El contrato fue firmado con el ingeniero Felipe Ardila, por $ 394 millones de pesos, para que determinará si hubo irregularidades en la contratación para la construcción del embalse del rio Tona.
Lo que encontró un grupo auditor de la Contraloría, fueron errores graves en el contrato, que llevaron al ente de control a compulsar copias el viernes pasado sobre estas anomalías a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación.
Los hallazgos involucran penal, fiscal y disciplinariamente al gerente suplente del acueducto, Rodrigo Joya, por haber firmado el contrato y a los miembros de la junta directiva del acueducto, los alcaldes de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el alcalde de Girón, John Abuid Ramírez, el delegado del Ministerio de Hacienda, Diego Ignacio Rivera, así como los señores Ignacio Pérez Cadena, Orlando Jaimes Landazábal, Carlos Alberto Gómez y Jorge Duran Gómez, quienes solidariamente deben pagar $ 94.654.806 pesos, que es el dinero que ya se le ha cancelado al ingeniero Felipe Ardila.
Según el ente de control local, con ese contrato se violaron principios en la administración pública como es la economía, eficacia y planeación que deben regir la contratación estatal, debido a que la propia Contraloría General de la Nación ya había auditado los procesos contractuales del embalse del rio Tona y no encontró irregularidades administrativas y financieras; por ende el contrato con el Ingeniero Felipe Ardila era innecesario, costoso y oneroso.
El Presidente del Concejo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, envió un derecho de petición al Acueducto sobre el cuestionado contrato con el ingeniero Felipe Ardila “la entidad responde que no puede entregarme información sobre el contrato porque ellos se rigen bajo el derecho privado y que esos documentos están bajo reserva, por eso vamos acudir a otras instancias”, indicó el concejal.
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