Gobernador de Boyacá interpone acción popular contra el fracking
Esta vez se trata de una estrategia jurídica al Tribunal Administrativo de Boyacá.
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El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, no cesa su batalla contra el fracking en su departamento. Desde que se advirtió de un contrato con la empresa polaca Geofizyka Toruń para exploración sísmica en 13 municipios que había sido aprobado por el Fonade, hubo una gran protesta de la comunidad y el gobernador inició una campaña jurídica y mediática para detener cualquier tipo de iniciativa que pueda terminar en la ejecución del fracking en Boyacá.
Ahora se trata de una acción popular que fue interpuesta al Tribunal Administrativo de Boyacá para que se prohíba definitivamente la exploración y la posible puesta en marcha del fracking. Sin embargo, esa práctica para extraer petróleo a través de presión hidráulica no se ha realizado en ninguna parte de Colombia aún. Los demandados son la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Fonade y la empresa de Polonia.
Vea también: Gobernador de Boyacá solicita suspensión de sísmica en el occidente del departamento
Los municipios en donde se estableció la realización de la exploración de acuerdo al contrato con el Fonade son Cucaita, Samacá, Sáchica, Ráquira, Simijaca, Maripí, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Pauna, San Miguel de Sema, Sutamarchán, Saboyá y Tinjacá. Amaya también solicita que los terrenos en los que la empresa pretende adelantar la ejecución sean devueltos al Estado.
Por la controversia los trabajos se detuvieron, pero la Gobernación quiere cerrar definitivamente las puertas a esta práctica con la que no ha sido suficientemente claro el Gobierno Duque. Hay que recordar que los ingresos más importantes de Colombia tienen que ver con petróleo y carbón y, aunque Duque prometió diversificar la economía a través del mercado digital y cultural, el país todavía está lejos de dejar de depender de esas materias primas.
En la acción popular el gobernador cita un párrafo del convenio de biodiversidad de Rio de Janeiro en 1992.
“Cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.
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