destruir una pista clandestina y una aeronave en la vereda Cancha Manila, zona rural del municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia.De acuerdo con inteligencia militar, la pista clandestina media 25 metros de ancho por 460 metros de largo, y la aeronave monomotor ultraligera de nueve metros de ancho por siete de largo, con capacidad para cuatro personas. Ambas instalaciones estaban siendo adaptadas por la subestructura cuatro de las disidencias de 'Iván Mordisco', quienes actualmente están aliadas con el ELN.Al parecer, la avioneta estaba destinada para acciones de movilidad, ataques contra la Fuerza Pública y la población civil, así como del transporte de armamento.“Con este importante resultado se reducen las capacidades delictivas de estos grupos armados organizados. De igual manera, se afectan a sus redes logísticas y criminales, garantizando las condiciones de seguridad, defensa y bienestar para la población civil que a diario se movilizan por esta zona rural para realizar sus labores cotidianas.”Luego de dos horas y con todos los protocolos de seguridad, lograron destruir la pista clandestina y la aeronave. En la zona de los hechos las Fuerzas Militares fortalecen el dispositivo de seguridad, con el fin de continuar con la búsqueda de integrantes de las disidencias de las Farc, quienes en los últimos meses han interrumpido la tranquilidad y bienestar de los habitantes de esta región con las continuas confrontaciones entre el Clan del Golfo.
Las disidencias de las FARC están utilizando drones con fines bélicos y, al respecto, el coronel Leonardo Cárdenas, jefe del Centro de Explosivos del Ejército Nacional, reveló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que hasta el momento no se han encontrado evidencias físicas que respalden esta afirmación. Sin embargo, dijo que hay alerta en las Fuerzas Militares, pues en los últimos días se ha difundido un video en redes sociales que muestra la presunta utilización de drones por parte de las disidencias.El coronel Cárdenas explicó que, según información de inteligencia, las disidencias están realizando pruebas y adquiriendo drones comerciales para adaptarlos y utilizarlos como vehículos para transportar artefactos explosivos. Estos drones tienen la capacidad de levantar un peso de aproximadamente 250 gramos, suficiente para transportar una mina antipersonal.“Tienen que conseguir drones que puedan tener la capacidad de levantar 250 gramos mínimos, que es lo que compone mínimo una mina antipersonal. Entonces eso es lo que ellos están tratando de organizar y verificar para hacer pruebas y realmente si les funciona o no. Pero pues hasta el momento, como les informo a ustedes, no hemos tenido ningún evento hacia la fuerza pública. No hemos podido lograr tener material para poderlo estudiar, simplemente lo que se ha observado ahí por los videos y lo que se consigue también en algunos medios. También videos que se consiguen en en algunas campamentos”, dijo.El coronel Cárdenas también mencionó que el Ejército están estudiando diferentes métodos para contrarrestar esta amenaza. Entre las medidas analizadas se encuentran el uso de láseres de alta potencia, con base a la experiencia que tienen otros países.“En este momento ya en el Ejército estamos haciendo la investigación para poder contrarrestar estos artefactos o estos drones, estos sistemas aéreos no tripulados. Estamos verificando y mirando en la parte técnica qué podemos emplear para poder disuadirlos. Hay varios elementos en nivel internacional que podemos emplear. Por ejemplo, hay láseres de alta potencia y red de captura de los mismos drones. Hay GPS que generan falsas, falsas coordenadas y hay también, obviamente, para nivel unidad como tal. O sea, un sitio fijo, también radares. Estamos viendo y analizando todo esto para poder contrarrestar hasta el momento de esta situación”, puntualizó el oficial.En cuanto al alcance de la explosión de los artefactos en caso de detonación, se estima que puede causar daños en un radio de aproximadamente 30 metros, lo que implicaría un alto riesgo para las personas que se encuentren dentro de esa zona.Este es el video sobre dones que circulan en redes sociales
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió a las Fuerzas Militares y a la fuerza pública estar alerta frente a las amenazas de ataques por parte de las disidencias de las disidencias de las Farc y las nuevas dinámicas de terrorismo como el uso de drones con explosivos.“Cada integrante de la Fuerza Pública tiene que estar muy alerta, saber que estamos en una situación difícil en la que tienen que tener las mayores precauciones, seguir cumpliendo con sus obligaciones, pero tener todas las precauciones en cuanto a los desplazamientos. Ellos están muy bien entrenados para esto, lo que ocurre es que en ocasiones se relajan. Este no es un momento de relajamiento, por el contrario, es de suma atención”, manifestó Velásquez.En las últimas semanas, se ha presentado una ola de acciones violentas por parte de las disidencias de las Farc. El pasado 5 de abril, un ataque con granada a una estación de Policía de una zona rural del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, se sumó a otro ataque a un cantón militar en la ciudad de Cali, en una nueva escalada de violencia.El pasado viernes 5 de abril, en la madrugada, después de lanzar una granada, empezó un hostigamiento contra la subestación de Los Robles, que rápidamente fue repelida por tropas del Ejército que se encontraban cerca del lugar, detalló el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Carlos Oviedo.El ataque no deja víctimas personales, pero sí afectaciones materiales, una vivienda y las instalaciones de la empresa que presta el servicio de acueducto de la zona.Unas horas antes, un explosivo lanzado contra una instalación militar en Cali afectó a dos viviendas del sector sin causar víctimas en un ataque también atribuido por las autoridades a disidencias de las Farc.El Gobierno de Colombia, que tiene abierta una negociación de paz con el EMC, suspendió el mes pasado el cese el fuego bilateral y temporal con ese grupo en esos tres departamentos, luego del ataque de las disidencias contra una comunidad indígena que dejó una mujer muerta y dos heridos.Tras la reanudación de las operaciones militares en esos tres departamentos del suroeste del país, varios guerrilleros, tanto del EMC como de la Segunda Marquetalia, han sido muertos o capturados por el Ejército en las dos últimas semanas.El Ejército informó además que un infante de Marina resultó herido anoche por una granada lanzada por desconocidos contra una instalación militar en Tumaco, Nariño.
El alto comisionado de Paz Otty Patiño, entregó detalles en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga sobre la situación actual de las negociaciones de paz en Colombia. Durante la entrevista, Patiño habló sobre los desafíos y retos que se están enfrentando en las conversaciones con el ELN y el Estado Mayor Central de las Farc. En relación a las negociaciones con el ELN, el comisionado explicó que actualmente se encuentran en un punto de congelamiento debido a una crisis interna dentro del grupo guerrillero. Sin embargo, destacó que se espera que una próxima reunión extraordinaria pueda ayudar a avanzar en el proceso y resolver las diferencias. Por otro lado, Patiño mencionó que también se está negociando con el Estado Mayor Central de las Farc, liderado por 'Iván Mordisco'. Sin embargo, señaló que existe fragmentación dentro de este grupo y que se está trabajando para lograr acuerdos con las partes más dispuestas a la paz. "Descongelar este proceso puede ser bueno en el sentido que se pueda avanzar a una discusión sobre el fin del conflicto", dijo sobre los diálogos de paz con el ELN.En cuanto al tema de justicia, el Comisionado destacó la importancia de buscar una solución satisfactoria para todas las partes involucradas. Afirmó que se está trabajando en diversas instancias de justicia, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para lograr una paz duradera y justa. En relación a la implementación del acuerdo de paz de 2016, Patiño reconoció que ha habido dificultades y que se requiere un esfuerzo conjunto para asegurar su cumplimiento. Destacó la importancia de articular los acuerdos de 2016 con las nuevas realidades y grupos armados presentes en el país. ELN pide al Gobierno una "reunión extraordinaria" por "crítico estado" del proceso de pazLa guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió al Gobierno una "reunión extraordinaria" en Caracas a partir del 12 de este mes por el "crítico estado" del proceso de paz que, en opinión de ese grupo armado, está sumido en un "congelamiento".Así se desprende de la misiva publicada este lunes, en la que el ELN manifestó que "en vista del congelamiento en que ha sumido este proceso la doble política de paz del Gobierno", no encuentran "condiciones suficientes para realizar los acostumbrados ciclos de conversaciones" de paz."Para examinar el quehacer inmediato de esta mesa de diálogos de paz, le proponemos al Gobierno realizar una reunión extraordinaria en Caracas a partir del 12 de abril", dijo la guerrilla en la carta enviada a la jefa negociadora de paz del Gobierno, Vera Grabe, fechada 6 de este mes.La guerrilla, que señaló estar lista para enviar sus delegados a Caracas el próximo 11 de abril desde la frontera, propuso que a este encuentro asistan representantes de los países garantes y acompañantes permanentes para que "ejerzan su función de ayuda a las dos partes".Escuche aquí la entrevista:
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, han presentado un conjunto de medidas para hacer frente al reciente aumento de hechos sicariales en el área metropolitana. La acción coordinada se llevó a cabo en el barrio Nariño, donde se presentó el más reciente crimen y desde allí expusieron las estrategias destinadas a fortalecer el denominado 'Plan Candado' y mejorar la seguridad en la región.Acción metropolitana contra el sicariato y delitos de impacto: se anunció una inversión en tecnología de vigilancia, incluyendo cámaras de seguridad y drones de alto alcance. Además, se focalizarán operativos constantes en puntos críticos como el barrio Girardot, así como en las áreas del norte y sur de Bucaramanga.Lucha contra la minería ilegal: el gobernador Juvenal Díaz se comprometió a liderar esta lucha con el apoyo del Ejército Nacional. Se establecerá un pelotón dirigido específicamente a la protección de la escarpa de Bucaramanga, con el objetivo de combatir esta actividad ilegal que a menudo estaría vinculada con la violencia en la región.Endurecimiento de los operativos: se anunció que los operativos se intensificarán, especialmente en áreas donde se ha observado un aumento en el hurto y otros delitos. El enfoque ahora será reducir el impacto de las guerras entre bandas delincuenciales, que compiten por territorios cada vez más reducidos debido a las acciones de las autoridades."Estamos con el Ejército y la brigada para combatir la minería ilegal. Igualmente, se incrementará la presencia de Ejército y Policía, especialmente, en unas fechas que hemos determinado como críticas", sostuvo el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, indicó: "la incautación de 150 kilos de droga ha generado una disputa entre bandas, casi que el 28% de las muertes violentas son por ajustes de cuentas y el 62% por intolerancia. El trabajo debe ser articulado en toda el área metropolitana".
El Parlamento de Irak aprobó este sábado enmiendas a la ley contra la prostitución para incluir la criminalización de las relaciones homosexuales y de las expresiones transgénero, que a partir de ahora comportarán penas de hasta 15 años de cárcel.El Legislativo señaló que las enmiendas fueron aprobadas "para preservar la decencia moral en la sociedad iraquí de los llamamientos a la homosexualidad que han invadido el mundo" y ante "la ausencia de una legislación en Irak que castigue de forma disuasoria los actos homosexuales y a aquellos que los promueven", según un comunicado.El presidente interino de la Cámara baja, Mohsen al Mandalaui, dijo que la aprobación de las enmiendas es "un paso necesario para proteger la estructura de los valores de la sociedad y de los niños, que están llamados a la depravación moral y a la homosexualidad", según otro comunicado.Las enmiendas a la ley contra la prostitución, vigente desde 1988, fueron aprobadas en una sesión a la que acudieron 170 de los 329 diputados que conforman el Hemiciclo iraquí.A partir de ahora, la ley iraquí penaliza con entre 10 y 15 años de cárcel cualquier relación homosexual consensuada, mientras que promover las relaciones entre personas del mismo sexo también acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión y una multa de 10 millones de dinares iraquíes (unos 7.600 dólares).Cualquier persona que se someta a una operación de "reasignación de sexo", así como el médico que la practique, se enfrentará a una condena de uno a tres años de prisión.La ley también prevé castigos para todo hombre que muestre un "comportamiento afeminado"."La aprobación por parte del Parlamento iraquí de la ley anti-LGBT ratifica el terrible historial de violaciones de derechos contra las personas LGBT en Irak", dijo en su cuenta de X la codirectora interina de Human Rights Watch (HRW), Rasha Younes.La defensora de derechos humanos denunció que esta norma "añade insulto a la herida de las personas LGBT iraquíes, que ya enfrentan violencia cíclica y amenazas a sus vidas por parte de grupos armados", principalmente de carácter religioso.El proyecto de ley de esta enmienda fue presentado en agosto de 2023 por el diputado independiente Raad al Maliki, y en un principio estipulaba que las relaciones homosexuales se castigarían con pena de muerte o cadena perpetua, mientras que la "promoción de la homosexualidad" supondría un mínimo de siete años de prisión y multa.Aunque las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo no estaban explícitamente tipificadas como delito en Irak, las autoridades han utilizado vagas leyes de "moralidad" para perseguir a las personas del colectivo.
Se viven horas cruciales para las investigaciones que se adelantan para establecer si se cometieron irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.El escándalo por el presunto ingreso de un millón de dólares de la “pirámide” Daily Cop a las arcas de la campaña, a través de la empresa de servicios aeronáuticos SADI, llevó a que el Consejo Nacional Electoral cite a sus representantes legales para el próximo 7 de mayo, para escuchar su testimonio, antes de definir si incorpora o no este episodio en el inminente pliego de cargos contra Gustavo Petro, Ricardo Roa y los veedores de la campaña, por presunta financiación irregular de la campaña, decisión que al menos ya está tomada frente a la ponencia que deberán discutir en Sala Plena del CNE.Sobre el poco claro episodio de la contratación de SADI, Sociedad Aérea de Ibagué, para el desplazamiento de candidatos del Pacto Histórico y del propio Gustavo Petro en campaña, este fin de semana, el periódico El Tiempo reveló un cuestionario enviado por la Corte Suprema y respondido por Laura Sarabia, hoy directora del DAPRE y quien durante campaña fue la “mano derecha” del hoy presidente de la República.El cuestionario de la Corte tiene como elemento central unas conversaciones de un chat grupal entre Laura Sarabia, Armando Benedetti y personas pertenecientes a SADI, en donde se hacían las coordinaciones para el uso de aviones de esa empresa para la movilización de Gustavo Petro durante campaña. Sarabia dijo que nunca voló en la cuestionada aeronave y que su trabajo se limitó a ser la coordinadora de agenda del candidato.Para agregarle más confusión a lo que ocurrió en la campaña Petro Presidente, aparecieron los audios de Aida Merlano en conversación con el hoy embajador ante la FAO, Armando Benedetti, en donde sugiere que guarda secretos sobre asuntos ‘non sanctos’ de la campaña.En medio de este escándalo, los reflectores siguen puestos sobre Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, sobre cuya actuación hay muchos interrogantes.
Desde hace doce años, tal vez un poco más, he visto evolucionar los teléfonos móviles muy de cerca; tuvimos años de grandes avances y saltos tecnológicos que impactaban al usuario final, uno de los últimos en mi concepto las pantallas plegables y recientemente la integración de la IA en diferentes acciones que realizan los teléfonos.Hoy vemos algunas mejoras en cámara, batería, capacidad de almacenamiento y procesamiento, pero nada realmente deslumbrante para la gente no tecnóloga. Las marcas entonces han mutado su estrategia y con el tiempo han dejado de enfocar la conversación en sus presentaciones sobre las especificaciones de los dispositivos para dar un poco más de tiempo y enfoque a la integración de los celulares en nuestro estilo de vida.Para alcanzar el objetivo de acercar los teléfonos a los no geeks (que son la gran mayoría) y enamorarlos de estos dispositivos llegan las alianzas. Desde partnerships con Corning, Leica, Bose, los fabricantes de celulares empezaron a demostrar que podían enamorar de otras maneras a sus usuarios.Llegar a imaginar la unión entre una perfumería y una tecnológica era inverosímil pero se logró. Lo hizo Motorola desde hace unos años con Firmenich una empresa suiza, dedicada desde hace más de un siglo a la creación de fragancias. La idea fue brillante: pedirle a Firmenich que creara una fragancia que oliera Motorola, así cada vez que se abre una caja de un smartphone de esta marca antes de sacar el celular nos invade un halo de perfume proveniente de la caja haciendo de este acto una experiencia.Así mismo se unieron a Corning para la durabilidad y resistencia de las pantallas, y desde hace unos años estrecharon lazos con Pantone, una sociedad que lleva el color del año definido por la empresa de Nueva Jersey a determinados modelos de teléfonos Motorola.Sin embargo, en el reciente lanzamiento de la familia Edge 50 cuentan con el Pantone Validate y Pantone SkinTone Validate.¿Qué es esto y por qué es importante?Estos programas prueban el dispositivo de un fabricante para garantizar colores y tonos de piel Pantone auténticos. Para superar los estrictos criterios de clasificación de Pantone, la cámara o la pantalla del producto deben mantener la fidelidad cromática de los diversos colores que se encuentran en las guías Pantone PMS y SkinTone, siendo los Motorola Edge 50 Ultra y Motorola Edge 50 Pro, los primeros smartphones del mundo en recibir esto reconocimiento.¿Han notado que cuando toman fotos por lo general la fidelidad en el tono de piel varia de dispositivo a dispositivo y no es muy frecuente que se parezca al color real de la persona a la que le tomaron la foto? Resulta que este fidelidad en los tonos de piel es muy complicada de lograr, pero la nueva familia Edge de Motorola lo logra según los estándares de Pantone.La marca habla de estos dispositivos como obras de arte y es que se han esmerado en el diseño pero especialmente en los materiales de construcción de los teléfonos. Desde madera auténtica, una edición especial con acabado de polímero perlado hecho a mano en Italia y gamuza vegana, utilizan los últimos colores en tendencia e incluyen protección IP68 bajo el agua, la nueva gama premium de esta marca da una vuelta a la tecnología.Los Motorola Edge 50 ultra, Motorola Edge 50 pro y Motorola Edge 50 fusion cuentan con cámaras actualizadas, baterías duraderas, procesadores avanzados y algo a lo que todas las marcas se están volcando: la IA.Moto AI está presente en todas partes, desde la cámara hasta la navegación y la búsqueda, pasando por una aplicación de tematización generativa para que el usuario pueda personalizar el estilo de su smartphone a su preferencia.Claro, las especificaciones técnicas son importantísimas, pero hoy en día los celulares en forma de bolsos, que combinan con nuestra ropa, que se enrollan, que se doblan y los que son considerados como “obras de arte” están en la conversación tecnológica junto con los megapíxeles, los miliamperios, la tasa de refresco, la memora RAM y mucho más.
Recientemente, se dieron a conocer unos audios de conversaciones entre la excongresista Aida Merlano y Armando Benedetti, actual embajador ante la FAO. Estos audios datan del período en que Benedetti fue embajador en Venezuela, entre agosto de 2022 y julio de 2023. Durante ese tiempo, Merlano se encontraba prófuga en Venezuela desde el año 2019 hasta su deportación a Colombia en marzo de 2023.En uno de los audios, aparentemente grabado antes de que Merlano fuera deportada, se le oye pedir a Benedetti que transmita una advertencia al presidente Gustavo Petro. En otra grabación, posterior a la deportación, Benedetti menciona una conversación sorpresiva sobre el regreso de Merlano y sugiere que habló con el presidente para posiblemente ayudar a la excongresista, aunque luego negó estas afirmaciones.En redes sociales, la atención se centró en cómo Benedetti se refirió a Laura Sarabia, mano derecha del presidente Petro, utilizando el término "Coya", lo que en jerga costeña se interpreta como la amante de alguien.Lea también: Dura carta de exministros y expertos a minminas por declaraciones sobre la CregComo era de esperarse, Laura Sarabia rechazó ese adjetivo en su contra, lo calificó de misógino aunque no mencionó nada más del resto de los audios que reveló la revista Semana.Benedetti, por su parte, respondió a través de su cuenta en la red social X, describiendo los audios como "retazos editados, manipulados y atemporales", y afirmó que no existió ningún pacto con Merlano y que simplemente le siguió la corriente para evitar conflictos.Miguel Ángel del Río, abogado de Merlano, también comentó sobre los audios, describiéndolos como un “refrito” de eventos pasados y aseguró que todo el proceso de deportación de su clienta se realizó conforme a la ley, negando cualquier acuerdo con el presidente sobre su situación.“Esto es un refrito de hace más de dos años cuando Aida estaba en Venezuela y recién llegada. Todos los trámites de su deportación se hicieron conforme a la ley. Nunca ha existido un acuerdo entre el Presidente y nosotros sobre Merlano. Y claro que queríamos el triunfo de Petro!” (sic), manifestó el abogado Del Rio.